La apuesta es por la ciudadanía: comentarios a la conferencia del Alto Consejero para la Paz Sergio Jaramillo

  Antonio Madariaga
  Director ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

El Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo dictó en la Universidad de Harvard, hace ya más de un mes una conferencia “La paz es territorial” cuyos contenidos han sido poco comentados, lo que a nuestro juicio resulta bastante extraño si se tiene en cuenta que junto a su conferencia en la Universidad Externado hace un año representan las aproximaciones más concretas que el gobierno Santos ha hecho del postacuerdo. Resulta bastante difícil entender que mientras la sociedad colombiana reclama conocer de primera mano el pensamiento del gobierno sobre tan trascendental asunto sea una conferencia en USA el camino para enterrarnos de lo que el gobierno piensa. Pareciera que hay en el gobierno poca confianza en desarrollar lo que el mismo Alto comisionado anuncia en su conferencia. La necesidad de ponernos de acuerdo para el rumbo que en el postacuerdo debe tomar el país.

El texto de la conferencia, deja planteados cuatro elementos que a nuestro modo de ver son significativos avances y que desarrollaremos a continuación, planteando en la segunda parte los vacíos e interrogantes que el texto nos deja:

1. Los avances del documento:
a) Los ejes del postacuerdo:

i) La mención a los derechos: Dijo en Harvard el Alto Comisionado que “En el centro de la visión de la paz del Gobierno hay una preocupación por el territorio, y una preocupación por los derechos. ‘Derechos’, en el sentido en que el proceso de paz necesariamente debe satisfacer los derechos de las víctimas, comenzando por la medida más efectiva de protección y no repetición: poner fin al conflicto. Pero también en el sentido más amplio de garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos en todo el territorio. Es bien sabido que es imposible garantizar derechos de manera sostenida si no existen unas instituciones fuertes. ‘Instituciones’ no solo en el sentido de entidades, sino también del conjunto de prácticas y normas que regulan la vida pública y que son indispensables para la creación de condiciones de cooperación y convivencia. El problema evidentemente es que si un país vive un conflicto –aun uno como el colombiano que se ha reducido en su alcance e intensidad–, es inevitable que tenga o haya tenido serias fallas en su institucionalidad, tanto en su capacidad de producir bienes públicos y satisfacer derechos en todo el territorio, como de asegurar las condiciones para tramitar las demandas políticas de la sociedad”.

Este es un primer avance de la postura del Alto Comisionado en relación con su conferencia de hace un año. En efecto, aquella no mencionaba el asunto de los derechos como un tema de preocupación ni un eje del desarrollo del postacuerdo. Y no es un asunto de poca monta, finalmente como lo hemos dicho en Viva, el objetivo final del fin del conflicto armado es llegar a la posibilidad de tramitar los múltiples conflictos de una sociedad desigual, inequitativa, patriarcal, insolidaria, con pleitesía por el mercado y sobrevaloración de lo privado sobre lo público, redefiniendo la relación del Estado con sus ciudadanos para pasar de un Estado ausente, en una relación asistencial o de enemigo a la relación entre el garante de los derechos y el titular de los mismos, y en esa misma medida reconocer el Estado y los ciudadanos que si bien existen intereses legítimos de diversa naturaleza, la prioridad del Estado está en la preservación de los bienes comunes, (el agua, el aire y el ambiente en general), en procurar el interés general, en hacer cierta la dedicación a las poblaciones y sectores de especial protección constitucional y la progresividad de los Derechos económicos, culturales y ambientales.

b) La comprensión del territorio. Normalmente en Colombia el territorio ha sido comprendido en el Estado desde la perspectiva de la división político administrativa y en la sociedad desde la perspectiva de la geografía física. Se requirió que las comunidades indígenas le dijeran a este país que el territorio es mucho más que esas convenciones y realidades físicas, que implica la forma como se posee, como se relacionan los diferentes habitantes, de la espiritualidad presente en la relación con él y se necesitó que el afán voraz de lucro y de control de la ilegalidad y de la gran minería, a veces no tan distintos, con los desarrollos de los bloques y áreas de exploración y explotación minera o los corredores estratégicos para el tráfico de drogas o para los agronegocios, por encima de las consideraciones político administrativas o de la geografía física, nos volvieran evidente que lo que está en juego en cada intervención humana a escala territorial es la vida misma.

El Alto Comisionado, que ya había considerado en la mencionada conferencia del Externado, la importancia del territorio, logra esa comprensión más integral del territorio y supera las formas elementales mencionadas cuando liga territorio con participación, con una campaña para construir la paz como instrumento, y dice que, “Se trata de cerrar la enorme brecha entre el mundo urbano y el mundo rural, que ha sido el escenario del conflicto, mediante planes y programas que les den un vuelco a las condiciones de vida de la población. El Gobierno no cree que existan “condiciones objetivas” que justifiquen que alguien empuñe un arma contra otro. Pero sí cree que hay condiciones en el campo de pobreza extrema, de falta de oportunidades y de debilidad de las instituciones a la hora de regular la vida pública, que han permitido que la violencia florezca. Además, por supuesto, de la presencia de los grupos ilegales y de la misma violencia.

Por eso digo que este proceso busca garantizar por igual los derechos constitucionales de los colombianos, especialmente de aquellos que han vivido en la periferia del país, en las márgenes del país, y que han sufrido el conflicto en carne propia. El segundo, sobre participación política, busca… romper para siempre el vínculo entre política y armas y restablecer una regla básica de la sociedad: que nadie recurra a las armas para promover sus ideas políticas; y que nadie que promueva sus ideas políticas en democracia sea víctima de la violencia. Esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia. Pero en el caso de Colombia, que ha padecido en toda su historia la combinación de violencia y política, es mucho más. Es mucho más porque al marcar claramente la raya entre violencia y política, se estabiliza definitivamente el campo de la política: todo lo que juegue por las reglas, incluyendo la protesta social, incluyendo la oposición radical, es lícito y legítimo. Y todo uso de la violencia es simplemente eso: violencia criminal Eso hará la política colombiana más rica y más democrática; y también más agitada y más contestataria. No hay que tenerle miedo a la democracia, hay que tenerle miedo a la violencia. Y hay que confiar en que la democracia es el mejor mecanismo de consolidación de la paz.

Por eso hay que dar más voz y tomarse en serio los derechos políticos de quienes han estado al margen de la vida política del país. No hay manera de implementar todo lo anterior sino se moviliza a la población… En esto hay que pensar en grande: en una verdadera campaña nacional de participación que movilice a la gente en las regiones alrededor de la construcción de la paz. ¿Y eso cómo se hace? Con procesos de planeación participativa “de abajo hacia arriba” en los territorios. Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades y, de manera metódica y concertada, se construyan planes para transformar esos territorios. Se trata de hacer valer los derechos y las capacidades de la gente; que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción.”

c) El criterio de la paz como una oportunidad: a ese respecto el Alto Comisionado dice que “Lo principal es entender la paz como una oportunidad, como una gran palanca de cambio para hacer lo que no hemos logrado hacer en cincuenta años de guerra. Se requiere la energía de la paz para poner en marcha la transformación de las condiciones que han mantenido vivo el conflicto. Eso no es nada diferente a lo que debe hacer cualquier democracia sensata: aprovechar los desafíos para dar saltos en su desarrollo”. Esta consideración claramente se distancia de una pretensión constante de las elites colombianas, llamada “gatopardismo” para hacer referencia a Lampedusa, y que en la Habana y en el país se expresan entre un establecimiento tímidamente modernizante y otro claramente reaccionario que no está dispuesto a ceder nada en sus privilegios.

El que el Alto Comisionado lo mencione significa un avance, en primer lugar por demostrar que no considera a las FARC ni a los sectores democráticos y populares tontos que en aras de la paz, van a renunciar a transformaciones, y no solamente las que se derivan directamente de los puntos de la negociación. En segundo lugar porque el mensaje, que pareciera va prioritariamente dirigido a las elites, es que esta negociación constituye la oportunidad de transformar radicalmente las condiciones que dieron origen al conflicto y lo mantienen y degradan, y que debe ser aprovechada por todos los colombianos.

d) La justicia y la paz territorial. Aquí lo importante es la comprensión concreta que se le empieza a dar a la justicia transicional, uno de los debates más importantes hoy en Colombia y que será asunto fundamental en lo que sigue en la Habana. “Si entendemos la construcción de la paz como un ejercicio para reforzar normas y hacer valer derechos, tenemos un marco para ponderar mejor los intereses de la justicia con los de la paz… el objetivo superior de la justicia en un proceso de paz no es otro que la reconstrucción equitativa del orden social y la cooperación en los territorios para restablecer las normas básicas de la sociedad, garantizado derechos y bienestar, y asegurar la no repetición del conflicto.

La justicia transicional es un componente fundamental, pero solo un componente de este esfuerzo mucho mayor de reconstrucción.

En ese marco y con un enfoque de derechos podemos hacer una ponderación justa entre los derechos de las víctimas directas y los derechos de los demás habitantes del territorio. ¿Cómo decidir a quién distribuir la tierra, a las víctimas, a campesinos sin tierra, o a excombatientes? O, a un nivel más general, ¿a qué se debe dedicar la justicia penal, a investigar medio siglo de guerra o a la prevención de futuras violaciones y a la desarticulación de futuras amenazas sobre las comunidades?... Los enemigos del proceso han querido reducir el fin de una guerra de cincuenta años y la construcción de la paz a una sola pregunta: “¿los guerrilleros se van a la cárcel, sí o no?” Por supuesto que hay que discutir sanciones, en especial de los máximos responsables de los crímenes internacionales. Ya lo hemos dicho: en Colombia no habrá una amnistía general. Todo se hará en el marco de nuestras obligaciones internacionales. Pero si se trata de reconstruir los elementos básicos de la justicia en el territorio y de garantizar que las víctimas no sean victimizadas otra vez, cualquier discusión tiene que partir de ese fin.”

En este tercer elemento el avance del Alto Comisionado es partir aguas claramente con quienes consideran, hoy la mayoría de la población, que es desde la perspectiva del castigo y la cárcel como se aplica justicia y jugarse por lo menos conceptualmente por una alternativa de reconstrucción de relaciones en los territorios, reconociendo como un implícito que la presencia de las FARC en ellos es una condición y que los excombatientes de esa organización se van a quedar en esos territorios ahora en calidad de actores políticos legales y se requieren como otros protagonistas de esa reconstrucción y transformación.

e) El consenso político. Un gobierno que ha hecho todo lo imaginable para aislarse de la sociedad civil en este tema, para manejar un inconveniente secretismo de lo que sucede en la Habana, parece que por el apremio electoral finalmente reconoce lo que, en todos los tonos, diversos sectores de sociedad civil hemos dicho. Hay que construir una masa crítica en favor de la paz, los amigos de la guerra están claramente identificados y en campaña y a la sociedad civil que es favorable, al movimiento social por la paz, el gobierno Santos no lo considera y en vez de apostar por ese sector de la sociedad intenta congraciarse con la derecha paralizante y reaccionaria. Lo reconoce el Alto Comisionado cuando dice: “De nada sirve poner en marcha esta o cualquier otra estrategia si no tiene un consenso político detrás. Y con eso quiero terminar: con la importancia de construir consensos para la paz… Imposible pensar en una transición de verdad si no tiene detrás un pacto político de esa naturaleza, tanto en el nivel nacional como en el nivel regional. Y eso exige lo que en otra ocasión he llamado un acto de imaginación. Una capacidad de vencer el miedo natural al cambio y de vencer también la indiferencia de quienes, sobre todo en el mundo urbano, piensan que las cosas están bien como están. Entre todos tenemos que poder imaginarnos una Colombia en paz. En el fondo, la paz es una decisión. Una decisión por el futuro y en contra del pasado. Se necesita que la gente en las ciudades y en las regiones se mire al espejo y diga: prefiero la paz”.

2. Los vacíos e interrogantes:

f) El más importante vacío de toda la argumentación del Alto Consejero es eludir una consideración fundamental. ¿hasta dónde y que parte del establecimiento respalda al gobierno o a una parte del mismo, en estas aproximaciones? Y de la misma manera y en contrario, ¿Qué parte del gobierno, y de sus fuerzas políticas están comprometidos con esta forma de ver el tema? Y la respuesta a ese vacío, a nuestro modo de ver. La postura de amplios sectores de la comandancia de las fuerzas militares, de los sectores del extractivismo, de la minería y el agronegocio dentro del gobierno y la elite que ellos representan, no parecen estar dispuestos a considerar la que sería la principal consecuencia de un postacuerdo en lógica de territorios y derechos y con planeación participativa: un cambio en el modelo de desarrollo, una consideración de la ciudadanía como titular de derechos y una nueva aproximación al territorio, una nueva ordenación del mismo, más en la lógica que reclamaba Fals Borda, rescatando elementos de planeación regional pero con presupuestación participativa y control ciudadano de la gestión pública y amplia amplísima participación ciudadana.

g) El segundo elemento que genera importantes interrogantes es que a pesar de la consideración de la “institucionalidad” que hace el Alto Comisionado, no hay contundencia en aplicar esa noción a las transformaciones que el aparato de Estado requiere. Una justicia inoperante, una incapacidad para la regulación, control y sanción  de los agentes privados, una consagración a la libre empresa por encima del interés general, que caracterizan a este Estado y son ejemplos de la reconfiguración cooptada del mismo,  son obstáculos mayores que el Alto Comisionado no considera en su dimensión adecuada.

h) El desarrollo y la administración del postacuerdo. Este punto guarda estrecha relación con la naturaleza del consenso político y da cuenta de una limitación básica del reformismo liberal de hoy y de la tradición del mismo en Colombia. Que aspira a reformar sin contrariar al poder. Y eso está demostrado que no es posible. Solo se puede transferir poder a la población si se le quita a quienes hoy lo detentan: el sector financiero y rentista, los partidos tradicionales y clientelares, las multinacionales, los terratenientes, las mafias de la contratación, etc. Solo se podrá transferir poder a los territorios si se elimina el afán recentralizador, si se le quita poder a la tecnocracia del DNP. Solo se le podrá transferir poder a la ciudadanía si se le reconoce como titular de derechos y el Estado y los funcionarios como garantes de los mismos. Ello significaría que los presupuestos sean del tamaño de nuestros derechos, como lo ha creído la Corte Constitucional y no nuestros derechos del tamaño de su presupuesto, como lo cree el Ministro de Hacienda, el de la regla y la sostenibilidad fiscal.

Si el Alto Consejero para la Paz, y el gobierno le apostaran a la ciudadanía, las buenas ideas de la conferencia nos podrían, a quienes somos militantes de la paz, acrecentar la esperanza.

Edición N° 00397 – Semana del 2 al 8 de Mayo – 2014
 
 
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