Proyecto de ley para acelerar la restitución de tierras

  Diego Garzón
  Politólogo – Especialista en Análisis de Políticas Públicas / @Diegohgarzon
   
 

Es un lugar común en los estudios del conflicto armado colombiano, que identifiquen el problema de la tierra como uno de los elementos determinantes en nuestra trágica historia. Todos los actores armados han despojado amplias zonas del país y su accionar ha obligado a millones de ciudadanos a desplazarse de sus poblaciones de origen, han repoblado y se han enfrentado por el control territorial de regiones estratégicas.

Desde 1947 se puede ubicar la táctica gamonal de control territorial, tanto así que en el período comprendido entre 1.948 y 1.958 se calculan 2 millones de campesinos desplazados y para 1961, con la ley 135, se empezó a hablar de Reforma Agraria con la intención de resolver el problema de la tierra que solo hasta 1.968 en el Gobierno de Carlos Lleras, se adoptaron medidas adicionales tendientes a cumplir con ese objetivo, pero fue flor de un día, pues lo detuvo el Pacto de Chicoral materializado en las leyes 4 y 5 de 1.973, lo que se complementó con la ley 6 de 1975 imposibilitando la expropiación y deteniendo definitivamente la Reforma Agraria, provocando la devolución de muchas haciendas que habían sido adquiridas por el Estado para estos efectos. Pero en la práctica la contrareforma agraria ha sido un asunto sostenido fundamentalmente a sangre y fuego.

Según la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, integrada por reconocidos académicos como Luís Jorge Garay y Marco Romero, habría un total de 6’638.195 de hectáreas a restituir. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2013 la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas recibió 54.063 solicitudes de ingreso al Registro de Tierras, equivalente a 3’419.547 hectáreas a restituir.

A marzo de 2014 se cuenta con 409 sentencias que profieren orden de restitución sobre 877 predios que equivalen a 20.279 hectáreas restituidas finalmente. Lo que significa un lánguido avance del 0,05% sobre las hectáreas solicitadas y apenas del 0,03% del total de hectáreas a restituir.

Estas circunstancias han generado las condiciones propicias para impulsar una iniciativa en la que viene insistiendo el Senador Luís Carlos Avellaneda desde hace varios años, presentada desde el mismo momento de la construcción de la ley 1448, en el año 2011, esto es, la restitución de tierras por vía administrativa.

En un hecho inusual, la iniciativa de un Senador de oposición al Gobierno Santos, como es el caso de Avellaneda, contará con el respaldo de ese mismo Gobierno, tanto así, que el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución de Tierras, la oficina del Alto Comisionado de Paz, entre otras instituciones, vienen trabajando conjuntamente con el senador Avellaneda en la redacción de la ley, trabajo al que también se han sumado otros congresistas, como el Representante a la Cámara Guillermo Rivera.

Este trascendental proyecto de ley, permitirá acelerar la restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente en los casos en que no exista oposición, en donde se pretende realizar la entrega formal y material de los predios en un término que no superaría los seis (6) meses después de presentada la solicitud, que podrá hacerse ante cualquier institución del Estado o funcionario público con la obligación de darle traslado inmediatamente.

Entre las principales disposiciones del proyecto de ley se encuentra que se otorga facultades jurisdiccionales a la Unidad de Restitución de Tierras y se crea, al interior de esa Unidad, una oficina especializada en la restitución administrativa de tierras, con presencia en cada una de sus Direcciones Regionales y con un reglamento de funcionamiento especial en el que se garantice la independencia y autonomía de sus decisiones.

Por otro lado, de manera excepcional y transitoria se implementa la revocatoria directa de los actos administrativos de titulación proferidos por el INCODER y el extinto INCORA y los de registro por la Unidad de Restitución de Tierras, sin que se requiera el consentimiento previo y expreso del titular o tercero afectado.

Dicha revocatoria directa de los actos administrativos se aplicará excepcionalmente en aquellos casos en que hayan sido expedidos por funcionario sin competencia; cuando se haya presentado una manifiesta ilegalidad o violación a los procedimientos; cuando se carezca de motivación o hayan sido falsamente motivados; cuando se hayan violado derechos fundamentales; cuando se identifique tipos penales o se hayan presentado irregularidades fehacientes surgidos como consecuencia directa o indirecta del conflicto armado; o cuando se haya aplicado condición resolutoria o caducidad por abandono sin haber tenido en cuenta el contexto del conflicto. Además, como medida adicional, se obliga a las autoridades que conozcan estas causales a hacer las denuncias correspondientes ante la fiscalía general de la nación.

La revocatoria directa de los actos administrativos sin el consentimiento del titular, particularmente en los casos del INCODER y el INCORA, resulta de la mayor importancia, teniendo en cuenta que no en pocas ocasiones dichas instituciones han sido cooptadas por los actores armados ilegales como una de las más certeras estrategias de legalización de la expropiación y la titulación subrepticia de tierras.

El proyecto de ley también contempla algunas disposiciones para facilitar la restitución cuando se acuda a la vía judicial, como por ejemplo, le reitera a los jueces y magistrados de tierras que para iniciar los procesos no deben pedir requisitos no contemplados, ni exigir información o pruebas que la institucionalidad o los particulares puedan aportar con mayor facilidad, la intención es fortalecer la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima y evitarle trámites adicionales a los ya contenidos en la ley 1448 de 2011.

Frente al proyecto de ley, habrá que esperar las reacciones de los sectores más recalcitrantes que tienen asiento en el Congreso de la República, pero sí el Gobierno Nacional con mensaje de urgencia y en consecuencia con la búsqueda de la paz, pone en función de su aprobación a la denominada “Unidad Nacional”, esta iniciativa de la oposición y como hecho histórico, será ley de la República antes del 20 de julio, fecha a partir de la cual la composición del nuevo legislativo permite predecir el fracaso de cualquier propuesta en este sentido, lo que plantea grandes interrogantes sobre el compromiso del nuevo Congreso para aprobar las profundas reformas que hagan de la paz una realidad y no una quimera.

Edición N° 00397 – Semana del 2 al 8 de Mayo – 2014
 
 
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