Un manto de duda

  Henrik López Sterup
  Profesor de Derecho
   
 

En un artículo publicado en el diario El Espectador, titulado “Colombia vista desde afuera”1, el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent, señalaba que “Lo que más sorprende al observador externo de la política colombiana son sus fuertes contrastes, una suerte de dualidad que atraviesa a esta sociedad” y presentaba algunos ejemplos, entre ellos, “En Colombia conviven profesionales agencias estatales al lado de burocracias débiles, agobiadas por la corrupción y el clientelismo”. Creo que cualquier persona que viva en Colombia estaría de acuerdo con estas ideas. Las causas de esta dualidad son muchas, y no es del caso entrar ahora a considerarlas todas. Interesan sus efectos sobre la justicia.

¿Dónde debemos ubicar a la justicia colombiana? ¿Cabe ubicarla dentro de las “profesionales agencias estatales” o en el lado de “burocracias débiles, agobiadas por la corrupción y el clientelismo”? Seguramente, según el lugar desde el cual se mire y respecto de quienes se tiene en la mira, la respuesta será en uno y otro sentido. No nos llamemos a engaños, y aceptemos que siempre, en una institución compleja y con miles de mujeres y hombres laborando dentro de ella, habrá posibilidades de que alguna o alguno sean corruptos o poco profesionales. No hay selección perfecta y, también hay que señalarlo, no siempre los mejores profesionales son incorruptibles.

Ese no es el problema. El asunto grave es que la sucesión de actos de corrupción o de falta de profesionalismo ha dado lugar a la presunción de corrupción y falta de profesionalismo. Basta cualquier indicio, por pequeño que sea, para que se asuma que el funcionario judicial es uno más de los corruptos jueces, fiscales y empleados de la rama judicial, de la fiscalía y de los órganos auxiliares (como el CTI o el Instituto de Medicina Legal). La prensa, proclive al escándalo, saca un gran provecho de ello. No quiere esto decir que deban callar. Deben denunciar, pero también analizar y valorar, cosa que muchas veces no ocurre.

En las últimas semanas se han presentado nuevos escándalos, por cuenta de las investigaciones de Daniel Coronell sobre los magistrados Fernando Alberto Castro Caballero2, de la Corte Suprema de Justicia y José María Armenta3, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El primero es señalado por no haberse declarado impedido para conocer del caso de Iván Moreno, cuando su hermana tendría interés indirecto en el pleito, dados sus negocios con los Nulle. El segundo, por haber incrementado su patrimonio, -de manera sospechosa, se infiere de la noticia-, gracias a su actividad como litigante durante los años 2004 a 2006, mientras estuvo destituido de su cargo en la rama judicial.

Es posible que frente a cada uno de ellos no exista más que una sospecha. Es posible que Fernando Alberto Castro Caballero sea un magistrado recto y que está al margen de los intereses económicos de su familia. Es altamente probable que su participación en el juicio a Moreno únicamente atienda a los más altos intereses de la justicia. También es posible que José María Armanta, mientras litigó, hiciera un buen negocio y que la decisión del municipio de Acandí únicamente estuviera motivada por criterios de planeación urbanística. De la información de prensa no es posible establecer lo contrario, pues basta generar un manto de sospecha. Manto de sospecha que se alimenta de la presunción de corrupción y falta de profesionalismo dentro de la rama judicial.

El divorcio de Julio César de su esposa Pompeya, según la historia, no por ser infiel, sino por “parecerlo”, y la famosa frase atribuida al César de que “La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo”, cae como anillo al dedo para comprender la gravedad de la situación de la justicia en Colombia.

Frente a los tradicionales factores “reales” de poder, como el dinero, la información y la violencia, la administración de justicia aparece como un elemento débil. Carece de los tres y su única arma es la palabra. No la palabra de la ley, sino simplemente palabras. Esas palabras adquieren fuerza cuando se amparan en la ley, pero no basta. Por ejemplo, tanto Santos como Petro dicen apoyarse en el derecho cuando defienden sus actuaciones, pero ninguno goza de la fuerza que genera la decisión de un juez apoyado en el derecho. ¿Por qué unas palabras son poderosas y las otras simple expresión de sus intereses –justos o no-? Porque creemos en ellos, porque hay confianza en ellos.

Ese es el poder del juez. No tiene más armas que el que se confíe en que sus decisiones son adoptadas bajo el manto del derecho. Cosa distinta es que el derecho sea objeto de debate. Dos cuestiones minan esa confianza. Por un lado, la pobre idea de que el derecho es certero y que únicamente admite una respuesta frente a los casos difíciles, como si del lenguaje de computadores se tratara. El derecho es producto de la construcción dialogal de consensos sobre diversos temas. Y la incapacidad de una sociedad para entrar en el debate sobre los alcances del derecho, terminan por destruir la confianza en el derecho mismo. Ese es el pecado de las distintas expresiones del Estado Delegativo, como el populismo –sea de derecha o izquierda- y su carácter mesiánico. La imposibilidad de que la voz disidente sea escuchada y en su lugar señalada y perseguida. El derecho al servicio del poder, antes que medio de control. Así, cuando en Colombia es imposible debatir si una decisión judicial fue correcta (en tanto que admisible), porque se acusa de estar motivado religiosa, política o económicamente o por cualquier otra razón, asistimos a la imposibilidad misma de una sociedad construida sobre el respeto al derecho. Cuando las únicas razones que se exponen para justificar una decisión son económicas, religiosas o políticas, también caemos en el mismo error. Más aún, cuando los mismos jueces son incapaces de expresar debidamente su pensamiento jurídico, el diálogo se trunca y queda la sensación de que algo oculta.

Pero lo anterior es solucionable y es posible de enfrentar cuando se confía en las personas que administran justicia. Cuando se tiene fe en que si la persona ha faltado a su deber de apoyarse en el derecho, el sistema corregirá la falta. Estas dos cosas faltan en Colombia. Pueda que los controles a la actividad judicial funcionen. No lo sabemos, no es tema de la prensa. No genera controversia y por eso no les interesa. Sólo cuando aparecen personajes solitarios como Coronell o cuando alguien acusa ante la comisión de acusaciones, se vuelven los ojos sobre este asunto, para luego descubrir que nada pasa.

Tampoco indagamos sobre quiénes son los jueces y cuáles sus actividades. Particularmente, porque tenemos una idea equivocada de la función judicial y la abogacía. ¿Debe ser permitido el paso del litigio a la judicatura y su vuelta? ¿El éxito como litigante significa que se es buen juez? Francamente lo dudo. No quiere decir que no puedan coincidir, pero se trata de actividades y perspectivas distintas. Pero en un país sin academia, en un país sin debate sobre las decisiones judiciales, el único criterio de mérito pareciera ser el éxito litigioso o de consultor. La fama de abogado. Basta ver la Constitución y cómo se ha entendido.

Por ejemplo, ¿con qué criterios ha seleccionado el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia o la Presidencia de la República las ternas para magistrados de la Corte Constitucional? ¿Se habrán limitado a ver sus hojas de vida? ¿Habrán revisado sus análisis jurídicos? Más aún, ¿de qué sirven las presentaciones de los aspirantes a magistrado ante el Senado de la República, cuando lo que importa es la “campaña” que hacen?

Los jueces no son neutrales. Ningún ser humano lo es. Todos tenemos perspectivas y visiones de mundo. Todos nos guiamos por sistemas de valores que afectan nuestras decisiones y la manera de solucionar los conflictos. Eso no es un problema: no podemos pretender neutralidad. Podemos exigir, eso sí, imparcialidad de los que aspiran a ser jueces y a los jueces en sus funciones. Podemos demandar la capacidad de ofrecer la mejor respuesta posible desde el derecho. De dar razones suficientes y de la complejidad que el caso amerita. De capacidad para responder debidamente a los distintos razonamientos. Pero cuando eso no importa, cuando no lo exigimos de los jueces, nos quedamos, como sociedad, con la apariencia. Y ella sucumbe ante la sospecha.

Edición N° 00397 – Semana del 2 al 8 de Mayo – 2014

1 Se puede consultar en: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/colombia-vista-afuera-articulo-489844

2 La nota se puede leer en: http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-el-carrusel-supremo/383998-3

3 Ver nota en: http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-magistrado-millonario/379804-3

 
 
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