El conflicto social hidroeléctrico oculto

  Felipe Pineda Ruiz
  Publicista – Activista social
   
 

Hoy es relevante en el país que frente a la locomotora minero energética, al parecer incontenible, avanza un frente social, basado en la autodeterminación de los pueblos, que lucha en pro de seguir habitando y preservando las riberas y hábitats de los ríos afectados por la construcción de proyectos hidroeléctricos.

Hace 4 décadas los habitantes de Prado (Tolima) y hace tres los moradores de Betania (Huila), recibían por parte de autoridades locales y nacionales, así como de las empresas constructoras, promesas que parecen cobrar vigencia en el tiempo: las megaobras traerán empleo y progreso y remplazarán el día a día poco rentable de la siembra de arroz, sorgo o legumbres, atrás quedará la incertidumbre económica de quien se dedica a la pesca. Ni lo uno, ni lo otro. La inundación de predios de manera indiscriminada para convertirlos en embalses solo trajo como resultado masivos desplazamientos de poblaciones que terminaron en las grandes urbes.

La problemática social de aquellos años se revive en la actualidad en nuevas latitudes y ataca a nuevas generaciones: las riberas del río Sogamoso (Santander), Guarinó (Caldas), Ituango (Antioquia) o El Quimbo (Huila) por nombrar los más significativos. Sin embargo, algo ha cambiado entre el pasado y el presente, las luchas sociales realizadas de manera insular hoy cobran vida en un solo conglomerado que las reúne,  el Movimiento Ríos Vivos, expresión popular que trabaja por la construcción de proyectos alternativos de sociedad y por la construcción de un proyecto energético de y para los pueblos.

Esta iniciativa plural liderada en diferentes regiones del país por mujeres ha logrado, mediante un proceso de lucha continua en contra de la construcción de represas, frenar parcialmente el intento de los consorcios que operan en Colombia de aumentar la capacidad energética nacional sin medir las consecuencias de tipo social y ambiental para las comunidades.

Las cifras

De acuerdo a un estudio reciente publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) sobre las proyecciones de demanda de energía eléctrica para el periodo 2014-2028, el crecimiento de esta se estima en un 2.2% en 2014 y un aumento de 3.9% durante los próximos 5 años, consumo generado en parte por la creciente necesidad de energía de las empresas que participan en el negocio de la extracción minera (http://alturl.com/57ce6). A su vez, según estimaciones de ACOLGEN, la oferta energética pasará de 14.000 a 18.000 MW entre 2014 y 2018 para un incremento estimado del 5,6% anual, jalonado principalmente por la construcción de 4 proyectos: Hidroituango, Hidrosogamoso, El Quimbo y Puerto Libertador.

Si bien en el sector de minería e hidrocarburos es más común que dichos proyectos sean realizados por consorcios de carácter transnacional (Camargo Correa de Brasil, Endesa de Brasil, ENEL de Italia por mencionar solo algunos), la principal obra que se adelanta en el presente la realiza una empresa nacional perteneciente al sector público. En efecto, el proyecto Hidroituango, en el departamento de Antioquia, con un costo cercano a los 5.500 millones de dólares, que se calcula generará el 17% de la oferta energética del país y que incluye la desviación total del río Cauca e intervención en la desembocadura del río San Andrés, es realizada por Empresas Públicas de Medellín EPM.

Este proyecto opera bajo parámetros nada amigables con el ambiente: contaminación de ríos por metales pesados, degradación de los sistemas acuáticos, daños irreparables a especies de peces migratorios (no pueden procrear y desovar),  sedimentación y proliferación de algas, alteraciones significativas al clima local perjudicando la agricultura, emisiones desreguladas de grandes cantidades de Gases Efecto Invernadero, pérdida de tierras fértiles afectándose la seguridad alimentaria de las regiones, pérdida de bosques primarios y secundarios con lesión del equilibrio ambiental en las regiones, aumento de enfermedades tropicales especialmente las transmitidas por la mala calidad del agua, intervención indebida del bosque. (http://alturl.com/fuyub9).

El conflicto

HidroItuango es solo la punta del iceberg de una problemática compleja. De hecho, un informe reciente realizado por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle, en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental (http://alturl.com/mahhp), ubica a Colombia en el segundo lugar del planeta con mayor número de conflictos ambientales, 72 en total, una parte significativa de estos provenientes del sector Hidroenergético.

El modelo extractivista actual que produce deterioro ambiental sin medir consecuencias, sumado a la ausencia de desarrollo de fuentes energéticas alternativas, han conducido a una dinámica social caracterizada por el desplazamiento masivo y el despojo de comunidades enteras de sus territorios.

La entrega de zonas aledañas a los embalses a quienes realizan las intervenciones, permitiendo que las empresas mantengan sus propias fuerzas de seguridad, ha traído consigo para los pobladores amenazas, hostigamientos, casos de asesinatos selectivos y desapariciones. La muerte de Nelson Giraldo Posada, líder prominente del movimiento en contra del asentamiento de la represa de Ituango el 17 de septiembre de 2013, quien fue encontrado degollado y con impactos de bala en el cuerpo, y de Robinson Mazo, otro activista importante, el pasado 30 de noviembre,  son casos que han prendido las alarmas sobre los peligros que corren los activistas pro ambientales.

Muchos son los activistas que se encuentran en la actualidad bajo presiones y hostigamientos continuos por parte de grupos al margen de la ley. Contra ellos se emplean también mecanismos amañados de judicialización, persecución voraz que afecta al presente a 12 militantes del movimiento, entre los que se destaca Isabel Cristina Zuleta perteneciente a Ríos Vivos Nacional.

Según estadísticas de esta misma organización, el número de líderes, críticos y opositores a este modelo energético, asesinados asciende a 9, 5 de ellos en Hidrosogamoso, dos en Urrá y los dos mencionados en Ituango, más una persona desaparecida en Hidrosogamoso.

El desplazamiento

Las estrategias utilizadas por parte de los consorcios, en connivencia con autoridades de carácter local y nacional, para destruir los procesos emancipatorios es la de fomentar el divisionismo entre las organizaciones que se oponen a este tipo de proyectos, vedando cualquier tipo de auxilios a quienes pertenezcan a los movimientos de resistencia a la construcción de represas.

Al fracturar el tejido social, lo que se ha conseguido es ejecutar todo sin consultar con los pobladores. Los procedimientos para  desalojar a los históricos habitantes de extensos territorios incluyen: acciones que tienen lugar antes de adquirida la propiedad declarada de utilidad pública, coerción paramilitar en muchos casos.

Las familias aparceras, en arriendo, o que simplemente se encuentran en las cercanías del río -como barequeros y pescadores- son acusadas de usurpadoras de la propiedad privada por parte de los consorcios quienes, al mismo tiempo, ejercen presión sobre los alcaldes locales para que efectúen el desalojo en la mayoría de los casos utilizando el uso indebido de la fuerza.

La existencia de los llamados Batallones Energéticos (sic), 18 en total, que operan en 11 departamentos, indica que la preservación de los intereses del gran capital figura en el primer renglón de la agenda gubernamental por encima de la suerte de amplias capas de la población afectadas directamente.

Negar de todas las maneras posibles el status de desplazados a los afectados por esta problemática por parte de los entes gubernamentales, es una tendencia que se repite una y otra vez a lo largo y ancho del territorio nacional. Según el Artículo 284A de la Ley 589 de 2000, se tipifica como desplazamiento forzado "El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus miembros cambie el lugar de su residencia". Referidos específicamente al caso Hidroituango, la gobernación de Antioquia ha negado tajantemente la situación de desalojo de las comunidades afectadas aduciendo que la legislación vigente en Colombia, y de manera específica la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), establece que las víctimas de desplazamiento forzado son aquellas personas a las que se le han vulnerado sus derechos fundamentales por efectos del “conflicto armado interno”.

Bajo la frase sofística de “Por ser una obra realizada por una empresa estatal, no se puede hablar de desplazamiento” la gobernación ha querido intentar concluir lacónica y erróneamente que simplemente no hay lugar a reclamo alguno ya que “El estado no desplaza”. Mediante múltiples argucias jurídicas, los entes gubernamentales y las empresas transnacionales han desconocido la sentencia T-135 de la Corte Constitucional, que ampara la participación de las comunidades en la construcción de represas; según la Corte, se revierte el cargo de la prueba, es decir, es la empresa quien debe demostrar por qué la persona no es afectada.

Si bien la locomotora minera es en la actualidad uno de los sectores que más aporta al PIB nacional (aproximadamente 2%), la realidad es que, a mediano y largo plazo, el extractivismo desaforado se convierte en una bomba de tiempo con estragos irreversibles a nivel social y ambiental, externalidades no contabilizadas contrarias a los intereses nacionales. Solo la lucha permanente de las comunidades afectadas permitirá la permanencia de los ciclos de vida centenarios de la naturaleza y de quienes habitan los territorios.

Edición N° 00397 – Semana del 2 al 8 de Mayo – 2014
 
 
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