A 10 años de la sentencia sobre los desplazados

  Jessika Gómez Rodríguez
  Asesora Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Los balances sobre la jurisprudencia y el cumplimiento del gobierno en las políticas públicas para víctimas están a la orden del día. Es el caso de la evaluación de la Sentencia T025/2004 y sus Autos de seguimiento, dado que la Corte mantuvo la competencia para evaluar que efectivamente sus órdenes se están cumpliendo.

La Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, el programa de Justicia Global y derechos humanos, convocaron a un evento que tenía como propósito fundamental analizar el balance de la Sentencia mencionada. “Conversatorio la Corte y las Víctimas 10 años de jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la población desplazada en Colombia”. El evento se realizó el 22 de abril de 2014. En dos mesas se discutió la sentencia y sus efectos sobre el cumplimiento de los derechos de la población desplazada, en la primera se trató sobre el significado nacional e internacional del fallo T025 de 2004, una década después; en la segunda los retos de la Justicia y las políticas públicas frente al desplazamiento forzado para la próxima década. Ambos conversatorios de enfoque académico, jurídico y técnico, contaron con la participación –en su mayoría- de abogados, estudiantes de derecho, y algunos defensores de derechos humanos.

Ponencias destacadas

Lucia Estela García, Magistrada Auxiliar de la Corte Constitucional, Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T025/2004.

Planteó los principales retos para la Corte Constitucional cuando se promulgo la T025/2004 que según ella fueron: a) bloque de constitucionalidad; b) falta de compromiso presupuestal; c) la invisibilización de la población desplazada ante la sociedad y en agenda pública.

Los nuevos retos a 10 años de la Sentencia son: a) mantener la regularidad del proceso y su credibilidad; b) mantener los resultados alcanzados; c) hacer visibles los esfuerzos interinstitucionales; d) lograr una coordinación interinstitucional que supere la distancia entre el gobierno local y nacional; e) continuar con la acciones que garanticen la entrega de ayudad humanitaria. Colombia ocupa el primer lugar el mundo en desplazamiento forzado; f) prevención del desplazamiento forzado; g) reformulación de política de retornos y reubicaciones además de generación de ingresos para población desplazada.

Paula Gaviria Betancur, Directora Unidad de Atención y Reparación de Víctimas.

Con respecto a la Ley 1448/2011 los retos son: a) se debe mirar la posibilidad de fortalecer el presupuesto destinado a la población víctima; b) consolidar el registro único de víctimas y reducir el subregistro.

Rodrigo Uprimny, Director de Dejusticia y miembro de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, T 025/2004.

Los retos que afronta la Sentencia T025/2004 son: a) posible agotamiento de la Sentencia; b) la Corte Constitucional retuvo la competencia para hacer el seguimiento de la Sentencia, no permitió que tribunales inferiores se pronunciaran, sin importar el tiempo que tome el cumplimiento de la Sentencia; c) no burocratizó el seguimiento de la Sentencia; d) creó un sistema de indicadores de goce efectivo de derechos y refirió el cumplimiento de la política pública a estos indicadores; e) estableció un diálogo con los gobiernos de Uribe y Santos, en el primero se fuerza adoptar políticas públicas para población desplazada pero sin reconocer el conflicto armado interno. En el segundo se reconoce el conflicto pero tiene problemas de implementación. Según el tipo de gobierno se realiza un tipo de seguimiento; f) la Corte se articuló con sociedad civil para la realización del seguimiento deliberativo y participativo de la sentencia y sus autos de seguimiento; g) la Corte tiene ahora un reto que se refiere a sus decisiones alrededor del levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional, ella deberá evaluar si en caso de lograr avances en el goce efectivo de derechos, procede a levantar total o parcialmente el Estado de Cosas Inconstitucional. También puede mirarlo desde el punto de vista territorial podría por ejemplo levantarlo en alguna entidad territorial departamento o municipio.

Algunas reflexiones

La población desplazada ha podido exigir sus derechos por la vía judicial y en este sentido la Sentencia T025/2004 se constituyó en una poderosa herramienta en manos de las miles de víctimas que acudieron a la tutela para hacer reclamo de sus derechos, en ello la población desplazada ha contado con los jueces de la República para reclamar sus derechos y dentro de esos jueces con la Corte Constitucional que durante 10 años ha presionado al gobierno y al Congreso para que se establezcan políticas públicas que satisfagan los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.

Pero, como lo señaló Rodrigo Uprimny, durante los seis años de vigencia de la sentencia en los ocho años de gobierno de Uribe la batalla de la Corte se dio para que se reconocieran los derechos de la población desplazada en el marco de un gobierno que no reconocía la existencia del conflicto armado interno. La batalla que dio la Corte fue para que las políticas públicas se adecuaran al reconocimiento de los derechos de la población desplazada, otra historia es con el gobierno de Juan Manuel Santos, este gobierno reconoció el conflicto y presento un proyecto de ley que satisface parcialmente los derechos de las víctimas pero el problema se traslada ahora a la ejecución. Allí hay muchos problemas.

El activismo judicial de los jueces y de la Corte Constitucional contrasta con la baja voluntad política demostrada por el ejecutivo y el legislativo que no han adoptado políticas públicas eficaces para enfrentar el desplazamiento forzado que ha llegado a 5.537.883 (abril 01 de 2014, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas) personas desplazadas en Colombia.

La atención humanitaria de emergencia se ha entregado a un 30% de hogares atendidos según Marco Romero, de CODHES, pero lo que queda pendiente son las soluciones duraderas: vivienda, restitución de tierras, indemnizaciones individuales y reparaciones colectivas, etc. Se deberían declarar otros Estados de Cosas Inconstitucionales hasta que no se garantice un mínimo vital a los hogares víctimas del desplazamiento forzado.

El Estado ha avanzado en la focalización de los recursos para implementación de las políticas públicas para las víctimas, pero sigue amarrando la ejecución de la Ley a la regla fiscal y a los supuestos altos costos que generan la atención, reparación, indemnización y restitución; pero hasta ahora no ha diseñado un sistema tributario que contemple los costos totales de la Ley de Víctimas.

Según Uprimny, el Estado debe procurarse los recursos necesarios para la implementación efectiva de la Ley y así garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas. El sistema tributario actual es regresivo porque quita tributos a las empresas y a los más ricos y graba principalmente a las clases medias y a los sectores populares con los impuestos indirectos, como el impuesto a las ventas, IVA. El Estado puede obtener otros recursos, crear otros impuestos para reparar así a los más pobres, no puede el Estado negarse a reparar argumentando el impacto fiscal.

La restitución de tierras no es una reforma agraria pero impacta el sector rural y la forma de tenencia de las tierras. El gobierno de Santos reconoce el conflicto armado pero no ha propuesto y menos implementado una política de desarrollo rural que tenga como objetivo a los millones de campesinos medianos y pequeños. El mayor número de restituciones está en los lugares donde continúa el conflicto armado y en los parques naturales.

El impacto de la Sentencia T025/2004 ha sido limitado, formalmente la Corte Constitucional emite una orden al gobierno nacional la cual no se cumple (tensión acceso y coherencia), así que la única salida para presionar a que se cumpla la jurisprudencia es la protesta social.

El reto institucional para la Corte Constitucional es mantener el seguimiento a la Sentencia T025/2004 y a sus autos de seguimiento, además de evaluar el impacto de estas. El obstáculo para este seguimiento es el incumplimiento de la jurisprudencia que se vuelve un trámite meramente formal no conducente al reconocimiento de los derechos.

Edición N° 00398 – Semana del 9 al 15 de Mayo – 2014
 
 
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