Este domingo se llevará a cabo la votación en primera vuelta presidencial. Los electores deberían conocer qué proponen y representan los candidatos.

Todo indica que no será así. El sainete entre las campañas de Santos y Zuluaga-Uribe, marginó el debate sobre los programas de gobierno, convirtió en centro de atención la cascada de acusaciones mutuas, y anticipó la polarización de la segunda vuelta.

El conflicto armado, una vez más…

Detrás de todo esto, está un asunto crucial: el conflicto armado y las vías para terminarlo.  La “solución negociada” o la paz de los “vencedores” sigue siendo el factor determinante de los debates presidenciales en Colombia. La “paz total” o la “paz sin impunidad” resumen hoy esa tradición nacional.

¿Qué proponen los candidatos al respecto?

¿Cuál es el alcance de sus iniciativas y diferencias?

¿Qué consecuencias traería el triunfo de una de esas opciones?

Elecciones: la paz sin consensos

En nuestro medio, las elecciones presidenciales han sido punto de partida o de cierre de las negociaciones. Los diálogos de paz, o su oposición, han servido para hacerse al poder.  En palabras de Marco Palacios: “Los presidentes usaron abiertamente los diálogos para relegitimar el sistema político, ampliar sus propias bases electorales y dar más juego a las clientelas” 1.

• Betancourt con la “bandera de la paz”
• Barco, con la “normalización” y la “reconciliación”
• Gaviria con la “constituyente por la paz”
• Pastrana prometió un pronto acuerdo con las FARC
• Uribe ganó y fue reelegido con la “seguridad democrática” y la lucha contra el “terrorismo”

Salvo el caso de Gaviria, su búsqueda no ha sido producto del consenso de las fuerzas políticas, sino de los éxitos electorales. Hemos tenido más política de urnas que de Estado para optar entre la guerra o la solución negociada. Es lo que Palacios llama “la paz presidencial”. Con la reelección inmediata esta tradición se reafirma y profundiza, con Uribe para reafirmar la solución militar. Ahora con Santos se apela a la elección como si se tratara de un plebiscito alrededor de la paz.

Santos: un “segundo tiempo” para lograr la “paz total”

La matriz de la controversia está en el proceso actual.

El presidente logró el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Pactó unas conversaciones “directas e ininterrumpidas”, y una agenda temática de seis puntos. Por primera vez, las Farc mencionaron “la dejación de armas” y su “reincorporación a la vida civil”. Se alcanzaron acuerdos parciales en los dos primeros temas (desarrollo rural, participación política, política antidrogas), y en los próximos días se conocerán los resultados en torno a cómo superar el narcotráfico.

Las negociaciones avanzan sin el cese de hostilidades y cuentan con el acompañamiento de varios países. En algunas ocasiones las FARC han decretado treguas unilaterales, como la de estas elecciones, junto con el ELN, todo bajo la premisa de que “nada está acordado hasta que todo este acordado”2.

La campaña reeleccionista propone:

• Un “segundo tiempo” en las conversaciones para “alcanzar la paz total”.
• La disposición a facilitar la presencia de voceros de las Farc en el Congreso, y abrir espacios a la participación de nuevos sectores políticos y sociales.
• Medidas de justicia transicional con base en el  “Marco jurídico para la paz”. Estas deben permitir la reconciliación y el resarcimiento de las víctimas.
• Desecha la asamblea constituyente para refrendar los acuerdos y se inclina por el referendo.
• Un nuevo aliento a la política de restitución de tierras y medidas sociales complementarias.

Zuluaga: el proceso de paz es una “rendición de la democracia”

Para el candidato del Centro Democrático y Uribe, no se puede continuar la negociación sin condiciones. Pactar con la guerrilla las reformas que se requieren implica una “rendición de la democracia”. Se opone a la “elegibilidad” de los líderes de las FARC y considera que deben “pagar”, al menos, seis años de prisión.

Voceros de su campaña señalan que “no se va a acabar el proceso de paz”, pero sus propuestas pretenden deshacerlo con correctivos de difícil aceptación por la guerrilla:

• Su “sometimiento a la justicia” y no un acuerdo de paz;
• La suspensión de las negociaciones, y el plazo de una semana para que “las Farc  decidan si cesan toda acción criminal contra los colombianos”;
• La implantación de un “cese verificable como condición única para una paz negociada”;
• Rechaza el “Marco Jurídico para la Paz”, porque “admite la impunidad, con la excusa del delito político”, y critica que los “delitos atroces, de lesa humanidad y el narcotráfico” puedan ser objeto de medidas de justicia transicional;
• No es partidario de la asamblea constituyente para refrendar los acuerdos.

Peñalosa: la paz como “política de Estado”

El candidato del Partido Alianza Verde señala que el tema “debe sacarse de la campaña” y “lamenta” que el candidato-presidente “utilice los diálogos como bandera política”. Su planteamiento es que la “paz es un asunto de Estado”.

Entre sus iniciativas están:

• Ratificar el actual equipo negociar del gobierno;
• Otorgar cinco curules en el Senado a los líderes de la guerrilla;
•  “No es posible la paz con impunidad, pero tampoco sin generosidad”;
• Defiende el proceso actual, pero agrega que “la negociación no resuelve las necesidades de los colombianos”;
• Propone un “Ministerio del Bienestar Campesino”;
• Es inconveniente una asamblea constituyente y considera que en ese escenario “todos los congresistas van a ser candidatos”. Por eso prefiere un referendo constitucional.

Clara López: continuidad y ajustes a la mesa de negociaciones

La candidata del Polo Democrático apoya la “solución negociada” al conflicto, pero considera que atraviesa una “crisis”. Para López es “inaudito” que no se haya informado a los candidatos las condiciones en que se está negociando la paz, “ya que no se puede llegar a la mesa de negociación -con- borrón y cuenta nueva por un cambio de gobierno”.

Propone:

• Acordar “un cese unilateral de la guerrilla, y un cronograma específico para la terminación de la negociación, con reciprocidad por parte del Estado”;
• La vinculación de las mujeres, las víctimas, organizaciones sociales y sindicatos a la mesa de conversaciones;
• Una “mediación”, “figura crítica y estratégica en los procesos de paz entre los gobiernos y alzados en armas”;
• Una vez desmovilizada la guerrilla, dejado las armas y hecho el compromiso de no repetición, “es fundamental que participen en política y si hay una constituyente que lleguen a ella”.
• Defiende un “plan especial para los municipios afectados por la violencia” que se encuentren en emergencia humanitaria.

Marta Lucia Ramírez: plazos y condiciones para continuar los diálogos

Las propuestas de la candidata del conservatismo son similares a las de Zuluaga. Califica a las FARC, como un “cartel de la droga”, señala que las negociaciones “no han sido transparentes” y critica al gobierno por haber “perdido su control”.

Su reserva principal es que “el actual proceso fue planteado en forma prematura, cuando se estaba derrotando militar y judicialmente a la guerrilla”. Plantea entonces, varios “correctivos”:

• Se deben condicionar los diálogos a que se abandone el reclutamiento de menores, las acciones terroristas y del minado en zonas de conflicto y su participación en cultivos ilícitos;
• Mantendrá el equipo negociador del gobierno con la incorporación de Camilo Gómez, su fórmula vicepresidencial;
• Fija un plazo de cuatro meses para la terminación de la negociación;
• No comparte la convocatoria de una constituyente;
• Rechaza la presencia de los líderes de las FARC en el Congreso, pero acepta la creación de un partido político de los guerrilleros de niveles intermedios, dejando al pueblo la decisión de su elección.

Coincidencias y diferencias

Como se observa, dos candidatos, distintos al presidente, apoyan la continuidad de las negociaciones y la solución pactada del conflicto armado.

Peñalosa y López demandan que paz no sea una bandera electoral, sino política de Estado. Defienden la continuidad del equipo negociador, aunque el Polo pide su ampliación a otros sectores sociales como las mujeres y organizaciones populares. Las referencias a los contenidos de los aspectos temáticos son más bien escasas. No cuestionan la matriz del Acuerdo general, pero el Polo propone “negociar” un cese unilateral de hostilidades de la guerrilla y una “mediación”. Ambos son escépticos de la asamblea constituyente, aunque la candidata de la izquierda la contempla como opción luego de la desmovilización.

No ocurre lo mismo con Zuluaga y Ramírez que esporádicamente y ya más cerca de las elecciones se refieren a la “paz negociada”, pero rechazan su arquitectura. Insisten en “debilitar” a las guerrillas para lograr su sometimiento, o un acuerdo de reincorporación sin reformas. Su mensaje apunta a deshacer el camino trazado por Santos y, en realidad, promueven una solución de fuerza.

Ahora bien, si se contrastan estas propuestas con el estado de ánimo de la opinión pública, los resultados son dicientes:

• La búsqueda de la paz o la solución militar no son parte de preocupaciones principales del ciudadano medio. Sin embargo, este tema definirá los resultados electorales y la suerte de la negociación.

• La opinión pública apoya la salida negociada, pero es pesimista sobre sus resultados3; predomina el rechazo a la participación de los líderes de las Farc en elecciones y cree que deben pagar sus delitos con prisión4.

• A pesar de la imagen negativa de la guerrilla, respalda algunos puntos de los acuerdos de la mesa de La Habana, como la expropiación de tierras improductivas y su entrega a pequeños productores.

La paz en las urnas: ni miedo ni traición

Una lectura más detallada del proceso indica que la controversia sobre el binomio paz-guerra, no está tanto en continuar las negociaciones o retornar a la seguridad democrática. A partir de los golpes a la cúpula guerrillera y la desarticulación de algunos de sus frentes existe una relación de fuerzas distinta; el gobierno norteamericano respalda la búsqueda del acuerdo; la comunidad latinoamericana también; los intereses económicos de los poderosos son una presión a favor de su terminación; la opinión es partidaria de una solución negociada, pero no acepta la condiciones de la guerrilla. Las propuestas de los candidatos responden a esa realidad.

El punto es cómo y en qué momento se cierra el conflicto. Una sutileza que impide suponer que estamos ante el retorno, sin más, a la política de aniquilamiento militar que se impuso en el 2002.

Lo que se ha presenciado esta última semana es la manipulación de la paz. Los estrategas de la campaña del candidato-presidente llevaron este tema a un nivel de polarización extrema.  Zuluaga-Uribe también.

Pero, en medio de este maniqueísmo, habría que señalar que cualquiera que sea el ganador no podrá retornarse sin más al reinicio de 2002. Levantar la mesa de negociación de La Habana tiene un costo político que impide suponer, sin más, un retorno al 2002.

Algunos sectores alternativos, analistas independientes y hasta politólogos de oficio, cayeron en esa celada, sin considerar siquiera la posibilidad de que en la primera vuelta se reafirme una fuerza política independiente del santismo.

Votar por los verdes, por el Polo o, incluso en blanco, permitiría que no se diluya el mensaje de que en Colombia es posible también una paz sincera, sin instrumentarla para tapar el hueco del clientelismo y la inequidad social.