De espaldas a la crisis ambiental

  Rafael Colmenares Faccini
  Miembro de Unión Libre Ambiental
   
 

En la presente debate electoral, el proceso de paz y los escándalos de las campañas de Santos y Zuluaga – Uribe, ocupan el centro de la escena mientras los problemas estructurales como la inequidad, la pérdida de la soberanía alimentaria, la desprotección en salud y el deterioro ambiental, entre otros, están  en la penumbra. Tal vez por ello los electores permanecen indecisos, apáticos o inclinados por el voto en blanco.

Y no es que el final del largo y cruento conflicto armado no sea la principal preocupación de los hombres y mujeres de Colombia. Es que si no se abordan los problemas de fondo y se acuerdan soluciones radicales y duraderas tampoco se podrá alcanzar una paz verdadera.

Uno de los temas fundamentales en esta dirección es el deterioro profundo de nuestros ecosistemas y la ausencia, más aún el abandono, de una política que conduzca al tan cacareado desarrollo sostenible.

Alertas ambientales

Mientras los insultos de las campañas dominantes se escalan, importantes alertas ambientales pasan desapercibidas. Hace solo algunos días fue dado a conocer el “V Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia”, en cumplimiento de la obligación que compete a cada país miembro de la Convención de Biodiversidad, de presentar periódicamente el suyo. El documento no hace sino ratificar las tendencias de pérdida de especies y habitats que vienen observándose desde hace más de veinte años y que han generado graves problemas como las inundaciones de hace solo tres años,  ya casi olvidadas por los medios de comunicación. Se insiste nuevamente en la disminución de la cobertura vegetal, que según el informe decreció del 56,5% del territorio al 51,4% del mismo, en los últimos años. Se calcula en el 3,5%, anual del PIB, el costo del deterioro ambiental, cifra novedosa y alarmante. La síntesis del Informe podría ser: “pasamos los umbrales de irreversibilidad”, según la expresión de Lorena Franco, una de las autoras del estudio.

Casi simultáneamente, Fescol y el Foro Nacional Ambiental, presentaron el trabajo, “Evolución del Ministerio del Medio Ambiente en sus primeros veinte años”. Este revela  algunas de las causas del resultado dramático que presenta el Informe sobre el estado de la biodiversidad colombiana.

Según el ex – viceministro de medio ambiente, Ernesto Ghul, autor del estudio, la política ambiental colombiana ha pasado de una etapa conservacionista1, al desarrollo sostenible, instaurado en la Constitución de 1991 y en la Ley 99 de 1993, y en los últimos doce años, correspondientes a los dos gobiernos de Uribe y el actual, ha transitado por lo que llamó: “privatización de la gestión ambiental”.

Esta última etapa, que correspondió al cambio de nombre del Ministerio, el cual pasó a llamarse “Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”2, se caracteriza por el debilitamiento de la inversión en el sector, ya destacada también en el informe sobre biodiversidad3; por la flexibilización de la legislación ambiental en favor del capital transnacional minero y del agronegocio y la concomitante degradación del mecanismo de las licencias ambientales. Aparejada a lo anterior va la decadencia de la participación ciudadana pues solo el 6% de los proyectos licenciados tuvieron audiencia pública.

La ausencia de ordenamiento territorial y la no expedición del “estatuto para el uso adecuado del territorio”4 fueron señaladas por Ghul entre las fallas más protuberantes de la gestión ambiental de los últimos años, lo cual coincide con el V informe sobre biodiversidad, que anota entre los factores de deterioro, el “cambio en el uso del suelo”.

La gestión ambiental ha quedado en manos de la denominada “responsabilidad social empresarial”, es decir a merced del capital privado y se abre camino la “economía verde” o sea: pago por servicios ambientales, mercantilización de los bienes comunes, valoración de los ecosistemas a precio de mercado, etc.

La síntesis de todo lo anterior vendría en este caso desde la OCDE, según la cual el crecimiento de Colombia, del que tanto se ufana el Presidente – Candidato, “se ha hecho a costa del capital natural”.

Todo lo anterior es coherente con el desplome de Colombia en el Índice de Desempeño Ambiental que presentan cada dos años las Universidades de Yale y Columbia. Pasamos del noveno puesto en 2012 al lugar 85 en el presente año. La caída se debió en parte a la introducción de nuevos parámetros como el tratamiento de aguas residuales en el cual nos “rajamos” ampliamente pero también nos fue mal en tratamiento de la pesca, otrora uno de los puntales de nuestra seguridad alimentaria. Así mismo, en el manejo de los bosques, resultamos con saldo negativo.

¿Qué dicen los candidatos?

Ante estos y otros indicadores que frecuentemente se publican, los candidatos a la Presidencia de la República guardan un ominoso silencio. Los que según las encuestas tienen la mayor opción de ganar, Santos y Zuluaga, continuarán transitando la senda extractivista y desarrollista. Así lo anuncian en sus programas. Las locomotoras de Santos, seguirán y si gana Zuluaga se volverá a su fuente de inspiración uribista: la confianza inversionista, es decir dar todo tipo de facilidades al capital transnacional y a los inversionistas colombianos del tipo de “los nuevos llaneros”. Mientras Santos ha dado pruebas suficientes de su indiferencia por el medio ambiente, su contradictor uribista se preocupa solo por la pérdida de la navegabilidad del río Magdalena, que se propone recuperar convirtiéndolo en un canal mediante el dragado de su lecho, es decir dictándole la sentencia de muerte como ecosistema. Algo parecido a lo que viene ocurriendo con el río Bogotá “enjarillonado” por la CAR para prevenir futuras inundaciones.

El flamante candidato del partido “verde” anuncia “ciudades sostenibles”, lo cual contradice sus ejecutorias como Alcalde de Bogotá cuando impulsó la ALO que pretendía pasar por encima de los humedales. Aunque a su equipo programático se ha integrado el Concejal ambientalista Diego García, quien asegura que Peñalosa ha incorporado íntegramente la propuesta de la Bogotá Humana, contradictoriamente también forma parte del mismo equipo la señora  Fanny Kerztman, quien hace solo cinco meses escribía en su columna de la revista Dinero lo siguiente: “Ese lobby verde que ha impedido el desarrollo de la minería a gran escala, nos recuerda en sus estrategias al lobby internacional de la guerrilla. Y es que casualmente es a la guerrilla a la que le conviene que no haya desarrollo minero”5 ¡Vaya un partido verde!

Minería vs. Medio ambiente

Interrogados durante el debate televisivo organizado por RCN el pasado jueves, sobre que priorizarían entre minería y medio ambiente, Santos, Zuluaga, Peñalosa y Ramírez consideraron compatibles las dos cosas. Santos, en el colmo del cinismo puso como ejemplo del control efectivo que se ejerce sobre las transnacionales a favor del medio ambiente la multa tardía y precariamente impuesta a la Drumond por el derrame de 1800 toneladas de carbón en la Bahía de Santa Marta, haciendo caso omiso de las múltiples tropelías de dicha compañía.

Es tan arraigado el extractivismo en la política colombiana que la propia Clara López, plantea en su programa: “minería sí, pero no así”. Como si fuera posible otra forma de minería diferente a la que se realiza a “cielo abierto”, la cual corresponde al declive de los yacimientos y a la baja concentración de los minerales en esta etapa de su extracción6. Justo es reconocer, sin embargo, que la candidata del Polo Democrático es la que más aboga  por la protección ambiental y plantea un debate al actual modelo de desarrollo. Cuestiona a su vez los TLC que constituyen, sin duda, la pieza maestra de la “reprimarización” de la economía colombiana. Por otra parte, apoya sin vacilación la validez y obligatoriedad de las  consultas populares, como las realizadas en Piedras y Tauramena, desconocidas por el actual gobierno.

Un debate necesario e inexistente

Es indudable que Colombia requiere un debate a fondo sobre los impactos ambientales del actual modelo extractivista que sustenta buena parte de la economía y las finanzas públicas. Todos los colombianos y colombianas tenemos derecho a ser informados y a debatir y decidir el rumbo que seguirán las actividades económicas y sus consecuencias ambientales para las presentes y futuras generaciones. Por ello es tan preocupante la ausencia de debate sobre tan decisivos asuntos en la actual campaña electoral.

Edición N° 00400 – Semana del 23 al 29 de Mayo – 2014

1 Corresponde al período que va de la creación del Inderena (1968) y la expedición del Código de Recursos Naturales (1974).

2 El actual gobierno lo denominó Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible pero continuó su debilitamiento mediante la creación de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales.

3 El área total de los Parques Nacionales cubre el 12% del territorio, pero a cada hectárea solo se dedican cuatro mil pesos !!!

4 Esta función, asignada al Ministerio por la Ley 99 de 1993, en su artículo 5º, numeral 12, aún vigente y sin ejercer.

5 Véase Revista Dinero, 15 -12-2013

6 Como lo señala Julio Fierro Morales en el libro Políticas Mineras en Colombia (ILSA, 2012): “De acuerdo con Mudd (2005) si se compara la calidad de los yacimientos mineros en el mundo desde 1900 hasta 2005,  el cobre, el oro, el plomo, el zinc, el uranio, el níquel, los diamantes y la plata muestran una disminución exponencial, lo cual ha llevado a las empresas mineras a explorar en nuevas regiones y por otro lado, a generar minas más y más grandes donde la economía de escala permite la explotación de minas con menores tenores generando mayor volumen de residuos potencialmente contaminantes y afectando áreas cada vez mayores con la consiguiente afectación de las comunidades, ecosistemas, suelos productivos agroecológicamente, aguas superficiales y subterráneas y acuíferos”.

 
 
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