Educación sexual ¿derecho o credo?

  Lida Margarita Núñez Uribe
  Coordinadora, Estrategia de Educación Ciudadana Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

En las últimas semanas se ha suscitado un debate del que han sido protagonistas la Procuraduría, el Ministerio de Educación y diversos expertos en temas de derechos sexuales y reproductivos, debido a un estudio realizado de conjunto entre la Procuraduría y la Universidad de la Sabana, que pretende proponer lineamientos para la política pública de educación sexual en Colombia. El debate radica en que las propuestas hechas por la Procuraduría incluyen la religión y la familia nuclear como factores “protectores” que retrasan el inicio de la vida sexual en los adolescentes, así como el consumo de sustancias psicoactivas.

Merece la pena recordar en este punto, que desde que la Corte Constitucional permitió la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos (Sentencia C-355), el señor procurador Alejandro Ordoñez, ha hecho diferentes pronunciamientos que van desde proponer modificar la sentencia, así como la necesidad de promover programas de educación sexual, ajustados a lo que a su juicio es el deber ser de la sociedad, directamente ligado con el cumplimiento de los preceptos de la moral católica.

Es por ello que desde hace un poco más de tres años, el ente de control y la Universidad de la Sabana (del opus dei, uno de los sectores más conservadores del catolicismo), iniciaron un estudio sobre estilos de vida de los jóvenes y sus necesidades sobre educación sexual. Los resultados de este estudio, presentados el pasado 15 de mayo, son el centro de la polémica.

Según se lee en el estudio, se trataba de describir los estilos de vida de los jóvenes en aspectos como uso del tiempo libre, inicio de la actividad sexual, relaciones interpersonales y consumo de sustancias tóxicas, y establecer relaciones entre estilos de vida y factores contextuales: “autoeficacia sexual, actitudes personales sobre afectividad, amor y sexualidad, funcionalidad familiar, estructura familiar, supervisión parental, rendimiento académico, importancia de la opinión de los amigos e importancia de la religión en la vida”. Para ilustrar mejor el sesgo del estudio, se lee textualmente: “El comportamiento sexual saludable se midió de dos maneras: haber iniciado o no la actividad sexual y el uso de preservativo en la primera relación sexual. Para efectos de este estudio se considera un comportamiento saludable no haber iniciado la actividad sexual y usar preservativo en la primera relación sexual”.1

Las conclusiones del informe son arriesgadas, especialmente si se piensa que están hechas para constituirse en las bases de una política pública nacional sobre educación sexual. Según las conclusiones de la Procuraduría vivir con padre y madre que ejercen “control parental” y practicar una religión serían las claves para que la juventud no consuma psicoactivos ni tenga sexo a temprana edad. Estas conclusiones, sin embargo, no consideran otros fenómenos que vive la sociedad colombiana, relacionados por ejemplo con los altos índices de violencia de pareja, los feminicidios; o los diferentes escándalos en los que se han visto envueltas diferentes religiones (escándalos de corrupción, parapolítica, lavado de activos, pedofilia, entre otros delitos).

Estamos todos de acuerdo en la importancia de la educación sexual, no solo como una estrategia de prevención de problemas sociales graves como el crecimiento de las tasas de embarazo adolescente, sino porque se trata de una esfera central de la vida humana: la sexualidad. Además, las últimas décadas han sido testigo de diferentes avances en la materia, incluso la discusión de una convención interamericana sobre derechos sexuales y reproductivos, en la que organizaciones de la sociedad civil del continente han estado trabajando.

Sin embargo, la entrada a políticas públicas en la materia debe ser un enfoque de derechos, que reconozca la diversidad (cultural, económica, social, étnica, de opción sexual, entre muchas otras) y que brinde espacio a la ciudadanía para el ejercicio responsable de su libertad. La educación sexual debe incluir todos los elementos de la sexualidad humana: el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes y  comportamientos, los valores sociales, el placer y los derechos humanos asociados a la sexualidad.

Pero, lo más grave de la propuesta de la Procuraduría es que va en franca contravía de la Carta Política. Colombia fue declarada un país laico desde 1991, eso significa que los asuntos del Estado, y las políticas públicas en ninguna circunstancia podrán ser utilizadas para que ciudadanos y ciudadanas pertenezcan a cualquier religión. Esto va en contra de la ley y la Constitución, con lo cual el ente de control no solo estaría extralimitando sus funciones, sino que además, iría en contravía del mandato legal.

Edición N° 00400 – Semana del 23 al 29 de Mayo – 2014

Procuraduría General de la Nación. Estilos de Vida de los Jóvenes y las Necesidades de Educación Sexual. Bogotá: 2013. Pág. 40. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-340716_archivo_pdf.pdf. Este es uno de los informes de avance.

 
 
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