A pesar de sus logros el proceso de paz depende
de la elección del próximo mandatario

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Fundación Cultura Democrática
   
 

Los acuerdos en principio conseguidos por el Gobierno con las FARC y con el ELN en los temas de las víctimas, la verdad histórica y la participación de la sociedad, ratifican el positivo curso del proceso de paz. Entrañan dos nuevas y positivas noticias: Un cambio en la metodología de la mesa en La Habana que permite abordar de manera paralela los temas de agenda faltantes y asume un diálogo directo con vocerías plurales de las víctimas. Y la esperada noticia sobre el inicio en firme del proceso de paz con el ELN, condición necesaria para el cierre histórico del conflicto bélico con la insurgencia. Estos acuerdos, recibidos con entusiasmo por la comunidad internacional y distintos sectores del país, se producen en medio del intenso debate que precede la elección -este fin de semana- del Presidente de la República para el próximo cuatrienio. En tal sentido, son un elemento más que incide en la ciudadanía con relación ésta elección que resulta ser decisiva tanto para la viabilidad del proceso de paz como frente al dilema sobre el futuro político: o se consolida la viabilidad del Estado de derecho o se retorna a un gobierno autoritario y tolerante con la ilegalidad y las vías de hecho.

El avance en la negociación de paz Gobierno-FARC es apreciable: Un acuerdo para finalizar el conflicto armado, abordar una agenda de cinco temas y aplicar una metodología de negociación ininterrumpida y en busca de un acuerdo general integral, que habrá de ser ratificado por el conjunto de la ciudadanía, a través de una forma de democracia directa que habrá de definirse. Tres acuerdos temáticos conseguidos ya, con importantes consideraciones y medidas a implementar, en los temas de reforma agraria y del sector rural, participación política y garantías ciudadanas y compromisos hacia la superación del narcotráfico. Y ahora, el ciclo 26 de conversaciones en La Habana acuerda avanzar simultáneamente en los temas restantes con sendas comisiones: de una parte medidas de reparación de las víctimas y medidas hacia el esclarecimiento histórico sobre el conflicto y la crisis humanitaria sucedida, sus actores y responsables, y de otra parte las condiciones y mecanismos para la finalización del conflicto armado y la reintegración con garantías del proyecto insurgente a la vida civil.

De manera particular el acuerdo conseguido hace dos semanas con las FARC precisa diez consideraciones con relación al tema de las víctimas que incluyen su reconocimiento en condiciones de dignidad y ciudadanía, el reconocimiento de responsabilidades de las partes sin que ello implique “intercambio de impunidades”, el compromiso con los derechos de las víctimas que subraya la necesidad de superar el enfrentamiento bélico, la participación de las víctimas “por diferentes medios y en diferentes momentos”, el esclarecimiento de la verdad asumido en una amplia perspectiva y el compromiso con la reparación de las víctimas causadas en el contexto del conflicto. Compromisos que se complementan con consensos conseguidos también en torno a la necesidad de conseguir un marco de garantías y seguridad efectivo, un enfoque de restitución efectiva de derechos y garantías, el avance decisivo hacia el logro de medidas de no repetición de los hechos de violencia sucedidos y un principio hacia la reconciliación fundado en la satisfacción de los derechos de quienes han sido afectados y de la sociedad en general, como premisa necesaria para “transitar caminos de civilidad y convivencia”.

A tono con este nuevo acuerdo Gobierno-FARC de nuevo se acude a la ONU-PNUD y a la UN-Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, para realizar foros regionales de consulta social y ciudadana en el tema de las víctimas y sus derechos, previstos en las ciudades de Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali, lo cual denota un esfuerzo de descentralización mayor que en los anteriores. Se advierte sobre la necesidad de conseguir una convocatoria plural, “equilibrada de las distintas víctimas y hechos victimizantes” y se aclara que en la mesa de negociaciones y en estos propios espacios de foro habrán de ser tenidos en cuenta los aportes y propuestas ya entregados en los ejercicios previos realizados, en especial con los foros regionales con víctimas que lideraron las comisiones de paz del Congreso de la República. Así mismo, se destaca la necesidad de asumir un enfoque diferencial y de género que habrá de destacar la situación y el papel de la mujer.

Por su parte, el acuerdo parcial inicial Gobierno-ELN, divulgado en días pasados, constituye una muy positiva noticia, puesto que como muchos lo hemos discutido, si no se avanza de manera paralela y convergente, en los esfuerzos de paz con las dos organizaciones guerrilleras que persisten en el alzamiento, no podrá hablarse de la posibilidad del cierre del conflicto bélico ni de la creación de condiciones estructurales suficientes para el inicio de una fase de transición hacia la construcción de la paz. Por tanto, el sólo anuncio oficial de avanzar hacia un acuerdo marco para este proceso de paz que ya incluye los temas de las víctimas y el de la participación de la sociedad, nuevas formas de cooperación directa en las gestiones de la comunidad internacional y el propósito de finalizar las hostilidades militares, constituye de por sí un hecho de trascendencia histórica y de argumentos de peso para pensar en una perspectiva posible de paz integral.

Adicionalmente, las partes se comprometen a dar a conocer periódicamente y de común acuerdo los avances en esta fase exploratoria y hacen un llamamiento a la ciudadanía para fortalecer el propósito de construir la paz, con el aporte de este nuevo proceso de paz orientado hacia el fin del conflicto. Así mismo, en comunicado suscrito por el Gobierno y el ELN especifican que avanzan hacia la definición completa de la agenda de negociación y la metodología, para instalar en consecuencia una mesa de conversaciones que contará con el apoyo de varios países, de manera que agradecen expresamente los buenos oficios prestados por Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela.

Sin embargo, esta positiva situación de innegable avance del proceso de paz entre el Gobierno nacional y las guerrillas FARC y ELN, se registra de manera paradójica, en la coyuntura electoral referida, de forma que será la propia ciudadanía quien decida de inmediato, éste mismo fin de semana, si respalda la posibilidad de continuación de este proceso de paz, o si respalda la opción de cierre de sus posibilidades y retoma de la opción de la salida de fuerza y mantenimiento de las hostilidades de guerra, con todas las consecuencias negativas que ella entraña. Es decir, que si bien la elección del presidente conlleva implicaciones de muy diverso orden, resulta ser una especie de referendo anticipado sobre el proceso de paz. Y al respecto, no puede haber duda en entender que mientras la posición del presidente candidato Juan Manuel Santos implica la posibilidad de mantener el curso y las posibilidades del proceso de paz, la opción del candidato del expresidente Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga, representa la opción expresa de suspender las negociaciones desarrolladas, desconocer los acuerdos conseguidos e imponer la política que resultó inviable en sus dos anteriores mandatos, de exigirle a estas guerrillas decisiones unilaterales de cese de las hostilidades, negar las agendas políticas de negociación y ofrecerles condiciones de rendición en términos de indulto condicionado y reinserción.

No obstante, es de advertir que como lo han señalado distintos analistas y sectores políticos y de opinión diversa, estas elecciones además tienen una trascendencia política especial, al punto de poder señalarse como de histórica. Pues resulta claro que la salida de fuerza que niega la salida política al conflicto armado, propuesta por el expresidente Uribe y su proyecto político de extrema derecha, representa de conjunto y de fondo, un proyecto de restauración autoritaria, que propende por el desmonte del Estado de derecho, que representa la legitimación de sectores procedentes del paramilitarismo y del narcotráfico que han apoyado y participado de su proyecto, y que propende por la imposición de una forma de actuación que fue de gobierno y que persiste en sus prácticas políticas, proclive a la irregularidad, a los nexos con la ilegalidad y a los recursos de hecho y de fuerza, en detrimento del régimen constitucional vigente.

Es preciso en consecuencia, hacer un llamado a la ciudadanía colombiana, para participar de forma activa y consciente en el dilema histórico tan delicado y profundo que se juega. De tal manera, en el espectro político se ha dado en consecuencia una polarización en torno a dos propuestas y dos sectores que se dirimirá en las urnas. Sectores de élite, sectores tradicionales y franjas de centro derecha y franjas progresistas que han rodeado al gobierno, expresadas en los partidos La U, Cambio Radical y Liberal, junto con fracciones mayoritarias y sectores de opinión y votantes que acompañan a la izquierda democrática, del PDA, Partido Verde y Progresistas, han comprometido el respaldo a la candidatura para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Estos últimos sectores, conscientes que no representa un programa económico social progresista que sea garantía para una paz sostenible, pero que sí representa una opción para mantener y poder desarrollar el proceso de paz en todas sus consecuencias. Y de otra parte, el polo de la derecha agresiva y radical referida, liderada por el ex presidente Uribe, que impuso y determina la conducta de su candidato Oscar Iván Zuluaga, a nombre del Partido Centro Democrático, con respaldo de parte del Partido Conservador, sector que representa la apuesta hacia la continuidad del conflicto armado, su tratamiento por la vía militar y un discurso y unas propuestas de clara regresión política.

Edición N° 00403 – Semana del 13 al 19 de Junio – 2014
 
 
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