La paz y la transición democrática

  Antonio Madariaga
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Después del triunfo de Santos, apoyado por fuerzas del centro y de la izquierda en la segunda vuelta y después de su fracaso en la búsqueda de apoyos en la derecha, aun con el caramelo Vargas Lleras, como se demostró en la primera vuelta, hay voces desde distintos lados que llaman a un “entendimiento” con el mal perdedor y auténtico enemigo del Estado Democrático de Derecho: Uribe.

Ese triunfo en la segunda vuelta tiene un signo: la solución política negociada al conflicto.

Pero como lo hemos dicho en otras ocasiones y lo repite una y otra vez el Alto Comisionado Sergio Jaramillo, una vez firmado el acuerdo de fin de conflicto comienza la construcción de la paz y esta no será posible si Santos empieza por transar con quienes no la quieren, quienes han apoyado el paramilitarismo y la perversión de la doctrina democrática de las Fuerzas Armadas y de Policía; quienes han utilizado la violencia directamente o se han aprovechado de ella para concentrar la tierra y la riqueza; quienes se consideran de mejor familia que los indígenas y los afrodescendientes, de mejor familia que la población LGBTI; de mejor familia que los demás colombianos y colombianas y por lo tanto los únicos titulares de derechos.

Los que desde el Ministerio de Agricultura, el INCODER y las notarías y oficinas de Registro prohijaron y legalizaron el despojo y el empobrecimiento de los campesinos; los que desde el Ministerio de Hacienda sostienen que nuestros derechos deben ser del tamaño que ellos decidan en el presupuesto y no como dice la Corte Constitucional que el presupuesto debe ser del tamaño de nuestros derechos.

En vez de la transacción con esos sectores hay que empujar la transición; la transición democrática.

¿Cuáles son los ejes de esa transición democrática?

El post-acuerdo debería considerar los siguientes pilares para una transición democrática:

a) Los Derechos Humanos. El objetivo final de la paz es en primer lugar detener la violación de los DD.HH y a partir de ello generar las condiciones para que sea sostenible la plena vigencia y respeto a los derechos humanos. Tienen importancia central los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

b) Las poblaciones. La diversidad cultural, étnica, de género, sexual, en resumen poblacional de Colombia tendrá que ser una de las fuentes para el diseño, construcción e implementación de las políticas que caracterizarán la transición. Esta tendrá que ser por lo tanto una política y una acción con enfoque diferencial.

c) Los territorios. La diversidad regional de Colombia, las características físicas, de ocupación, culturales y de recursos, así como las asimetrías que existen ente los territorios, tanto en la satisfacción de derechos de sus habitantes como en la afectación que el conflicto ha producido, deberá ser ese tercer pilar que defina la política de paz. Deberá partir de una comprensión integral del territorio.

d) La participación. Un proceso del post-acuerdo, que lleve a una paz sostenible y duradera además de reconocerse como un proceso que interese a toda la sociedad, deberá contar con los mecanismos, los espacios y las garantías para la participación de organizaciones, partidos, personas y grupos de interés; para el establecimiento de los consensos básicos del tipo de sociedad y de Estado; y ante todo de los objetivos de desarrollo y del tipo de desarrollo que deseamos y estamos comprometidos a construir.

Abordaremos en este artículo algunas de las condiciones de la transición, en lo que tiene que ver con la naturaleza de la transición, el papel de la sociedad civil y los cambios culturales necesarios para la paz, dejando para entregas posteriores aspectos como las reforma necesarias al aparato de Estado, la gobernanza de la paz, los derechos de las víctimas, las comisiones de la verdad  y el debate sobre seguridad.

Colombia, territorio hostil para la paz

La transición deberá contemplar, de acuerdo con lo señalado, dos escenarios. El primero de ellos, la refrendación, desarrollo e implementación de los acuerdos que se firmen en la Habana con las FARC y esperamos con el ELN, y el segundo que se deriva de reconocer, abordar y trabajar por superar los principales conflictos del país que se han venido produciendo, reproduciendo y mutando en los territorios en función de sus características y que se podrían agrupar hoy en: sociales, políticos, socioambientales y económicos.

También tendrá que suponer profundos cambios en la cultura política y en los comportamientos institucionales y sociales. Deberá ser objeto de debate el camino para una profunda transformación cultural, que permita construir una noción de trámite no violento de los conflictos, que cuestione la práctica patriarcal de la hombría y la virilidad como supuestos de la acción y la relación con los otros y las otras, que recupere la sensibilidad ante la vida y su preservación, con un enfoque de derechos que permee todas las políticas públicas por lo menos en los próximos veinte años.

Colombia es hoy una sociedad dominada por el odio y el miedo y atravesada por la desconfianza. Odio a las insurgencias, cuidadosamente cultivado por décadas desde las elites, los medios y los gobiernos. Odio alimentado por los comportamientos depredadores en algunos casos, cínicos en otros, pero en todo caso injustificadamente crueles y arbitrarios o teñidos de desprecio hacia la sociedad no combatiente, por parte de los insurgentes.

A ello se suma el miedo al cambio, a la transformación, a las venganzas, a las expresiones de los movimientos sociales y a la diversidad, a la pérdida de privilegios, en fin, a la igualdad. Pero también se hace presente el miedo a los riesgos de la violencia, el secuestro y la extorsión, a la combinación de todas las formas de lucha por la derecha y por la insurgencia, a la utilización del poder del Estado para la violación de los derechos, a la inoperancia de la justicia, etc.

Todo ello aderezado por una profunda desconfianza entre la ciudadanía, de la ciudadanía con el Estado, del Estado hacia la organización, la movilización social y el reclamo de derechos, y todos a una como en Fuenteovejuna, hacia los políticos. Desconfianza generada por el incumplimiento del Estado en su función fundamental de garante de derechos, desconfianza por la corrupción y la privatización del patrimonio público, desconfianza por la mezquindad de las élites, etc.

Todo lo anterior configura un territorio hostil para la paz. Una paz que no podemos imaginarnos porque no la hemos conocido la mayoría de los colombianos vivos, una solución negociada a un conflicto que no nos dice mucho porque “no nos toca” a quienes vivimos mayoritariamente en las ciudades.

La transición vista desde allí tendrá que ser, entonces, una transición de menos a más democracia, y tendrá que reconocer los diversos relatos de nuestras geografías y poblaciones, una transición nacional que sólo podrá serlo si se apoya en esa diversidad de regiones, culturas, poblaciones y territorios y garantiza la participación efectiva de la diversidad en su construcción.

El papel de la sociedad civil

La sociedad civil, además de representar la resistencia a los abusos e inconsecuencias del Estado, tendrá en la transición la tarea de construcción de confianza y espacios de diálogo, de presión sobre la insurgencia y el Estado para llegar a un acuerdo, de generación de ideas y propuestas y de construcción de la voluntad política para la paz. A la sociedad civil le tocará trabajar en la socialización y pedagogía de los acuerdos y en la construcción de legitimidad para los mismos, y habrá de implantarlos y aterrizarlos en los territorios y hacer la veeduría y monitoreo de la implementación de los acuerdos y eventualmente del cese de las hostilidades y el efectivo silenciamiento de las armas.

Siguiendo su tradición, ella tendrá que hacer la incidencia necesaria para hacer cumplir los compromisos pactados en la mesa y exigir, mientras tanto, la garantía de los derechos. Eso sólo lo podrá hacer una sociedad civil autónoma y fuerte, lo que implica una agenda propia más allá de la específica desarrollada en los Acuerdos.

Finalmente, la sociedad civil tendrá que ser la protagonista del cambio cultural, y de manera especial tendrá que deshacerse de la cultura de guerra y de los mitos que la soportan, lo que aunque sea una tarea de largo plazo debe comenzar ya, para que nunca más suceda lo que ocurrió en Urabá, donde desde los años noventa “[una] habilidad que resulta esencial adquirir en aras de la supervivencia es la de ‘no meterse’. Sea amigo, hijo, amante o conocido, jamás el asesinato de alguien debe provocar una reacción notoria, pues esta podría ser malinterpretada por los asesinos. Por eso en Urabá, como ocurre en otros contextos de guerra, la gente tiene que ‘desaprender’ reacciones normales, por ejemplo, aprender a no responder a los gritos provenientes de una casa vecina. Una versión extrema de esto tiene lugar en el caso de las madres y sus hijos (…) al punto en que algunas madres afirman que es mejor “hacer el duelo” anticipadamente y desprenderse afectivamente de un hijo condenado a muerte, de modo que, según ellas, cuando es asesinado el impacto emocional no es mucho”.

Los retos en la cultura y la cultura de paz

Hay un sector de la sociedad que está convencido que la paz se puede construir a costo cero, sin transformaciones en lo cultural, lo político y lo económico. Si bien es cierto que con la paz ganamos todos, esto no puede ser simétrico, alguien tendrá que poner más y por supuesto serán los que más tengan, más poder político y más poder económico. También será necesario reconocer a la insurgencia en su carácter de actores políticos legales. Diversas encuestas señalan que, si bien se ha consolidado un apoyo mayoritario de la población a las negociaciones, no sucede lo mismo con las consecuencias de la negociación y de manera particular con lo que tiene que ver con beneficios en las sanciones penales –sobre todo la reclusión en cárceles- y con la participación política de los guerrilleros, una vez firmado el acuerdo.

En palabras del Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, “esa es la esencia de cualquier proceso de paz: facilitar la transformación de un grupo armado en un movimiento político en democracia. Pero en el caso de Colombia, que ha padecido en toda su historia la combinación de violencia y política, es mucho más. Es mucho más porque al marcar claramente la raya entre violencia y política, se estabiliza definitivamente el campo de la política: todo lo que juegue por las reglas, incluyendo la protesta social, incluyendo la oposición radical, es lícito y legítimo. Y todo uso de la violencia es simplemente eso: violencia criminal.”

Ese paso solo será posible con una combinación de tiempo y voluntad política. Requiere por parte de la sociedad civil la capacidad de reconocer los obstáculos para el cambio y de trabajo para superarlos, también requiere de la sociedad el aumento de su capacidad reivindicativa, y a la vez de su capacidad de diálogo. Necesariamente deberá incluir la promoción de nuevos valores y reaprendizaje de otros referidos a la tolerancia, el respeto y la participación, la construcción de consensos sin pérdida de autonomía de las organizaciones sociales. Es decir, de lo que se trata es de un profundo cambio cultural, sobre la base de una pedagogía de paz.

Otra de las tareas de la sociedad civil, en esa misma lógica, es combatir las mitologías en favor de la guerra. Esta es una tarea difícil, porque hay un sector de la sociedad, cerca de un 30%, cifra muy importante, que todavía considera la guerra y la solución militar a la misma posible y deseable, en primer lugar, y en segundo lugar porque inclusive quienes tienen la voluntad de construir otra sociedad han interiorizado la guerra y han establecido mecanismos que les permiten sobrevivir en un mundo construido como campo de batalla.

Una cultura de paz implica que los individuos, familias, comunidades y regiones tendrán que ser apoyados para iniciar un proceso de sanación que incluye el esclarecimiento de los hechos del pasado, la aceptación de responsabilidades y culpabilidades, el reconocimiento de los daños causados, la petición pública de perdón por parte de los perpetradores y la reparación tanto individual como colectiva. El esfuerzo para lograrlo será descomunal.

Una cultura de paz implica la construcción de institucionalidades y de una arquitectura e infraestructura de paz. Conlleva la creación o reforma de instituciones para permitir que la insurgencia pueda llegar a ser disidencia, que la verdad se esclarezca y desaparezca el manto de silencio, que el ejercicio de la oposición no sea perseguido y que pueda existir una confrontación democrática de ideas y proyectos, que se derrote la impunidad, que haya reparación integral y que las víctimas accedan a la ciudadanía.

De igual o superior tamaño es el reto de construcción de confianza en el Estado, asunto que puede ser tan o más importante que las mismas capacidades institucionales para la sostenibilidad de la paz. El conflicto ha dañado las relaciones entre la ciudadanía y el Estado, que es visto con profunda desconfianza desde el ángulo de la negligencia, el maltrato y el abandono. Por tanto, la construcción de paz pasa necesariamente por reconstruir el Estado como Estado de Derecho, esto es, como un estado fuerte que canalice efectivamente las demandas de ciudadanas y ciudadanos, que esté presente y cercano a la ciudadanía y que lidere la realización de reformas de carácter estructural para llegar a lo que Garay llama un “modelo de desarrollo socialmente incluyente, sostenible y transformador”. Ello requiere el compromiso fiscal y el aporte financiero de todos y todas, de acuerdo con su capacidad económica, para un nuevo ordenamiento social más democrático e incluyente.

Colombia se encuentra ante una oportunidad inmensa de poner fin al más largo y probablemente más degradado conflicto armado del continente y por consiguiente a una de las más graves crisis humanitarias del mundo.

Lo que proponemos es que esa inmensa energía que libera el fin del conflicto sea al mismo tiempo la fuente principal de un gran esfuerzo de la sociedad y el Estado que lleve al horizonte promisorio de un Estado Social y Democrático de Derecho que sea la base de una promesa de reconciliación.

Edición N° 00404 – Semana del 20 al 26 de Junio – 2014
 
 
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