Reformas y rectificaciones en la salud:
el segundo reto del Gobierno Santos

  Carlos Alberto Lerma Carreño
  Asesor – Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Los logros del primer Gobierno de Santos, frente a la salud son precarios, tan es así, que terminó sacando pecho con la Ley Estatutaria de Salud la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional, pero con serias advertencias y modulaciones que frenaron los intereses de la Casa de Nariño de recortar el alcance del derecho a la salud y de limitar la utilización de la acción de tutela.

El primer gran reto del nuevo período de Santos en materia de salud, será rectificar el rumbo de la política pública.

Existe una gran deuda del Gobierno con el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008, que a seis años de su promulgación apenas si llegan a un cumplimiento parcial y estas órdenes se refieren a temas neurálgicos del sistema de salud tales como: fallas en la regulación y actualización de los planes de beneficio, unificación de los planes de beneficio de los regímenes contributivo y subsidiado, negación de servicios por parte de las EPS e IPS, identificación de las EPS e IPS que con más frecuencia niegan servicios, regulación de los procedimientos de recobro, garantía del flujo de recursos al sistema, garantía de la libre elección de los ciudadanos para afiliarse a una EPS y garantía de cobertura universal.

El principal obstáculo del Gobierno para poder dar cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional es la insistencia de hacer compatible el negocio con el derecho fundamental a la salud,  analicemos el tema de la negación de servicios: la Corte ha ordenado al Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) desincentivar la negación de servicios e identificar las EPS e IPS que con más frecuencia  niegan servicios de salud, para ello la Corte identificó 14 practicas violatorias: 1) negación de servicios incluidos en el POS, 2) negación oportuna de servicios incluidos porque no pueden ser costeados por el interesado, 3) negación porque no ha presentado solicitud ante el CTC, 4) negación oportuna e integral de un servicio, 5) negación porque han sido ordenados por un médico que no se encuentra adscrito a la entidad encargada de garantizar el servicio, 6) negación porque se requiere que la persona se desplace a otro lugar diferente al de residencia 7) negación de servicios de salud de alto costo y enfermedades catastróficas, 8) negación de servicios de salud a un menor porque sus responsables no pueden costearlo, 9) negación por falta de pago de cuota moderadora o copago, 10) negación de incapacidades laborales por no cancelación de aportes 11) negación de afiliación porque un miembro del núcleo familiar padece una enfermedad catastrófica, 12) interrupción de los servicios porque paso un mes desde que la persona dejó de cotizar y ahora es desempleado, 13) cobro de copagos y/o cuotas moderadoras a personas con enfermedades catastróficas, 14) negación de servicios que ya han sido ordenados por medio de tutela.

El MSPS no ha podido elaborar un informe satisfactorio y tampoco el ranking de las EPS e IPS que con más frecuencia niegan servicios porque a) Las encargadas de recopilar la información de negación de servicios son las mismas EPS y no entregan la información completa y en muchos casos la información contiene inconsistencias lo cual lleva a descartarla, esta situación ni siquiera pudo ser corregida con la realización de auditorías por parte de la Supersalud. b) El MSPS afirma que un ranking simple de EPS, (primera, segunda etc.) que más niegan servicios puede perjudicar a las EPS porque incentivaría a que los usuarios se trasladaran a las que menos servicios niegan y están no tienen la capacidad técnica para atenderlos a todos y tampoco tienen cubrimiento en todo el territorio nacional, lo cual terminaría aumentando la negación de servicios y la violación del derecho a la salud. Piensa el Ministerio que para las IPS no podría aplicarse lo manifestado por la Corte c) El MSPS y la Supersalud no han actuado con suficiente autoridad frente a las EPS para obligarlas a entregar la información y en caso de no hacerlo aplicarles sanciones ejemplares.

Pero estas razones tienen un común denominador, la intermediación en el sistema de salud. Las EPS para contener el gasto y aumentar los márgenes de ganancia siempre van a poner obstáculos a la prestación de servicios, algunos de ellos están en las catorce prácticas violatorias enunciadas, pero existen un sin número de estrategias que desincentivan al ciudadano para acudir o solicitar la prestación de un servicio que no quedan registradas tales como: la falta de agenda, la postergación de la prestación del servicio, e incluso la exigencia ya no de la tutela sino del desacato.

La negación de servicios está en la medula del sistema de salud y no va a poder ser corregida mientras el enfoque de la política pública del Gobierno sea el de hacer compatible el negocio con el derecho, en ese orden, pues ya se ha demostrado con suficiencia que la intermediación no es un modelo que garantice el derecho a la salud, sino al contrario incentiva la generación de obstáculos al acceso a servicios de salud y de prácticas de apropiación y utilización indebida de los recursos públicos. Es más el mismo MSPS al argumentar las razones por las cuales es inconveniente el ranking de EPS, está aceptando que el modelo es sumamente imperfecto y que carece de capacidad técnica para afrontar los cambios propios del mercado, que no es capaz de garantizar un derecho tan sencillo como el de la libre escogencia del ciudadano y que de garantizarlo conduciría a una crisis con un aumento desbordado de negación de servicios.

Por lo tanto conclusión obvia es que la política pública se debe mover del campo de las empresas (negocio) al campo de los ciudadanos (derecho) como prioridad en la orientación del sistema de salud.

De la anterior se desprende la segunda gran rectificación que debe hacer el Gobierno de Santos y que consiste en fortalecer la acción de los órganos de inspección, vigilancia y control, que a nuestro juicio está debilitada por el enfoque del negocio sobre el derecho, lo cual frena y complejiza los procesos que estos órganos realizan. Es de rescatar el trabajo realizado por la Contraloría General en cabeza de Sandra Morelli, de donde han llegado las principales investigaciones y resultados sobre la apropiación de los recursos públicos de la salud, pero que no ha tenido eco en los demás entes de control y vigilancia.

La tercera rectificación de la política debe ser su orientación hacia los determinantes sociales de la salud, no puede existir una política seria en salud si desde el Gobierno no se impulsan articulaciones entre la institucionalidad encargada de los diferentes temas que afectan la salud y si no se trazan metas realizables.

Estos temas son de vital importancia porque significan rescatar la orientación, la guía, el contenido, el control y la vigilancia del sistema de salud de manos de los privados para el beneficio público y de los ciudadanos.

Y finalmente, la reforma a la salud,  deberá pensarse desde la Ley Estatutaria de Salud,  ser coherente con las rectificaciones en la política pública, es decir, orientar el sistema de salud hacia un modelo sin intermediación, sin planes de beneficio con atención integral y con énfasis en la atención primaria y los determinantes sociales.

Edición N° 00404 – Semana del 20 al 26 de Junio – 2014
 
 
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