Las víctimas y su tránsito hacia la paz

  Jessika Gómez Rodríguez
  Asesora Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

En Colombia el conflicto armado ha sido generado por diferentes actores legales e ilegales ha provocado aproximadamente 220.000 muertes violentas entre 1958 y 2012, de las cuales el 80% han sido víctimas civiles1. Aproximadamente un 13% de la población colombiana actual es víctima sin que se haya cerrado el conflicto ni el registro único de las víctimas2.

De acuerdo los estimativos de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, en la III Encuesta Nacional de Verificación (III ENV 2010)3 “de acuerdo con los inscritos en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD- los presuntos autores del primer desplazamiento, 31.3% señalo a los grupos paramilitares (en la encuesta del 2008 el porcentaje fue de 32.6%); el 26.7% señalo a las Fuerzas Revolucionarias de Colombia –FARC- (24.8% en 2008); el 14.5% a un grupo guerrillero no identificado (porcentaje igual al de 2008); un 8.6% señalo a un grupo armado no identificado y 10% a más de un grupo. La población que se desplazo antes de 1998 lo hizo debido a los grupos paramilitares en más de un 40%, después de 2004 son las FARC se le atribuyen en mayor proporción los desplazamientos (32.2% de los grupos las mencionan como presunto autor)”4.

De acuerdo a la -UARIV-5 “las guerrillas se mantienen como el principal autor de las victimizaciones para el año 2010 con 96.899 víctimas, en el año 2011 con 133.026 víctimas, para el año 2012 con 103.798 víctimas. En cuanto a la incidencia territorial, entre el año 2010 y 2013, el actor que mayor número de municipios afectó fueron las guerrillas, victimizando más intensamente en la región sur-occidental del país, especialmente en los municipios de San Andrés de Tumaco (Nariño), Buenaventura (Valle), Argelia (Cauca), y San Vicente del Caguán (Caquetá)”.

El reporte general sobre víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-6, registra 6.541.351 víctimas a corte 01 de junio de 2014. Los diferentes hechos víctimizantes en el Registro Único de Víctimas son: a) Abandono o despojo de tierras 7.139; b) Desplazamiento forzado 5.632.062; c) Acto terrorista 67.855; d) Amenaza 165.634; e) Delitos contra la integridad 5.440; f) Desaparición forzada 135.863; g) Homicidio 848.710; h) Minas Antipersona 10.928; i) Perdida de muebles e inmuebles 80.392; j) Secuestro 36.233; k) Tortura 8.210; l) Vinculación de Niños y adolescentes 7.361. El hecho victimizante más frecuente es el desplazamiento forzado que representa el 86.09% del total de la población víctima registrada.

Según los datos históricos de CODHES7, “Desde 1985 hasta 2013, el número de desplazados en Colombia es de 5.921.229 personas”. Siendo el país con más desplazados en el mundo, solo comparable con Siria con 6.5 millones de desplazados8. La diferencia de los datos oficiales de la UARIV con los datos de CODHES es de 41.382 víctimas del desplazamiento, a la fecha de abril 24 de 2014.

El reconocimiento de las víctimas del conflicto armado ha generado un gran despliegue legislativo, administrativo, investigativo, de crecimiento y fortalecimiento organizacional. El promedio anual de desplazamiento por período presidencial, según datos históricos tanto de la Unidad para las Víctimas así como de CODHES llegaron a la conclusión que durante el Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, ha disminuido el fenómeno del desplazamiento forzado. Aunque con algunas diferencias en sus cifras mientras la Unidad para las Víctimas afirma que en el periodo de Santos (2010-2014) en el año 2010 se presentaron 172.996 desplazados mientras que el año de 2013 el número de desplazados fue de 162.658. De acuerdo a CODHES en el año 2013 el número de desplazados fue de 183.741 personas, dicha organización concluye que los diálogos de paz han influido en el descenso que se presenta en el fenómeno del desplazamiento forzado.

Tenemos que señalar que si se quiere actuar drásticamente en el momento actual sobre el fenómeno del desplazamiento forzado, el Gobierno Nacional debería incluir dentro de la agenda inmediata de negociaciones en la Mesa de La Habana una tregua bilateral con verificación internacional pues como se desprende de las cifras anteriores aún es muy elevado el número de víctimas del desplazamiento forzado y por otra parte la negociación en medio del conflicto, que quizás fue útil en los primeras fases de la negociación y fue una estrategia para aislar a los enemigos del Gobierno que lo acusan de abandonar la lucha contra las guerrillas, hoy día no es útil pues el gobierno ha vencido en las urnas a esa dura oposición y continuar con la confrontación genera incredulidad en amplios sectores de la población colombiana. A cambio debería acordarse con las FARC una fecha para el cierre de las negociaciones.

Hay que señalarle al Presidente de la República que la Ley 1448/2011 bandera de su mandato ha quedado corta ante la magnitud de la tragedia humanitaria que viven las víctimas. La implementación de la política pública para víctimas tiene aciertos y limitaciones, por tanto, de acuerdo con su discurso tras conocer su reelección presidencial donde afirmo: “Hay que corregir lo que haya que corregir, ajustar lo que haya que ajustar y reformar lo que haya que reformar. La paz nos debe llevar a profundas reformas del país.” Nos atrevemos a realizar recomendaciones para lograr el objetivo de la Ley de víctimas, teniendo en cuenta los siguientes temas que, a nuestro juicio, son inadecuados o insuficientes:

- El presupuesto asignado por el CONPES  3712/2012 no es suficiente para financiar y sostener la implementación de la Ley de Victimas, debido al incremento de población víctima, para la cual en un primer momento fue calculada; la perdida de los recursos presupuestales asignados por falta de gestión y conocimiento del sistema de contratación estatal requieren acciones urgentes para ser corregidos. Es necesario un nuevo documento CONPES más acorde a los requerimientos presupuestales actuales.

- Se debe generar una mayor capacidad institucional y presupuestal que permita que las entidades creadas por la Ley 1448 para atender a las víctimas tengan un nivel jerárquico superior dentro de la estructura organizacional del Estado, que les permita una mayor autonomía política y presupuestal. Es el caso de la Unidad para las Víctimas que debería tener el rango de un Ministerio para poder ejercer una orientación política y de dirección del conjunto de la política pública sobre la materia. De esta manera no solo dirigiría de una manera mucho más clara al Sistema Integral para la Atención y Reparación a las Víctimas, SNARIV, sino que además podría tomar iniciativas mucho más ágiles en materia de ejecución de la política pública para las víctimas y una mayor iniciativa legislativa.

- Las autoridades y el SNARIV local, en especial en los municipios deben contar con mayores recursos, ya que son ellos quienes atienden directamente a las víctimas. Recomendamos un proceso descentralizado de recursos, tal vez por regiones para llegar de una mejor manera a los territorios y cumplir con el enfoque de paz territorial al que su gobierno apuesta.

- El Registro Único de Víctimas ha identificado y caracterizado a muchas víctimas con ello contribuye a la disminución del subregistro, pero persisten las barreras para ingreso al RUV, la cuales están fundamentadas en la definición de la condición de víctima que aún no cobija a todas las personas que tienen el derecho a este reconocimiento y que le es negado por vacíos en  la legislación actual, el miedo que aún tienen las víctimas por ausencia de eficaces medidas de protección, temor a la estigmatización y desconocimiento de la norma.

- La restitución de tierras por vía judicial ha demostrado su ineficacia, existe el Congreso de la República el proyecto de Ley 197 de 2014 radicado en el Senado, “Mediante el cual se establecen administrativos complementarios y modificatorios y se dictan otras disposiciones a la Ley 1448/2011”. Este proyecto propone en los casos donde no haya opositor acceder a la vía administrativa para en un periodo de 6 meses dictar las medidas para la restitución del predio afectado. El mencionado proyecto debería tener mensaje de urgencia, al tiempo que deberían realizarse algunos eventos de discusión sobre sus contenidos con los reclamantes de tierra a nivel regional.

- El modelo de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas se ha implementado a través de una ruta de goce efectivo de derechos, pero, desafortunadamente a pesar de los esfuerzos en capacitación de funcionarios públicos, líderes y lideresas en el tema las víctimas no entienden aún ese entramado institucional que le presentan y menos para qué sirve. En las regiones muchas víctimas tienen que acudir a tramitadores para poder acceder a sus derechos. Además el acceso a las medidas de atención, asistencia y reparación es muy lento, aunque existe un enfoque diferencial y se da una priorización en la atención las víctimas esperan por años el restablecimiento de sus derechos.

- La política de seguridad y protección dirigida por la Unidad Nacional de protección, UNP, ha fracasado, en lo que va en implementación de la Ley de Víctimas tenemos 70 líderes y lideresas asesinados en su mayoría reclamantes de tierras. Las garantías de no repetición no existen en el momento, pues los responsables de la vulneración de los derechos de las víctimas no han sido puestos a orden de la justicia y además persisten las manifestaciones del conflicto. Urge que el gobierno nacional se ponga al frente para adoptar  una política de protección y prevención sobre la seguridad de las víctimas que debe ser discutida con la Mesa Nacional de Ley pero también con las organizaciones de las víctimas de la sociedad civil. La situación de empleo y de generación de ingresos es dramática para la población víctima del desplazamiento forzado. Mientras la media nacional de desempleo era del 10.2% para el conjunto del país, estaba por encima del 36% para la población desplazada y cubría a más del 56% de las mujeres desplazadas, generando con ello una situación de vulnerabilidad muy alta. Por ello se entiende que la Corte Constitucional desde el año 2008 haya ordenado al gobierno el rediseño de las políticas de generación de ingresos y de estabilización socioeconómica.

Sin embargo una de las falencias mayores en la política pública frente a las víctimas y de los mayores fracasos de los gobiernos tanto de Uribe como de Santos ha consistido en el fracaso de políticas que busquen la inserción productiva y digna de las víctimas a sus nuevos lugares de residencia. Una estrategia debería combinar múltiples opciones. Beneficios tributarios para las empresas del sector público y privado que tengan como política el enganche laboral y la formación para el trabajo decente de las víctimas, (2) programas de formación técnica y profesional donde el Estado se comprometa con becas que permitan a las víctimas su formación y posterior enganche laboral, la beca debe cubrir las necesidades básicas para garantizar que durante el proceso formativo no habrá deserción, (3) asesoría técnica y capital adecuado para emprendimiento de negocios productivos por parte de población víctima, (4) restitución de tierras y acompañamiento para el retorno o la reubicación en tierras adecuadas para el emprendimiento de actividades agrícolas productivas.

Una estrategia diversa con múltiples opciones debería ser puesta en marcha por el gobierno de manera urgente para evitar la degradación de la población víctima en riesgo de caer en la indigencia o en actividades degradantes como la prostitución o el ingreso a actividades ilícitas.

- La participación de las victimas según la Ley 1448/2011 no ha sido entendida tanto por funcionarios públicos como por las mismas víctimas y sus organizaciones. La función principal de las Mesas de participación de víctimas es ser un espacio de interlocución en los temas de políticas públicas que las afectan con las entidades del Estado; parte de esta confusión es por la falta de voluntad política, de garantías para la participación efectiva y significativa. Además se confunden las funciones de los espacios de participación tradicionales de las organizaciones de víctimas de la sociedad civil, con las funciones específicas de las Mesa de participación de víctimas de la Ley. Una orientación del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales y municipales para el apoyo al sistema de organización de las víctimas de la ley es sumamente urgente.

Bibliografía

Novoa, Armando (Ex presidente Comisión Especial Legislativa) Los resultados electorales y las negociaciones de La Habana. En: La razón pública en medio de un proceso de Paz. Martes 17 de junio de 2014. http://bit.ly/1jDRcqJ. Consultado en junio 18 de 2014.

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Desplazamiento y Crisis Humanitaria 2012-2013. Junio de 2014.

PNUD y Departamento Nacional de Planeación. Boletín 1. Red Ormet. Red de Observatorios regionales de mercado de trabajo. Febrero 13 de 2014. Bogotá.

Gómez Jessika. El derecho de las víctimas al trabajo, la formación y la generación de ingresos. En: Semanario Virtual Caja de Herramientas. Edición N° 00391 – Semana del 14 al 20 de Marzo – 2014.

Edición N° 00404 – Semana del 20 al 26 de Junio – 2014

1 De acuerdo con el informe “Basta ya” del Centro de Memoria Histórica al 31 de marzo de 2013.

2 Población Colombiana según el DANE en junio 12 de 2014 es de 47.635.569 personas.

3 La encuesta se realizó para garantizar la observancia de los derechos de la población desplazada por medio de indicadores de goce efectivo asociados y complementarios adoptados en los Autos 109 y 233 de 2007 y 116 de 2008.

4 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, –Proceso Nacional de Verificación- Garay, L.J. (Dir.) (Junio de 2011). El Reto ante la Tragedia Humanitaria del Desplazamiento Forzado: Garantizar la observancia de los derechos de la población desplazada II, volumen 9. Pagina 46- 48.

5 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: el conflicto según el nuevo Registro Único de Víctimas, hechos, autores y dinámicas regionales de la victimización 2006-2013. Construcción y análisis: Subdirección Red Nacional de Información con base en el RUV, Corte octubre 01 de 2013. Página 21.

6 Reporte general sobre víctimas http://www.unidadvictimas.gov.co/. Consultado junio 11 de 2014.

7 Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-. El desplazamiento forzado y la imperiosa necesidad de la Paz. Informe desplazamiento 2013. (Informe presentado por CODHES en junio 10 de 2014) p. 3.

8 Colombia es uno de los países con más desplazados del mundo: ONU. Caracol, junio 20 de 2014. http://bit.ly/1w7s1Vw

 
 
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