¿Qué viene ahora?

  Alberto Anaya Arrieta
  Economista y Mg Teología
   
 

Debemos, colectivamente, con el mismo entusiasmo, solidaridad, camaradería y vehemencia que caracterizó las tres semanas previas a los comicios del 15 de junio, trabajar para construir un nuevo país. Los 4.515.916 votos (votación que proviene de una alternativa pluralista que surge desde distintos sectores sociales y políticos que le apuestan a una paz con justicia social, sin miedos y reivindicando la no violencia), es la diferencia, entre los resultados del 25 de mayo y el 15 de junio, obtenidos por el Presidente Juan Manuel Santos, que debe constituirse tanto en la distinción, como en la oportunidad, para que las fuerzas políticas de izquierda, democráticas y de centro, que legitimaron y relanzaron la campaña de Santos, exijan un redireccionamiento, no del modelo económico y político (ese tema no es para esta coyuntura mediata, eso está claro), sino de las políticas de Estado y de gobierno que tendrán que ver con el posconflicto, es decir, volver a situar el debate en la agenda del gobierno y de los colombianos y colombianas: las reclamaciones que tienen que ver con justicia social, mejoramiento en la calidad y universalidad de la educación y la salud, fortalecer lo público, la cobertura del mínimo vital del agua, el cumplimiento a las reivindicaciones de las nuevas expresiones de dignidades que han surgido con motivo de las protestas campesinas, indígenas, negritudes y transportadores, entre otras.

Estas demandas no han tenido nunca, en el establishment, vigorosos promotores y defensores para una solución siquiera reformista, así expresen lo contrario investigadores y académicos que consideran que eventualmente, en la historia de la República, algunos gobiernos liberales adelantaron tímidas reformas sociales. Esto nos puede conducir a una reflexión, y es que por fuera de la burocracia del establishment será difícil ponerle motores a las iniciativas sociales que se le propusieron al candidato presidente Juan Manuel Santos. Nunca antes gobierno alguno colombiano y partidos políticos de la derecha, en campaña electoral, han recibido y aceptado tal magnitud de reivindicaciones; por ello, es más fácil encontrar quien salga a ponerle palos en la rueda a los compromisos que se adhirió Santos y por ende, a las mismas reformas. Como decía una destacada líder de la izquierda colombiana, si no se materializan estas reclamaciones sociales, habrá que salir de nuevo a protestar en las calles, en las redes sociales y cuanto espacio colectivo exista. Falta ver la voluntad política de Santos para proponerle a las fuerzas sociales y políticas, que le pusieron más de 4.5 millones de votos, en la segunda vuelta, que lo acompañen en el nuevo proceso político de conducción de los destinos del Estado. Y la madurez de este circunstancial y pragmático gran colectivo, se verá reflejada tanto en la dinámica de impulsar y consolidar las reformas sociales, que tanto bien le harán a Colombia, como en postular y dar espacio a hombres y mujeres que se la jueguen por una Colombia que lucha y construye un nuevo país y por ende una nueva historia. El gobierno del presidente Santos no debe repetir la historia, adelantando las reformas sociales, económicas y políticas, en cabeza de personas que han probado, hasta los tuétanos, ser incapaces de conducir o gestionar las tareas que sus colectividades (políticas, empresariales, sociales) o la institucionalidad le han delegado en algún momento de sus historias, es decir aquellos hombres y mujeres que provienen de familias tradicionales, politiqueras, que solo buscan el reconocimiento personal y egoísta.

Trayendo a consideración la motivación y los acuerdos que hicieron posible la alianza que permitió la continuidad de los diálogos de La Habana, en busca de convenios para una eventual paz, hay que seguir realzando lo dictado en el documento firmado en La Habana entre el Gobierno de Colombia y la insurgencia FARC-EP. “Atendiendo el clamor de la población por la paz”, se dieron los primeros pasos, para un compromiso general en la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Al día de hoy, se han firmado tres de los acuerdos titulares y se avanza en la discusión del cuarto, entre el gobierno nacional y la organización guerrillera:

1. Política de desarrollo agrario integral. Acuerdo firmado en La Habana el 21 de junio de 2013, hace referencia a que el desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país; por cuanto, constituye: acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, y por último, aborda el tema referente al sistema de seguridad alimentaria.

2. Participación política. Acuerdo logrado el 6 de noviembre de 2013, afronta los derechos y garantías para el ejercicio de la Oposición política, mecanismos democráticos de participación ciudadana, y, medidas efectivas para promover mayor participación en la política.

3. Solución al problema de las drogas ilícitas. Acuerdo logrado el 16 de mayo de 2014 contempla temas relacionados con los Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de prevención del consumo y salud pública, y, solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Las FARC-EP se comprometieron a "poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno".

4. Víctimas. En la reunión del martes 3 de junio en La Habana, se comenzó a discutir el desarrollo de este importante tema. Los puntos incluidos en la agenda, tienen que ver con los derechos humanos de las víctimas, verdad, reparación y no repetición de los hechos que dieron origen a la problemática. Las FARC-EP aceptan que habrá verdad, reparación y justicia para sus víctimas.

Los acuerdos hasta ahora alcanzados, aunque no modifican sustancialmente las políticas públicas en relación con lo convenido en La Habana, mucho menos reflejan la debilidad de un  régimen que cede o hace entrega de las estructuras del modelo excluyente, marginal y opresivo por naturaleza, que hemos tenido durante la existencia de vida republicana, porque lo acordado hasta ahora no atenta contra la estabilidad ni la legitimidad del Estado, son simple y llanamente acuerdos que perfectamente se pudieron haber hecho desde hace mucho tiempo (y que un verdadero Estado -liberal- social de derecho, muy seguramente hubiera adelantado), y no haber prolongado la agonía de la violencia estructural que hemos padecido sin ninguna clase de piedad ni misericordia, durante más de medio siglo, los colombianos y colombianas. Por otro lado, es bueno señalar, cómo la guerrilla de las FARC-EP, ha cedido -y muy rápidamente- sus principios doctrinarios que dieron origen a su lucha armada, pasando sin mayores dificultades a plantear la posibilidad, mediante unas reformas, de lograr espacios políticos a partir de las reglas de juego que el ejercicio de un Estado liberal, como el nuestro, ofrece para adelantar todas las actividades relacionadas con la práctica partidista e ideológica con el fin de acceder a las distintas instancias del poder.

¿Qué viene ahora? Hay que seguir fortaleciendo, con un alto perfil, todos los procesos relacionados con las víctimas del conflicto interno armado. Es un trabajo arduo. Hemos avanzado en este tema, por lo tanto, poseemos un valor agregado valioso.

¿Qué viene ahora? Hay que robustecer y blindar las acciones públicas institucionales, que seguirán a los acuerdos con las insurgencias (FARC-EP, ELN y EPL), con las víctimas del conflicto bélico, con la institucionalidad y con la sociedad a partir de la aplicación del conjunto de medidas derivadas de la justicia transicional a todos los actores -legales e ilegales- del conflicto (acciones penales, comisiones de la verdad, programas de reparación y reformas institucionales). La paz y la reconciliación la tendremos que avalar y firmar los 44 millones de habitantes, si se sabe hacer una acertada presentación, pedagogía, y convocatoria de la propuesta.

¿Qué viene ahora? Hay que estar atentos de las ideologías contrarias al sentimiento nacional de buscar la paz, a partir del diálogo y las reformas con participación institucional, social y comunitaria. En consecuencia, la refrendación política de los acuerdos con los alzados en armas, mediante una consulta popular, será vital para el equilibrio y la armonía nacional. Trabajar para refrendar los compromisos será la gran tarea que se nos avecina, será el siguiente paso en dirección al proceso en la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.

Esta etapa importante, del inicio del posconflicto, nos ofrece un abanico de demandas útiles que deben estar soportadas y avaladas por el país político, por la institucionalidad, por la sociedad, por las víctimas y los victimarios, por los empresarios, por la academia, por la Iglesia…; siendo este variopinto de peticiones, escenarios y actores, la posibilidad de construir una gran sinergia en torno a un proyecto nacional, basado en los grandes ejes de la mesa de diálogo de La Habana, que podría concebirse y desarrollarse desde una perspectiva de educación holística.

Edición N° 00404 – Semana del 20 al 26 de Junio – 2014
 
 
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