La reforma política: vuelve y juega

  Pedro Santana Rodríguez
  Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

Las reformas que buscan transformar las reglas del juego electoral y en general aquellas que buscan cambios en las instituciones del Estado en su conformación y en sus funciones, son muy difíciles de realizar por los medios ordinarios que las constituciones han definido como el camino para su reforma. La razón es que quienes deben discutirlas y aprobarlas son parte interesada en las mismas pues los afectan directamente. Es por ello que transformaciones radicales en la manera de elegir a los representantes o en las funciones que alteran la división de poderes y el establecimiento de un sistema de pesos y contrapesos, a menudo solo son posibles por mecanismos extraordinarios como los referendos constitucionales o las asambleas legislativas o constituyentes.

Colombia no ha sido la excepción. Muchos son los problemas que afronta el sistema electoral entre otros la inestabilidad de las normas jurídicas que son modificadas sin una visión de largo plazo y que muchas veces obedecen a intereses personalistas o coyunturales. Nuevamente el cotarro de las reformas políticas vuelve a ocupar el centro del debate político en la presente coyuntura por dos razones. La primera porque hay múltiples denuncias sobre la inconveniencia de mantener la figura de la reelección presidencial. Los que ayer fueron sus principales impulsores y beneficiarios hoy se levantan para denunciar los abusos de poder que la figura conlleva en un sistema que se resintió grandemente con la aprobación en el año de 2004 de la figura de la reelección pues el cambio del articulito para permitir la reelección de Álvaro Uribe Vélez no se hizo pensando en los intereses del país para mejorar el sistema político y con ello la calidad de la democracia sino como parte de un proyecto contrainsurgente, autoritario y antidemocrático, inspirado en la vieja constitución de 1886 que murió legalmente en el año de 1991 con la expedición de una nueva Constitución, aunque como se ha dicho, el espíritu antidemocrático de aquella vieja constitución lo heredó la derecha de Uribe aupada en sectores criminales y mafiosos que se propusieron la refundación de la patria.

La segunda razón es que en las negociaciones del Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, el tema de las reformas políticas estaba en el segundo punto de la agenda para la terminación del conflicto armado. Como saben los lectores este punto que ocupó unos largos meses de discusión fue cerrado en el mes de noviembre de 2013 y allí se contemplan transformaciones políticas que exige la guerrilla para reincorporarse a la vida civil y a la política democrática del país. Falta como se sabe el tema de la participación de los jefes guerrilleros condenados o sindicados de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra. De ello se ocupará la mesa de negociaciones en el tercer punto de la agenda y en el quinto punto de las negociaciones que deberá encontrar una solución al problema, pues, como lo hemos dicho no es viable que una guerrilla que no ha podido ser derrotada militarmente acepte que sus jefes terminen en la cárcel y por ello la justicia transicional que deberá aprobarse y ponerse en marcha debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la reparación, a las garantías de no repetición y en materia de justicia deberá encontrar un marco jurídico que permita la suspensión de las penas y la habilitación de los jefes guerrilleros para tomar parte en las elecciones pues de lo que se trata es de que cambien las armas por  los votos y ello requiere de reformas políticas que no siempre van en la dirección que uno consideraría las más adecuadas para las circunstancias actuales del país en materia de organización y funcionamiento de los partidos políticos, el acceso a los medios de comunicación, el financiamiento de las campañas políticas, las circunscripciones electorales de paz y territoriales, el tema de las autoridades electorales y principalmente del fiasco que hemos tenido con el Consejo Nacional Electoral que por su forma de elección y por ser un aparato elegido por el Congreso de listas de los partidos se ha convertido en un organismo politiquero que no garantiza la transparencia electoral ni es ningún tribunal de garantías para el logro de un sistema electoral transparente y garantista de los derechos políticos de los ciudadanos.

Así pues estos dos argumentos se esgrimen con razón para tratar ahora de volver a barajar asuntos de reforma del sistema político en un país que ha hecho de la normatividad un fetiche sobrevalorando en muchas ocasiones la capacidad de las reformas normativas para transformar una realidad que ha resultado hasta ahora invencible. El peso del clientelismo, de la presencia de actores ilegales en la conformación de los poderes legislativo y de la elección de las autoridades departamentales y municipales, la compra y venta de votos, el fraude electoral, la falta de voluntad política para instaurar el voto electrónico, la impunidad frente a las denuncias y delitos contra el sufragio en donde más del 99% de las denuncias no conduce a nada por la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación y el fracaso de la unidad de investigación de los delitos electorales, los cupos indicativos que dan poder a redes clientelistas que fueron alimentadas generosamente durante los ocho años del gobierno de Uribe y que ahora reciben la condena cuando el que utiliza esta forma clientelista es el gobierno de Santos, todo ello, se pone sobre la mesa para agitar la necesidad de una reforma al sistema electoral.

Los temas puestos sobre la mesa por los distintos actores políticos tienen que ver a nuestro modo de ver con dos momentos bien diferenciados que el gobierno está en la obligación de clarificar frente al país. Hay reformas que son necesarias y que no pasan por la Mesa de La Habana. Pero, quien sabe con certeza que se negoció allí es el gobierno y de acuerdo con el texto conjunto que da cuenta del cierre de las negociaciones nos indica que en esta agenda están temas como (1) el Estatuto de la Oposición, (2) el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, (3) el uso de los medios de comunicación, (4) las autoridades electorales que incluye el tema del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, (5) las personería jurídicas a los partidos que no dependan del umbral y eventualmente la discusión del tema del umbral, (6) circunscripciones territoriales de paz. Estos son a nuestro juicio los  más importantes, pero, dado el secretismo de las negociaciones no sabemos que otros temas están comprometidos, pero eso si lo sabe el gobierno que debe ser cuidadoso para separar aquellos temas comprometidos en la Mesa de negociaciones con otros temas que no lo están. Por ejemplo del texto del acuerdo en materia política se deduce que hay un importante paquete que se refiere a la participación ciudadana y al fortalecimiento de las organizaciones sociales y a la garantía de la protesta ciudadana civilista y democrática que no está en la preocupación de los partidos tradicionales que no debería entrar en el primer paquete de la reforma política.

Hay que decir que del texto del acuerdo en materia política se destaca que lo que se ha dejado es el funcionamiento de mecanismos que deben preparar los proyectos, por ejemplo, del Estatuto de la Oposición que busca el concurso del conjunto de la sociedad civil y política que deberán concurrir a unas Comisiones  que deberán ser convocadas para que preparen los proyectos que deberán ser aprobados como parte de los acuerdos con la insurgencia de las FARC. Esto nos parece bien y lleva razón Humberto de la Calle cuando ha señalado que aún en estos temas los mecanismos garantizan que los acuerdos no lesionan de antemano a ninguno de los actores políticos y sociales que podrán intervenir en las Comisiones acordadas.

Hay temas que no se mencionan en los acuerdos como por ejemplo el tema de la supresión de la reelección presidencial. El gobierno ha dicho que presentará una reforma que busca acabar con la reelección presidencial y a cambio ampliar el período a cinco o seis años. A ello han respondido los del Polo Democrático Alternativo, PDA, que están de acuerdo con la eliminación de la reelección pero que prefieren regresar al texto de la Constitución de 1991 que fijó un período de cuatro años. Un período de seis años nos parece demasiado largo y si se piensa en un período de cinco años la reforma debe abarcar temas relacionados como período de los funcionarios de los organismos de Control (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación), períodos de los magistrados de las altas cortes y períodos de los Congresistas, Diputados, Concejales y de los alcaldes y gobernadores así como de los personeros municipales y de los demás organismos de control territoriales. Como se ve es irresponsable ir lanzando propuestas sin medir las consecuencias y los cambios que esas medidas conllevan en otras instancias del Estado.

Los del Centro Democrático Uribista en cambio han anunciado que incluirán en su propuesta de reforma política (1) la eliminación del voto preferente, que también ha sido una propuesta del Gobierno solo que éste último ha señalado que debería establecerse como obligatoria la consulta democrática interna de los partidos para asignar el orden en las listas (2) el establecimiento del voto obligatorio en lo cual coinciden con el vicepresidente Angelino Garzón, (3) han propuesto el financiamiento estatal de las campañas en un 100% en lo cual aparentemente también coincidirían con el Gobierno, (4) voto en día hábil o laboral, subsidio de transporte durante la jornada electoral, eliminación de la inscripción con la condición de la identificación biométrica y la instauración del voto electrónico, sustraer la organización electoral de la presión política y la abolición de la publicidad estatal en época electoral, reacción inmediata y provisión de garantías ante denuncias de fraude e irregularidades y garantías al desarrollo de los debates en los medios de comunicación.

Por su parte el gobierno ha avanzado en otros temas los más importantes y algunos de ellos regresivos son (1) la modificación del período de los alcaldes y gobernadores o implementar la posibilidad de reelección por un solo período, (2) la elección y posesión de Presidente, Congresistas y alcaldes y gobernadores en un mismo día lo que supone la unificación del calendario electoral y el establecimiento de períodos coincidentes para ellos, esto es muy regresivo para la democracia y para las autonomías territoriales, (3) circunscripción electoral mixta para la elección del Senado una parte por circunscripciones territoriales (también a mi juicio regresiva pues la Constitución estableció un sistema bicameral uno de circunscripción nacional, el Senado de la República y otro de origen departamental, la Cámara de Representantes, (3) la modificación del sistema de elección de los magistrados de las altas Cortes, del Fiscal, del Procurador y el Contralor. Aquí hay un veneno muy grande pues se dice que las Cortes se han politizado y a cambio lo que buscan es el fortalecimiento del presidencialismo lo cual en un sistema presidencialista como el que tenemos es nefasto. Lo que se ha mostrado como ineficiente es que las Cortes no tengan unos mecanismos de selección de los candidatos que sea transparente y público y que no se cambie al vaivén de los intereses de quienes conforman en un momento determinado esos organismos. Las recientes decisiones del Consejo de Estado demuestran que no se necesitan reformas constitucionales para acabar con el roscograma de la justicia sino precisiones reglamentarias y legales para garantizar procesos trasparentes y con reglas que garanticen procesos públicos para la convocatoria y selección de los candidatos a ocupar altos cargos en los organismos de control.

Hay otros temas mencionados por el gobierno como la modificación del sistema de juzgamiento de los aforados constitucionales, la restructuración de las funciones de los organismos de control así como la actualización del Código Electoral.

Estos son los grandes temas de los que seguramente nos deberemos ocupar en el futuro inmediato, pero hay que advertir dos cosas. La primera que no están todos los temas que son realmente importantes en el sistema político. Los cupos indicativos deberían ser suprimidos para que ningún candidato parta con ventaja clientelista sobre los demás, esto es urgente si se quiere modernizar y democratizar el sistema político y eliminar un foco de corrupción con dineros oficiales, la pauta en los medios de comunicación que debería seguir el ejemplo mexicano de reservar espacios en la radio y la televisión para pasar gratuitamente la propaganda electoral de los diferentes partidos, medidas para combatir los  delitos electorales extendiendo la silla vacía para delitos por corrupción además de los otros temas  ya señalados.

Insistimos que para ordenar la agenda el gobierno debe separar los temas de reforma política acordados en la Mesa de Negociaciones de La Habana con aquellos que son necesarios y urgentes para avanzar en la construcción de un sistema democrático electoral de cara a las elecciones de 2015.

Edición N° 00407 – Semana del 11 al 17 de Julio – 2014
 
 
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