Justicia Transicional

  Alberto Ramos Garbiras
  Profesor de ciencia política en la Universidad Libre;
Magister en ciencia política – Universidad Javeriana, P.h.D, en política latinoamericana
de la Universidad Nacional (UNED) de Madrid-España
   
 

De surtir buen efecto este proceso de paz veremos la aplicación de una nueva justicia, la transicional, por una razón: se realizará una negociación política. No habrá triunfo de guerra de una parte sobre la otra, sino pacto y transacción. La sociedad que de allí surja requiere una justicia de transición para poder despegar y organizarse esas partes sin conflicto interno.

La justicia transicional sirve de bisagra para mover un período que acabe de superarse y el período que va a empezar, da paso a un ensayo de sociedad sin guerra, pero atribulada aún la población por los daños y efectos de la guerra o de la dictadura. La justicia transicional es necesaria para comenzar a construir la etapa del postconflicto, esta clase de justicia rebaja las penas a los que se desarman, pero se rige por unos parámetros que conducen a la reparación, la verdad y la restauración. Es un duelo doloroso y tortuoso el de las víctimas y sus familiares, pero es la única forma de salir del conflicto. Esa justicia no va a durar siempre, es de transición, por ello la suma de disposiciones que resultan también conforman un derecho de excepción.

La justicia transicional es observada por algunos como blanda porque contiene penas y sanciones menores respecto a la dosimetría penal común, o tradicional; pero por esta razón se construye para atraer y convocar a los actores armados que van a dejar de disparar. Se someten a una justicia con menos rigor pero que exige la reparación estatal, la verdad sobre los delitos y trata de restaurar el tejido social. El campo de lo político (los arreglos, el pacto de paz, las reformas pactadas, etc.) impulsa la justicia transicional creada para que el proceso no fracase o se estanque.

La justicia transicional funciona como un aparato transitorio que permite hacer el duelo con audiencias públicas y sofrenar las venganzas por la metodología que se plantea de perdón pero también de castigo, aunque no sea riguroso. En la confección del derecho para hacer justicia transicional impera la decisión política de negociar, transar o pactar con el adversario; así el derecho pasa a convertirse en un instrumento de negociación, hay un acomodamiento del derecho a la coyuntura de negociación y desmovilización; esa es la razón para expedir un derecho más blando, light, como plataforma de transición.

La justicia transicional puede servir para evitar las venganzas porque las familias de las víctimas ven funcionar un tipo de justicia que de alguna manera hace exponer las razones y causas de los crímenes cometidos. Y despliega un aparato de audiencias públicas, Comisiones de la Verdad, confesiones, actos de expiación, y se publica todo ante los medios de comunicación. No contener las venganzas es permitir otra cadena de violencias, desangre y daños colaterales.

Dentro de una guerra interna se cometen múltiples crímenes, atrocidades, actos escabrosos, etc., unos se inscriben en el marco de los delitos de lesa humanidad, otros son crímenes de guerra, otros como delitos comunes a tutiplén: todos acarrean muertes y destrucción. Bajo los parámetros del derecho internacional, los de lesa humanidad son innegociables, entonces hay que clasificar todos los delitos para saber hasta dónde se puede transar y negociar; a los demás la justicia transicional les busca una fórmula o varias para poder juzgar a los victimarios y desarmarlos.

Los perdones judiciales como las amnistías, los indultos, los armisticios, el derecho de gracia, el perdón presidencial, son formas de eximir a los actores principales para que desmantelen las organizaciones armadas. En retrospectiva estas fueron formas de una justicia transicional cuando no se llamaba así. En la historia se han ideado varias formas de perdón judicial para encontrar el perdón social (el punto final, el perdón y olvido…) se han registrado en varios países para preparar la etapa de transición hacia una “sociedad nueva”, sin conflicto.

La impunidad cualquiera sea el modelo de negociación es inconveniente porque anima a cometer más crímenes y burla las transacciones, no contribuye a construir los escenarios del postconflicto, y se convierte en un ariete por donde se escapan los victimarios a rearmarse o a patrocinar fechorías detrás de otros actores que son insuflados por los anteriores criminales.

La justicia transicional es compleja y difícil de confeccionar por el riesgo de fracasar que tiene pues los daños ya están hechos, consumados; en el fondo se trata de rebajar las penas para atraer a los actores de los crímenes. Y se trata de organizar un andamiaje jurídico que sirva de dique a la impunidad total, pero también es un parapeto para no dejar desmontar la justicia tradicional que durante el conflicto no ha operado, o resultó inane. La justicia transicional debe lograr algunos mínimos: verdad, reparación, perdón, no repetición y dignificación. La impunidad no se logrará combatir, pero el ritual de esta justicia debe dejar un manto de acción y castigo a pesar de lo simbólico de las penas que se impartan.

En Colombia el conflicto no ha terminado, pero desde que el presidente Santos se posesionó se han dado pasos administrativos y legislativos como si se hubiere entrado a una etapa de postconflicto; o mejor, pasos preparatorios para llegar al postconflicto. La Ley de tierras y de víctimas (Ley 1448 de 2011) es un ejemplo claro de ello. Entonces, ¿cómo llevar a cabo una justicia transicional imbricada a la justicia normal o tradicional?, cómo lograr la efectividad de la justicia transicional si existe renuencia de los supuestos beneficiados porque aún el proceso de paz no ha concluido, o mejor, por las incertidumbres sobre el funcionamiento de ese proceso.

La justicia transicional es rechazada de plano por los abogados tradicionalistas que ven en el castigo máximo y la dosificación de las penas la única forma de aplicar justicia. No aceptan las sanciones de poca monta ni las normas transitorias que sirven para pactar un desarme y ven como alcahuetería la rebaja de penas comparadas con los daños causados por la intensidad del conflicto.

La justicia transicional mirada a primera vista es inadmisible para los penalistas de viejo cuño, para los moralistas y los pacatos, porque implica rebaja de penas, tratamiento preferencial, proceso especial y una no aplicación del derecho penal común, ven esta especie de suspensión como un desmonte parcial del estado de derecho. Si conserváramos esta postura no podría avanzar un proceso de paz que implica conciliación, perdón, rebaja de penas, indultos, reinserción, y tratar, aunque sea un formalismo protocolario de invocar el olvido. La reparación es el componente más complejo por la cantidad de daños causados.

La justicia transicional montada o diseñada para salir de una situación de guerra o de dictadura o de caos nacional, busca mostrar algún castigo a los criminales sobre un tinglado de arrepentimiento y admite pagos punitivos mínimos con reparaciones expuestas al incumplimiento. Surgen entonces los debates sobre la relación entre la justicia y el derecho, se reflexiona sobre la injusticia. Las lecciones de introducción al derecho, la filosofía del derecho y la criminología quedan impactadas por la nueva justicia permisiva y transitoria que superpone otras normas a las conocidas por jueces, abogados, tratadistas y ciudadanos enterados.

Pero, es una nueva justicia de transición y excepción que sin ella la guerra continuaría y el caos humanitario se desbordaría más. Es una especie de justicia de excepción extrapolada de los estados de excepción conocidos, como el viejo estado de sitio o la conmoción interior actual, con normas transitorias. Algunas de ellas por reconversiones las volvieron permanentes. Las víctimas deben ser reparadas, esto no tiene discusión de entrada. Otra cosa son las formas de reparación. Por ejemplo la devolución de tierras, la legalización de títulos, las indemnizaciones, etc.

El debate sobre la justicia de transición está abierto para las columnas de prensa, los ensayos sociojurídicos, tesis de grado, monografías, jurisprudencia, alegatos parlamentarios y discursos políticos. La ilusión del grueso de la población es el logro de la paz. La justicia transicional es un paso necesario para culminar la guerra. El riesgo es la otra burla, la pantomima, el teatro de las muecas con impostura, el perdón de dientes para afuera. Y la reedición de otras normas transitorias. El proceso de desmovilización paramilitar golpeó a la justicia transicional por las imposturas y mascaradas conocidas.

La justicia transicional visualizada como benigna para unos, o como opereta para otros, termina siendo el único instrumento concreto que necesita desplegarse para negociar la terminación de un conflicto. A la justicia tradicional no se acogen quienes se van a desmovilizar por la dureza de las penas; y la justicia transicional aunque conlleva castigos rebajados, son criticados. Pero sin algún tipo de justicia no se puede terminar las conversaciones de paz, para buscar la normalización.

El marco jurídico para la paz requirió de una reforma constitucional, debates y disquisiciones. Su declaratoria de constitucionalidad, más reflexiones. Y la puesta en práctica necesita de una Ley-estatutaria que establecerá los procedimientos. Al Estado y sus órganos competentes le corresponde producir la normatividad bajo el manto de la legalidad. La guerrilla su contradictor y competidor por la detentación del poder, cuestiona los procedimientos con recriminaciones mutuas sobre quienes han sido victimarios en uno y otro caso, pero no pueden sustituir al Estado y menos al Gobierno en ejercicio porque no lo han vencido en la lucha armada, por eso acuden a las conversaciones buscando la paz para pasar a otro nivel de cara a desenvolverse en una etapa de postconflicto y con el ánimo de participar en la actividad política.

La Corte Constitucional aprobó el método general para proceder a los castigos, enunció la selección de los máximos responsables de los delitos atroces, algo similar a la obediencia debida que “exime” a los subalternos dentro de las tropas regulares. Según el alto Tribunal, la selección permitirá identificar patrones de criminalidad y de violaciones graves a los derechos humanos para buscar la verdad y la reparación. Y se enfocó en analizar la sistematicidad o repetición de los delitos para no dejar por fuera los actos atroces de lesa humanidad.

Ocho parámetros se plantearon en la sentencia de exequibilidad que deberán describirse en la Ley estatutaria. El marco jurídico para la paz acepta que la sanción pueda suspenderse o cambiarse por una pena alternativa; admite que algunos delitos se vean como conexos con el delito político, por lo tanto se atenuarían. Otro parámetro: debe haber un balance entre la paz y la justicia. Se pueden crear mecanismos de selección y priorización, agrupar los delitos en macroprocesos e imputarlos a los cabecillas; no declinar frente a los delitos de lesa humanidad, ni el genocidio.

Los contenidos de una justicia transicional a moldear, tienen un carácter moral y ético ineluctable que lleva a las partes, los académicos, las iglesias y a la sociedad en general a una discusión inevitable sobre la lenidad, la liviandad o el justo método para tratar de finiquitar el conflicto. Diseñar una justicia transicional que deje satisfechos a todos es imposible, comenzando por los mismos beneficiados que quieren más medidas blandas de lo que la laxitud en estos casos permite.

No puede haber transición sin un mínimo de castigo, al menos. Si no se ha podido vencer al contrincante colectivo, la justicia transicional es necesaria para confeccionar el proceso de paz, coadyuva a ponerle fin al conflicto, aplicar penas y hacer arreglos, y comenzar a construir la nueva sociedad con una justicia ordinaria y fija que funcione. Es decir la justicia transicional es la escalera para pasar luego adentro del posconflicto a reformar instituciones, construir una justicia sólida que sea duradera y fija. La justicia transicional sirve para exponer lo ocultado durante el conflicto interno, lo indecible en otras circunstancias, para decir “verdades” y facilitar el perdón.

Si el Gobierno Santos 2 llega en el 2015 a firmar la paz con las FARC, e incluso más adelante con el ELN, el posconflicto se iniciaría con una justicia transicional por diseñar a partir del trabajo de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Histórica del Conflicto, y nos encontraremos con que el aparto de la justicia tradicional no funciona porque la reforma a la justicia que se esperaba fue truncada por el montaje de favores y esperpentos que se detectaron en junio del 2012, pretendían organizar un carrusel de jubilaciones, pensiones, intercambios, querían institucionalizar las puertas giratorias y la longevidad judicial en los cargos hasta los 70 años, obturando la carrera judicial. Entonces, vamos a llegar al posconflicto al lomo de la justicia transicional sin que opere plenamente la justicia convencional o tradicional.

El argumento de mostrarse como víctimas, por parte de la insurgencia, al tener que haber concurrido a la guerra interna para buscar justicia armada y resolver a nombre del pueblo una serie de anhelos negados. La raíz es cierta, pero la evolución y prolongación del conflicto exige responsabilidad de las partes que deben ser juzgados de alguna manera.

La población votante reeligió a Juan Manuel Santos el 15 de junio dándole un mandato para que siga tramitando el proceso de paz. Una lectura sencilla lo dice, en la primera vuelta electoral el 25 de mayo solo obtuvo algo más de tres millones quinientos mil votos, o sea su techo electoral con los acompañantes de coalición, para la segunda vuelta la sociedad que reclama la paz y no es abstencionista crónica, lo avaló con siete millones novecientos mil votos. Estos electores de la segunda vuelta entendieron que los pasos dados en La Habana y los puntos aprobados son la muestra de voluntad que han dado las partes para concluir el proceso de paz. Entendieron que había que salvar el proceso de paz porque cortarlo era pisotear lo acordado y volver a empezar, era desmontar todo, entendieron que las dificultades para reiniciar un proceso significan otros años de espera y desangre : Vieron la coyuntura propicia por la simpatía internacional despertada.

Colombia espera de este proceso de diálogo con las FARC en La Habana, y el que se encarrile con el ELN de prosperar el proceso paralelo con ellos que, la iniciación del posconflicto en el año 2015, permita la ampliación de la Democracia. Distinto a otros países que han tenido dictaduras o guerras civiles y se han hecho acuerdos parciales que han impedido la desaparición total de la violencia; pero han logrado pasar a la implementación de instituciones democráticas, porque estaban anuladas. Lo paradójico es que aquí en Colombia funciona formalmente la Democracia, pero como se trata de una democracia incompleta, se espera de la transición añorada: la ampliación de la Democracia. Ello implicará mínimo una seria reforma agraria, una reforma a la salud, a la justicia y a la educación. En una fase inicial que puede durar cuatro años, o sea el mandato de Santos 2.

Una Comisión de la Verdad es un Tribunal de excepción, con revestimiento judicial transitorio, plataforma previa e indispensable para la justicia transicional que, trata de esclarecer hechos, identificar autores intelectuales y materiales e inventariar víctimas para poder abrir el campo de la justicia transicional reglamentada por una Ley estatutaria, normativa que se aplicara a los autores identificados, y proceder luego a las reparaciones, etc. Esas verdades no serán integrales ni absolutas (por la modalidad de investigación que conlleva), pero si verdades generales que permitirán entender las causas, el contexto, las razones, la responsabilidad atribuible a los superiores en mando, etc. Una Comisión de la Verdad esclarece causas, circunstancias identifica responsables, pero no entra en detalles de cada caso. Ni la justicia ordinaria lo logra siempre, dependiendo de las características de la situación criminal.

En algunos períodos se han empleado fórmulas de justicia transicional sin que hubiere habido transición y por ende posconflicto. O, si se presentó transición, esta fue a otra forma de violencia, más cruel o sofisticada: o con otros actores transformados. La justicia transicional cuando ni siquiera se llamaba así (se llamó amnistía o el armisticio, o treguas regladas, etc.) ha obrado con una carga de normas jurídicas vertidas al derecho de excepción como los estados de sitio, sin transición y sin posconflicto, gran parte de los fracasos se explica así: El problema fundamental, la tenencia de la tierra, no ha sido resuelto. Y ese derecho de excepción obró a la vez como justicia transicional solo para beneficiar a los victimarios con el fin de que dejaran las armas, para atraerlos, convencerlos e incorporarlos. No se incorporaron las víctimas para ser reparadas.

Edición N° 00407 – Semana del 11 al 17 de Julio – 2014
 
 
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