Fundados temores en lo que puede suceder con la liberación de ex paramilitares comprometidos en graves violaciones

  Álvaro Villarraga Sarmiento
  Fundación Cultura Democrática
   
 

Los paramilitares acogidos a la Ley 975 de 2005 por estar comprometidos con investigaciones sobre graves violaciones, la cual les ofrece la pena alternativa de máximo ocho años, si no tienen nuevos pendientes con la justicia y han cumplido con las obligaciones impuestas, podrán recuperar la libertad, incluso sin que hayan sido condenados, en virtud de haber cumplido con este mismo tiempo privados de la libertad. Es lo que corresponde con lo legalmente establecido. Sin embargo, la situación entraña serios problemas: en muchos casos no han cumplido los compromisos exigidos por esta ley sin que las autoridades hayan sido diligentes para obrar en consecuencia; las desmovilizaciones fueron parciales y persisten las expresiones del fenómeno paramilitar, de manera que al recuperar la libertad podrían articularse a ellas; y en consecuencia existe fundado temor en las víctimas, la sociedad y las propias instituciones en que la salida de las cárceles de esta población ex paramilitar antes que encausarse a la positiva reintegración social, configure la retoma de poderes ilegales e incluso la reactivación de cruentas disputas en tal contexto.

Al discutir el tema es importante recordar el debate registrado en su momento, cuando las conversaciones y acuerdos entre el gobierno Uribe y las AUC conllevó a la desmovilización de parte importante de las agrupaciones paramilitares entre 2003 y 2006 así como a la expedición de la Ley 975, conocida como de “Justicia y Paz”, como marco legal de ese proceso. No se trató de la recuperación de la paz ni siquiera de una solución de paz entre actores confrontados en la guerra. Pues ha sido bien reconocido por los propios ex paramilitares ante la Fiscalía que predominó en su actuación fue la coordinación, cooperación y apoyo entre las agrupaciones paramilitares con la Fuerza Pública e incluso con otras instancias o integrantes de otros entes estatales, gubernamentales y de las corporaciones públicas. No obstante, como lo señalaron muchos sectores en su momento, si se conseguía el desmantelamiento de los grupos paramilitares, se cumplía con una medida positiva en términos de desactivar el actor principal de la comisión de graves crímenes de lesa humanidad contra la población y se podría contribuir hacia la depuración de los entes oficiales comprometidos y aportar hacia la desactivación de factores del conflicto armado.

Es preciso también recordar también que como lo constataron muchos informes, entre ellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la MAPP OEA, la CNRR y de entidades de derechos humanos como la Comisión Colombiana de Juristas y otras en el ámbito internacional, no se consiguió el desmantelamiento del fenómeno paramilitar sino la desactivación de parte de sus estructuras armadas que actuaban en distintas regiones, en medio de la permanencia de grupos armados, los rearmes y la prolongación de alianzas y poderes de facto propios de la reconformación de las expresiones del paramilitarismo, en un nuevo contexto signado por las disputas violentas en torno a dominios territoriales, de articulación con economías legales e ilegales y de la incidencia y cooptación de instituciones públicas a distintos niveles.

En lo referido al marco legal de este proceso no se trató de una ley “acordada en la negociación y los acuerdos con las AUC”, como equivocadamente lo registran estos días varios medios de prensa. En su momento el presidente Uribe presentó al Congreso varios proyectos de ley de plena impunidad frente a los paramilitares, al punto de imponerles solo compromisos de “trabajos sociales” para sustituir cualquier imposición en materia penal. Pero producto de la presión presentada por las víctimas, las organizaciones de derechos humanos, sectores políticos al seno del mismo Congreso y la comunidad internacional, se incluyeron progresivamente compromisos orientados hacia los derechos de las víctimas. Más aún, fue sólo la revisión de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-370 de 2006, producto de una demanda presentada por numerosas organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos, que la Ley 975 estableció ciertos compromisos para con tales derechos y con base en ello aprobó la opción de la pena alternativa referida. Situación que con frecuencia es referida por los propios paramilitares como incumplimiento del Estado y del gobierno, por cuanto alegan que el presidente Uribe y su comisionado de paz Luis Carlos Rodríguez, se habrían comprometido en la oferta de retorno a la legalidad sin imposición de pena alguna.

Por tanto, en la actualidad en materia de lo establecido por esta ley los paramilitares que han cumplido ocho años de reclusión están en su derecho a solicitar y recuperar la libertad. Pero como lo advertimos, la dificultad estriba en la misma ineficacia en la aplicación de la ley, por cuanto sólo se han proferido 15 fallos condenatorios contra una población de 2.784 ex paramilitares postulados al beneficio de esta pena alternativa. Además, como lo reconocen instituciones de distinto orden, aunque han existido aportes en revelación de la verdad a instancias de las versiones libres y el reconocimiento de miles de víctimas y de hechos violatorios, son igualmente muchos, quizás mayoritarios, los casos de ocultamiento de la verdad de lo sucedido, de imposición de discursos revictimizantes y además generalizada la negativa a la entrega de bienes y capitales para el Fondo de Reparación de las Víctimas. Adicionalmente, existen frecuentes denuncias sobre reincidencia en delitos de ésta población paramilitar desmovilizada, siendo en contraste muy pocos los procesos de exclusión por tal causa de este mecanismo de alternatividad penal.

La Fiscalía General informa que en la actualidad 1.147 ex paramilitares desmovilizados vinculados al proceso de “Justicia y Paz” pueden hacer la solicitud de libertad en el curso del presente año, de forma que la decisión la toman los respectivos magistrados de los Tribunales de Justicia y Paz. La decisión se fundamente en la valoración del cumplimiento de los compromisos legalmente impuestos: contar la verdad, reparar a las víctimas, registrar buen comportamiento, no reincidir en delitos y disponerse a la reintegración social. En consecuencia, la Fiscalía General anunció que expedirá una certificación sobre el cumplimiento de tales compromisos con relación a quienes hagan la solicitud, dado que es a instancias de su Unidad de Justicia y Paz que se han adelantado los procesos, de manera que informa que tal certificación se expedirá en tres meses, con apoyo en unidades especiales de la propia Fiscalía. Al momento ya ha sido ordenada la libertad de tres ex paramilitares y en el último mes obraban trámites sobre sesenta solicitudes.

Es de advertir que quienes recuperan la libertad si reinciden en delitos perderán los beneficios de la pena alternativa y deberán ser recapturados para que cumplan con la pena de la justicia ordinaria que también les fue impuesta. Así mismo, que si la Fiscalía establece que ocultaron bienes para no entregarlos a favor de la reparación de las víctimas también perderán el beneficio de la pena alternativa. Sin embargo, hay alta desconfianza en la solidez de la actuación de las autoridades en todo este proceso, dadas las situaciones de hecho ya registradas con relación a lo sucedido con muchos de los ex jefes paramilitares. Al respecto comentó en nota editorial recientemente el diario El Tiempo en los siguientes términos: “Reconocidos narcos de las AUC, como “Julián Bolívar” y “Diego Vecino”, por mencionar solo algunos, brillan por los pocos bienes que han entregado para reparar a sus miles de víctimas. Ellos dos, han sido cuestionados incluso por la Corte Suprema por su reiterada negativa a decir la verdad sobre los “parapolíticos” que se lucraron, electoral y económicamente, de la intimidación y del saqueo en medio de la guerra”. (“Editorial: La libertad de los ex paras”, El Tiempo, 25 de julio de 2014, página 14).

En consecuencia, más que interrogantes la recuperación de libertad en estas circunstancias por parte de muchos de los ex paramilitares comprometidos con graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos despierta alerta y temores fundados en las víctimas y en las poblaciones de distintas regiones, por lo que puede significar su regreso en términos de retoma de la violencia y de articulación a las expresiones armadas, sociales, políticas, económicas e institucionales persistentes del paramilitarismo. Es alta la probabilidad de que se registre tal tipo de situaciones, aunque el empeño institucional referido y el querer de la población sea que ocurra lo contrario, es decir la reintegración a la vida social y ciudadana transparente y pacífica de estas personas, como resultado del compromiso efectivo con el acuerdo de desmovilización y desarme y con las demandas de contribuir también de manera general con los propósitos de la recuperación de la paz y la convivencia ciudadana en los territorios y frente a las comunidades que fueron fuertemente afectadas por sus dinámicas victimizantes en el contexto del conflicto armado y la violencia sistemática ejercida desde hace varias décadas.

Edición N° 00410 – Semana del 1º al 7 de Agosto – 2014
 
 
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