Derechos de las víctimas y proyecto de presupuesto

  Jorge Espitia
  Profesor universitario
   
 

Un agente fundamental, defensor de los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia armada en Colombia ha sido la Corte Constitucional, en la medida en que muchos de los derechos que no están expresamente definidos como tales en la Carta Política, aparecen como una obligación progresiva, la cual le impone al Estado obligaciones positivas de actuar1.

La obligación progresiva, le ha permitido al Gobierno Nacional Central problemas presupuestales para la puesta en marcha de las acciones positivas. Sin embargo, para la Corte Constitucional la restricción presupuestal, resulta ser un “argumento que apunta en realidad a describir la forma como este derecho puede hacerse efectivo en la práctica y no a desconocer la necesaria protección que el mismo merece” (Sentencia T-530/11).

De igual manera, la CC ha sido clara en señalar que los derechos prestacionales basan su carácter de fundamental en el Artículo 13 de la Carta Magna2 como en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos3 que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Del mismo modo, en el caso de la población víctima del conflicto, tal derecho se fundamenta “en la imposibilidad del Estado para cumplir con la obligación básica de preservar las condiciones mínimas de orden público necesarias para prevenir el desplazamiento forzado de personas y garantizar la seguridad de todos sus asociados” (Sentencia T-239/13).

A todo derecho económico, social y cultural de las víctimas están asociadas obligaciones de cumplimiento en el corto plazo, y obligaciones que demandan un desarrollo progresivo y, por tanto, la política pública a desarrollar debe: “(i) garantizar unos contenidos mínimos o esenciales del respectivo derecho a todos sus titulares; (ii) iniciar cuanto antes el proceso encaminado a la completa realización del derecho –como mínimo, disponer un plan-; (iii) garantizar la participación de los involucrados en las decisiones; (iv) no discriminar injustificadamente; (v) proteger especialmente a las personas desaventajadas, en circunstancias de vulnerabilidad relevantes, o que se encuentran en peor situación; (vi) no interferir arbitrariamente en el contenido ya garantizado del derecho y (vii) no retroceder de forma injustificada en el nivel de protección alcanzado” (Sentencia T-239/13).

En este sentido, y diez años después de promulgado la Sentencia T-025 de 2005, el Gobierno Nacional trae a consideración del Congreso de la República el siguiente artículo en su Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2015:

ARTÍCULO 58o. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Víctima por la Violencia, del orden nacional, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y de sus Autos de Seguimiento proferidos por la Honorable Corte Constitucional.

Las entidades deberán atender prioritariamente todas las solicitudes de Ayuda Humanitaria de Emergencia y Transición constituyendo ésta un título de gasto prevalente sobre las demás obligaciones de la entidad.

El artículo hace mención expresa “a la atención de la población desplazada por la violencia” la cual y, de acuerdo con la Ley 1448, debería extenderse a la población víctima de la violencia.

De otra parte, el Mensaje Presidencial del Proyecto de Presupuesto en el aparte “IX. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN EL PGN 2015” señala que “Entre los años 2002 y 2015 el Estado colombiano ha asignado y ejecutado más de $58 billones en los programas, proyectos y actividades que buscan atender y reparar a población víctima del conflicto armado. Sin embargo, a partir de 2012, año en que este gobierno implementó la Ley de Víctimas, el Estado colombiano ha programado y ejecutado alrededor de $29 billones, es decir que en este gobierno se ha invertido el 50% de lo asignado en lo últimos 14 años en la población víctima” (Gráfico 1).

Como se observa en el Cuadro 1, buena parte de los recursos que el gobierno nacional contabiliza para las víctimas, se encuentran los del Sistema General de Participaciones, que han sido constitucionalizados desde 1968 y confirmados en la Constituyente de 1991, para proveerle bienes y servicios fundamentales (educación, salud, agua potable, entre otros) a los ciudadanos sin ningún tipo de distinción (raza, lugar de residencia, desplazado o no desplazado, entre otros) y, por tanto, no debería hacer parte de esta contabilidad, la cual pareciera querer hacerla extensiva a todas los órganos que hacen parte del Presupuesto General a través del Artículo 59 que aparece en el articulado del Proyecto de Presupuesto. Este tipo de decisiones, además de distorsionar la política, da rienda suelta a la creatividad contable.

ARTÍCULO 59o. Las entidades encargadas de ejecutar la política de víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011 especificarán dentro de sus presupuestos en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF - los rubros de inversión que tienen como destino la población desplazada.

En este orden de ideas, la lectura de las cifras puede ser otra, por ejemplo: Que el presupuesto esperado para el 2015 no es de 7 billones 924 mil 926 millones de pesos sino de 4 billones 678 mil 986 millones de pesos, de los cuales tan sólo el 0.83% es para asistencia a las víctimas, es decir 38 mil 978 millones.

Finalmente, la CC señala que en la atención a la población desplazada corresponde tanto a las entidades del orden nacional como a las ET y su interacción se rige por los siguientes principios de: “(i) coordinación, que exige de las autoridades administrativas de todo nivel la ordenación coherente, eficiente y armónica de sus actuaciones, con el propósito de alcanzar los fines del Estado; (ii) concurrencia, que implica la existencia de mecanismos de participación entre la Nación y las entidades territoriales, de suerte que estas últimas puedan intervenir en el diseño y desarrollo de proyectos dirigidos a garantizar el bienestar general y local; y (iii) subsidiariedad, que implica que sólo cuando la entidad territorial no pueda ejercer determinadas funciones en forma independiente, puede apelar a niveles superiores (el departamento o la Nación), para que éstos asuman el ejercicio de esas competencias”.

A efecto de dar cumplimiento al mandato constitucional, el Gobierno Nacional puso a consideración del Congreso de la República el Artículo 60 en su Proyecto de Presupuesto para el 2015:

ARTÍCULO 60o. En el marco de los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas podrá, con cargo al proyecto denominado “Apoyo a entidades territoriales a través de la cofinanciación para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del desplazamiento forzado a nivel nacional”, cofinanciar iniciativas integrales de atención a la población desplazada que se adelanten por parte de las entidades territoriales.

Cuán importante sería que este artículo se hiciera extensivo a todos los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación en el marco de la Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones" y la Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios” y no limitarlo a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La cofinanciación de proyectos y programas de inversión para la población víctima de la violencia es sumamente importante en aquellos municipios con una muy baja capacidad fiscal.

Edición N° 00410 – Semana del 1º al 7 de Agosto – 2014

1 Arcos, F. 2000. “La naturaleza del derecho al trabajo como derecho social fundamental. En http://www.uv.es/cefd/3/arcos.htm. Universidad de Almería. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. Núm. 3-2000.

2 ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

3 El artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus