Si se logra la paz, la suerte de la extrema derecha estaría echada aunque por eso mismo son enormes los riesgos de ver a Uribe y los suyos impulsando medidas desesperadas, el golpe militar incluido. No es pequeño el margen de acción que tiene la extrema derecha, más aún si el proceso de paz se concreta y por ende cuenta con un respaldo social considerable.

El Gobierno está promoviendo una ambiciosa reforma político-judicial. Si bien algunas propuestas mejorarían las calidades democráticas del régimen político, otras generan serias inquietudes. El Gobierno debería promover un amplio diálogo social porque una propuesta tan ambiciosa no puede quedar en manos de los políticos. La ciudadanía tiene el enorme reto de evitar que los políticos pesquen en rio revuelto y que las aspiraciones democráticas de 1991 sean abandonadas.

Lo que los colombianos reclaman no es sólo el fin de la reelección presidencial, la limitación de los poderes del procurador Ordóñez o la eliminación de la facultad nominadora de las Cortes. También reclaman que, como mínimo, se nos devuelvan la precaria democracia que consagró originalmente la Constitución el 91 y a partir de ella reconstruir una democracia ampliada y  de verdad. Es el precio de la paz.

No es más un solo decir, lo turbias que son las campañas políticas y las elecciones en Colombia. Los controles que la precaria democracia tiene cuando sobrevive en los yermos campos de la violencia nacional, regados por una inaceptable desigualdad, se han puesto a prueba cuando el hacker Andrés Hernando Sepúlveda, vinculado con la central de contra-inteligencia “Andrómeda” se ha dispuesto a cantar ante los requerimientos de la Fiscalía de la nación.

Se acercan inevitables confrontaciones acerca de las mejores estrategias para enfrentar los desafíos estructurales de la caficultura y, más allá de las elecciones del 6 y 7 de septiembre, habrá un escenario complejo que muy seguramente estimulará la conformación de alianzas y acuerdos de todo tipo.

El crecimiento y desarrollo en el país dependerá necesariamente de un sector manufacturero sólido, capaz de competir en los mercados internos, pero también en otros escenarios mundiales. Una industria fuerte también debe de ser sinónimo de generación de empleo decente, de más y mejores puestos de trabajo que garanticen el derecho a una vida digna.

Zuleta cuestionó todos esos saberes sustentados en la “autoridad”, negó la supuesta validez de los títulos, de las certificaciones y de las abigarradas tradiciones religiosas, políticas y pseudo-intelectuales, que tanto conmueven al mundillo académico y universitario.

Los gobiernos se parecen cada vez más a devenires de sangre, de familias. Los mandatarios sueñan emular los llamados grandes hombres que la vanidad histórica los ha garabateado como inmemorables. Pero, todo es más cercano a la vanidad. Lo común de un hombre de Estado o gobierno, cualquiera que sea su nivel nacional, regional o local, están bajo la gobernanza de la epidemia de la vanidad del poder.