Balance provisional de un proceso

  Juan Diego García
  Analista político
   
 

Las conversaciones entre el Gobierno de Santos y las FARC-EP, parecen haber llegado a un punto de no retorno aunque en este tipo de procesos no es posible ni prudente adelantar acontecimientos sobre todo considerando los muchos factores que operan en su contra y más aún, pensando en las dificultades para poner luego en práctica lo acordado de manera que no se repitan situaciones del pasado que frustraron la solución política del conflicto armado colombiano.

Como ya se afirmó en artículos anteriores los acuerdos previos sobre la cuestión agraria no satisfacen el programa de la guerrilla, pero si son un avance considerable y en líneas generales coinciden con las demandas de los campesinos. La reforma política por su parte es de gran significación dado el rol que en el conflicto tienen la exclusión y la violencia del sistema contra las fuerzas opositoras y de aplicarse sería un paso importante para hacer de la democracia del país algo más que una frase hueca. El acuerdo sobre los llamados “cultivos ilícitos” abre perspectivas para una solución que satisfaga los intereses nacionales e internacionales al respecto, sobre todo cuando la llamada “guerra contra las drogas” ha fracasado rotundamente y voces muy autorizadas dentro y fuera del país abogan por soluciones muy similares a las acordadas entre autoridades e insurgentes en La Habana.

Hay además elementos nuevos que sustentan los pronósticos favorables.

El encuentro de las víctimas del conflicto con los insurgentes y el Gobierno, supone la apertura de escenarios de reconciliación y del fomento de una nueva cultura de la convivencia en un país literalmente envenenado por las campañas de guerra psicológica auspiciados por los medios (con honrosas excepciones, todos en línea con la versión oficial de los hechos).

No menos destacable es la creación (a petición reiterada de los insurgentes) de una comisión de expertos académicos que entregarán en los próximos meses un análisis de las causas históricas del  conflicto armado. No se trata de una “comisión de la verdad” - que funcionará en el futuro- pero sus aportaciones académicas servirán de punto de referencia para el análisis sopesado y sobre todo ofrecerán a la sociedad colombiana puntos de vista divergentes, pero constructivos por su valor científico permitiendo entonces un debate ajeno a las pasiones y distante de la versión interesada.

Es igualmente de gran relevancia la presencia en La Habana de una delegación de las Fuerzas Armadas de muy alto nivel que tratará con los insurgentes los aspectos relativos a la dejación de las armas (que no entrega, como se pactó) y de los mecanismos de seguridad que el Estrado ofrecerá a quienes abandonen la lucha armada y se conviertan en movimiento político legal.

¿Cuál sería el balance provisional que se podría hacer a estas alturas del proceso? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Cuáles son las perspectivas del futuro inmediato para el país en su conjunto? Sin duda, la gran beneficiada es la ciudadanía misma, pero ¿cómo afecta de forma directa a los principales actores del conflicto?

Las FARC-EP pueden estar muy satisfechas si los acuerdos previos alcanzados de convierten en realidad. Ninguna fuerza de izquierda puede presentar hasta hoy un balance más favorable para los intereses populares que lo acordado en Cuba. Además, en contraste con la imagen oficial (que se mantiene y en ocasiones se intensifica según convenga) que presenta a la guerrilla como un grupo de bandidos sin discurso, sin programa y sin vínculo alguno con la población, las propuestas llevadas por la insurgencia a la mesa del diálogo no sólo tienen una enorme coincidencia con las demandas campesinas y de la oposición sino que muestran un manejo muy sólido de las problemáticas del país (con independencia de que se esté o no de acuerdo con ellas), un lenguaje de altura y una disposición realista al tratamiento de los asuntos a debate.

De ingresar a la legalidad a la insurgencia le queda un enorme reto: ganar en las urnas el apoyo de buena parte de ese 60% ó más de abstencionistas (mayoritariamente de los sectores populares, los mismos que en los últimos años inundan calles y plazas exigiendo cambios substanciales en el orden político y económico del país) y reconquistar a sectores amplios de la pequeña burguesía que ahora le resultan hostiles. Como primer paso puede contribuir a la formación de una amplio frente de izquierda que aspire al poder en las elecciones presidenciales de 2018. Las elecciones municipales del año próximo serían una primera prueba de fuego. Es probable que para entonces ya exista el acuerdo de paz y en consecuencia todo será sin duda más favorable.

Al presidente Santos, se le presentan retos igualmente grandes. Ante una posible recaída de la economía mundial su estrategia de exportar materias primas como principal fuente para financiar sus proyectos se puede ver seriamente comprometida. Tampoco está en su agenda una nueva política fiscal que dote al Ejecutivo de recursos suficientes. En este contexto cumplir con la promesa de promover la equidad apenas tiene elementos sólidos que la sustenten. Además, con un Estado raquítico y corroído por la corrupción el Presidente colombiano tendrá enormes problemas para cumplirle a la guerrilla y satisfacer a los movimientos populares.

Santos tiene que defenderse además de los feroces enemigos de la paz que anidan en sus propias filas, debe gestionar el proceso sin contar con un Estado moderno y eficaz y ha de mantener el apoyo de la clase dominante que le sirve de sustento, una clase que puede abandonarlo si considera que el gobierno ha ido demasiado lejos en las concesiones a la guerrilla. No menores deben ser sus preocupaciones respecto a Washington habida cuenta de su enorme influencia en los cuarteles y sus sólidos vínculos con la misma oligarquía que le llevó al poder y le ha dado el visto bueno a sus estrategia de paz. Si a unos y otros no les satisfacen los términos del posible acuerdo este apoyo puede terminar. Por menos echaron del poder a Zelaya en Honduras.

En este complejo escenario, Santos tiene armas suficientes para neutralizar al menos a los agentes más activos de la extrema derecha. Puede empezar por dividir su movimiento (políticos corruptos que ceden fácilmente a los halagos del poder) y dar pleno apoyo de los muchos procesos penales (por todo tipo de delitos) que cursan contra Uribe Vélez y su entorno. Tampoco es imposible neutralizar a las Fuerzas Armadas, es una cuestión de habilidad y sobre todo de propósito.

Si se logra la paz, la suerte de la extrema derecha estaría echada aunque por eso mismo son enormes los riesgos de ver a Uribe y los suyos impulsando medidas desesperadas (el golpe militar incluido). No es pequeño el margen de acción que tiene la extrema derecha, más aún si el proceso de paz se concreta en los términos descritos y por ende cuenta con un respaldo social considerable.

Los países de la región han dado siempre su respaldo al proceso de paz más ahora cuando se vislumbra un resultado exitoso. Queda como incógnita qué harán los Estados Unidos cuando el acuerdo haga innecesaria su presencia en la “guerra contra las drogas” y su directa participación en la lucha contra una insurgencia guerrillera que ha terminado. ¿Optarán entonces por asegurar al menos sus bases militares aquí y convertir a las Fuerzas Armadas locales en una especie de prolongación de las propias y a Colombia en un emplazamiento privilegiado de su geoestrategia regional?

Por fortuna para el país, Estados Unidos ya no es la potencia hegemónica de antaño. Corren nuevos vientos en el continente y no debería descartarse que al menos a mediano plazo este país andino alcance un estatus en sus relaciones con la potencia del norte que lo haga más armónico con el proceso de integración de América Latina y el Caribe y más cercano al ejercicio efectivo de la soberanía nacional.

Edición N° 00414 – Semana del 29 de Agosto al 4 de Septiembre – 2014
 
 
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