Movilización social por la paz en Colombia: escenarios del conflicto y dinámica social en los albores del siglo XXI

  Pilar Ramos
  Asesora – Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

La movilización social por la paz en Colombia se nutre de diversas y plurales expresiones organizativas y de acciones colectivas que de forma convergente y divergente, apuestan por transformaciones profundas que puedan posibilitar la construcción de un país distinto y de un país en paz.

La misma naturaleza del conflicto armado en Colombia que no puede ser definido o caracterizado unidimensionalmente debido a sus complejas causas estructurales, escenarios de conflicto y a sus  diferentes actores (que van desde las insurgencias armadas de izquierda, los paramilitares, el narcotráfico, hasta los terratenientes, sectores empresariales y los ejércitos regulares del Estado), hace que las respuestas y salidas propuestas desde la sociedad civil sean igualmente complejas y diversas.

Un primer escenario de conflicto se configura en la histórica disputa por el uso y tenencia de la tierra y los territorios; de allí emergieron  las luchas campesinas, afrocolombianas e indígenas del siglo XX y en ellas se fundamentan buena parte de las causas abanderadas por los grupos insurgentes en América Latina y en Colombia en particular. Este conflicto, contrario a lo deseado y buscado por los movimientos y organizaciones sociales se ha profundizado bajo las lógicas neoliberales y el modelo de desarrollo extractivista, y aún no se vislumbran caminos reales de solución que transformen estructuralmente “el problema agrario” y territorial, pese a los innegables avances que se han dado en la mesa de negociaciones de la Habana y el reposicionamiento público del conflicto agrario en el marco de las negociaciones, la ley de víctimas y la protesta social campesina y étnica, que encuentra en la Cumbre agraria, étnica y popular una de sus expresiones; Estos sectores vienen trazando algunas líneas de las apuestas por la paz desde la sociedad civil en torno a una premisa: sin resolver los conflictos agrarios y territoriales y desconcentrar el uso y propiedad de los bienes comunes no puede haber paz.

Otro escenario central del conflicto es la profunda debilidad democrática del régimen político colombiano, basado en la exclusión política, la negación a la participación de la sociedad en las decisiones públicas y las sistemáticas prácticas de represión y exterminio de la oposición. Sumado a ello, está la evidente connivencia de las instituciones y de importantes autoridades y sectores estatales con estructuras criminales, lo que pone en cuestión no solo la organización estatal y de gobierno, sino los fundantes del consenso social que hasta ahora se han tejido en el país.

Este mismo escenario de crisis y recomposición política que se ha presentado más de una vez en nuestra historia, y al que nos avoca la coyuntura de las negociaciones de paz actuales, tuvo en la Asamblea Constituyente de 1990 y en el “Mandato Nacional por la paz” de 1997 dos importantes momentos de eclosión del movimiento por la paz tras la embestida violenta que sufrieron los movimientos cívicos locales y regionales durante la década de los 80, cuyo punto más visible fue el exterminio de la Unión patriótica y la reedición del Estatuto Antiterrorista bajo el gobierno Barco.

Sin embargo, la movilización social por la paz y la aparente democratización del régimen político alcanzada con la nueva constitución de 1991, chocó de frente con la política económica y social adoptada por los gobiernos de turno en respuesta a la directriz neoliberal y con el recrudecimiento y degradación de la guerra que aportaron en la consolidación del proyecto paramilitar y limitaron notoriamente la acción colectiva. Las dinámicas del despojo y acaparamiento de tierras, la apertura y entrega del sector servicios al sector multinacional, la financiarización de la vida cotidiana, el ciclo de privatizaciones y la primarización de la economía en general, conformaron el contexto socioeconómico y político de la última década del siglo XX y las bases de proyecto de país que viniera a consolidarse durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez.

El fracaso de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana, abren paso a un nuevo momento de la confrontación y a la toma del poder político por parte de los sectores más recalcitrantes y poderosos de las estructuras terratenientes y gremiales de Antioquia y la Costa Atlántica, ligadas directa e indirectamente con el narcotráfico y el paramilitarismo. Dando continuidad a la dinámica neoliberal y facilitando la entrada de capital transnacional, el gobierno de Uribe Vélez centró su atención en el extractivismo y el despojo territorial por medios legales e ilegales, en la construcción de un imaginario colectivo en favor de la guerra, la justificación de la represión a la oposición y la derrota militar a las insurgencias, así como en la consolidación de un aparato de gobierno y una institucionalidad que naturalizó la corrupción, la estigmatización y la doctrina del enemigo interno y externo bajo la consigna de la seguridad democrática.

Pese a ello, la sociedad civil, principal víctima de la guerra en Colombia, continuó organizándose y movilizándose desde los 90´s, en condiciones totalmente adversas y por causas disímiles que pasaban por reivindicaciones por servicios públicos y servicios sociales, hasta defensa de empresas del Estado, luchas en contra de la privatización, defensa de la vida y permanencia en los territorios, demandas por condiciones laborales y salariales dignas, defensa de los Derechos Humanos y exigencias por la terminación de la guerra y la construcción de paz.

Estas demandas sociales muchas veces confluyeron en un mismo escenario de movilización o se encontraban como parte del proceso necesario e ineludible para conseguir la paz, es decir, la garantía y realización de los Derechos en todas sus dimensiones como condición sine qua non  para la paz. En el fondo, se retoman cuestiones fundamentales en torno a cómo terminar la guerra y cómo evitar que vuelva a surgir “removiendo las causas estructurales y las condiciones coyunturales que la desatan“, en palabras del columnista Luis Sandoval.

En este sentido encontramos que los últimos años de la década de los 90 (García Durán y Sarmiento Santander, CINEP) pueden ser considerados los de mayor movilización social por la paz, considerada “ […] de carácter masivo, con un repertorio creciente de acciones, y con cobertura nacional” , alcanzando su nivel más alto en 1997 , cuando se registran aproximadamente 250 acciones colectivas. De estas se destacan por su nivel de convocatoria y participación masiva, el Mandato Nacional de los niños por la paz en 1996, el Mandato ciudadano por la paz de 1997, la campaña NO MAS contra el secuestro y la desaparición forzada, el apagón por la paz y la gran marcha nacional del 24 de octubre de 2009.

Entre el año 2000 y el año 2005 hay un descenso en la movilización por la paz, sin embargo del nivel local se desprenden diversas acciones. Algunas de estas acciones y momentos de movilización (siguiendo estudios de Doris Ardila Muñoz, Tathiana Montaña y Cinep, entre otros ), fueron la “Minga por la vida, la justicia, la libertad, la Autonomía y la alegría” que en 2004  reunió a más de 100 mil personas y tuvo como producto el mandato indígena y popular; Ya en el año 2005, en el marco del proceso de justicia y paz, se resaltan múltiples acciones: las jornadas de seguimiento a las negociaciones del gobierno y las AUC; las jornadas de apoyo a las comunidades de Jambaló y Toribío y a la comunidad de paz de Apartadó; el foro social y político ante la crisis humanitaria en el Cauca; el encuentro Nacional de Constituyentes en el Huila, las Mesas de diálogo y por los acuerdos Humanitarios en el Valle, Cauca, Huila, Caribe, Meta y Caquetá; el encuentro del Sur, manifiesto Humanitario; la Consulta indígena y campesina sobre el TLC; el I congreso Nacional de Iniciativas de paz; el Mandato por la vida en Ciudad Bolívar; la Iniciativa ciudadana de casa de paz; y la semana por la paz, que para este periodo fue una de las acciones más destacadas debido a la convergencia de distintos sectores sociales tanto en su convocatoria como en la movilización y que recogió en su lema central “Haz posible la paz, defiende la vida y la dignidad” dos ejes centrales de la agenda social a nivel regional y local. En el año 2006 se da la Cumbre de Organizaciones Sociales en el Suroccidente del país, el mandato por la vida en Rivera Huila, entre otras manifestaciones colectivas en favor de la vida digna, en contra de la violencia y por la paz.

El año 2006 marca otro episodio del conflicto político y armado y en consecuencia de la movilización por la paz en el país; signado por la reelección presidencial, el proceso de justicia y paz con las AUC y el inicio de conversaciones con el ELN, este nuevo periodo conlleva nuevas dinámicas sociales que siguen cuestionando la lógica impuesta desde el poder institucional y los poderes de facto en favor de la guerra como medio de acumulación de riqueza, poder político y control territorial o de la lucha armada como medio idóneo y/o exclusivo para la toma del poder y la transformación de las estructuras sociales, económicas y culturales.

Edición N° 00417 – Semana del 19 al 25 de Septiembre – 2014
 
 
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