Conflicto, pos acuerdos y plan de desarrollo.
Un llamado urgente a la coherencia

  Pilar Ramos Quintero
  Abogada e investigadora
   
 

En el marco de la coyuntura de paz en los 90 y de la aparente democratización del régimen político alcanzada con la nueva constitución de 1991, la sociedad y las ideas reformadoras, chocaron de frente con la política económica y social adoptada por los gobiernos de turno en respuesta a la directriz neoliberal, y con el recrudecimiento y degradación de la guerra; situaciones que aportaron en la consolidación del proyecto paramilitar y limitaron notoriamente la acción colectiva y la implementación de políticas sociales, que sin ser el horizonte,  permitieran mínimos de vida digna para las mayorías.

Las dinámicas del despojo y acaparamiento de tierras, la apertura y entrega del sector servicios al capital multinacional, la financiarización de la vida cotidiana, el ciclo de privatizaciones y los pilares de la reprimarización de la economía en general, conformaron el contexto socioeconómico y político de la última década del siglo XX y las bases de proyecto de país que viniera a consolidarse durante los dos gobiernos de Uribe Vélez y el primer gobierno de Santos. Las propuestas de gobierno actuales en materia económica y de reforma política, no nos muestran que exista una ruta radicalmente distinta.

La experiencia indica entonces que la terminación de un conflicto armado es apenas uno de los elementos en el proceso de construcción de la paz; más allá de lo que pueda ser acordado en la Habana y en las negociaciones con el ELN (y eventualmente con el EPL), y de reconocer la firma de los acuerdos, es necesario reconocer también, que ahí no se resuelven los conflictos estructurales (económicos, culturales, sociales) que subyacen a la guerra y que la guerra hereda a la sociedad que la ha vivido.

En este sentido la agenda de transición y la etapa de implementación de los acuerdos pasa por enormes retos: la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que confronte la concentración de la riqueza y los bienes comunes y supere el modelo primario exportador, replanteando, en consecuencia, el extractivismo como sustento social y económico del país; la reforma política que garantice la participación de las comunidades en las decisiones públicas, respete proyectos de país diversos y permita la oposición sin represión y exterminio; la infraestructura administrativa y política para una paz con transformaciones reales; la verdad, justicia y reparación a las víctimas; el paso de la seguridad para la guerra a una seguridad para la paz y la solución de los profundos y estructurales conflictos por el uso y tenencia de la tierra, los territorios y la biodiversidad, entre otros que transversalizan cualquier posibilidad real de construir el escenario y los hechos que permitan “concretar” la paz que Colombia necesita, una paz con justicia social y democracia real.

Alguien escribió en las paredes bogotanas que lo que no se negocie en La Habana debe ser ganado en las calles y es cierto, la sociedad debe exigir sostenidamente los cambios estructurales que se requieren para la Paz y seguir construyendo las alternativas para ello; pero esa movilización, que no es de ahora, también debe ser escuchada por el gobierno en su conjunto y por los sectores no guerreristas del Congreso de la República, tienen la responsabilidad y la obligación de hacerlo. Un paso en ese sentido es promover la participación popular y la consulta en la formulación del Plan de Desarrollo Nacional, documento estratégico de política pública que resulta fundamental para sentar las bases de esas transformaciones ineludibles y de la agenda de transición, sobre cimientos concretos y tangibles: políticas públicas coherentes y por supuesto, presupuestos y recursos financieros para su ejecución.

Dentro de ese amplio espectro  y contexto que se derivarían de la planeación estratégica de una nueva economía y un “otro” desarrollo para la etapa de pos acuerdos, se resaltan dos dimensiones de la transición que están íntimamente ligadas: la primera, la necesaria ruptura y transformación del modelo de desarrollo para la guerra que impera actualmente (extractivismo, desterritorialización, concentración de las tierras y los territorios, privatización de la naturaleza, crisis ambiental, despojo y desplazamiento, exclusión y pobreza) y la segunda, la participación real, decisiva, amplia y protagónica de los sectores históricamente excluidos y marginados, que para el caso colombiano son las mayorías y que está causalmente relacionada con la negación, represión y marginamiento/explotación de las regiones y los territorios  que hoy resultan tan costosas para la posibilidad de la Paz.

Pero, ni lo primero, ni lo segundo se ve reflejado con seriedad en las políticas anunciadas por el gobierno para este nuevo periodo presidencial ni en el presupuesto Nacional presentado para el 2015, pese a la buena intención y los lineamientos expuestos por el  director de Planeación durante la audiencia pública del pasado 22 de septiembre, en dónde el enfoque de Derechos sería el eje del Plan de Desarrollo y su solicitud a Estados Unidos de cambiar el “Plan Colombia”, creado para la profundización de la guerra y para alimentar a algunos sectores económicos y políticos nacionales y foráneos, por un “Plan Colombia Social” pensado para el “posconflicto”, conflicto que el mismo plan ayudó a recrudecer.

Basta con retomar y observar con un poco más de detenimiento algunas de las “cifras” del presupuesto 2015, para resaltar su incoherencia con el propósito de la Paz estable y duradera que está buscando y promoviendo este gobierno, pero que de mantenerse así, no será la paz que espera y necesita este país.

Un plan de desarrollo para la paz con un presupuesto para la guerra

El Ministro de Hacienda y el DNP han insistido en que la prioridad del presupuesto para el 2015 es lo social. Es bien recibido el aumento del presupuesto en Educación, en salud  y la inversión en inclusión social y reconciliación, pese a que en esta área exista una marcada política asistencialista que no toca el fondo de las causas de la pobreza en Colombia.

Sin embargo, como lo señalaron algunos analistas en  espacios de opinión, el gasto social se mantiene, porque es una obligación constitucional no reducirlo y la cuestión aquí es si ese gasto social responde a la necesidad de pensar las políticas públicas para el pos acuerdo con la (s) insurgencia (s) y para la construcción de la paz. La respuesta inicial es NO.

Para empezar hay un faltante de 12.5 billones de pesos en el presupuesto requerido para el próximo año, debido, entre otras razones, al mantenimiento de privilegios a las rentas de capital y empresas y al desmonte de los parafiscales cuyo recaudo representaba importantes ingresos que dejó de percibir la nación ; sumado a esto, se da la disminución de los ingresos petroleros, la inocultable reducción de las exportaciones y aumento de las importaciones y la sostenida devaluación del peso frente al dólar, panorama preocupante en materia económica en el corto y mediano plazo, que nos lleva a una primera y casi elemental reflexión: el gobierno no está pensando, mejor, planeando estratégicamente, es decir a mediano y largo plazo una economía para la paz y sigue anclado en una economía para la guerra.

Esto es más que evidente cuando revisamos la distribución del gasto. Contrario al propósito del Ministro de asignar equitativamente los recursos y promover la austeridad en el gasto, encontramos inequidades abismales.

Desde una mirada general, veamos que subió, que bajó y que quedo igual en el presupuesto, en perspectiva del énfasis social anunciado y requerido.

Educación, salud e inclusión social, como ya lo dijimos, suben, pero la inclusión subsidiada y asistida, no es una política seria contra la pobreza ni para la reparación de las víctimas; el presupuesto en el sector agropecuario, causa central del conflicto y primer punto de la agenda de La Habana sigue siendo precario pese a su reducido aumento (siendo aún más precaria la asignación para restitución de tierras, como veremos); paradójicamente baja el presupuesto en Ambiente y Desarrollo con una participación de apenas 0,3% del total del presupuesto, buena parte dedicado a seguimiento a las licencias ambientales (esperamos que a favor de los intereses comunes y no de los intereses corporativos) y en cultura, que representa solamente un 0,2% del presupuesto. La pregunta frente a estas reducciones presupuestales, que se consideran estratégicas para la paz, es ¿y entonces con que respondemos a la tan mencionada paz territorial que abandera este gobierno? ¿Cuándo en las regiones y territorios la crisis ambiental es rampante y arrasadora y la locomotora minera se extiende? ¿Y cómo construimos y fortalecemos la cultura para la paz cuando el eje cultural, en toda su complejidad, sigue siendo la cenicienta y en vez de crecer se reduce? Obviamente la cultura para la paz no es un asunto de un ministerio o un sector pero en alguien debe recaer el liderazgo institucional para emprender esa tarea y el sector de educación y cultura están llamados hacerlo.

De otro lado aumenta la inversión en minas y energía (un aumento  superior al otorgado al agro) justificándose en la necesidad de sostener el abastecimiento interno de petróleo y alimentar los ingresos para inversión social, lo que resulta a todas luces incoherente si se mantiene la política petrolera actual, las modalidades contractuales con las empresas, las exenciones tributarias a la Inversión Extranjera y el sistema de regalías, que no le dejan al país las rentas justas y sí aportan significativamente con la degradación ambiental, el despojo territorial  y la permanencia de la violencia en las regiones productoras.

Lo que no deja de preocupar, pese a que se ha dicho cientos de veces, es la enorme partida presupuestal asignada al sector defensa y policía. Es claro que la firma de acuerdos con la insurgencia cerraría el conflicto armado con uno de los actores de la guerra (las guerrillas, cuyo combate ha justificado durante años el altísimo gasto en defensa, según los gobiernos) y que las negociaciones se dan en medio de la confrontación armada; además siguen vivas diversas estructuras criminales que no han sido desvertebradas ni atacadas y que además mutan y se dividen/ fusionan en nuevos actores o al menos en nuevas denominaciones, es el caso de las estructuras paramilitares que siguen operando y controlando los territorios y las economías.

Sin embargo, la lógica de mantener la importante asignación de recursos al sector defensa, en un escenario de posconflicto, como el planteado por el gobierno, no responde a la necesidad de combatir a las organizaciones neoparamilitares, narcotraficantes y otras más que reproducen la violencia, disputan el dominio de los territorios y las poblaciones y manejan dinámicas económicas que transitan entre la legalidad y la ilegalidad.

No, lamentablemente la voluntad política de este gobierno no ha sido certera ni radical frente a la criminalidad, empezando por la que está dentro del mismo Estado, y menos aún la voluntad del ejército y la policía, que continúan participando de prácticas, estructuras y políticas contrarias a los Derechos Humanos y la legalidad. Tampoco se puede seguir justificando en el combate a las guerrillas, especialmente a las FARC cuyo accionar militar se ha reducido en el marco de las negociaciones, han manifestado su voluntad de un cese al fuego bilateral y según el mismo Estado, se encontrarían menguadas militarmente; entonces, ¿porque el gobierno no muestra siquiera la intención de reducir o limitar progresivamente el presupuesto para la defensa? La urdimbre de intereses económicos, estratégicos y políticos que se relacionan con el sector defensa podría dar una respuesta.

Por eso resulta necesario volver a insistir en tres aspectos que deben evaluarse si se quiere verdaderamente pensar en una economía para la paz y unas políticas de desarrollo coherentes con ella: el primero, que no será debatido por este gobierno y seguramente tampoco lo harán los que vengan, a menos que se dé un cambio político sustancial, es el pago de la deuda y la necesidad de revisar los mecanismos, lógicas y consecuencias que este gasto entraña en lo social (para 2015 casi 50 billones de pesos van a pago del servicio de la deuda de los cuales 19 billones corresponden a intereses);

El segundo aspecto, factible y que ya ha empezado a discutirse, es la política tributaria. El gobierno propone encontrar los 12.5 billones que le hacen falta al presupuesto y que se supone son los que tendrían una destinación específica en los pos acuerdos, a partir de la extensión del 4 por mil y del impuesto al patrimonio. A los gremios les preocupa que el impuesto al patrimonio “desestimule” la Inversión Extranjera Directa, pero a otros analistas y organizaciones sociales nos preocupa que el Gobierno no haya dado pasos más decididos  hacia la tributación de los grandes capitales. La lógica económica y el sentido común, en clave de equidad y redistribución de la riqueza, nos indicaría que en materia tributaria deberían “endurecerse” los impuestos a los capitales golondrina, que como lo indican Edna Bonilla y Jorge Iván González no fueron grabados en el periodo de gobierno pasado, en cambio sí lo fueron los sectores medios y las clases trabajadoras.

También deberían eliminarse las exenciones  tributarias a las empresas que explotan los bienes comunes de la nación, los “recursos naturales” y al sector financiero. Y también, teniendo en cuenta los índices de concentración de las tierras y el usufructo del suelo y el subsuelo para la acumulación privada, en gran parte foránea, debe implementarse la tributación  para los grandes propietarios y las grandes inversiones en agroindustria y  otros sectores.

Finalmente el tercer aspecto y quizás el más difícil. La revisión seria del presupuesto asignado a defensa y policía. Este sector recibirá más de 28 billones de pesos para el 2015, manteniendo su partida por encima de trabajo y salud y por supuesto de Ambiente y Desarrollo (lo supera 56 veces) y del sector agropecuario al que se le asignó cerca de la séptima parte del presupuesto asignado a defensa. Pero, para ilustrar la magnitud de la incoherencia y la poca pertinencia del presupuesto frente al propósito de un plan de desarrollo para la Paz, mostraremos solo algunos datos comparados.

SECTORES Y ASIGNACIONES

SECTOR DEFENSA Y POLICIA

Sector Agropecuario
Asignación 4,4 billones
Desarrollo y Competitividad del sector 3,4 billones

Sector defensa
Asignación 28 billones
Solo en Bienes y Servicios del sector 4,7 billones

Reparación a víctimas
Formalización, titulación y restitución de tierras 151 mil millones de pesos
Ayuda Humanitaria a víctimas y desplazados DPS 885 mil millones
Fondo para reparación de víctimas 640 mil millones
Fondo para población desplazada 685 mil millones

Sumados todos los rubros señalados en reparación a víctimas apenas alcanzan la mitad del presupuesto asignado a Bienes y Servicios del sector defensa.
Los gastos de personal del sector defensa 13 billones de pesos casi duplican la asignación que el gobierno dice haber otorgado a las víctimas
Con el presupuesto asignado a restitución de tierras se busca adjudicar 250 mil Ha de 6 millones 142 mil Ha abandonadas o despojadas. Difícilmente se cumplirá esa meta así como no se cumplió mínimamente en el cuatrienio anterior y si así fuere, en supuesto ideal, con el presupuesto asignado se tardaría varias décadas en cumplir con la restitución

El presupuesto del sector Minas y Energía, Ambiente, Cultura y Agrario no alcanzan a sumar los 13 billones asignados a personal en el sector defensa

 

Otros datos que ilustran no sólo la inequidad en la distribución del gasto social frente al sector defensa, son por ejemplo, las amplias diferencias entre los recursos asignados al Congreso de la República en pensiones, cesantías y vivienda, que ascienden a 264 mil millones, frente a los 151 mil millones asignados para la restitución o lo asignado a la salud Pública para el próximo año: solo el presupuesto de pensiones del Congreso supera 6 veces lo destinado al Instituto Nacional de Salud y otro tanto o más, de lo destinado al Instituto Cancerológico.

Como estas hay muchas más reflexiones en torno al presupuesto, a las políticas públicas y sociales, así como a la institucionalidad para la paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos viene presentando a la sociedad colombiana para el próximo año y el período posterior a la posible firma de los acuerdos de paz; pero, pese a que los acuerdos se den, el camino para la construcción de la paz con justicia social y con una política de Derechos Humanos integral está lejos de lograrse si se continúa por la senda de la incoherencia, el privilegio al sector privado y a los grandes capitales, la contradicción y la poca concreción de la voluntad política de paz manifestada y adelantada por este gobierno; la paz estable y duradera, la reparación integral a las víctimas y la verdad, justicia y garantías de no repetición para el todo el pueblo colombiano, pasa por la solución de las causas estructurales del conflicto político, social y armado en Colombia y por el consecuente replanteamiento del modelo de desarrollo para la guerra hacia un modelo de desarrollo para la paz.

Edición N° 00418 – Semana del 26 de Septiembre al 2 de Octubre – 2014
 
 
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