La resilencia de la prohibición

  Ricardo Vargas M.
  Sociólogo
   
 

Define la Real Academia de la Lengua la palabra resilencia desde el punto de vista de la psicología, como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas, y desde el punto de vista de la mecánica, como la capacidad de un material elástico para absorber y almacenar energía de deformación.

Homologando el término, en el hemisferio americano corren vientos de resilencia para el prohibicionismo, aun teniendo en cuenta la serie de duros cuestionamientos a esa visión y tratamiento de los psicoactivos proscritos. No obstante, el peso de Washington y de la burocracia de Naciones Unidas sobre drogas, facilitado por la apatía de países de peso en toda la región como Brasil, entre otros, ha permitido que se prolongue su vigencia, con un discurso diplomático que está construyendo una narrativa tal, que le puede permitir décadas de vigencia aunque no sin tropiezos.

Una pieza documental en ese sentido es la Declaración “REFLEXIONES Y LINEAMIENTOS PARA FORMULAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS INTEGRALES FRENTE AL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS EN LAS AMÉRICAS”, acordada en el marco de la CUADRAGÉSIMO SEXTO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES de la OEA el pasado 19 de septiembre de 2014 en ciudad de Guatemala.

Se trata de un documento que incorpora de alguna manera una tímida perspectiva conceptual de reducción de daños a la política de la prohibición y que se ha caracterizado por la implacable imposición de un enfoque de guerra a las drogas o de cumplimiento de la ley (low enforcement), lo que ha implicado criminalizar usuarios, productores y portadores de pequeñas cantidades de sustancias declaradas ilegales con muy altos costos sociales, económicos, de legitimación estatal, judiciales, ambientales y de violencia, como lo muestran elocuentemente casos recientes como el de México.

Pero, este enfoque de reducción de daños, extendido selectiva y limitadamente a otros niveles de la cadena de drogas distintas al uso, es bastante frágil. Y esa restricción está dada por el reconocimiento expreso en la declaración de dos aspectos cruciales:

1. La “importancia de la implementación efectiva de las tres convenciones sobre drogas de la Organización de las Naciones Unidas que constituyen el marco del sistema internacional de fiscalización de drogas”.

2. La vigencia del enfoque secular de la prohibición, esto es, la reducción de la oferta y de disminución de la demanda.

Con ese reconocimiento a las convenciones, se esfuma la posibilidad que en el 2016 Latinoamérica como bloque o incluso país alguno, lleve una posición de reforma de las Convenciones ante la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas. De esa manera los lineamientos internacionales de la prohibición quedarán en pie en ese evento dado que la única región donde se ha dado un movimiento de discusión que pudiese culminar en un llamado internacional a reformas de fondo, ha sido de alguna manera Latinoamérica.

La vigencia del enfoque de reducción de la oferta y disminución de la demanda deja en pie, de un lado,  la militarización del combate al narcotráfico con un leve llamado a “medidas integrales y equilibradas” y de otro, matiza la reducción de la demanda con “campañas” dirigidas a sectores vulnerables, más que la formulación de una política o estrategia en esa dirección.

Los contenidos de la reducción de daños parecen recoger lustros de reflexión y lobby político de activistas, académicos, ONG, centros de pensamiento sobre drogas que han venido desarrollando una incidencia sobre algunos gobiernos, pero también acopia elementos que están en la base de las pocas experiencias en el hemisferio que desarrollan prácticas alternativas a la prohibición como en el caso de Uruguay.

Argumentos como la revisión periódica de las políticas adoptadas buscando centrarlas en el bienestar de las personas; la búsqueda de una mayor comprensión de las causas del fenómeno de las drogas y prevenir costos sociales; la promoción de políticas equilibradas en seguridad ciudadana, salud pública, derechos humanos y reconstrucción del tejido social; la proporcionalidad de los daños y las penas, las alternativas al encarcelamiento, la perspectiva de género; la reducción del hacinamiento carcelario y la recuperación de criterios de derechos humanos, son pautas elaboradas durante años y la declaración recoge este tipo de criterios.

Lo demás se acerca al viejo discurso: medidas de control sobre insumos químicos para elaborar psicoactivos, alertas sobre nuevas sustancias, desarrollo alternativo integral y/o preventivo, etc.

Todo lo anterior enmarcado en el reconocimiento a la autonomía de cada país, en sus condiciones institucionales y políticas, en su legislación, con lo cual los principios enunciados pueden tomar distancias, de acuerdo a la discrecionalidad de los poderes dominantes.

Así por ejemplo, la declaración de la Asamblea extraordinaria de 2013 recogió palabras más o palabras menos los mismos argumentos y recomendaciones del 2014. No obstante y a propósito del llamado sobre políticas equilibradas,  Colombia sigue fumigando indiscriminadamente los cultivos ilícitos produciendo serios impactos en desplazamiento forzoso, daños ambientales, dispersión de la población y crisis económica y social, en las comunidades campesinas, negras e indígenas. A modo de ilustración,

Tras la firma de un acuerdo binacional para regular las aspersiones de glifosato en septiembre de 2013, la fumigación en la frontera colombo-ecuatoriana se reanudó en enero pasado. Campesinos y organizaciones de la zona se quejan de los perjuicios de la aspersión química.1

O decisiones fuertemente desequilibradas como la tomada por el presidente Santos en abril de 2014 de hacer explotar los centros locales de distribución de drogas, argumentada como “una forma contundente para enfrentar el narcotráfico a menor escala en el país”.2

Y estamos hablando de uno de los países que lidera en la región la necesidad de discutir la política de drogas. Es decir, la narrativa de las declaraciones tienen un curso retórico, mediático y otra cosa muy distinta es el tipo de acciones que en el interior de cada país se siguen tomando. Este tipo de ejemplos como el de Colombia vale para Nicaragua, Bolivia, Brasil, Perú, etc. No obstante, existe un amplio número de observadores (en estricto sentido) que, a partir de esa influencia mediática, consideran que las cosas efectivamente están cambiando en materia de drogas en Latinoamérica.3

La conclusión acá es que algo va de la retórica de las declaraciones a la realidad de las políticas a nivel nacional y que el panorama serio de observación deben ser las situaciones específicas que vive cada país en esta materia. Uruguay en ese sentido, toma una distancia política y asume pragmáticamente una respuesta razonable, alejándose de los deleznables terrenos de la retórica tan cara a países como Colombia o de medidas extremistas como inútiles de producir la implosión de los centros de distribución de drogas.

Una mirada optimista puede legítimamente reclamar que ha habido un avance importante en la percepción de la OEA sobre el tema de las drogas. Pero, esa misma perspectiva debería asumir de igual manera con mucha responsabilidad, un proceso de contraste de la situación de usuarios, productores, personas que usan sus cuerpos para transportar drogas, expendedores de zonas marginales, etc. en cada país de los que fácilmente firman ese tipo de declaraciones. Hemos aludido al caso colombiano y ahí se puede observar el serio contraste entre la declaración y la realidad de las políticas.
Pero, más allá de las victorias pírricas de haber obtenido el uso de un lenguaje progresista de reducción de daños manteniendo la estrategia de la prohibición, la pregunta pertinente es la que formuló el general Óscar Naranjo hace un año: ¿Puede esa estrategia derrotar la economía criminal?

“El balance, cuando se revisan dos décadas tratando de superar la página del narcoterrorismo, es agridulce, entre el éxito y el fracaso. Fue un éxito haber demostrado que por poderosa que sea una organización criminal (Pablo Escobar) nunca se impondrá sobre el Estado. Fue un éxito haber contado con el valor de una prensa libre que elevó su voz para denunciar y exigir resultados. También fue una lección de éxito haber enfrentado con entereza la reforma policial para señalar que el único camino para asegurar el cumplimiento de la ley es que las instituciones obedezcan a principios de integridad y transparencia y reconozcan sus debilidades y las visibilicen para corregirse.

Desde la otra orilla aparecen también fracasos que tienen que ver con nuestra incapacidad para derrotar las economías criminales, que son la base de motivación y regeneración de las estructuras de delincuencia organizada, pues la verdad es que muy a pesar de las miles de capturas de narcotraficantes, su capacidad para reciclarse y mutar a nuevas formas de organización, tiene origen en las rentas ilegales”.4

Esta pregunta sigue siendo válida aún en el contexto optimista de acoger con realismo los términos consignados en declaraciones como la de la OEA 2013/2014, en el sentido de involucrar una perspectiva de reducción de daños en su implementación. Y es muy difícil argumentar una respuesta positiva a la pregunta. Y es justo ahí, donde toman vigencia los aprendizajes sobre procesos de regulación que si le apuntan a derrotar la competitividad de las estructuras criminales que explotan rentas ilegales.

Todo lo anterior es coherente en el contexto de una discusión y uso específico de políticas públicas sobre drogas ilegales. El problema se hace aún más difícil  cuando dichas políticas son usadas para fortalecer otras agendas o intereses que van mucho más allá del tema de los psicoactivos ilegales. Y esa es la otra realidad del problema que contribuye a contrastar la retórica de principios progresistas. Desde Nicaragua hasta Colombia, Desde Brasil hasta Estados Unidos han sabido usar la agenda de drogas para fortalecer sus expectativas de seguridad en sus entornos geopolíticos. Pero, esta es otra compleja discusión que ha sido subestimada por tirios y troyanos en materia de drogas y sin embargo, constituye un escenario inexplorado para aportar al debate internacional, permitiendo establecer responsabilidades que desnudan los juegos de los grandes poderes o de aquellos emergentes.

La resilencia de la prohibición también se alimenta de la construcción de miedos al ciudadano inerme luego, de narrativas de exaltación de la seguridad. De la crisis de la guerra a las drogas emerge pues, el discurso de la lucha contra el crimen organizado, donde caben nuevas amenazas de verdades construidas y que permiten el control de la sociedad disciplinando su cotidianidad. No importa mucho que esa misma criminalidad sea parte del poder político. Ese no es el problema.

Edición N° 00418 – Semana del 26 de Septiembre al 2 de Octubre – 2014

1 Véase Gómez, Alexandra Ximena, “Las fronteras del glifosato”, La silla vacía, abril 11 de 2014.

2 Véase “Santos ordena demoler expendios de drogas en el país” en Noticias RCN: http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/santos-ordena-demoler-expendios-drogas-el-pais. “Comenzó en Bogotá y Antioquia demolición de casas usadas como 'ollas' del microtráfico”. En ElPaís.com.co, Abril 11, 2014.

3. Un buen ejemplo de este tipo de percepciones en García Sayán, Diego, “Drogas en América latina: algo se mueve”, El País, www.elpais.com, septiembre 11 de 2014.

4 Naranjo, Oscar “Con el fantasma de Pablo Escobar”, El Tiempo,  16 de Noviembre del 2013.

 
 
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