Fórmula “cremallera” por la equidad de género

  Maureén Maya S.
  Periodista e Investigadora social
   
 

Durante el primer debate (de ocho) para la reforma sobre equilibrio de poderes, se produjo un hecho que aunque fue catalogado de histórico en algunos sectores, para otros pasó desapercibido. Fue aprobado un artículo presentado por la senadora por el partido Alianza Verde, Claudia López para garantizar que las mujeres tengan una participación equitativa en las listas de los partidos a corporaciones públicas, y figuren de manera intercalada con los hombres, y no al final de las listas. Esta propuesta busca garantizar una participación hasta del 50 % (aumentando en 20 % lo dispuesto por la ley de cuotas) de las mujeres, pero su implementación no es sencilla.

“Esta es una gran victoria de las mujeres que no estamos representadas en la política, y es bueno que no solamente  en la promoción de los derechos, sino que en el derecho institucional se reconozca su participación”, afirmó López.1

El senador Carlos Fernando Galán considera positivo que se promueva una participación de las mujeres y que no sea un relleno, sino una promoción del liderazgo de las mujeres. “La lista cerrada garantiza que sea una participación real”.2

Si bien se trata de una medida adoptada en varios países del mundo con el fin de promover la participación de la mujer en los asuntos públicos, ha generado también reacciones de rechazo y preocupación. “No sé si es constitucional que le imponga a los partidos cómo funcionan” afirmó el Senador Armando Benedetti, quien se preguntó por lo que podría suceder en caso de existir un partido feminista. Por su parte, el presidente del Senado, José David Name, declaró que el voto obligatorio y la lista cerrada no son compatibles, “sencillamente porque Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla quedarían con un poder sobre las demás ciudades, [lo] que no es realmente democrático y afecta las minorías”.3 También dijo que aun cuando el tema de la lista cremallera es un tema loable que puede ocurrir en un país perfecto, en Colombia es muy difícil conseguir suficientes candidatas para las listas al Senado.

El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Duque, consideró que esos derechos pueden atentar contra el trabajo que se han tenido en las diferentes regiones los senadores de tantos años, porque “mujeres por el simple hecho de ser mujeres, que no tienen un trabajo político, tengan que estar en la lista es una gran equivocación”.4

El tema sobre garantías para una efectiva participación de la mujer en la vida política del país y en asuntos que atañen al común de la sociedad no es tema reciente, ni se ha empezado a discutir a propósito de los Diálogos de Paz de la Habana, Cuba; ya desde hace varios años se han analizado y aplicado medidas tendientes a satisfacer los derechos a participar en condiciones de equidad, aunque han sido medidas insuficientes.  En el 2011, durante la Cumbre Nacional de Mujeres Electas, organizada por ONU Mujeres, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, apoyó introducir en el Código Electoral una cuota de participación electoral del 50% para mujeres.”5 La iniciativa no prosperó.

Ley de cuotas, un avance pequeño

En Colombia se sancionó la Ley 581 de 2000 conocida como Ley de Cuotas, por medio de la cual se disponía que el 30% de los altos cargos públicos fueran ejercidos por mujeres.  Esta ley fue entendida por algunos sectores como una política de concesión, que si bien representaba un acceso a los espacios de decisión al garantizar la participación de la mujer en los altos niveles de toma de decisión, no constituía una real política de equidad de género. El artículo 4 de esta Ley, sobre participación efectiva de la mujer, ratificó que mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles dentro de la estructura de la administración pública, tenían que ser ocupados por mujeres, garantizándose además una adecuada y efectiva participación en todos los niveles de las ramas y órganos del poder público. Sin embargo, una participación del 30% frente a un 70% masculino no era del todo equitativo, aunque si representaba un avance.6

La ley 1475 de 2011, consagró el principio de igualdad de género al declarar que “los hombres y las mujeres gozarán de igualdad de derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas y acceder a los debates electorales así como obtener representación política”. Asimismo, esta Ley obligó a que las listas que presenten los partidos políticos al Senado y Cámara de Representantes, cuando hayan más de cinco curules para asignar,  estén integradas por mujeres al menos en un 30%. Sin embargo, en las elecciones de asambleas departamentales y concejos municipales realizadas durante ese año, algunos partidos políticos se quejaron porque la medida obligó a hacer modificaciones o “rellenos” de última hora para poder cumplir con este nuevo requisito. En elecciones posteriores los partidos pudieron apropiarse de la disposición y contaron con del debido tiempo para elaborar sus listas de acuerdo con la norma.

En las pasadas elecciones al Congreso, se postularon 750 mujeres  (32,73% de los 2.291 candidatos que aspiraron a ser congresistas). Si bien se registró un incremento con relación a las elecciones celebradas en el 2010 cuando sólo el 19,82%, de los aspirantes eran mujeres, (de 2.224 aspirantes 441 eran mujeres), las cifras actuales no permiten hablar de una cabal política de equidad. En estas elecciones, el controversial partido Mira mediante lista cerrada introdujo el ‘sistema cremallera’, alternando un hombre y una mujer para garantizar una participación política femenina equitativa.7

La ley de Cuotas no se aplica en todo el territorio nacional; de hecho en 19 departamentos los partidos no están obligados a incluir al menos un 30% de mujeres en sus listas porque en las respectivas circunscripciones se asignan menos de cinco curules. Esto quiere decir que en más de la mitad del país (57,57%), donde se elige a casi un tercio (29,51%) de los Representantes a la Cámara, no aplica la cuota mínima de género.8

Mucho más que una Ley de Cuotas

La Ley de cuotas para las mujeres en Colombia no fue una medida novedosa, tampoco garantizó una equidad real entre ambos sexos ni logró trasladar el debate político a las acciones que debían emprenderse para procurar una efectiva transformación mental y cultural en la sociedad. Antes de que se implementara la Ley 581 de 2000, noventa y ocho países ya la aplicaban; de hecho en los países nórdicos se empezó a implementar desde la década de los ochentas, y en 1992 se adoptó la ‘Declaración de Atenas’ por una democracia paritaria en la primera Cumbre Europea "Mujeres en el Poder", con el objetivo de promover y garantizar la efectiva participación electoral femenina. Algunos estudios dedicados a evaluar su implementación y desarrollo, demuestran que ha funcionado, pero también que se ha equivocado en su enfoque social y cultural al haberla interpretado como un simple elemento de discriminación positiva a través del cual se hace una concesión a una parte históricamente vulnerada y excluida de la sociedad, pero no logra transformar sus causas ni reconoce las necesidades específicas de las mujeres.

“Los gobiernos que incluyen la cuota tienen un 18,2% de mujeres en el Congreso y los que no la tienen es del 11,5%. Pero, el progreso en ese sentido no es uniforme. Mientras que en Argentina, el primer país en tener una cuota del 30%, la representación en el Senado ha aumentado en una tercera parte desde 1996, en Brasil ha disminuido, aunque este país cuente con una mujer como jefe de Estado. De los 35 países que integran América latina, sólo seis (el 17%) tienen una mujer como primera mandataria; cuatro de ellos tienen mujeres presidentas y dos cuentan con Primera Ministra.9 De los 194 países que existen en el mundo, en enero de 2014 sólo 17 (un 9%) tienen una Presidenta o Jefa de Gobierno. En Europa, de un total de 50 países sólo seis (el 12%) tienen una mujer al mando de sus respectivos gobiernos (Alemania, Dinamarca, Eslovenia, Lituania, Noruega y Suiza). En los 41 países de Asia, el número baja a 3 (el 7%) (Bangladesh, Corea del Sur y Tailandia). Y a sólo 2 (4%), en los 54 países que forman África (Liberia y Malawi). Ninguno de los 14 países que integran Oceanía, tiene hoy una mujer al frente.10

Es llamativo también que en Cuba el 48,86 % de los escaños en el Parlamento son ocupados por mujeres y que éstas a su vez, representen el 63 % de la matrícula universitaria en el país.

Para varios analistas es claro que más allá de una cuota de género para la participación política, es necesario proponer un sistema político que promueva y garantice una efectiva igualdad entre hombres y mujeres, y qué este se exprese de manera efectiva mediante una apropiación cultural, y no como respuesta a una imposición que debe cumplirse para no vulnerar alguna norma.

Más allá de una urgente equidad en los espacios de participación, que no debe ser inferior al 50%, debe considerarse la urgencia de implementar un enfoque de género. Las mujeres no son ciudadanas de segunda y el lenguaje de inclusión, que adoptan muchos ciudadanos y que obedece a la necesidad de nombrar lo femenino y asignarle una existencia social y política activa, debe redundar en la conciencia y en el accionar social. Además de un lenguaje incluyente, debe promoverse una política que impulse la solidaridad, el compromiso masculino en tareas sociales históricamente adjudicadas a las mujeres, como la atención de los hijos y del hogar, y que reconozca las diferencias y necesidades particulares de las mujeres.

La ley de cuotas, que sin duda buscaba compensar una discriminación histórica contra las mujeres, y parte de reconocer la existencia de una realidad social y política discriminatoria y la necesidad de impulsar modificaciones, debe ir más allá de lo legal, debe contemplar elementos culturales y de carácter simbólico que incidan en la conciencia de la sociedad. En varias esferas de la vida pública y privada siguen existiendo espacios vedados para las mujeres, sobre todo en escenarios de poder o en las altas jerarquías.  Por ejemplo, al interior del clero, de las FF MM, o incluso en órganos de la misma justicia, como las altas Cortes, sólo una minoría de mujeres logra acceder a las más altas dignidades.

La paz no va sin las mujeres

La magnitud de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano, en el cual ellas son tomadas como botín de guerra para diezmar al contrario o con el fin de imponer  el control social y territorial, en especial por parte de los grupos paramilitares, en algunas regiones, reclama tanto de una profunda acción psicosocial, como  de la implementación de acciones de prevención, desde un enfoque de género.11 Prostitución forzada, esclavitud y violencia sexual, las violaciones sistemáticas de las mujeres como una táctica de guerra, son algunas formas de violencia que han sido reconocidas nacional e internacionalmente. Incluso en varios países se concede el estatuto de refugiado sobre la base de la persecución por motivos de género, incluida la mutilación genital de las mujeres y las niñas, el matrimonio forzado, el aborto forzado, los crímenes de honor y la violencia doméstica.

María Villellas Ariño, investigadora de la Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, escribió en el 2011, en un artículo titulado “Las mujeres en los procesos de paz” que “las organizaciones de mujeres son un actor muy relevante en la promoción de una salida dialogada a los conflictos armados, y en numerosas ocasiones han protagonizado llamamientos a los actores armados para que se ponga fin a los conflictos por la vía política.”12

En el 2013 la oficina para Colombia de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y varias organizaciones de mujeres de todo el país,  realizaron la “Cumbre Nacional Mujeres y Paz” con el objetivo de compartir experiencias  de otros países sobre la participación de las mujeres en la resolución de conflictos y diseñar un pliego de propuestas dirigido a la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba. Las mujeres declararon al final del encuentro que para lograr una paz estable en el país,  es necesario garantizar la inclusión democrática de las mujeres en los espacios políticos - especialmente en el proceso de paz- , impulsar una reforma agraria con enfoque de género, una política integral de reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado e implementar cátedras sobre mujer y derechos como parte del pensum académico tanto en colegios como en universidades.

El derecho de las mujeres a participar en procesos de negociación y diálogo con miras a alcanzar la paz, ha sido reconocido por las Naciones Unidas.

El 31 de octubre de 2000 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 1325 para la adopción de una perspectiva de género que reconozca las necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y reasentamiento, la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción en tiempo de post-conflicto. “Es el primer documento formal del Consejo de Seguridad que exige a las partes en conflicto que respeten los derechos de las mujeres y apoyen su participación en las negociaciones de paz y en la construcción post-conflicto. La resolución fue iniciada por Netumbo Nandi-Ndaitwah, entonces Ministro de Asuntos de la Mujer en Namibia, cuando el país presidía el Consejo de Seguridad.”13

Asimismo, la Resolución 2122 del 2013 del el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujer, Paz y Seguridad, exhorta a los estados a poner en práctica métodos para incluir a las mujeres en las agendas de negociación, reconstrucción y lucha contra la desigualdad y sus consecuencias. Su objetivo es combatir las amenazas, vulneraciones y abusos de derechos humanos que padecen las mujeres en situaciones de conflicto armado y de postconflicto, así como impulsar una participación activa en los procesos de construcción de paz.

La lista “Cremallera” puede representar un avance importante, esencial si se quiere, pero más allá de este paso, está medida tiene que ir acompañada de un componente pedagógico que naturalice lo que debería operar como regla elemental dentro de un sistema democrático, que modifique las estructurales mentales con énfasis patriarcal que imperan tanto al interior de la sociedad como de los órganos de poder y de control del Estado colombiano.

Una visión de género es indispensable para empezar a reconstruir un país mutilado por la guerra; para empezar a identificar otras maneras de relacionarnos, de mirarnos y de reconocernos entre todos y todas como ciudadanos con capacidad de proponer una realidad más acorde con nuestros anhelos y  con nuestras demandas.

Nota/ Es necesario que las ramas del poder público den muestras de generosidad y reflexión histórica y logren anteponer a sus propias ambiciones, la necesidad de crear un Tribunal de Aforados o como quieran llamarlo, pero que ponga fin a una ineficiente, corrupta, politizada e irresponsable Comisión de Investigación y Acusación (o de Absoluciones, como se le conoce) que durante décadas ha sido incapaz de investigar y juzgar de acuerdo a sus competencias y funciones.

La equidad de género, un asunto inaplazable

Desde la Edad Media, y a través de todo un proceso histórico que es teorizado bajo la Ilustración y discutido abiertamente luego de la revolución francesa, a partir de dos publicaciones emblemáticas, como la ‘Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana’, en 1791 escrita por Olympe de Gouges, dos años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y de la publicación del texto “Vindicación de los derechos de la mujer”, escrito por la filósofa y escritora inglesa, Mary Wollstonecraft un año después, las luchas feministas o emancipadoras de las mujeres –los últimos esclavos en ser liberados-, empiezan a ser objeto de serios y prolongados debates políticos. A de finales del siglo XIX el surgimiento del movimiento sufragista, el desarrollo de la Teoría feminista y el surgimiento de gran cantidad de vertientes como el feminismo marxista, radical, separatista, filosófico o el transfeminismo, entro otras tanta manifestaciones, algunas sociedades empiezan a comprender, -cada una a su manera a su ritmo- que no posible avanzar en la construcción de una sociedad moderna y genuinamente democrática mientras se desconozcan los derechos de la mitad de sus ciudadanos. La necesidad de promover transformaciones sociales, políticas y culturales que profundicen la democracia, que garanticen la igualdad de derechos entre ambos sexos y modifique el rol de subordinación de la mujer a fin de lograr su pleno reconocimiento como sujeta política de derechos mediante un efectivo y pleno ejercicio ciudadano, la participación política en condiciones paritarias, el acceso a educación de calidad, a un trabajo bien remunerado y a niveles de mando y dirección tanto a nivel público como privado;

Uno de los objetivos de esta lucha es lograr que se reconozcan las particularidades femeninas y desde una perspectiva de género se formulen políticas y mecanismos idóneos de incidencia y participación social y política para las mujeres.

Edición N° 00419 – Semana del 3 al 9 de Octubre – 2014

1 En Revista Semana; “Mujeres estarían en listas de partidos con fórmula cremallera”. Sección Nación. Bogotá, 24 de septiembre de 2014

2 En El Nuevo Siglo; “Peros a voto obligatorio y lista ‘cremallera’”. Bogotá, 29 de septiembre de 2014

3 Ídem

4 Ídem

5 En La Silla Vacía; “Vargas Lleras avala cuota de mujeres del 50%. ¿Sirve para algo?”. Bogotá, diciembre 5 de 2011

6 Ver: Registraduría Nacional del Estado Civil; La mujer y su participación en la política colombiana

7 Acostamadiedo Eduardo y Cárdenas Daniel (investigadores de Congreso Visible); ¿Requisito o compromiso?: partidos políticos y mujeres en las elecciones al Congreso de 2014. Bogotá, febrero de 2014.

8 Ídem.

9 Dilma Rouseff en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y Michelle Bachelet en Chile. Igualmente en dos países se cuenta: Portia Lucretia Simpson-Miller en Jamaica y Kamla Persad en Trinidad Tobago.

10 WomenCEO; “Sólo 17 países tienen una mujer al frente de su gobierno, en la actualidad”, Madrid (España), enero de 2014

11 Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"

12 Velandia Jagua, Carlos Arturo; “Las mujeres en la Mesa de diálogos de paz”. En Revista Semana,Bogotá, noviembre 28 de 2013.

13 “Conferencia internacional sobre políticas de género en las Misiones de Paz”. Fundación Soldados, Argentina, abril 25 de 2012.

 
 
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