El futuro del tribunal de aforados

  Javier Revelo Rebolledo*
  Estudiante Doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Pennsylvania
   
 

El segundo debate de la reforma político-judicial de Santos está a punto de comenzar. Uno de los temas más polémicos tiene que ver con la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado (v.gr. Presidente, Vicepresidente, magistrados de las altas cortes, Fiscal General, Procurador, etc.). A mi juicio, el reto central de este debate consiste en diseñar un sistema de investigación y juzgamiento que promueva tanto la responsabilidad como la independencia de los altos funcionarios. Lastimosamente, como muestro en este texto, ninguna de las dos propuestas que se discuten en el Congreso lo logra.

Responsabilidad e independencia

En un Estado de derecho como el colombiano nadie, ni siquiera la persona más poderosa, puede estar por encima de la ley. Por lo tanto, ciudadanos, funcionarios y altos funcionarios deben responder por sus acciones cuando éstas violan la ley. Este es el principio de legalidad, según el cual el derecho no es sólo un instrumento para regular a los gobernados, sino también para controlar a los gobernantes. Acierta entonces la senadora Claudia López al promover un poderoso tribunal de aforados para que investigue y juzgue a los altos funcionarios.

¿Quiere esto decir que ciudadanos, funcionarios y altos funcionarios deben ser tratados por igual? No lo creo.

La necesidad de contar con altos funcionarios independientes del campo político es una razón de peso para admitir un trato diferente. El fuero constitucional de los altos funcionarios existe precisamente para evitar injerencias indebidas en sus actuaciones. Dado que los sistemas de responsabilidad podrían ser utilizados para manipular a los altos funcionarios, es necesario que el juez de los jueces también sea independiente. Por eso, las críticas del fiscal Montealegre al poderoso tribunal de aforados que defiende la senadora López también son acertadas.

Es posible entonces que tanto la senadora López como el fiscal Montealegre estén en lo cierto. Al proteger la independencia absoluta de los altos funcionarios se podría generar impunidad, como critica López, y al fortalecer un poderoso sistema de responsabilidad se podría afectar su independencia, como critica Montealegre. Por eso, el debate sobre la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios es un debate sobre los mecanismos para promover al mismo tiempo la responsabilidad y la independencia de los altos funcionarios.

En este contexto, los sistemas de investigación y juzgamiento pueden ser clasificados, al menos en teoría, según el poder que tienen y según su independencia del campo político (Congreso y Gobierno). La siguiente tabla muestra el resultado de esta combinación:

 

Independencia

 

Alta

Baja

Poder

Alto

1. Empoderado
Poderoso e independiente

2. Peligroso
Poderoso y poco independiente
(Comisión 1ª)

Bajo

3. Maniatado
Débil e independiente
(Ponencia 2º debate)

4. Inocuo
Débil y poco independiente
(Vigente)

Según esta tabla, los sistemas de investigación y juzgamiento poderosos, la primera fila de la tabla, pueden ser más o menos independientes. Aquí llamo “empoderado” (tipo 1) al sistema que es tanto poderoso como independiente del campo político, y “peligroso” al sistema que, si bien es poderoso, es poco independiente (tipo 2). Algo similar ocurre en los sistemas de investigación y juzgamiento débiles, esto es, la segunda fila de la tabla. El sistema estaría “maniatado” (tipo 3) si tiene poco poder para actuar, a pesar de su independencia, e “inocuo” (tipo 4) si carece tanto de poder como de independencia para actuar.

El sistema vigente y las dos propuestas

El sistema vigente para investigar y juzgar a los altos funcionarios podría ser clasificado como “inocuo”. Esto es así, porque es el Congreso quien se encarga de investigar y juzgar a la mayoría de los altos funcionarios mediante un juicio que es principalmente político. Según la Constitución de 1991, la Cámara Representantes investiga y acusa a los altos funcionarios para que el Senado los juzgue. El problema es que este sistema ha amparado la impunidad de estos funcionarios.

Para remediar este problema, hoy por hoy el Congreso discute dos propuestas que son insuficientes para transformar un sistema “inocuo” por uno “empoderado”, es decir, por un sistema que promueve la responsabilidad y la independencia de los funcionarios. Me explico.

  • La propuesta aprobada por la Comisión Primera. El Senado aprobó en el primer debate la creación de un poderoso tribunal de aforados que, a mi juicio, podría ser clasificado como “peligroso” (tipo 2). Según la propuesta, el Congreso únicamente investigaría y juzgaría al Presidente, al Vicepresidente y a los magistrados del tribunal de aforados.

El nuevo tribunal de aforados, por su parte, se encargaría de investigar y juzgar a los demás altos funcionarios, lo cual promovería su responsabilidad. Este poderoso tribunal, sin embargo, es poco independiente porque sus magistrados tienen un origen político (seis magistrados serían elegidos por el Senado de ternas elaboradas por el Presidente y la Cámara de Representantes, y otros tres magistrados serían elegidos por los seis magistrados iniciales).

Al aumentar el poder del sistema sin aumentar sustancialmente la independencia de sus magistrados se podría afectar la independencia de los altos funcionarios. De aprobarse esta propuesta pasaríamos de un sistema “inocuo” a uno “peligroso”.

  • La ponencia para segundo debate. Las duras críticas del fiscal Montealegre calaron en la coalición de gobierno, quien ahora impulsa un sistema que podría ser calificado como “maniatado”. Según el pliego de modificaciones que se presenta para el segundo debate, todos los altos funcionarios serían acusados por Cámara de Representantes y Juzgados por el Senado, como ocurre en la actualidad. La única diferencia es la creación de un mini tribunal de aforados que tendría únicamente funciones investigativas.

Este mini tribunal, sin embargo, es mucho más independiente que el poderoso tribunal que aprobó la Comisión Primera. Esto es así, porque sus cinco miembros serían elegidos por el Congreso de ternas que elaboraría el nuevo órgano de administración judicial. Al aumentar la independencia de un débil tribunal de aforados estaríamos pasando de un sistema “inocuo” a uno “maniatado”.

Conclusión

Ninguna de las dos propuestas que se discuten en el Congreso promueve tanto responsabilidad como la independencia de los altos funcionarios. Por un lado, el poderoso tribunal de aforados que impulsa la senadora Claudia López y que la Comisión Primera aprobó podría convertirse en un peligro para la independencia de los altos funcionarios. Por el otro, el mini tribunal de aforados que promueve el Fiscal y la coalición de Gobierno podrían mantener intacto el sistema de impunidad que hoy cobija a los altos funcionarios. Por eso, se podría combinar el poder del tribunal de aforados que aprobó la Comisión Primera con la independencia del mini tribunal que promueve el gobierno.

*http://works.bepress.com/javier_revelo-rebolledo

Edición N° 00420 – Semana del 10 al 16 de Octubre – 2014
 
 
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