Desde el origen de los tiempos el sindicalismo colombiano ha sido objeto de múltiples exclusiones y agresiones. La exclusión política y la violencia antisindical han sido dos de las estrategias utilizadas para evitar la consolidación del movimiento social de los trabajadores como una institución fundamental de nuestro sistema democrático.

La masacre de las bananeras en 1928, es el caso más emblemático dentro de las muchas acciones de violencia estatal que han intentado detener las luchas sindicales por los derechos colectivos y el estado social.

Las profundas desigualdades sociales de nuestro país se explican por la baja densidad sindical: 4% de la población ocupada, y la reducida cobertura de la negociación colectiva: 2%. La violencia antisindical contra la vida y la integridad física de dirigentes y activistas sindicales es responsable del debilitamiento y exterminio de organizaciones, y de la baja densidad y cobertura de la acción sindical.

Desde 1977 a hoy se han asesinado a 3.062 sindicalistas y han ocurrido 13.686 hechos de violencia, lo que sin lugar a dudas ha incidido en la reducción de la tasa de afiliación de un 15%, que existía en la década de los 70, al 4% de hoy.

En los últimos 37 años, cada año asesinaron, en promedio, 83 sindicalistas, y se ejecutaron 370 hechos de violencia. Las cifras de los años 2012 y 2013 muestran una reducción importante en los homicidios, pero un incremento ostensible en el conjunto de las diferentes tipologías de la violencia antisindical, en particular de las amenazas. Lo que muestra que la violencia antisindical se ha refinado para evitar el costo político del homicidio, se ha cambiado por modalidades más silenciosas pero probablemente de mayor daño en las estructuras organizativas.

En lo corrido de 2014 se presenta una ligera moderación en el global de la violencia antisindical, pero se mantiene la mayor participación de las amenazas y el hostigamiento como estrategia disciplinante del sindicalismo, por los antecedentes que se conocen y que instauran terror en las organizaciones sindicales dado los letales hechos de violencia en el país.

Aunque la tendencia de la violencia antisindical es descendente en los últimos 3 años, preocupa que el 83% de los casos registrados en 2013 fueron contra dirigentes sindicales. Esta variación sugiere un carácter selectivo de la violencia, que ubica víctimas que tienen una relación vinculante con la organización y el activismo sindical, y por tanto da señales de una violencia con una dimensión eminentemente colectiva que, aunque se dirige contra individualidades, éstas representan procesos y liderazgos que de formas diferenciadas terminan afectados.

Otro rasgo de la violencia actual contra el sindicalismo, es que esta se concentra en regiones donde ha crecido la dinámica sindical, como el Valle del Cauca, Santander y Atlántico.

Este oscuro panorama muestra que la violencia continúa siendo una de las prácticas antisindicales, que desde la intimidación y la exclusión física configura unos escenarios bastante negativos, los cuales impiden realizar la actividad sindical y la existencia del sindicalismo como un actor fundamental para dignificar el trabajo, defender derechos y construir democracia. Colombia sigue siendo, junto a Guatemala, uno de los países de mayor alto riesgo para el ejercicio de la actividad sindical a nivel mundial.

Frente a estos delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos de los sindicalistas, tenemos que la impunidad es altísima, promediando el 97%. Para el caso de homicidios es del 87%. Hasta el momento solo se han proferido 598 sentencias y se encuentran 1.545 casos en investigación, de los cuáles sólo en 808 se ha probado la calidad de sindicalistas. Sobre el resto no hay apertura de procesos.

Por lo anterior, la reparación colectiva es un tema priorizado por el sindicalismo en la agenda sindical para la paz. Se da por hecho que la violencia ha debilitado y desaparecido organizaciones sindicales, ha aniquilado convenciones colectivas, restado lugar a reivindicaciones sindicales, ha desmontado huelgas y movilizaciones, ha limitado la capacidad de resistencia sindical a leyes y reformas regresivas. Pero más grave aún, ha restado al sindicalismo la posibilidad de impulsar propuestas que transformen la realidad de marginalidad y exclusión en que viven las mayorías nacionales.