Nuevas amenazas a ONG y defensores de derechos humanos

  Eliecer Soto Ardila
  Sacerdote, Diócesis de Barrancabermeja
   
 

Posibles motivos e implicaciones contra los procesos pro-paz

Transcurridos 15 años del pretendido proceso de desmovilización de los aparatos militares de las denominadas AUC y 5 años de transición de un periodo presidencialista que rallaba con el autoritarismo y totalitarismo de Estado por parte del Ejecutivo, a un intento de recuperación del Estado burgués capitalista en camino de democracia con mayor participación de los estamentos sociales y estatales en la construcción de las políticas públicas y del orden social con el cual se entiende que disminuyen las políticas represivas con sus respectivas estrategias y acciones de control y sometimiento a los sectores sociales como institucionales que propugnan por hacer más real el Estado de Derecho y encausarlo al deseado Estado Social de Derecho; se esperaba que situaciones degradantes y atentatorias de la dignidad de los ciudadanos y comunidades se erradicaran de la cotidianidad política y social de los colombianos –en términos concretos- cesarían las presiones sobre sectores poblacionales que generaran desplazamiento forzado o confinamiento de otras comunidades para establecer control económico y político sobre ellas y sus territorios; que disminuirían notablemente las acciones de cooptación de las instancias u organismos del Estado por parte de sectores corruptos y criminales así como, un virtual cese de amenazas y acciones contra la vida, la libertad de expresión y el derecho de movilización tanto a nivel personal, grupal o sectorial y comunitario de los ciudadanos; también se esperaba no solo la disminución si no la erradicación de las muertes selectivas y de acciones como las llamadas chuzadas, desapariciones forzadas y los llamados falsos positivos tanto de índole militar como de índole jurídica.

La realidad actual nos muestra que si bien han disminuido prácticas como amenazas y muertes masivas y selectivas, estas prácticas no han sido erradicadas, todo lo contario, se mantienen aún en un número preocupante dado que una sola muerte selectiva, un solo acto de desplazamiento de comunidades y cualquier tipo de acciones atentatorias contra los derechos y libertades de los ciudadanos debe ser considerado un indicador de alerta de que aún existen vestigios de sectores empeñados en mantener el “status quo” y no ceder un milímetro de tierra, un punto porcentual de utilidades para redistribución del ingreso y disminución de la inequidad, es decir, nos refleja que el Estado y la misma sociedad desde la responsabilidad política del primero y la corresponsabilidad social del segundo se han quedado cortos frente al discurso y el propósito de recuperar la institucionalidad, fortalecer la democracia real y superar la exclusión e inequidad como condiciones básicas y esenciales para crear un auténtico clima de paz en el país.

Las nuevas amenazas a ONG y a defensores de Derechos Humanos, en un país que atraviesa una coyuntura en la que se supone se debería avanzar en hechos que expresen voluntad de paz y concreción del discurso y compromiso estatal de progresar hacia un estado más real de derecho, de “prosperidad para todos”, nos lleva a plantearnos posibles situaciones, a manera de hipótesis que darían explicación a esta aparente contradicción.

- Parecería contradictorio que, si ya no existen aparatos paramilitares (así lo afirman los actores estatales e intergubernamentales), si ha habido un cambio de gobierno con un viraje formal de políticas y estrategias en torno a la seguridad nacional y ciudadana que permitirían garantizar la integralidad de los Derechos Humanos, se hable hoy de que las Bacrim, que cada año cambian de nombre o denominación y no son otra cosa que el paramilitarismo reconfigurado, siguen ejerciendo control sobre comunidades enteras, de que las chuzadas tanto a ciudadanos como a actores políticos institucionales (Congresistas, Fiscales, Negociadores del Gobierno en La Habana y el mismo Presidente de la República), no cesan sino que se han generalizado al tiempo que aumentan las denuncias públicas de amenazas y atentados contra la vida de líderes defensores de Derechos Humanos y organizaciones no gubernamentales.

La percepción que se tiene en la región del Magdalena Medio Colombiano, a nivel de algunas ONG, es que las nuevas amenazas y atentados se vienen dando para constreñir organizaciones que pueden tener un rol importante en la presente coyuntura y el hipotético futuro de avances hacia la paz; a ONG que pueden aportar a la ejecución real y efectiva de las políticas de reconocimiento y recuperación a víctimas del conflicto, a posibles ajustes a leyes como la de restitución de tierras, que se darían desde la puesta en marcha de los compromisos que, se prevén, surjan de los futuribles acuerdos de desmovilización de grupos armados insurgentes.

- Es importante sumar a esta percepción otros elementos de análisis a partir, tanto del contexto de los nuevos diálogos (menos de cuatro años) como del contexto procesual de la pugna por el poder político y todo lo que ello implica, que libran dos sectores de la clase dirigente del país (desde hace más de cuatro años) y en el que se juega el control, de los planes de inversión y de desarrollo nacional y regional, así como de una mirada objetiva al verdadero desenlace del pretendido (¿y simulado?) proceso de desmonte del paramilitarismo durante el período 2004 a 2010.

- El proceso de desmonte del paramilitarismo, si bien disminuyó el volumen y cobertura del accionar de los llamados grupos de autodefensa armada, no alcanzó el pretendido objetivo de erradicar estos grupos de la cotidianidad colombiana, ni mucho menos limpiar y reparar el desastre que hasta entonces venía dejando dicha estrategia de represión y control a los ciudadanos. Lo que no pocos analistas y ciudadanos con mediana formación social podíamos colegir, era el hecho de que el pretendido desmonte constituía un formalismo institucional para dar el paso del momento militarista del proyecto paramilitar al momento de control político y económico de quienes realmente estaban dirigiendo los hilos del paramilitarismo (porque no eran ni Mancuso, Báez o Izasa), se trataba de desmontar el aparato de guerra que ya no se necesitaba para pasar a legalizar, por parte de los ocultos beneficiarios y dirigentes de dicha estrategia guerrerista, los logros económicos y políticos de dicha arremetida, pero dejando una reserva de aparato paramilitar para mantener un control de bajo perfil de esos procesos mafiocráticos que seguían incólumes o intactos aún con la desmovilización hecha. Uno de los elementos que da fuerza a esta percepción radica en el hecho de que no se erradicó la parapolítica, y no se hubiera visibilizado, si las ONG y los defensores de derechos humanos, no hubiesen hurgado y exigido al Estado actuar para desenmascarar la parapolítica como parte de esa estrategia de paso del momento militarista al momento de control político de proyecto feudal corporativista Transnacional y supraestatal que maneja, como un momento estratégico, la acción paramilitar y posteriormente la acción del poder político para legislar y gobernar en pro de sus interese a costa del bien común.

Gracias a la entonces naciente MOE, a líderes cívicos, de organizaciones campesinas, sindicalistas y otros y otras líderes sociales, se visibilizó el alcance de la parapolítica, dejando a los funcionarios del Estado sin pretextos para no actuar en línea de su desmonte y castigo, pero el Estado sólo toco a quienes ya habían caído en evidencia. No puso las medidas preventivas para evitar que la parapolítica siguiera viva en el país a través de los testaferros que permiten a los parapolíticos hoy presos o prófugos seguir gobernando y manejando sus “asuntos” en cuerpo ajeno; la muestra está en el Congreso y algunas gobernaciones y alcaldías del país, a esos parapolíticos a ese aparato operativo (Bacrim) de los negociosos mafiosos y hasta legales de quienes dirigen el paramilitarismo y la parapolítica les incomoda que permanezcan activas las ONG y los defensores de DDHH, pero como ya no pueden actuar al estilo de la fase militarista, deben acudir a las practicas mañosas de la coacción bajo simuladas acciones de delincuencia común o crímenes aislados con móviles distintos al político y social; las amenazas y los atentados son los mecanismos de control para minimizar el margen operativo de quienes hacen veeduría al cumplimiento de las garantías de derechos a los ciudadanos, garantías que incluyen las de no reincidencia o repetición de los actos del paramilitarismo de primera y segunda generación.

Pero hay un punto en este componente que pasa desapercibido: El país asumió que hubo (y permanece) paramilitarismo y parapolítica, pero ceso su análisis y el Estado ceso su investigación cuando se insinuó que detrás de paramilitares y parapolíticos estaban los verdaderos capos, es decir los para-empresarios nacionales y transnacionales; a excepción de Visbal Martello, ex presidente de Fedegan y ex embajador en Israel, no se ha investigado ni tocado a empresarios y empresas sobre las que hay indicios y señalamientos por parte de sectores sociales y víctimas de ser los propiciadores o activadores del proyecto paramilitar que, más bien, es un proyecto empresarial feudal con instrumentación paramilitar. Por tanto este componente de la reflexión nos lleva a vislumbrar que hay suficientes elementos para considerar que quienes han movido el paramilitarismo por vía de sus infiltrados en las distintas ramas del poder Estatal, que mueven el funcionamiento del país en línea de sus intereses “empresariales” seguirán empleando el terror y la “persuasión” (algún ex presidente empleaba mucho ese término) para desanimar a los sectores poblacionales que siguen insistiendo en la necesidad de hacer vigente el estado social de derecho hoy formal, más no real.

El contexto procesual de la pugna que se viene dando de manera visible desde hace cuatro años, cuando el hoy Presidente  de nuestro País, el Doctor Juan Manuel Santos, fue tomando distancia del anterior gobierno (del cual él formó parte) en cuanto a ciertas prácticas notablemente antidemocráticas para asumir un estilo formalmente democrático, que parte por la recuperación de la institucionalidad para el fortalecimiento del Estado y debilitamiento del para-estado, ha desatado un conflicto político de grandes proporciones; curiosamente no es conflicto de izquierda versus derecha sino de derecha versus extrema derecha y en cierto modo de la democracia a la usanza de la rancia oligarquía criolla neoliberal versus el totalitarismo y autoritarismo de un feudalismo disfrazado de nacionalsocialismo. Es tan notorio este conflicto, que a los sectores democráticos del país –sin importar derechas o izquierdas- no les quedó otra alternativa que generar un movimiento electoral por el bando que conserva un mínimo de democracia e institucionalidad para evitar que el país diera el salto mortal de la mafiocracia al Estado mafioso.

Hoy el Gobierno Santos vive la tensión de ejercer el poder con intenciones de institucionalidad burguesa pero con infiltración de actores que torpedean ese esfuerzo y lo torpedean golpeando todo asomo de política social que promueva Santos y toda iniciativa de diálogo social y político tendiente a recuperar la institucionalidad del país, en este punto las ONG y los líderes de DDHH saben que este escenario de pugna requiere apoyar al actual gobierno para propiciar ese proceso de dialogo social y reencuentro de las partes en conflicto que permitan construir un nuevo contrato social en el que todos “seamos capaces” de hacer sacrificios por la paz (no sólo los pobres que siempre los han hecho).

Es en este contexto en el que también surgen los enemigos de la equidad, de la inclusión y de la democracia real, tan fundamentalistas que consideran a Santos y su gobierno como traidor del capitalismo y de la democracia Burguesa, que tienen que acudir a esas prácticas de constreñimiento ya no sólo de la población y de los líderes sociales, sino también de los mismos representantes del liberalismo social hoy en el poder, lo que explica que no sólo agreden a las ONG y a los defensores y defensoras de los DDHH, sino que tocan al mismo presidente, sus ministros y delegados a los diálogos de La Habana, porque saben que hoy el país se juega, además de su soberanía y autodeterminación, además de la democracia, la continuidad de ellos en el poder y en el manejo de las políticas y dinámicas económicas y sociales del país para su beneficio particular; significa perder gran parte de la capacidad de convertir la renta pública en renta privada para ellos; máxime cuando la coyuntura de los diálogos de La Habana coincide con la coyuntura del incremento de la inversión extranjera directa en el país y de los meso y megaproyectos de índole extractivista y de enclave que ya se empiezan a ejecutar en el país y de los que ellos quieren ejercer el control. Ellos constituyen esa “mano negra” a quien se ha referido en varias ocasiones el mismo presidente Santos.

- Esos dos momentos y escenarios contextuales que han antecedido y acompañado la actual coyuntura de diálogos de la Habana y los acercamientos para diálogos con el ELN, nos llevan a comprender que ahora toman de nuevo valor las acciones de los distintos sectores sociales, incluso contrarios entre sí, algunos polarizados (como el caso de organizaciones de víctimas del estado, de víctimas del paramilitarismo y de víctimas de la guerrilla), pero convencidos y comprometidos con aprovechar esta oportunidad de jalonar procesos de largo aliento y profundidad política para la recuperación de la verdad, la instauración de la justicia, la reparación que propicie el reencuentro de las fracciones sociales y políticas en camino de perdón y reconciliación, porque constituyen un requisito básico para que un proceso de este tipo funcione: la legitimación de cada acción de paz, legitimación de los posibles acuerdos de paz, seguida de la concreción de los acuerdos; es la sociedad civil organizada, la que puede y debe ejercer el seguimiento de manera objetiva e imparcial a todos los actores comprometidos con aplicar los acuerdos y para ello esa sociedad debe superar la atomización y polarización en que la han sumergido los señores de la guerra y el conflicto armado.

Esto preocupa a quienes han hecho de la guerra la mejor empresa para acceder a todo tipo de poder; lograr acuerdos en la habana, avanzar hacia un estado real de derecho, significa perdida de utilidades y de posicionamiento social y político para estos sectores del poder que usan la guerra como estrategia de posicionamiento y como mecanismo de enriquecimiento y aquí entran de nuevo las potencias feudales corporativistas transnacionales y supraestatales, por eso buscan poner palos sobre las ruedas del dialogo democrático.

Es aquí donde se cierra el círculo de la hipótesis: Ante este nuevo escenario, sumado a la pugna vigente por el poder, de parte de las dos fuerzas o apuestas del capitalismo salvaje, esa fuerza de extrema derecha o ultra derecha, busca debilitar el accionar de las bases sociales y la cohesión de los diversos sectores sociales, para mantener un estado de tensión y prevención entre sectores, un ambiente de caótica anomía, en la que la institucionalidad aún no pueda ejercer el control sobre sí misma (de ahí que actúen saboteadores del proceso de paz desde el mismo Estado y gobierno) y los ciudadanos no se sientan seguros ante el accionar de focos delincuenciales, de modo que al no haber cohesión social, no habría el apoyo ciudadano a los acuerdos, que deben pasar por consulta popular y para lo cual estos enemigos de la paz han venido promulgando desde hace siete años el famoso Estado de Opinión como superación del Estado de Derecho.

Al neutralizar al gobierno lo que le falta a esta “mano negra” es mantener a raya a las organizaciones sociales, es decir las ONG y los movimientos pro Derechos humanos, para que en caso de darse los acuerdos de paz, se torpedee la aplicación de los compromisos que surjan, no se puedan implementar las políticas de reformas propuestas a partir de los acuerdos porque los sectores sociales no tendrían los liderazgos y organizaciones necesarias para concretizar dicho proceso y así, este sector mafiocrático podría salvaguardar el actual orden inequitativo que nos rige.

Para terminar, algunas de las implicaciones de esta nuevas amenazas y atentados contra líderes sociales y políticos, ONG y defensores de DDHH, pueden ser planteadas a manera de interrogantes y o apreciaciones.

¿Tendrá el gobierno de Santos capacidad para sacudirse de los enemigos internos del proceso y neutralizar sus acciones de saboteo al proceso de paz?

¿Podrá el gobierno consolidar una gobernabilidad que le permita ganar el apoyo de los demás sectores estatales en el compromiso de asegurar las garantías a los ciudadanos para el ejercicio de observación, seguimiento y control de la aplicación de las medidas democratizadoras que pudieran surgir de los virtuales acuerdos de paz?

¿Podrán los actores democráticos del Estado en conjunto con los líderes sociales democráticos, trabajar articuladamente para recuperar la institucionalidad y en consecuencia la posibilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos, neutralizando las acciones de amenazas y atentados que hoy se dan?

¿Encontraremos en las bases sociales los mínimos de cultura política y ciudadana que les permita romper la polarización militarista y dar su respaldo a los posibles acuerdos de paz?

En caso de no encontrar esos mínimos, ¿Están en condiciones, tanto el gobierno y otros aparatos estatales, como las ONG y los defensores de Derechos Humanos de implementar campañas agiles pero profundas de aprendizaje social y cultura política a la comunidad en general?

¿Estarán dispuestos los miembros del sector empresarial con sentido de responsabilidad social empresarial aportar su cuota a favor de los ajustes o reformas que se planteen para avanzar hacia más democracia, menos exclusión y menos inequidad, lo que les demandará ceder niveles de rentabilidad y permitir redistribución del ingreso y de bienes de capital, es decir de apostarle a un proyecto de capitalismo social en lugar de un proyecto feudal corporativista transnacional y supraestatal?

Los grupos insurgentes parecen estar conscientes y comprometidos con un proceso que si bien no va a instaurar el régimen que ellos propugnaban como bandera de lucha, y ese es su sacrifico o aporte, si van a lograr recuperar y reivindicar el fondo ideológico de su movimiento armado (muy desgastado y desvirtuado) en cuanto insurgencia política y no terrorista y poner al Estado y a la clase empresarial en un proceso de revisión del sistema y modelo imperante en el que tendrían que ceder algunos puntos en torno a un real Estado Social de Derecho que sigue siendo de régimen capitalista.

Permanecen dos aspectos preocupantes: La incógnita sobre la capacidad de la sociedad civil de romper la alienación que, por vía de estrategias y medios de comunicación social la ha llevado a la fragmentación y polarización y la incógnita sobre la valoración y posición que hagan y asuman los nuevos feudos transnacionales y nacionales corporativistas; de la resolución de esas dos incógnitas y de los anteriores interrogantes dependerá que, en lo que sigue, disminuyan las amenazas y atentados contra las ONG y líderes sociales, pero sobre todo de que se concreticen acuerdos y procesos que nos acerquen a la paz como fruto de una institucionalidad más legítima y democrática que promueva justicia y equidad.

Edición N° 00423 – Semana del 31 de Octubre al 6 de Noviembre – 2014
 
 
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