Minería y Corrupción

  Jorge Espitia
  Profesor Universitario
   
 

Por estos días se ha abierto un debate bien interesante acerca de la minería y su impacto en el desarrollo económico, social, ambiental y de equidad intergeneracional. Y todo gracias a la columna de Ramiro Bejarano en El Espectador “Ambientalistas Extremos”. Adicionalmente, la Profesora Marina Lou en su editorial “Coal and Corruption” señala como “nos estamos ahogando en el excremento del diablo” debido al espacio turbio e ilegal donde la industria extractiva trabaja.

La base de una u otra posición se ubica en la forma como se otorgan las licencias mineras. Para el columnista de El Espectador la falta de un licenciamiento exprés no permite el desarrollo del país y de las regiones.

Entre tanto, los ejemplos de Marina Lou se ubican en el marco de la ilegalidad y la arbitrariedad en países como China, Australia e India, y señala de manera tajante: “Si en un país como Australia, con una sociedad civil robusta y democracia fuerte, está luchando contra un injerto generalizado de altos funcionarios gubernamentales, ningún país está a salvo de la corrupta influencia de las industrias extractivas. Peor aún, como suele ser el caso, los que más sufren de las actividades opacas e injustas de la industria extractiva, por no mencionar, las acciones egoístas de los funcionarios corruptos, son aquellos los que menos se lo pueden permitir”, entre ellos, China, India, Angola, Sierra Leona, la República Democrática del Congo o Colombia1; donde la minería legal e ilegal ha financiado la politiquería, el clientelismo y los grupos al margen de la ley, con tal de acceder a los beneficios económicos de la extracción minera.

El periodista Gao Qinrong lo describió para China así: “La provincia tiene carbón, el carbón trajo dinero, que trajo la corrupción”. Así pues, la provincia de Shanxi, con su densa red de burócratas, la riqueza del carbón y oferta de recursos, parece ser el próximo campo de prueba del Presidente, Xi Jinping, para tratar de convencer a sus conciudadanos que la lucha contra la corrupción es franca y frontal.

La discusión de estos temas, y de otros, debe ser amplia y democrática, donde los intereses de los participantes deben ser revelados, donde se elimine la puerta giratoria entre la política y la industria extractiva, a la cual el mismo Ramiro Bejarano se ha opuesto en el sector de la justicia de donde proviene y obtiene sus ingresos. Él se ha opuesto al mecanismo “yo te elijo, tú me elijes”. Eso no quiere decir, que sus opiniones y la de sus representados, en el tema minero y ambiental, no deban ser escuchadas y confrontadas públicamente.

Es en este sentido, la Carta de los especialistas en el sector minero y ambiental al Director de El Espectador, Fidel Cano Correa, debe ser conocida por toda la ciudadanía, y con el permiso de ellos se transcribe a continuación:

Estimado Director:

En la edición de El Espectador del domingo 26 de octubre del año en curso, el señor Ramiro Bejarano publicó en las páginas 76 y 77 una columna titulada “Ambientalistas extremos”, la cual, además de ofensiva e irrespetuosa para con los colombianos que tenemos posiciones críticas respecto al modelo minero vigente, refleja las mismas opiniones que su esposa y abogada minera, Margarita Ricaurte, ha expresado en diferentes foros públicos.

La señora Ricaurte es ampliamente conocida por su propuesta para modificar el Código de Minas en el gobierno de Ernesto Samper y desde entonces como asesora legal de multinacionales mineras que operan en el país. Si bien ella tiene derecho de opinar libremente y su actividad profesional es legítima, el hecho es que su esposo utilizó el espacio editorial que El Espectador le concede para defender negocios familiares, pisando terrenos que lindan con falta a la ética al no informar al lector sobre esos nexos.

La columna contiene opiniones que ya han sido refutadas por estudios fundamentados sobre el sector y sus empresas, los cuales no son del caso comentar en esta breve misiva, y cae en extremismos que ofenden a comunidades, organizaciones sociales, académicos, investigadores y congresistas, alentado el odio y la violencia en las zonas de influencia minera, y satanizando el derecho de los ciudadanos a defender lo público.

Frente a esto, no debe perderse de vista que la Corte Constitucional (Sentencia T-025/04) y recientemente el Tribunal Superior de Antioquia -Sala de Restitución de Tierras- en el caso del Resguardo del Alto Andágueda reconoce expresamente que la minería es una causa subyacente del conflicto.

Es evidente en la columna de marras la frustración del autor, igual a lo que reiteradamente expresa la señora Ricaurte, por la no aprobación de las licencias ambientales a tres meses, trámite en su concepto inocuo y banal, y lamenta que la mitad del territorio nacional tenga restricciones para adelantar proyectos mineros, aunque desconoce los procedimientos para el establecimiento de las áreas protegidas. Aun así, de manera facilista e irresponsable, llama ambientalistas extremos a quienes tienen otras opiniones, igualmente respetables, y los acusa del subdesarrollo y del desabastecimiento energético del país.

A lo sumo, a los ambientalistas extremos se les puede acusar de solicitar al Estado que cumpla con sus fines esenciales, entre ellos el deber de proteger los ecosistemas estratégicos, como los páramos y humedales, ordenar ambientalmente el territorio, respetar los intereses locales, el derecho fundamental a la participación y requerir la aplicación del principio constitucional de precaución, como bien lo rescata el editorial de El Espectador del día 27 de octubre de 2014 en el caso de Sao Paulo, Brasil, un estado rico a punto de quedarse sin agua, y que entre otras cosas recoge lo que ha señalado de manera reiterativa la Corte Constitucional en diferentes fallos, como las Sentencias C-293 y 339 de 2002.

Señor Cano, entendemos que los espacios editoriales deben utilizarse para que personas de diferentes vertientes ideológicas expongan sus puntos de vista, aporten al conocimiento y promuevan el debate abierto y respetuoso.

Lamentablemente, en el debate sobre la política minera y sus consecuencias sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad intervienen algunos columnistas con intereses directos o indirectos en la industria minera y desde sus espacios se empeñan en desviar la atención de los temas fundamentales de discusión, a desinformar y a hacer creer a la opinión pública que su interés particular es el mismo interés de los 48 millones de colombianos que habitamos este país.

Este es el caso del señor Ramiro Bejarano y de otros columnistas, en otros medios de comunicación, que camuflan en sus escritos sus verdaderos intereses. Lo invitamos, señor Director, a llamar la atención del columnista mencionado sobre el riesgo de comprometer la ética que también debe observar, al no hacer públicos sus intereses familiares cuando expresa opiniones en un debate que debe continuar con la altura que este asunto amerita.

Atentamente,

Luis Álvaro Pardo B.; Julio Fierro Morales; Rodrigo E. Negrete Montes; Fernando Vargas Valencia; Mauricio Cabrera Leal; Guillermo Rudas Lleras.

Edición N° 00423 – Semana del 31 de Octubre al 6 de Noviembre – 2014

1 Véanse los 4 libros de la Contraloría General de la República sobre la Minería en Colombia en http://goo.gl/AohtJ7

 
 
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