El juzgamiento de altos funcionarios del Estado
como mecanismo de limitación del poder

  Comisión Colombiana de Juristas
   
   
 

El texto aprobado por la plenaria del Senado de la República en segundo debate del proyecto de reforma constitucional para el “requilibrio de poderes”, limita la capacidad de actuación del renombrado Tribunal de Aforados creado para, supuestamente, garantizar el control penal, fiscal y disciplinario de altos funcionarios del Estado, como magistrados(as) de altas cortes o jefes de los organismos de control. A continuación hacemos unos breves comentarios de las principales objeciones que se presentan frente a una posible reforma constitucional en este sentido:

1. Límite competencial: Si la reforma constitucional contenida tiene como finalidad corregir dos defectos derivados del actual diseño institucional destinado al juzgamiento de altos funcionarios del Estado, a saber, la existencia de controles cruzados y la ausencia de un control real en materia penal, disciplinaria y fiscal, debemos advertir que el actual proyecto fracasa. En primer lugar, porque la competencia atribuida al Tribunal de Aforados se encuentra limitada a una función cuasi-judicial, como lo es la mera investigación de los casos. Es decir, si bien la creación del Tribunal podría contribuir a la generación de condiciones de autonomía e imparcialidad para la sustanciación de los casos, sus efectos no se extienden al acto de naturaleza judicial, cual es la decisión de acusar o archivar. Con mucha menor razón tales virtudes pueden predicarse de la etapa de juzgamiento, que es donde se controvierten las pruebas y se construye la verdad judicial, pues permanece intacta en cabeza del Senado de la República.

2. Límite subjetivo: Otro aspecto que llama la atención de la actual redacción de la reforma es que, a pesar de todas las objeciones y críticas que se le han dirigido, deja intacto el fuero del Presidente de la República. Lo anterior resulta de extrema gravedad en la medida en que el propio Gobierno, como titular de la iniciativa de reforma constitucional, y los ponentes del proyecto, han identificado que el mecanismo radicado en cabeza de la Comisión de Acusación no tiene ni la capacidad ni la voluntad de proferir acusaciones dirigidas a la resolución de estos casos. Ello, sin lugar a dudas, pavimenta la vía hacia la impunidad en lo que a la responsabilidad presidencial se refiere. Frente a graves violaciones a los derechos humanos, como el genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que se puedan derivar de la actuación presidencial, no está de más señalar que el mantenimiento de un proceso que garantiza la absoluta inmunidad del Presidente de la República, puede garantizar que frente a estos casos se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional pues este tribunal, según el artículo 27 del Estatuto de Roma, no los reconoce como sujetos especiales que deban estar al margen de un proceso judicial de rendición de cuentas en derechos humanos. Encontramos entonces que es urgente que el proyecto de acto legislativo contemple un procedimiento que asegure la investigación, acusación y juzgamiento del Presidente de la República en condiciones de autonomía e imparcialidad y no mediante el fracasado mecanismo de la Comisión de Acusación, que ha sido objeto de suficientes críticas y objeciones.

3. Límite temporal: Otra las disposiciones contenidas en el proyecto de acto legislativo que resulta preocupante tiene que ver con el ámbito temporal de aplicación de la reforma. El texto aprobado señala que el Tribunal de Aforados solo conocerá de los hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia del acto legislativo. Esto significa que más de 1.227 casos seguirían rumbo a la impunidad a través del trámite de la Comisión de Acusación. El argumento errado y falaz para sostener una disposición de este tipo es que, en virtud del principio de favorabilidad, a los sujetos del procedimiento se les debe respetar el juez natural con el que iniciaron el trámite. Y ello es falso por dos razones. En primer lugar, porque si se observa cuál es el estado de los expedientes se podrá verificar que en su gran mayoría no se ha adelantado ningún tipo de actuación sustancial y ni siquiera se ha identificado el presunto delito por el que son investigados. Es decir, en la mayoría de los casos no es posible observar que se haya surtido ningún trámite. Y en segundo lugar, porque si se afirma que es más favorable el procedimiento ante la Comisión de Acusaciones, se admite que su actuación no es objetiva, autónoma e imparcial, las cuales son condiciones esenciales para la garantía del derecho de acceso a la justicia por parte de las presuntas víctimas de sus actuaciones.

A nuestro juicio, una reforma constitucional dirigida a modificar el sistema de juzgamiento de altos funcionarios debe cumplir con tres propósitos fundamentales. El primero de ellos debe ser la creación de instancias y procedimientos eficaces para garantizar el juzgamiento objetivo e imparcial de los altos funcionarios, principalmente del Presidente de la República, que se encuentren envueltos en causas penales, disciplinarias o fiscales, para impedir que sus actuaciones puedan quedar en la impunidad, especialmente en aquellos casos que constituyan o hayan tenido como consecuencia violaciones a los derechos humanos. El segundo propósito debe ser que el sistema que se diseñe garantice la absoluta rendición de cuentas por parte de los altos funcionarios que comprenda la responsabilidad política como un proceso más allá del resultado (dimisión, condena, etc.), donde prime por sobre todo el acceso a la información, explicación, rectificación y corrección de los hechos que son objeto del procedimiento. Y como consecuencia de lo anterior, en tercer lugar, se debe idear un mecanismo de juzgamiento que permita llevar el proceso hasta la atribución de la responsabilidad, pero dejar la decisión sobre la conveniencia de darle alcance al dictamen a un órgano de naturaleza política con mayores credenciales democráticas, dada la dignidad del cargo por ser titular de un mandato, bien de origen popular o bien legal y constitucional.

Edición N° 00424 – Semana del 7 al 13 de Noviembre – 2014
 
 
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