La inclusión de las mujeres: el equilibrio de poderes será
si hay igual número de mujeres y hombres

  Claudia Mejía Duque
  Directora Sisma Mujer
   
 

Actualmente en el Congreso cursa un proyecto de acto legislativo presentado por el gobierno conocido como “Proyecto de equilibrio de poderes” o “Reforma al Estado”. En este proyecto el gobierno ha propuesto, entre otras, la eliminación de la reelección presidencial, así como la del vicepresidente y otros altos funcionarios, y la sustitución de la Comisión de Acusaciones por la de un tribunal de Aforados.

Sin embargo, el artículo que ciertamente hace referencia a una reforma estructural al “equilibrio de poderes” es el que busca que las listas presentadas para todos los procesos de elección popular sean cerradas, alternen hombres y mujeres y esto sea implementado en todo el territorio nacional. En pocas palabras, la reforma está discutiendo la inclusión de los principios de paridad, alternancia y universalidad en el sistema electoral, que por no decir más, representa el avance más notable para la participación política de las mujeres desde que obtuvimos el voto hace 60 años y desde que lo estrenamos hace 57.

La paridad busca que las mujeres seamos el 50% en las listas para elección popular. Uno de los argumentos que sustentan esta demanda es de carácter puramente estadístico: actualmente las mujeres representamos alrededor del 51% de la población colombiana y sin embargo, en el Congreso de la República no llegamos a ser la cuarta parte. En las Asambleas Departamentales y en los Concejos Municipales no superamos el 18%.

En este sentido, la construcción de listas paritarias implica, entre otros, volver coherente el discurso democrático que durante décadas ha apelado a la igualdad, garantizar el acceso a las mujeres a los escenarios de toma de decisión y hacer un voto hacia la transformación cualitativa del quehacer político en el país.

La alternancia, conocida como cremallera, es un mecanismo electoral de posición que obliga a que en las listas las mujeres y los hombres estén ubicados alternativamente. Si bien, este mecanismo desarrolla su mayor potencial cuando las listas son cerradas o bloqueadas, aun en listas abiertas la alternancia posee un gran valor tanto electoral como político. En principio viabiliza efectivamente el acceso de las mujeres a escenarios de toma de decisión y representa un aumento cuantitativo en los diferentes cargos de elección popular. Por otro lado, es una evidencia de inclusión igualitaria y de pleno reconocimiento de igualdad política dentro del sistema democrático. Actualmente en Latinoamérica la alternancia se contempla en leyes electorales de Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y México.

Finalmente, la universalidad busca la aplicación de la paridad y la alternancia en las listas de todas las circunscripciones del país sin distinción alguna. Aunque esta demanda en principio parecer innecesaria y más bien evidente, lo cierto es que actualmente la ley 1475 de 2011, que contempla las cuotas mínimas de mujeres en las listas, es obligatoria solo para aquellas circunscripciones en las que se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular. Este límite implica que 19 departamentos (58%) no deben cumplir la cuota, y que al día de hoy existen 13 departamentos en los que nunca ha sido elegida una mujer para la Cámara de Representantes.

Algunas de las críticas más recurrentes provenientes de personas y sectores renuentes a la adopción de estas medidas favorables a la participación e inclusión de las mujeres sostienen que (i) acciones afirmativas como la discutida carecen de sentido en tanto los cambios necesarios para garantizar la participación política de las mujeres se darán por sí solos; (ii) no hay mujeres suficientes que se interesen en política para cubrir el 50% de las listas electorales y (iii) acciones afirmativas dirigidas a las mujeres violan el derecho a la igualdad al ser factor de discriminación en contra de los hombres.

Primero, si bien puede ser cierto que la participación política de las mujeres mejorará con los años, esto no pasaría ni en el corto ni en el mediano plazo. Asumiendo que la tendencia fuera positiva tardaríamos 16 años para llegar a ser el 51% en el Senado, 20 años para llegar a ser el 48% en la Cámara de Representantes, 124 años para llegar a ser el 48% en los Concejos y 152 años para llegar a ser el 40,1% en las Asambleas.

La verdad es que no existe tal evolución natural en la progresiva elección de las mujeres, por el contrario, esta ha sido en gran parte producto de reformas impulsadas desde el Estado. Las inclusiones voluntarias por parte de los partidos no generan cambios estructurales por lo que es esencial la implementación de medidas que promuevan garantías para las mujeres que quieren ser parte de la toma de decisiones, no en 20 años, sino en el presente.

Ahora, es usual escuchar que no hay suficientes mujeres que se interesen o estén preparadas para participar en política. Sin embargo, las mujeres se encuentran y representan un gran porcentaje de las bases de los partidos; lideran y organizan procesos comunitarios y participan continuamente dentro de organizaciones de la sociedad civil. Así mismo son la mayoría en todos los niveles profesionales, técnicos, tecnológicos y en educación media y secundaria y representan el 52% de votantes del país. Las mujeres están preparadas, organizadas y quieren participar, son otra clase de barreras las que limitan su acceso.

Por último, las acciones afirmativas son “políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, tengan una mayor representación”1. En este sentido, sostener que acciones afirmativas como las que se contemplan en este proyecto de acto legislativo resultan discriminatorias para los hombres es asumir que las mujeres se encuentran bajo las mismas condiciones de participación, además de desconocer la subrepresentación histórica femenina en estos escenarios y las múltiples barreras de acceso aún existentes.

Los tres principios tratados buscan la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres a través de una medida adecuada que está encaminada a garantizar la participación de las mujeres en política.

Así mismo, la paridad, la alternancia y la universalidad en las listas electorales están dirigidas a que la igualdad de género sea una realidad en los partidos y los escenarios democráticos, por lo que antes de violar el derecho a la igualdad, se está construyendo el camino para que este sea un derecho real para las mujeres.

La inclusión de medidas que favorecen la participación de las mujeres no es un asunto meramente cuantitativo y que solo nos concierne, por el contrario, es un asunto que le concierne a la sociedad para el fortalecimiento democrático, que no solo implica un perfeccionamiento del sistema político sino un progreso moral2.

La paridad, la alternancia y la universalidad constituyen en sí mismos principios favorables a la participación política de las mujeres en escenarios sobre los cuales ha sido históricamente relegada, pero también, siembran una raíz de cambios profundos frente a la posición que las mujeres han ocupado dentro de la sociedad, que es lo que se buscaría finalmente con una reforma al equilibrio de poderes.

Edición N° 00425 – Semana del 14 al 20 de Noviembre – 2014

1 Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 2011. M.P Luis Ernesto Vargas Silva.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-371 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz

 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus