Lo que se viene después de la crisis en La Habana

  Germán Ayala Osorio
  Comunicador social y politólogo
   
 

Antes de que se produzca la liberación del ya célebre General Alzate, el suboficial y la abogada que le acompañaban, es preciso señalar qué daños produjo el suceso en el proceso de paz, y qué puede pasar hacia adelante.

La confianza

La confianza entre las partes no quedará intacta después de lo sucedido. Es claro que la decisión de Santos estuvo motivada por presiones de la cúpula militar, que ante la desaparición de un General, exhibió un talante político que en adelante la sociedad y el alto Gobierno no pueden dejar de considerar. Un talante propio de un actor político1 que está reclamando un lugar que va más allá de la discusión técnica de asuntos militares como la entrega de armas, desminado y la eventual desmovilización de guerrilleros. Temas estos que son del resorte de la comisión de militares2 que viajó a La Habana.

Contrario a lo que la revista Semana indica, no creo que suspender los diálogos de paz obedezca exclusivamente a una actitud de respaldo del Presidente hacia la cúpula militar, ante la “captura” del alto oficial. Más bien se trató de una decisión bajo la presión de una cúpula que no iba a aceptar que un alto oficial estuviera en poder del enemigo.

Dice la revista Semana que “una de las reglas del juego pactadas para las conversaciones de La Habana es que nada de lo que ocurra fuera de la Mesa debería afectar la agenda del diálogo. Sin embargo, para Santos era imposible desde todo punto de vista reanudar las conversaciones sin resolver este episodio. Con esta decisión, les mandó a los militares un mensaje de respaldo institucional y a las Farc les marcó una línea roja sobre lo que es tolerable o no en términos de la confrontación”.

Pero volvamos al asunto de la confianza. Ésta se resiente porque aunque se pactó dialogar y negociar en medio de las hostilidades y había el compromiso de mantener la Mesa de La Habana alejada de lo que sucediera en Colombia, el presidente Santos tomó una decisión que claramente desconoció esas condiciones pactadas entre las partes.

Más allá de las circunstancias3 en las que el General Alzate, el suboficial y la abogada fueron privados de la libertad, es urgente que se pacte un cese bilateral al fuego no sólo porque continúan muriendo guerrilleros y militares y sufriendo la población civil, sino porque la confianza en el proceso de paz por parte de los colombianos se resquebraja cada que la gran prensa4 bogotana, en particular los noticieros de televisión RCN y Caracol, cubren hechos de guerra con un lenguaje moralizante e ideologizado5 , que poco aporta a que las audiencias comprendan, por ejemplo, que se pactó negociar en medio de las hostilidades, de allí que en los combates es posible que mueran y se “capturen” tanto guerrilleros6 como militares.

Lo que se puede-debe- venir

Esta difícil coyuntura, la más dura que afronta el proceso en dos años, debe servir para discutir un cese bilateral del fuego. Es hora de probar cómo está la unidad de mando tanto en las Fuerzas Armadas como en las propias Farc. Si bien en el caso del General Alzate sirvió para mostrar que el Frente 34 de las Farc que puso prisionero, retuvo, “secuestró7 ” o capturó al alto oficial, claramente mostró respeto por la cadena de mando, también sirvió para que el país conociera que dentro de las fuerzas militares hay una división, aupada por sectores políticos de ultraderecha, y por el propio ex presidente Uribe Vélez.

La discusión del cese bilateral al fuego debe hacerse con el acompañamiento de los países garantes y de la propia ONU. Establecer varias zonas de concentración de guerrilleros farianos. En lo que respecta a la Fuerza Pública, los movimientos y las órdenes de operaciones deberán someterse a estricto control para evitar sabotajes. Ello no significa que policías y militares dejarán de cumplir con sus objetivos misionales. De esta forma, el país podrá darse cuenta, por ejemplo, qué fuerzas, legales e ilegales, son las que están apoyando la minería ilegal y la producción de alcaloides.

Ya es hora de que las Farc digan cuántos hombres y mujeres tienen en armas y cuántos en sus redes de apoyo (milicianos). Establecer por lo menos tres zonas de concentración, con veeduría nacional e internacional.

Lo anterior deberá develar las estructuras paramilitares que quedaron en pie a pesar de la entrega de los jefes paramilitares, o que se transformaron en lo que las autoridades llaman Bacrim y los posibles apoyos que aún se mantengan desde unidades militares.

Y también es hora de que las partes que negocian en La Habana exijan a los medios de comunicación, en especial a los noticieros de televisión, un cubrimiento de los hechos de guerra, de las negociaciones y de un eventual cese bilateral, responsable con el momento histórico que atraviesa el país. Hacer pedagogía del proceso de paz y del conflicto sigue siendo una tarea pendiente de los medios masivos y del periodismo.

De continuar los medios masivos con esos nocivos tratamientos periodísticos, las audiencias, contaminadas de esos tratamientos noticiosos espectaculares, tendenciosos e irresponsables que la prensa viene haciendo, terminarán votando negativamente el referendo refrendatorio de los acuerdos de La Habana. Ese es un riesgo latente, que bien puede minimizarse con una prensa más comprometida con el proceso de paz, que con la continuidad de la guerra. Así como cerraron filas en torno al Gobierno de Uribe Vélez y a su política de seguridad democrática, bien pueden ahora apoyar denodadamente el proceso de paz.

Finalmente, ponerle fin al conflicto armado interno y diseñar escenarios de posguerra y posconflicto, y de esta forma alcanzar la paz, debe ser considerado por todos y cada uno de los colombianos como un imperativo insoslayable. Insisto en que la prensa tiene la obligación moral y ética de aportar a la reconciliación del país. Y lo puede hacer al morigerar el discurso y ofreciendo tratamientos periodístico-noticiosos más rigurosos. Empezar, por ejemplo, por no asumir como propio el lenguaje de los guerreros para informar sobre los hechos de guerra que se presentan porque aún hay un conflicto armado interno.

Adenda: el país está esperando un documento preliminar que recoja los acuerdos parciales a los que han llegado las partes que negocian en La Habana, en torno al tema de víctimas.

Edición N° 00427 – Semana del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre – 2014

3 En la emisión del 23 de noviembre de 2014, el Noticiero de televisión, Noticias Uno, informó que el General Alzate y sus acompañantes se trasladaron hasta el sitio en donde finalmente se encontraron con miembros de las Farc, en una lancha particular y no en una embarcación militar conocida como “piraña”. Este hecho, de ser cierto, enrarece aún más la presencia del alto oficial en una zona con alta presencia guerrillera.

5 Por ejemplo, el ataque a las instalaciones de la Policía en la isla Gorgona (PNN) la prensa lo califica como un acto de terrorismo, cuando claramente se trató de un golpe de mano, de un hecho de guerra. Lamentable la muerte de jóvenes policías, pero estamos en medio de un conflicto y eso perfectamente previsible que suceda. Se trató, acaso, de un error táctico, de una falta de control por parte de la Armada Nacional. Cómo es posible que las Farc desembarquen, ataquen a los policías y no haya una reacción inmediata. Estos elementos la gran prensa no los expone.

6 A diario se producen “bajas” en las filas de las Farc y ello no han provocado que la cúpula amenace con pararse de la Mesa de Diálogos.

7 El General Alzate es miembro activo de las Fuerzas Militares, por lo tanto, la categoría secuestrado no se le puede aplicar para calificar su retención por parte de las Farc. Es un agente militar. Lo contrario sucede con la abogada Gloria Urrego, quien en su condición de civil, podría hablarse de un secuestro. En este caso, entran en consideración las funciones que cumplía al momento de la retención. En cualquier sentido, se equivocan las Farc al llevarse a la abogada por su condición civil y de mujer.

 
 
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