La Trivialización del Derecho a la Salud

  Carlos Alberto Lerma Carreño
  Asesor Lobbying Corporación viva la Ciudadanía
   
 

Con la publicación de la sentencia C -313 de 2014 que declara exequible la ley estatutaria de salud, se reedita una vez más el debate entre el goce efectivo al derecho y el negocio de la salud; este ya es un viejo debate en nuestro país, que tiene un escenario central alrededor de la ley 100, la cual introduce en el sistema de seguridad social y salud la oportunidad para los negocios.

La sentencia de la corte ha pisado los callos de quienes defienden a capa y espada el negocio de la salud, entre ellos los del gobierno de Santos que a través de su ministro de salud ha salido a ridiculizar el fallo afirmando que “La Corte Constitucional quiere que todos los colombianos coman langosta”1. Tal afirmación debería provenir de un lego, pero proviene de nada más y nada menos que del ex decano de la facultad de economía de la Universidad de los Andes y ministro de salud, quien también en declaraciones a RCN radio afirmó que tal vez los magistrados no entendieron la finalidad de la norma, al expresar sus molestias por las modulaciones de la Corte Constitucional.

Piso callos también en la otra orilla, de quienes vieron en la declaración de exequibilidad amenazas contra el derecho a la salud, límites en el acceso a los servicios, recorte del alcance de la acción de tutela, vía libre al negocio de la salud, en fin.

La sentencia es un fallo juicioso, responsable y profundo, que analizó la jurisprudencia que la misma corte ha desarrollado alrededor del derecho a la salud, la jurisprudencia internacional y el bloque de constitucionalidad, las opiniones e intervenciones ciudadanas que le fueron allegadas y las que tuvieron lugar durante la audiencia pública, su trámite en el congreso y desde luego que el contenido de la ley estatutaria estuviera ajustado a la Constitución.

Es necesario aclarar que la Ley Estatutaria, no es creación de la Corte Constitucional sino del legislativo; el congreso a partir de una propuesta de la Gran Junta Médica apoyada por el gobierno, elaboró el proyecto de ley que fue aprobado y enviado a estudio de constitucionalidad. Pero lo que tiene molesto al gobierno es que la corte haya modulado la ley y le haya señalado el alcance que deben tener ciertos contenidos.

Y no es para menos la Corte Constitucional se ha ceñido a su papel garantista como debe ser y ha frenado el impulso del gobierno y los negociantes de la salud que veían en la ley estatutaria la oportunidad de poner límites a los servicios de salud y de “legalizar” las negaciones tan necesarias para la contención de gastos y por ende para la generación de utilidades.

No en vano se alzan las voces de quienes defienden el negocio de la salud reclamando que llego la hora de poner límites2, esgrimiendo argumentos como que la corte ha dejado abierta la puerta para que terceros cometan abusos en el entendido que “permitiría interpretar que el sistema deberá proveer, sin límites, todos los beneficios que la gente solicite”, nada más errada esta concepción que pretende culpar a la gente de la crisis del sistema simplemente porque requiere servicios de salud y cierra los ojos ante la defraudación que los privados han hecho del sistema de salud como lo muestran las investigaciones de la contraloría, o pretender señalar que la tutela le ha ocasionado costos injustificados al sistema, cuando el informe de la Defensoría del Pueblo muestra como la mayor parte de las tutelas son por servicios y medicamentos contemplados en el POS, es decir por lo que las EPS tienen la obligación de cubrir y no cubren, igual de desafortunado es el argumento que insinúa que la autonomía médica puede llevar al traste con los recursos de la salud, o que quienes más se benefician del sistema y de las tutelas son las clases más altas.

La Corte pone un debate serio al modular La Ley Estatutaria y es como el Estado y el gobierno, sin acudir a más artificios evasivos cumple con su deber constitucional de garantizar el derecho de las personas, esto implica apartarse de la mirada catastrofista según la cual garantizar el derecho conduce a la quiebra del sistema y al agotamiento de los recursos públicos, los cálculos sobre costos del sistema que existen actualmente muestran que es viable garantizar los recursos para la salud. Desde luego ello implica un debate nacional amplio sobre el papel de los privados en el sistema de salud, donde el centro del debate sea el goce efectivo del derecho a la salud de las personas y no el margen de utilidad o la oportunidad de los negocios.

Es necesario dejar de trivializar el derecho a la salud y recuperar el sentido de la dignidad humana, la cual no puede subordinarse a ningún precepto; la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera), la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien), la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones), la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor, la dignidad humana entendida como principio constitucional. Y la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo. (Sentencia T881/02).

Edición N° 00427 – Semana del 28 de Noviembre al 4 de Diciembre – 2014

1 http://www.semana.com/nacion/articulo/las-criticas-del-ministro-gaviria-al-sistema-de-salud/407662-3

2 Editorial del Tiempo

 
 
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