La inutilidad de la concertación salarial

  Jaime Alberto Rendón Acevedo
  Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
   
 

Desde el pasado miércoles el país asiste a un acto que bien podría evitarse. Se reunió la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, en la búsqueda de un consenso para el aumento del salario mínimo, de no ser posible, el Gobierno lo hará por decreto antes de finalizar el año. En efecto, la historia de los últimos 25 años muestra que solo en 11 ocasiones (el 44%) las partes (Gobierno, empresarios y trabajadores) se han puesto de acuerdo para definir el aumento del salario mínimo.

Es un rutina que si no fuera por la seriedad de lo que discuten la verdad que genera risa, se trata de la calidad de vida de millones de colombianos y de los parámetros sobre los cuales se van a tomar importantes decisiones en el año que sigue. Es una gran mesa, donde se ocupan posiciones siempre de la misma forma. Todo es absolutamente cordial, como debe de ser. El gobierno ocupa una parte de la mesa, incluyendo la cabecera, los gremios van a la izquierda del ministro y las centrales obreras, a las que se suman los pensionados, van a la derecha del ministro. Los gremios se ubican en orden de importancia. Primero va la Andi y después Fenalco. Acopi va de último, en realidad creo que no se representa ni así misma, dada la poca afiliación que tiene en el país y a la gran divergencia que existe entre sus regionales. En fin pero allí están y es muy importante no solo que lo hagan sino que el país asuma el compromiso de fortalecer estás agremiaciones. Están también las centrales obreras, cada una con posiciones distintas, donde difícilmente llegan a acuerdos entre ellas mismas; son fuertes y con posiciones contundentes, pero que desafortunadamente representan intereses políticos e ideológicos que no les ha permitido llegar a consensos sobre temas trascendentales para el fortalecimiento del sindicalismo en Colombia.

Todos escuchan las primeras posiciones, dadas por el Banco de la República, quien habla de crecimiento y metas de inflación, el DNP quien muestra fantasmagóricamente cifras de productividad y quedan a la espera de las proyecciones de inflación del Dane. Con esto en realidad se marcan las líneas de base para la discusión, es decir, con una inflación del 3.5% y una productividad del 0.8%, el piso del aumento estará en el 4.3%, el Gobierno intentará, supongo, algunos puntos para “la equidad” y el aumento estará entre 4.5% y 4.8%. Los gremios reaccionarán frente a esto manifestando que ya están haciendo demasiados esfuerzos con la reforma tributaria y las centrales obreras dirán con justa razón que esos aumentos no son significativos para una vida digna. Así que se moverán entre estos rangos y podrán o no ponerse de acuerdo, en realidad poco importa y lo que si queda realmente expuesto es la nueva frustración del país al ver que sus líderes discuten sobre un aumento salarial que ya se tienen muchas pistas por donde va a estar.

Sin lugar a dudas, Colombia atraviesa por un momento donde las concertaciones, las búsquedas negociadas hacia un mejor vivir ya son parte de las agendas públicas, donde se considera que este tipo de acuerdos son posibles y que pese a las circunstancias las apuestas por la paz y la negociación de la guerra son una realidad en marcha. Lo paradójico de todo esto es que en el país, no en la Habana, nos seguimos matando, desconocemos y negamos a los otros como estrategias de mantener los status logrados y se siguen desconociendo los derechos laborales y el acceso a un ingreso digno como condiciones esenciales para el desarrollo.

Si bien el propósito de la Concertación es precisamente el salario mínimo, debería empezarse por entender que este debe de pagar los mínimos necesarios para la subsistencia de las familias, de hecho, para garantizar el sustento mensual de una familia de cuatro personas son necesarios ingresos por 913.000 pesos mensuales. Esto ha generado ya discusiones grandes en el país, pero en esto está trazada la línea de pobreza. Solo para la consecución de los alimentos se requieren de 386.192 pesos mensuales por familia. Con estas cifras que están dadas por el propio gobierno, es comprensible entonces que una familia requiere de 1.5 salarios mínimos para poder estar en el límite inferior de ser considerado pobre, hacia abajo se encontrará en situación de pobreza extrema.

El supuesto básico entonces es que en las familias que devengan un salario mínimo por lo menos deben de trabajar dos personas o en su defecto el o la cabeza de hogar debe de doblar su jornada laboral para atender los requerimientos mínimos, con las implicaciones familiares que esto conlleva.

La negociación, la concertación debería entonces basarse en criterios  distintos al tire y al afloje de un margen bastante cercano a la inflación, que permitan al menos garantizar el mínimo de subsistencia para las familias. Se estaría hablando entonces de aumentos del 50%, asunto que obviamente bajo las actuales circunstancias está muy lejos de lograrse, pero tampoco se propone como una meta a lograr en el tiempo ya que escasamente el incremento recupera lo perdido por el salario con la inflación más un margen que es poco significativo en la idea de lograr unas mejores calidades de vida.

Así las cosas, se vuelve poco importante el proceso de concertación salarial. Se debería potenciar esto con otro tipo de acuerdos que posibiliten encontrar salidas como país al tema de la pobreza y la desigualdad. Negociar un pacto de precios y salarios, de acceso a bienes y servicios por parte de las familias pobres, de garantía de derechos a trabajadores y a un pacto por la productividad en el país.

Pero es esencial también, que la comisión tome cartas sobre un asunto que en el país es más apremiante aún: el 60% de los y las trabajadoras en este país están en la informalidad, probablemente ganan menos de un salario mínimo y no cotizan ni a salud ni a pensión. La informalidad es sin lugar a dudas uno de los más grandes problemas de la nación y esto no pasa por el tema del salario mínimo, lo demuestra el hecho de que mientras este se ha mantenido en niveles bajos (incluso comparado con otros países de similar tamaño en América Latina) y las reformas laborales han flexibilizado el mercado de trabajo, la informalidad aumenta dejando a la gran mayoría de la población por fuera de las condiciones esenciales para garantizarse un vida digna.

Edición N° 00428 – Semana del 5 al 11 de Diciembre – 2014
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus