La condena al gobierno de Colombia y la otra marcha

  Miguel Ángel Herrera Zgaib1
   
 

La antesala para una sentencia memorable

“…que el estado cumpla la totalidad del fallo, principalmente en lo concerniente a la devolución de los restos, y que nos cuenten la verdad de qué hicieron con nuestros familiares.” René Guarín, hermano de Cristina del Pilar, una desaparecida del Palacio de Justicia, ET 11/12/14, p. 2.

El día internacional de los D.H., coincidió con la divulgación de la condena proferida por la máxima instancia interamericana en materia de derechos humanos, la CIDH. Ella confirma la responsabilidad del Estado en la desaparición y muerte de 10 personas de la cafetería, los llamados “desaparecidos”, del Palacio de Justicia.

Tal veredicto reafirma la responsabilidad específica de Luis Alfonso Plazas Vega, y también de su superior el general Jesús Armando Arias Cabrales. A la vez esta sentencia coincide con la semana en que el senador Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático, cómplices en extender tal tipo de impunidades que responsabilizan en primera persona al gobierno de Belisario Betancur, apadrinan una movilización para este sábado reclamando en “positivo” una paz sin impunidad.

Es dicha marcha una manera de oponerse con eufemismos al recortado proceso de paz con las Farc-EP, que entre otras cosas, tendrá que ponerle término a la guerra sucia en Colombia, que tiene el triste récord de ser la más prolongada del siglo XX, y traer verdad, y no de manera exclusiva, a los episodios más notorios e ignominiosos han sido el genocidio contra la UP, y el execrable crimen de inocentes conocido como “los falsos positivos” que enlodan de modo principal a las instituciones castrenses de Colombia.

La sentencia de la CIDH, por supuesto, le da credibilidad al testimonio del militar. Villamizar, quien participó en el desplazamiento de tropas del Ejército Nacional que se movilizaron desde Villavicencio para intervenir en la retoma del Palacio de Justicia. Este testigo había sido desmentido por sus superiores militares, quienes incluso negaron que tal movilización hubiera ocurrido nunca.

La Corte Interamericana exige a la justicia nacional que esclarezca de manera plena lo acontecido con los 10 desaparecidos, con los tres muertos y torturados: la guerrillera Irma Franco; Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, y el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, quien salió con vida de lugar del holocausto, el 7 de noviembre de 1985.

Adicionalmente, en este conteo dantesco, la CIDH establece en su sentencia la condena al Estado por detención, tortura y tratos crueles a otros cuatro colombianos, que en la justicia penal del país queda impune, porque prescribe luego de 20 años. Quienes padecieron estos vejámenes inexcusables son los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, para entonces estudiantes de derecho en el Externado, torturados por sospechas de ser integrantes del M-19. El abogado Orlando Quijano, mantenido en un cuarto oscuro y objeto de tratos denigrantes, y José Vicente Rubiano, trabajador de obras públicas, detenido en Zipaquirá, y señalado como subversivo por la inteligencia de las Fuerzas Armadas.

La sentencia de la CIDH ordena la indemnización a favor de 138 familiares de la ominosa lista de desaparecidos y torturados por personal al servicio del Estado y el gobierno de Colombia con la suma de 7 millones 321 mil dólares. La defensa de esta causa, después de la eliminación física del abogado Eduardo Umaña Mendoza, asesinado en su oficina/casa de habitación estuvo, en su mayoría a cargo de un equipo dirigido por el abogado Rafael Barrios, que recibirá un pago cercano a los US 60.000.

Una prueba incontestable

Pocos días antes, en un programa pasado por la televisión mexicana, la viuda del magistrado Carlos Horacio Urán, Ana María Bidegain, estudiosa de las religiones y las migraciones, quien fuera docente y directora del Centro de Estudios Sociales de Ciencias Humanas de la U. Nacional, comentó cómo fueron bloqueados antes todos los ejercicios de esclarecimiento de la tortura y ejecución del magistrado, luego ella, a días del terrible desenlace, una periodista del noticiero 24 Horas, le facilitó la filmación en la que su esposo salía con vida y herido del Palacio de Justicia.

Ana María recordó cómo obtuvo los documentos de identificación de su marido, a raíz de la investigación adelantada por la fiscal Buitrago, quien al citar para declarar a 3 generales, fue removida por el fiscal encargado Mendoza Diago.

Ana María obtuvo la cartera de su marido, y sus papeles, que aparecieron perforados por lo que debió ser un tiro de gracia, propinado cuando él estaba en poder de las autoridades militares. Dicho documento se encontró en una inspección a la Escuela de Caballería, en el fatídico lugar que fuera el Cantón Norte, y cómo llegó a su poder el casette que comprueba la salida con vida de Urán del infierno que fue después el Palacio de Justicia.

No a la impunidad castrense

“El gobierno lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19…” ET, Bogotá, 11/12/14, p. 2.

Esta sentencia ejemplar esclarece uno de los episodios más oscuros de la historia nacional del último cuarto de siglo, a la vez que prueba la validez de la justicia administrada por el Tribunal Superior de Bogotá; a pesar de las insidias de gacetilleros, como las columnas escritas por Plinio Apuleyo Mendoza y Fernando Londoño, las intrigas de Procuraduría, los falsos señalamientos de Acore, y el general Ruiz, y la descarada complicidad intelectual de vocerías del Centro Democrático, antes y después de la sentencia; y la descarada inconsecuencia del presidente en funciones, pretendiendo compensar la responsabilidad criminal de los altos militares implicados, cuando fuera mindefensa y también ahora en sus declaraciones públicas que marchan a contravía de la hipócrita lamentación oficial.

Pareciera que, por fin será posible encontrar el lugar de los cadáveres de los civiles asesinados por las unidades de inteligencia del Ejército Nacional, con la probable complicidad de unidades especiales de la Policía y el Das, como se comenta establecerá la investigación de la Fiscalía, que deshonran el honor de los guerreros convertidos en torturadores, asesinos y cómplices de vejaciones inenarrables contra sus propios ciudadanos.

En esta macabra función son señalados, el condenado general Arias Cabrales, el absuelto coronel Edilberto Sánchez Rubiano, Alfonso Plazas Vega, a la espera de un fallo de la CSJ; y los también absueltos por la justicia penal militar el general Iván Ramírez Quintero, el fallecido Coronel Luis Carlos Sandovnik.

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben

Hasta hoy tales sepulturas clandestinas son mantenidas en secreto con la pretensión fallida de mantener crímenes tan abominables en la impunidad. Es el tiempo que se castigue también a los superiores responsables de tal bestialidad, inexcusable desde cualquier perspectiva.

Lo dicho, por supuesto, incluye al propio expresidente Belisario Betancur, quien prohijó y cobijó tal conducta criminal, y sus ministros, quienes no tomaron distancia de esta decisión; más bien, ellos soportaron impávidos, casi sin excepción, la progresión de la bestialidad que el magistrado Reyes, presidente de la Corte, solicitó que fuera detenida ipso facto, sin encontrar respuesta.

Contra ellos se debe repetir la sanción pecuniaria, y los que aún están vivos tienen que arrepentirse públicamente de su criminal yerro en un acto público en las inmediaciones mismas del Palacio de Justicia, con transmisión pública a toda la nación. Al respecto han vuelto a ser muy elocuentes las palabras del exministro de justicia, Carlos Medellín, cuyo padre fue sacrificado en el holocausto del Palacio.

Él recordó la vergonzosa actitud del rector de la Universidad Externado de Colombia, Fernando Hinestrosa, quien desechó en la celebración de los 100 años, rechazar el comunicado laudatorio del presidente Betancur, y en cambio, no les renovó el contrato como docentes tanto a Carlos como a Yesid Reyes, hijo de otro inmolado, el presidente de la Corte, Alfonso Reyes. Él es hoy ministro de justicia en funciones, quien exigía tal actuación de dignidad y respeto con la memoria de 11 magistrados que eran a la vez académicos de aquella institución.

Esta sentencia se anticipa al pronunciamiento pendiente de la CSJ de Colombia, del que sectores de la reacción política, y familiares del entonces mayor, hoy coronel Plazas Vegas, especulan que habrá una sentencia absolutoria del militar, quien se hizo famoso con su cínica expresión de defender la “democracia, maestro”.

Lecciones de Ayotzinapa al Palacio de Justicia

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, en noviembre de 2009, por graves violaciones a los derechos humanos en el paradigmático caso de Rosendo Padilla Pacheco”. Carlos A. Flores, Las dos caras de México, en Revista Siempre, no. 3206, p. 69.

“…dichas irregularidades son un indicio de que los militares escondieron lo sucedido durante la retoma del Palacio, incluyendo lo acontecido a las presuntas víctimas.” Apartes del Fallo condenatorio de la CIDH contra el Estado colombiano.

Si tal pronóstico, el fallo absolutorio de la Corte Suprema de Justicia prosperara, le corresponderá a la propia ciudadanía emular con las movilizaciones mexicanas contra el impune sacrificio de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, asesinados con el concurso de la policía local, el narcotráfico y las autoridades locales, estatales y nacionales. Y retomar las banderas de la instancia internacional y global que ha hecho posible hasta hoy que la impunidad no campee en la mancillada vida civil de naciones como México y Colombia.

El antecedente más cercano para México fue el caso de Rosendo Padilla Pacheco, que el Estado y las autoridades mexicanas no tuvieron en cuenta para actualizar el contenido del artículo 215-A del Código Penal Federal, cuya redacción actual hace posible la impunidad en la desaparición forzada, como lo recuerda el articulista Carlos A. Flores.

Ya nos cansamos

No se puede permitir más bestialidad por parte de las autoridades en ningún lugar de América Latina y del mundo; y por quienes no respetan la vida humana, y mienten y justifican con pasmosa “naturalidad” sus crímenes, antes y ahora.

Tampoco es viable que el presidencialismo mexicano y colombiano se mantenga tal y como existen, donde el llamado equilibrio de poderes, antes y después de las reformas, se inclina, a pesar de lo que se declama de dientes para afuera por Congresos genuflexos, siempre en favor de ejecutivos todopoderosos.

Quizás el grito reivindicativo de los jóvenes mexicanos volcados en las calles a raíz de los crímenes de Ayotzinapa, “Ya me cansé” que se difundía por twitter, y ganó momento en las calles de esa República golpeada por gobiernos corruptos y cómplices de sus agentes policiales y militares, ahora tengamos que conjugarlo en plural, de sur a norte del continente, y que tenga ahora como estación a Colombia, en medio de una guerra, que las autoridades se resisten a terminar, alegando la mar de razones inútiles frente al evangelio de la muerte.

En Colombia como en México, no bastará con las reparaciones materiales que pagaremos todos los contribuyentes, ni con la exigencia de pedir perdón públicamente a los familiares de las víctimas ordenado por la Corte Interamericana a todas las autoridades de Colombia.

Preparemos la Otra movilización

El respeto a los derechos fundamentales no puede ser más un “as de burlas” para nadie. Deberán seguir produciéndose sentencias condenatorias, y la divulgación por la Comisión de Memoria histórica de tales atrocidades para escarmiento de los asesinos, y educación política de la población ultrajada por tales conductas.

Es tiempo de preparar una gran movilización, en reclamo por el esclarecimiento definitivo, y la fijación de responsabilidades por los crímenes cometidos contra la población civil de Colombia, durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, los llamados “falsos positivos” que multiplican las 43 víctimas de Ayotzinapa por 70 veces como mínimo, a las que se suman ya, después de 29 años de impunidad manifiesta, las víctimas del Palacio de Justicia que taladran nuestras conciencias y laceran nuestros corazones.

Sí a la movilización contra la impunidad, sí a la paz democrática, sí a la constituyente social, serán posiblemente, banderas que respondan con la otra marcha, a la anunciada movilización de este sábado, donde el silencio cómplice frente a las atrocidades que aquí se mencionan y condenan son el más elocuente juicio ético y moral a sus propósitos.

Es posible que Colombia, en medio del inmenso dolor que nos acicatea, esté madura para en los hechos, en la protesta civilizada de la Otra Marcha conquiste la verdad no solo la fallada en los tribunales dispuestos a la verdad situada, sino en las calles y plazas para que “El nunca más” quede imborrable en la historia subalterna del presente, la que se escatima y se borra con tanta ardentía por los responsables de tanta desgracia humana.

Sin importar el traje que vistan, o los discursos que pronuncien, tenemos que hacer coro, unirnos todos con las víctimas de Ayotzinapa, el Palacio de Justicia, y los llamados “falsos positivos.” Sin apadrinar ni justificar ningún otro crimen individual o colectivo cometidos en México, Colombia, o los Estados Unidos, cuya complicidad con estas conductas ha sido manifiesta desde los inicios del Plan Colombia, que tiene en la presencia del secretario de Estado, John Kerry, quien nos visita, un ave de mal agüero, y una historia que no se puede repetir, y que tiene que quedar esclarecida en estas memorables jornada por venir.

1 Profesor asociado, exdirector de Ciencia Política y Unijus, Universidad Nacional de Colombia. Catedrático Maestría Estudios Políticos, Universidad Javeriana. Director del Grupo Presidencialismo y Participación. Coordinador del proyecto Seminario Internacional A. Gramsci. Autor del libro: Antonio Gramsci y la Crisis de hegemonía. La refundación de la ciencia política. Email: presid.y.partic@gmail.com

Edición N° 00429 – Semana del 12 al 18 de Diciembre – 2014
 
 
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