Los retos de 2015

  Antonio Madariaga Reales
  Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía
   
 

2014 fue el año en que se definieron importantes condiciones para avanzar en la firma de un acuerdo de terminación del conflicto armado entre las FARC y el gobierno, que de paso a la construcción de la paz.

La reelección del presidente Santos sobre la base de un mandato para la consecución de la paz, los avances en la mesa de diálogo de la Habana, (van tres puntos firmados y un acuerdo de principios sobre los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación), la introducción de metodologías inéditas que implican reconocimiento de la naturaleza del conflicto y de los derechos de poblaciones afectadas por el mismo, (la visita de las víctimas, de las mujeres, la creación de la subcomisión de género y la comisión de esclarecimiento histórico) y últimamente la declaratoria de tregua unilateral indefinida por parte de las FARC, reafirman la voluntad de paz de las partes lo que no ha ido acompañado suficientemente por el respaldo de la población a las consecuencias de la terminación del conflicto armado y en particular lo referente al pago de cárcel y la participación en política de los guerrilleros.

Por otra parte en este año hemos pasado de la enorme ilusión que despertó el anuncio de la fase exploratoria entre el gobierno y el ELN, a la preocupación por las distintas señales de que ese proceso no avanza, que las distancias entre las partes no parecen disminuir y que hay de parte y parte inamovibles. El ELN tendrá que tomar la decisión de abocar un proceso de diálogo que lleve efectivamente al fin del conflicto. Al parecer las mayores diferencias en lo operativo/político se encuentran en la participación, (el ELN ha vuelto a la idea de la Convención Nacional como condición previa o simultanea) y a la duración de las negociaciones, (está planteando más de un lustro). Sin embargo, a nuestro modo de ver el problema principal (siendo reduccionistas porque es mucho más complejo que esto), es que el ELN encuentra muy poco atractiva una negociación para tramitar los conflictos en el marco del Estado de Derecho y convertirse en una organización política legal compitiendo electoralmente por el favor de la población, y de manera particular tienen serios reparos, por su característica de organización político militar abstencionista, (casi que por principio), a los escenarios de la lucha política legal, sin cambios previos de naturaleza institucional. Será tarea de la sociedad civil colombiana insistir ante las partes en la necesidad de avanzar hacia el inicio de diálogos efectivos y desde los sectores democráticos el mensaje contundente al ELN, de que sólo el tránsito a la política legal, abierta, permitirá la construcción de la paz y que la vocería de la sociedad civil y su agenda no la entregaremos para ser negociada por ninguna organización armada.

En el año 2015 el escenario se complejizará por la realización de las elecciones locales el próximo 25 de octubre, y la campaña que inicia formalmente el 25 de junio pero que estará agitándose desde el mes de marzo ya que las consultas internas de los partidos serán en abril. Allí tienen importancia capital las elecciones en Bogotá y Medellín, como máxima expresión de la contienda principal que será, entre el Centro Democrático aliado con sectores del conservatismo, los que ya iniciaron campaña alrededor de la figura del expresidente Uribe en los llamados Talleres Democráticos en un esfuerzo por consolidarse a nivel regional como la primera fuerza política, (en la segunda vuelta de las presidenciales ganó en 14 departamentos entre ellos Antioquia, Tolima, Huila y Caquetá y 622 municipios donde se juega la paz territorial), y alternativas diversas, desde el liberalismo, el conservatismo santista, Cambio Radical y la U por un lado, (como unidad nacional en algunos casos y por separado en otros) y las expresiones de la izquierda en el Polo, Marcha Patriótica y la UP por otro. El destino de la Alianza Verde es aún un misterio. Estas elecciones se convertirán en buena parte en un debate sobre las condiciones de la paz para los territorios. Destacamos los casos de Medellín y Bogotá, en el primer caso por la posibilidad de terminación de un ciclo de gobiernos “progresistas” y para la capital, la elección más importante después de la presidencia, se avizora una lucha que desde distintos ángulos, no solo del uribismo, tendrá como bandera el “rescate” de la misma después de las administraciones de “izquierda”, las dificultades de gestión de Petro y la corrupción de la alcaldía de los Moreno, desde dos ángulos distintos; el de Pardo y la gestión y el de Pacho Santos entre la gestión y la ideología. Por su parte Clara parece ser la opción más probable y la figura con mejor registro en las encuestas representa rupturas pero fundamentalmente muchas continuidades, faltando por definirse el papel que jugarán el petrismo y la Alianza Verde.

También tendrá gran importancia la decisión electoral en los departamentos del sur, (Huila, Tolima, Putumayo, Caquetá). La sociedad civil y los sectores democráticos tendrán la tarea de inclinar la balanza hacia los y las candidatas que expresen un genuino compromiso con los ejes temáticos de paz y paz territorial con todos sus componentes, derechos humanos y derechos de las víctimas. De lo que se trata en líneas gruesas es impulsar el desarrollo de actividades tales como Foros, Seminarios y encuentros con candidatos/as y luego con electos, precedidos de los talleres de construcción/deliberación de las organizaciones de la sociedad civil de las propuestas a presentar a los y las candidatas a los ejecutivos y cuerpos colegiados regionales y locales y luego a la lógica de monitoreo al cumplimiento de los compromisos.

Contribuir a “volcar la sociedad a la paz”, es un desafío que todas las iniciativas de paz, pero también los movimientos socio-políticos como el Congreso de los Pueblos, o abiertamente políticos como la Marcha Patriótica, el PDA y la UP y espacios como el Frente Amplio por la Paz deben afrontar en lógica de construcción con cimientos estables de agendas comunes por la paz que logren avanzar de forma coordinada en torno a los acuerdos políticos y objetivos convergentes ya alcanzados. Esa tarea debe complementarse con la del Consejo Nacional de Paz, para que este sea un espacio de concertación de los mínimos sociales de la paz por un lado y en el estímulo a la convocatoria de los Consejos Territoriales de Paz.

Otro de los retos sigue siendo la construcción del mecanismo y el método de articulación entre las expresiones nacionales y regionales del movimiento social por la paz que permitan desde la sociedad civil desarrollar los significados de la “paz territorial”. Se requiere un gran esfuerzo de conversación ente múltiples expresiones de la sociedad civil que permitan tender los puentes necesarios hacia expresiones gremiales, del sector privado y hacia la ciudadanía de a pie que movilizada refrende los acuerdos a los que se llegue en la Habana.

En términos generales, lo que podemos decir es que en lo que tiene que ver con el tema de la terminación del conflicto, la sociedad civil y los sectores democráticos tenemos importantes coincidencias con los propósitos declarados del presidente Santos y de manera particular con la idea expresada por el Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo de la “paz territorial”.

Pero hasta allí llegan nuestras coincidencias.

Tenemos grandes diferencias en la comprensión de las transformaciones necesarias para hacer de la paz un propósito nacional, empezando por lograr que sea una política de gobierno a la cual se sometan todas las acciones y actores de gobierno incluyendo los militares. Y allí el presidente Santos ha demostrado su incapacidad o falta de voluntad. Los mejores ejemplos en el terreno legislativo, están en la ley de baldíos y en los diferentes proyectos de reforma constitucional o legal para ampliar el fuero militar, desoyendo los múltiples pronunciamientos del sistema de Naciones Unidas y de la sociedad civil colombiana.

En el modelo de desarrollo se insiste en el extractivismo, en una perspectiva irracional de explotación de los recursos naturales, en el desconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos a la consulta previa y al consentimiento libre e informado.

En la progresividad de los derechos sociales se insiste en un modelo educativo centrado en la demanda, que no garantiza el acceso universal a la educación, en el perverso modelo de la ley 100 y su aplicación que en la práctica niega el derecho a la salud.

No pretendemos que los acuerdos de la Habana resuelvan mágicamente las múltiples demandas de la sociedad ni el descuido histórico por el campo, pero que no se levanten obstáculos adicionales a los ya existentes. En ese sentido si bien el documento de las Bases del Plan de Desarrollo aciertan en buena parte del diagnóstico sobre el déficit en el goce efectivo de derechos y en la mención nominal al enfoque basado en derechos humanos como enfoque de las políticas públicas, esto no se refleja en las estrategias y metas y mucho menos en lo indicadores que en la mayoría de los casos simplemente repiten modelos de los planes anteriores. El otro terreno donde fracasa el gobierno es en el desarrollo de una amplia pedagogía de paz y lo consignado en las Bases del Plan es claramente insuficiente.

En ese terreno de los derechos humanos el escenario tripartito de la Mesa de Firmantes, habrá de continuar la tarea desarrollada y fortalecer el trabajo en dirección a la implementación regional de la política pública en DD.HH y la estrategia nacional de derechos humanos y en la construcción y puesta en marcha de una Política Pública de Garantías para la acción de defensoras y defensores de DD.HH. Allí las declaraciones del gobierno en relación con su compromiso con los derechos humanos tendrá que concretarse y de manera especial en el terreno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Finalmente la evolución de la coyuntura pone en el centro de la discusión el tema del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, (punto nodal en el acuerdo sobre participación política alcanzado en la Habana) y en ese sentido reconocemos dos escenarios. En el primero la necesidad de que el Estado colombiano asuma en serio el compromiso de fortalecimiento lo que deberá incluir el diseño y puesta en marcha de un mecanismo transparente, competido de acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los recursos públicos. En el segundo habrá de desarrollarse una reflexión con la comunidad internacional que parta del supuesto de que la “cooperación para la paz” tendrá que considerar la ecuación democrática de que un estado democrático fuerte requiere de una sociedad civil fuerte.

Este es nuestra última edición de 2014, deseamos a nuestros lectores, a nuestros colaboradores, a las organizaciones socias en las regiones y plataformas en las que participamos, a las diversas instituciones públicas y privadas con las que trabajamos y/o hacemos convenios, a nuestros financiadores y a cada una de las personas que valoran el esfuerzo por la democracia y la ciudadanía que hacemos en la Corporación Viva la Ciudadanía, una Feliz Navidad y que 2015 nos acerque irreversiblemente a la paz que queremos. El Semanario Virtual Caja de Herramientas estará circulando nuevamente el viernes 23 de enero de 2015.

Edición N° 00430 – Semana del 19 de Diciembre al 23 de Enero – 2015
 
 
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