Desescalamiento y Constitucionalidad

  Alberto Ramos Garbiras1
  Abogado, Universidad Santiago de Cali
   
 

Para solucionar el conflicto interno colombiano el acompañamiento de los países amigos se ha visto, pero la ONU y la OEA, deberían ser efectivas, visibles y ajustarse a los métodos de solución pacífica de los conflictos(buenos oficios y mediación, investigación, conciliación, comisión de encuesta, negociación diplomática, arbitraje),mecanismos establecidos en estas organizaciones internacionales, porque tanto los procedimientos de desescalamiento o de treguas bilaterales exigen mucha veeduría con capacidad de advertir, monitorear y frenar los despropósitos de los saboteadores.

El cese al fuego unilateral que se inició el sábado 20 de diciembre es una muestra de voluntad para desescalar la guerra interna. Las acciones de desescalamiento que las partes pacten, disminuirían las muertes violentas, humanizarían el conflicto interno, crearían un clima de “confianza” moderada, modularían los enfrentamientos encarrilándolos en las reglas de la guerra que contempla el Derecho Internacional Humanitario (DIH), permitiría terminar los puntos de la agenda produciéndose menos daño bilateral, y calmarían un poco a la opinión pública, ya exacerbada por las noticias de la guerra descarriada.

Hay que revaluar el tipo de guerra interna que tratamos de terminar. Su duración de 50 años la ha ido transformando y degradando en extremo. Ya no es un enfrentamiento clásico de los que sostenían las guerrillas de los años 60s, actuando enmarcados en la guerra de guerrillas, y contra un solo actor: el ejército institucional. En los últimos 25 años las guerrillas se han enfrentado a varios actores (el paramilitarismo transmutado) y a la ayuda externa norteamericana. Las mafias y sus conexiones rurales permearon a todos los actores oficiales, semioficiales e ilegales; el narcotráfico descompuso a los actores armados y a la guerra misma. Ningún sector está depurado. La oposición neolaureanista con el refinamiento de prácticas falangistas quiere hacer añicos el proceso de paz. Este entramado más otros elementos hace inevitable una revaluación para acceder a la tregua bilateral o al diseño de un desescalamiento consensuado para combatir “limpiamente” mientras se definen los últimos aspectos de los acuerdos en la mesa cubana de negociación política.

En esas circunstancias después del incidente del General Alzate, y después de dos años con tropiezos dentro del proceso, se hace ineluctable( sino hay tregua bilateral), pactar la forma de un desescalamiento(desmonte, desactivación o disminución de acciones hostiles y bélicas), para poder concluir las conversaciones encaminadas a alcanzar el fin de la guerra.

El ELN de entrar al proceso de paz de manera formal llegaría en un momento avanzado del diálogo con las FARC que, condujo inevitablemente a una etapa de desescalamiento, so pena de desbarajustarse, y llegarían al final de esas conversaciones. Les tocaría “empezar al revés”, es decir, entrar en una etapa de desescalamiento implica adoptar la misma postura sin haber firmado ningún tipo de acuerdos, y acoplarse a lo que la Nación está sintiendo; ello también movería al Gobierno a replantear el criterio de dialogar bajo el fuego y moverse hacia la tregua bilateral.

La eventual llegada del ELN exigiría también una agenda similar en aspectos temáticos que podría evacuarse más rápido si se acogen a lo pactado por extensión con las FARC, pudiéndose tratar los temas nuevos o diferentes con mayor dedicación y tiempos precisos de discusión.

La celeridad para terminar el proceso con las FARC todos la deseamos. Pero los ciclos de conversaciones se han dilatado. Vamos en el ciclo 32 y no se ha concluido lo atinente a la reparación de las víctimas y los aspectos que contendrá el fin del conflicto. Los subtemas de cada uno de ellos saltan o brotan a veces sin que nadie lo haya calculado o previsto, por la complejidad de esos temas.

Los cálculos del Ministerio de defensa sobre bajas en combate, en los dos últimos años (8.350 guerrilleros abatidos), como ejercicio de Muertología, alientan a la derecha guerrerista y desalientan a los que pueden ver en ello una treta para exhibir efectividad para disminuir a la contraparte y falta de voluntad para ceder en los cambios que requiere la construcción de una nueva sociedad que alcance el postconflicto para comenzar las reformas de inclusión social.

La declaratoria de cese unilateral del fuego indefinido desde el 20 de diciembre fue una apuesta osada para logar el cese bilateral porque se condicionó a romperse si los frentes de la guerrilla recibían ataques de las fuerzas armadas. Como las dos partes inmersas en el conflicto están pensando en actos de desescalamiento y en acelerar la agenda de negociación, esta situación los ha impelido a planear mejor desde sus posiciones de mando.

Las dos partes (Gobierno y Guerrilla), a la altura del año 2015, no necesitan más demostraciones de fuerza y poderío para ablandar una parte a la otra, ambos saben que tienen capacidad de ataque y destrucción.

El temor de Santos a Uribe y su Centro Democrático como partido de oposición, lo perdió del todo. Sabe que más que cuidarse de las críticas por las conversaciones de La Habana, debe cuidar el proceso de paz para que no se deshaga. Y aun cuando realice cualquier acto loable, lo van a criticar. Santos tiene la mayoría obtenida en las urnas y tiene el poder, entonces su apuesta por la paz debe concluirla y colocarle sordina a las voces guerreristas. Con esta reflexión está claro que debe avecinarse el cese bilateral del fuego, antecedido de gestos de desescalamiento.

La guerrilla de las FARC no puede dudar de la belicosidad de la extrema derecha que durante 8 años los disminuyó y replegó, aunque no los venció; y deben ser realistas acerca de la fractura de las relaciones Uribe- Santos, y de la inminente disputa que se dará por los poderes locales de cara a las elecciones del octubre 2015. Y el Gobierno sabe que a la población no se le puede dejar expuesta a más violencia que deviene de esa confrontación porque esto puede diezmar el interés por la refrendación electoral de los acuerdos de paz.

Dentro de la temporalidad del cese bilateral del fuego no dejan ni entregan las armas ninguna de las partes hace dejación de las armas, solo se abstienen de combatir, para concluir los diálogos y firmar la paz. Mientras tanto el Gobierno a través de la Fuerza pública, las sigue usando contra todo tipo de delincuencia no política que, subvierta el orden, y contra quienes no están dentro del dialogo del proceso de paz. La diferencia es que con el cese definitivo del fuego se concluyen los acuerdos del proceso de paz, la guerrilla entrega las armas y el Gobierno después si las sigue usando en ejercicio del monopolio de la fuerza contra quienes estén por fuera de la normalidad alcanzada, contra otros actores armados y los delincuentes comunes.

El Presidente es el Jefe de las fuerzas armadas, desde la norma suprema constitucional; dirige las operaciones de guerra, planea con los mandos militares superiores, intensifica o combina formas de ataque a través del Ministerio de Defensa, etc. Se entiende que prioriza y calcula la conveniencia u oportunidad de esos ataques desde lo estratégico; lo mismo sucede en la lucha contra la criminalidad común. Entonces, si el objetivo es lograr la paz como fin supremo, así sea imperfecta, y lo expresa el preámbulo de la Constitución, si llegado el momento es oportuno y necesario cesar el fuego contra un actor armado para avanzar hacia la firma de la paz, ello no es inconstitucional porque el ejercicio de la fuerza pública sigue desplegándose contra los demás actores, políticos y comunes que, se mueven en el territorio nacional.

Dirigir la Fuerza Pública y las operaciones militares no significa impartir órdenes para dar plomo en todo momento. La guerra tiene sus tiempos, espacios y lugares de confrontación y también de respiro. Mucho más si se trata de una guerra interna con un dialogo político en una mesa acordada con el contrincante. Si las condiciones cambian y el cese al fuego contribuye al avance de los diálogos de contenido definitorio, los ataques pueden disminuirse y practicar un desescalamiento proporcional a los gestos que hace el contrincante. Es una etapa de forcejeo en la lucha que surge de forma regulada para poder terminar los acuerdos pretendidos, que se pueden dañar por la correlación y efectos entre el campo de batalla y las aspiraciones vertidas en la mesa de los diálogos. El desescalamiento (no escalar más, no intensificar, no agravar), o desactivación dosificada del conflicto se puede concebir con una voluntad conjunta y aparejada: al unísono y proporcionalmente. Pueden ser micropactos para aliviar la confrontación sin ceder todo, mientras se avanza en las conversaciones.

Buscar la paz es el fin supremo del Estado para poder convivir y desarrollar la economía. Es un principio constitucional y un objetivo teleológico, en el preámbulo que baña toda la normativa constitucional; es un fin del Estado contenido en el artículo 2 deducible de los compromisos estipulados allí: promover la prosperidad, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia y proteger a todos los residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, entre otros aspectos. Y está consagrado como un derecho humano en el artículo 22.

Sin la Paz no hay orden y sin buscarla no hay cumplimiento de la misma Constitución. Entonces como puede ser inconstitucional negociar por la vía dialogada para lograr la Paz si es un propósito del Estado democrático que el Gobierno en ejercicio debe conseguir. Sin la Paz se alteran todos los derechos humanos: la circulación, la vida, el trabajo, la integridad física, la autonomía personal, la libertad, etc., el Dr. Diego Uribe definió a la Paz como un derecho síntesis en ella se conjugan o reúnen todos los derechos. En repetidas ocasiones les he dicho a mis alumnos en clase, creo que la Paz quedó mal clasificada dentro de la ubicación de la carta de derechos, más que un derecho individual, también es un derecho colectivo, la Paz no la puede alcanzar una sola persona, cuando se logra es para el goce de toda la nación.

Si el cese bilateral del fuego se acordase antes de la firma de los acuerdos definitivos no se produciría una determinación inconstitucional del Presidente Santos, como lo han expresado algunas personas (entre ellos el general ® Jaime Ruiz, o David Barguil presidente del partido conservador, entre otros), porque se puede tomar como una táctica militar dentro del desarrollo del conflicto que contribuye al sostenimiento de los diálogos para alcanzar la paz. Tampoco iría en contravía del Protocolo II de Ginebra. Como lo expresó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, “eso depende de las funciones especiales del Presidente como jefe de la fuerza pública y es permitido por el Protocolo II de los convenios de Ginebra, en los que se dice que si se llega a ese Acuerdo y se cumple, se puede hasta llegar a la amnistía de los crímenes de guerra”.

1 Profesor de ciencia política y derecho internacional en la Universidad Libre; especialización en derecho Constitucional, Universidad Libre; magister en ciencia política de la Universidad Javeriana, P.h.D, en política latinoamericana de la Universidad Nacional (UNED) de Madrid-España. Miembro del Colectivo de Paz y Posconflicto de la Universidad Libre, Cali.

Edición N° 00431 – Semana del 23 al 29 de Enero – 2015
 
 
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