No es justo

  Pilar Rueda Jiménez
  Consultora externa
   
 

Con alguna periodicidad los medios de comunicación generan conmoción y repudio social frente a ciertos delitos y crímenes, casi siempre asociados a la violencia contra niños, niñas y adolescentes y algunas veces, contra las mujeres. Pareciera que fueran casos excepcionales, frente a los cuales se hacen propuestas de reformas judiciales para aumentar las penas hasta el máximo posible: la cadena perpetua y hay quienes creen que van más allá, al proponer la pena de muerte.

Las declaraciones de quienes tienen la responsabilidad de garantizar  la protección y seguridad de las y los habitantes de este país, de quienes tienen la función de garantizar justicia como un mecanismo apropiado y democrático para resolver conflictos y sancionar delitos, de quienes tienen la responsabilidad de promover ideas y opiniones favorables a los derechos humanos, se confunden con las opiniones y declaraciones del común, de ciudadanas y ciudadanos convencidos de que la cadena perpetua o la pena de muerte en sí mismas son una amenaza tan fuerte que pueden disuadir a los victimarios, y también las proponen como una forma de mostrar el compromiso total con las niñas y los niños.

Las declaraciones y expresiones públicas tienen en común una fuerte carga emocional, que momentáneamente vuelve iguales a representantes del Estado con la sociedad civil. Este consenso emocional, estas actitudes “son amenazas profundas a la existencia y a la estabilidad de una cultura política liberal”1 que en últimas es el modelo de sociedad que la Constitución del 91 nos prometió y que no ha logrado desarrollarse plenamente.

La cadena perpetua y la pena de muerte son contrarias a los valores y principios de la actual Constitución Política, pero sobre todo no garantizan la erradicación de la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, porque la sociedad y el Estado formalmente rechazan los delitos y crímenes contra estas poblaciones, pero en la práctica los toleran y justifican como un asunto cultural y no como delitos graves. No es justo que la violencia contra niñas, niños y mujeres sea utilizada para promover cambios en un sistema judicial que no ha logrado garantizar la superación de la impunidad frente a la violencia de género. No es justo promover y fortalecer el populismo punitivo a nombre de quienes sufren cotidianamente la violencia doméstica y la violencia sexual y de quienes con frecuencia son revictimizadas cuando intentan acceder a la justicia y a la oferta institucional.

¿De verdad creen que si hasta ahora la mayoría de los casos de violencia de género quedan en la impunidad, con la cadena perpetua esto va a cambiar? No me imagino a las mujeres denunciando este crimen, si saben que esto implica una condena de por vida al violador, que según Medicina Legal pertenece al ámbito familiar: La información registrada confirmó como principal agresor, al igual que en años anteriores, a algún familiar, con el 39,61% del total de registros; dentro de la circunstancia del hecho la violencia intrafamiliar obtuvo un 48,69% y según el escenario, los hechos se presentaron principalmente en la vivienda de la víctima y del victimario con un 70,11% de la información; de acuerdo a estos datos es evidente que este tipo de violencia afecta de manera considerable el entorno familiar”.2

Tampoco me imagino, con el hacinamiento carcelario existente, que jueces y fiscales decidan enviar a la cárcel a por lo menos la mitad de los violadores que el año pasado atacaron sexualmente a 17.906 (86.34%) niñas y niños menores de 17 años; es decir, que con sus decisiones incrementen el hacinamiento carcelario con 8.953 nuevos reclusos. Hay que tener en cuenta además, que si bien para 2013 hubo una leve reducción del 3.57% en los dictámenes sexológicos, el número de víctimas por año sigue siendo alto, con un retraso histórico en el sistema judicial. Podría dar más evidencias para mostrar como los casos puntuales, que tienen mayor publicidad y, por lo tanto, mayor respuesta institucional, no son excepcionales y deben servir para revisar las condiciones estructurales y las prácticas institucionales que de alguna manera favorecen la violencia contra las mujeres, en todo su ciclo vital, a pesar de los avances legislativos con los que cuenta el país.

Las víctimas de la violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado – cuando hablan de este delito–, lo califican como una experiencia injusta”: No merecía que me hicieran eso, yo no me lo busqué, nunca entendí por qué pasó, etc. Siempre tratando de convencerse y convencer que no tuvieron responsabilidad, que no provocaron el ataque, porque es lo que les toca demostrar social y judicialmente.

No es justo: la violencia sexual en sí y la sospecha e incredulidad en las víctimas se refuerza con lo que las víctimas también califican como injusto: el tratamiento institucional que relativiza esta violencia, que no actúa efectiva y rápidamente para castigar a los responsables y que no les garantiza atención para superar los impactos de este delito, y yo agregaría que no es justo proponer medidas que van a limitar mucho más su acceso a la justicia, y la sanción efectiva de este delito.

Con los altos niveles de impunidad, con la persistencia y nuevas expresiones de la violencia sexual, que hacen más compleja su erradicación, es entendible que la sociedad civil reaccione desesperada y se aferre a soluciones extremas. Lo que no es entendible es que representantes del Estado apelen a estas propuestas y promuevan cambios, sin asumir sus responsabilidades por omisión. Lo importante sería preguntar, y que las entidades responsables respondan: por qué la investigación de oficio no se activa frente a estos delitos, por qué siguen imponiendo el peso de la carga probatoria en las víctimas, por qué los testimonios de niños y niñas se siguen relativizando, por qué la Defensoría del Pueblo no ha instalado un sistema de defensores/as públicos/as para víctimas como lo ordenan el Código de Infancia y Adolescencia y la Ley 1257, por qué no hay una política criminal que busque resocializar a los violadores (cuando sea Posible). En fin, por qué el Estado no ha pasado de la retórica y las respuestas formales a las acciones concretas que garanticen la prevención de estos delitos, su sanción efectiva y la atención adecuada de las víctimas.

Más que declaraciones públicas de disgusto y rechazo frente a la violencia contra niños, niñas y mujeres, las ciudadanas y ciudadanos esperamos de las instituciones acciones sostenidas, con suficientes recursos (técnicos y financieros), con enfoque de derechos, que muestren un compromiso real con la superación de la violencia y la discriminación de género, porque no nos digamos mentiras: proponer cadena perpetua no pasa de ser un acto de catarsis pública, afortunadamente.

Edición N° 00436 – Semana del 27 de Febrero al 5 de Marzo – 2015

1 Martha Nussbaum, El Ocultamiento de lo humano: Repugnancia, vergüenza y ley. Buenos Aires, 2006. Pág. 29.

2 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Forensis: Exámenes Médico Legales por Presunto Delito Sexual, Colombia, 2013. Bogotá, 2014. Pág. 423.

 
 
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