Balance de incidencia en el plan nacional de desarrollo (II)

 
  Diana Salcedo Novoa y Karina Camacho Reyes
  Asesoras Estrategia de Lobbying y Presión Política, Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Educación y seguridad social

Continuando con la reflexión que desde la Corporación Viva la Ciudadanía venimos publicando en el Semanario Virtual Caja de Herramientas desde el número anterior, presentamos un balance sobre algunos de los aspectos que en los derechos a la educación y la seguridad social quedaron integrados o ausentes en el texto definitivo del Plan Nacional de Desarrollo –PND.

Educación

En el Capítulo II de Movilidad Social el artículo 55 referido a la obligatoriedad de la educación constituye un acierto al reconocer la educación como un derecho y propender por la universalidad, y obliga al Estado y los entes territoriales a diseñar e implementar planes para lograr la universalización de la educación media en forma gradual. Entre la primera versión del articulado y la última, se introduce el artículo 56 que de forma expresa  reconoce que “La educación inicial es un derecho de los niños y las niñas menores de cinco años de edad”; en su parágrafo tercero enuncia que los referentes técnicos pedagógicos deberán contener estándares de inclusión y accesibilidad dando cumplimiento a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, no obstante siguen haciendo falta disposiciones para garantizar la educación libre de sexismo y de todo tipo de discriminación.

Preocupa del artículo 58 que crea el Sistema nacional de educación terciaria, en el que donde prácticamente se obvian las dificultades de acceso a la educación universitaria, y ubica a esta en el mismo rango que la denominada educación para el trabajo (impartida por instituciones de educación técnica y tecnológica) adaptada a los requerimientos empresariales y de mercado, e ignorando las nuevas demandas que el postacuerdo trae en términos de derechos humanos y paz.

La creación del Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) implica:
a) Desfinanciamiento de la educación superior pública, al insistir en el modelo de financiación de la demanda, y el traslado de recursos públicos a las instituciones educativas de carácter privado.

b) Impulso del acceso a la educación para el trabajo, ignorando demandas como el aumento de la cobertura por parte de las instituciones públicas de educación superior.

c) Institucionaliza la noción de que se mejoran las capacidades en la medida en que se obtengan mejores resultados en las estandarizadas pruebas nacionales e internacionales

d) Pone la educación al servicio del mercado al enunciar explícitamente que se deberá “afianzar relaciones entre el sector educativo y productivo”.

Llama la atención el artículo 95 Financiación de proyectos de la Instituciones de Educación Superior -IES- que establece que el ICETEX ejercerá las funciones de financiar y cofinanciar programas y proyectos que contribuyan al desarrollo científico, académico, administrativo de las IES, pero no distingue las necesidades diferenciadas de las IES públicas y privadas.

La conciliación en el Congreso de la versión definitiva del PND no incorporó ninguna de las propuestas hecha por organizaciones sociales y algunos partidos políticos para el fortalecimiento de la calidad de educación superior, entre ellas la creación de: i) una comisión para la formulación de la política de educación rural primaria, media, técnica, tecnológica y superior (propuesta que pretendía dar profundidad y coherencia al discurso de cierre de brechas entre lo rural y urbano), ii) un programa para el estímulo a la calidad de la educación superior, y iii) un Comité Autónomo e independiente de diagnóstico de la Educación Superior para la identificación y solución de problemas como el déficit de universidades públicas, y la formulación de una reforma a la educación superior para la paz y la democracia.

Seguridad social

Algunos de los puntos más conflictivos presentados por el PND hacen referencia a modificaciones al sistema de salud y seguridad social, que no solo no garantizan el ejercicio pleno de derechos, sino que van en contravía de la sentencia de la Corte que declaró exequible la Ley Estatutaria de Salud (ver artículos del PND desde el 68 hasta el 71).

La versión del texto de PND mantiene el artículo 72 de Política Nacional de Trabajo Decente, el uso del término (trabajo decente) debería corresponder con la aplicación de sus contenidos y el desarrollo de sus apuestas, lo cual se vislumbra en disposiciones como: “el Gobierno Nacional fijará reglas para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización”, o “el Gobierno deberá garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal”, no obstante para su adecuado cumplimiento hacen falta procesos de seguimiento permanente y extender las apuestas al sector privado.

El articulo 75 pretende fortalecer el dialogo social y la concertación, pero no adopta la recomendación de los espacios tripartidos (trabajadores/as, empresariado, y gobierno) para la incidencia de las organizaciones sindicales en la definición de las políticas laborales. Este escenario es positivo siempre y cuando se adopten planes, programas y proyectos para capacitar al personal encargado de dar seguimiento a las violaciones de los derechos laborales, además, de los mecanismos de sanción a las empresas que vulneren los derechos de negociación y asociación sindical de los y las trabajadoras, así como aquellas que impulsan la firma de pactos colectivos para quitar fuerza e injerencia a las organizaciones sindicales.

El artículo 77 de Ampliación y seguimiento del mecanismo de protección al cesante no adopta la recomendación de implementar un sistema de subsidios temporales condicionados a la búsqueda de trabajo activa, la formación laboral y el mejoramiento de las competencias laborales. Tampoco establece un monto mínimo para los bonos de alimentación, sobre los cuáles se había exigido que bajo ningún motivo fueran inferiores al subsidio de transporte.

El artículo 98 que busca la Protección social para trabajadores independientes con ingresos inferiores al salario mínimo no da cuenta de la creación de empleos decentes que garanticen a los y las trabajadoras ingresos dignos, sino que solamente llega hasta paliar los efectos de la desprotección del trabajo precarizado ubicado bajo la categoría de “independiente”. Según artículo 98, los y las trabajadoras independientes podrán vincularse al Sistema de Seguridad Social Integral en condición de contribuyentes, cotizando si lo desean, los Beneficios Económicos Periódicos, y para riesgos de incapacidad y muerte a un esquema de microseguros.

No obstante el gobierno eliminó el artículo 99 de la anterior versión del PND Afiliación a la seguridad social integral de los trabajadores dependientes por periodos inferiores a un año, por el cual se obligaba a los empleadores a vincular a este tipo de empleados a la Seguridad Social Integral, un gran retroceso de esta versión del articulado.

Una gran debilidad en el tema de los mínimos vitales se puede evidenciar en el PND, ya que si bien están contenidos en las bases, no se incluyó el artículo que reglamentaba que el gobierno diseñaría las estrategias para garantizarlos y avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la población empobrecida y vulnerada. Tampoco se adoptó el artículo que buscaba que un comité interinstitucional e interministerial diera seguimiento al cumplimiento de los Objetivos del Milenio y los avances de la Agenda post 2015.

Es de anotar, que en el Plan de inversiones 2015-2018 sí se incluye un rubro denominado “Mínimos vitales para el fortalecimiento de las capacidades de la población en pobreza extrema”, que corresponde a $26.433.784 (millones de pesos). A pesar de esto, se continúa con las políticas subsidiarias, sin avanzar en la destinación de recursos para la generación de trabajos decentes; por su parte el rubro de inversiones para las “Alternativas de empleo de calidad y el aseguramiento” solo es de $195.809 millones de pesos.

Parece positiva la ganancia para las madres comunitarias con el artículo 83 Atención integral a la primera infancia en modalidad comunitaria para el fortalecimiento de las modalidades comunitarias y de familia, mujer e infancia (FAMI) en concordancia con la estrategia de atención integral a la primera infancia.

Edición 446 – Semana del 15 al 21 de mayo de 2015
 
 
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