El tijeretazo a las regalías

 
  Amylkar D. Acosta M.
  Director ejecutivo Federación Nacional de Departamentos
 
   
 

Le llegó el turno a las regalías

La descolgada de los precios del petróleo, el carbón, el oro y el ferroníquel le está pasando factura a la economía y a las finanzas públicas, tanto de la Nación como de los departamentos y municipios. El crecimiento de la economía se viene desacelerando de manera sostenida; la economía colombiana se ha contagiado de lo que la Directora Gerente del FMI Christine Lagarde llama apropiadamente la “nueva mediocridad”, al referirse a las perspectivas de crecimiento potencial mediocre de la economía global1. En efecto, el crecimiento del PIB en Colombia en el 2014 fue de 4.6%, por debajo del ritmo de crecimiento en 2013, que fue de 4.9% y salta a la vista que la desaceleración del crecimiento se viene acentuando trimestre tras trimestre. Es así como en el primer trimestre de 2014 el crecimiento del PIB fue de 6.4%, en el segundo 4.3%, en el tercero 4.2% y en el cuarto trimestre 3.5%; es decir que la tendencia al declive de la tasa de crecimiento es más que evidente. Todo indica que la desaceleración continúa en 2015, máxime cuando en concepto del Gerente del Banco Emisor José Darío Uribe una “caída del 40% en el precio del petróleo significa más de 2 puntos del PIB”2. Por ello no es de extrañar que el Banco de la República después de haber corregido su previsión de crecimiento de la economía colombiana de 4.3% inicial a 3.6%, esta semana la revisó nuevamente para apostarle a un crecimiento más modesto todavía de 3.2%.

Pero, así como se afecta el ritmo de crecimiento de la economía a consecuencia de la destorcida de los precios de nuestros principales renglones de exportación, también se ven impactados tanto los recaudos de impuestos por parte de la Nación, los dividendos que recibe de la estatal petrolera, ECOPETROL y, desde luego, también las regalías que pagan las empresas que explotan los recursos naturales no renovables, los cuales percibe el Sistema General de Regalías (SGR). Según estimativos del Ministro de Hacienda, “las rentas petroleras que recibe el Gobierno (impuestos y dividendos)…en el año 2013 la Nación recibió $24 billones, este año van ser $9.5 billones. En escenarios conservadores es previsible que en los próximos años lo que hoy son $9.5 billones sean $6 billones”3. Ello llevó al Ministerio de Hacienda a recortar en $87 billones el Presupuesto plurianual anejo al Plan Nacional de Desarrollo Todos por un nuevo país y a aplazar $6 billones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia del 2015.

Las regalías, que se han convertido en la principal fuente de financiamiento de los proyectos de inversión de las regiones, no podían escapar a los devastadores efectos de esta caída estrepitosa de los precios internacionales de los commodities. El Presupuesto del SGR que se aforó para el bienio 2015 – 2016 en $17.470.202´822.028 (de los cuales $14.308.416´365.911 corresponden a hidrocarburos y $3.161.786´456.117 a minerales)4. Adicionalmente, se incorporaron $400.000.000.000 de rendimientos financieros y $353.823.761.679 de desahorro extraordinario del Fondo de Ahorro y Estabilización, para un gran total de $18.224.026.583.707. Este Presupuesto se sustentó al momento de su aprobación en un precio del crudo de US $85 el barril y este ha tenido una caída que llegó a superar el 50%. Y se sabe que por cada dólar menos al que se cotiza el barril de crudo se dejan de recibir por parte del SGR $80.000 millones, aproximadamente. No obstante, la devaluación galopante del peso frente al dólar, que es la divisa en la que se transa el petróleo, ha amortiguado, así sea parcialmente, la reducción de los ingresos provenientes de la producción y exportación del oro negro. Según cálculos del Gobierno Nacional, el efecto combinado de la baja de los precios del crudo y la devaluación del peso, que en el mismo intervalo llegó a superar el 25%, es de un 34% de menores ingresos. De allí la necesidad, contemplada por la Comisión Rectora del SGR5, de “aplazar” el 30% de la inversión prevista en el Presupuesto 2015 – 2016 y próximamente será expedido el Decreto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “aplazando” la inversión de $5.2 billones, aproximadamente. En plata blanca ello significa que para este año los recursos de inversión disponibles para los departamentos pasarán de $7.4 billones $5.1 billones.

La ansiada espera y la desilusión

Ante la perspectiva de menores recursos provenientes de las regalías para el 2015 y dado que sólo podrán disponer del 50% del presupuesto bienal, como lo prevé la Ley 1744 de 2014 en su artículo 33, se le exhortó al Ministerio de Hacienda para que expidiera a la mayor brevedad el Decreto de liquidación del Presupuesto bienal 2013 – 2014 con el fin de liberar los recursos aún no comprometidos a través de los OCADs. Desde el mes de febrero se había anunciado su expedición, pero sólo se hizo efectivo el 17 de abril6, perdiéndose tres meses y medio para aquellos proyectos que estaban en la lista de espera en los OCADs, que se vieron paralizados por esa misma circunstancia, aguardando el momento en que pudieran tener la disponibilidad de tales recursos. Pero, a la tardanza en su expedición se vino a sumar una inesperada medida contemplada en el mismo a través de la cual se dispuso que los recursos provenientes de la vigencia anterior, al incorporarlos al Presupuesto de la actual vigencia, correrían la misma suerte de estos, es decir que sólo podrán ejecutar las actuales administraciones el 50% de dichos recursos y de contera se verán afectados además del “aplazamiento” del 30%. Es explicable, además de razonable que los recursos correspondientes al presupuesto bienal 2015 – 2016 tengan la limitación del 50%, porque como se dice coloquialmente “cada Alcalde manda en su año” y mal podría comprometer recursos del próximo año, cuando a partir del primero de enero del 2016 serán otros los titulares al frente de las gobernaciones y las alcaldías. Por la misma razón, no hace sentido que el 50% de los recursos que corresponden al Presupuesto de la anterior vigencia (2013 – 2014) se congelen hasta el próximo año.

Esta medida ha sido rechazada por gobernadores y alcaldes por considerarla además de injusta inconveniente. Injusta, porque se trata de recursos que se causaron en el ejercicio anterior y no hay razón para diferir hasta el próximo año los recursos que ellos están llamados a ejecutar. Por lo demás, no deberían ser objeto del “aplazamiento” del 30% habida cuenta porque tales recursos no se vieron afectados por el desplome de los precios como sí se verán los ingresos de la actual vigencia. Inconveniente, porque al “aplazar” el 50% de los recursos no comprometidos a diciembre 31 del año anterior ($600.000 millones, aproximadamente) y “aplazar” el 30% de estos ($180.000 millones, aproximadamente), muchos de los proyectos contemplados en el Plan de inversiones de los departamentos, algunos de ellos ya viabilizados, pero aún no aprobados por los OCADs, a la espera de estos recursos, quedarían desfinanciados. A ello se viene a sumar el hecho de que en no pocos casos, para garantizar su cabal ejecución, a algunos proyectos se les aprobó por parte de los mismos OCADs vigencias futuras, las cuales ahora se verán en un grave predicamento. No hay que perder de vista que las vigencias futuras hacen parte de las inflexibilidades a las que se ven abocadas las administraciones departamentales y municipales a la hora de asignar los recursos provenientes de las regalías. Dicho sea de paso, la ejecución de los recursos de los fondos del SGR se ha visto obstaculizada por la paquidermia de los OCAD, debido a las dificultades en su funcionamiento, convirtiéndose en un freno de mano. Por fortuna, se han venido dando los pasos conducentes a su superación y lo aprobado al respecto en la Comisión Rectora y en el Plan de Desarrollo, al posibilitar la asignación de recursos del SGR para la estructuración de proyectos, puede contribuir a ello.

La situación es tanto más grave para los departamentos mineros y productores de hidrocarburos, dado que la compensación prevista en la Ley de Presupuesto 2015 – 2016 en su favor del orden de $1.7 billón, aproximadamente, se le aplicaría también el “aplazamiento” del 30%, con lo cual se le estaría quitando con una mano lo que se le dio con la otra. Ello no hace sentido, habida cuenta que con tal compensación se trató de contrarrestar la enorme caída de sus ingresos por concepto de asignación directa, dado que el período de transición previsto en el Acto legislativo 05 de 2011 concluyó el año anterior. Se trataba, además de neutralizar la gran conflictividad que se ha desatado en las regiones productoras, exacerbada en gran medida por la mengua en sus ingresos por concepto de las regalías y, desde luego, estabilizar la producción. Prueba de que tal medida ha contribuido a atemperar los ánimos exaltados es que, después que el año anterior no fue posible alcanzar la meta del millón de barriles diarios de producción, en los primeros tres meses de este año se superó dicha barrera.

Que prime la sensatez

De no atenderse por parte del Gobierno Nacional el justo reclamo de gobernadores y alcaldes, para que se les permita a ellos ejecutar el 100% de los recursos provenientes de las regalías apropiados en el Presupuesto de la vigencia 2013 – 2014, sin ponerle cortapisas, al tiempo que se les respete en su integridad a las regiones productoras los recursos que se le asignaron como compensación en el Presupuesto de la vigencia 2015 – 2016, ello podría conducir a la parálisis de la inversión regional por el resto del año. Este sería un panorama catastrófico tanto para las regiones como para la economía nacional, ello sería peor que la amenaza que se cierne con la entrada en vigencia de la Ley de garantías y que el señor Presidente de la República Juan Manuel Santos quiso conjurar. En uno y otro caso, debido a las restricciones de las que serían objeto, el período de cuatro años para el que fueron elegidos los actuales gobernadores y alcaldes se reduciría a sólo tres.

Recordemos sus palabras cuando propuso modificar dicha Ley para que los actuales gobernadores y alcaldes “puedan ejecutar los recursos al final de su mandato”7. Incluso planteó el señor Presidente crear “una mesa permanente, donde se dediquen exclusivamente a destrabar proyectos de todo tipo, para que podamos gastarnos esa plata. Esa es una plata muy importante”8. Con el mismo propósito el señor Presidente fue más lejos y planteó que “las compensaciones –que ustedes no las iban a ver porque tales compensaciones del año 2014 y 2015, de acuerdo con las reglas, se pagan el año entrante – vamos a anticiparlas y a pagarlas ya: que son por 800 mil millones el año 2014 y $400 mil millones el año 2015. Entonces, eso suma $1.2 billones9. Todo en el afán de que con la inversión de las regiones en las obras que se requieren se puede hacer política contracíclica como lo aconsejan los textos de economía keynesiana y así contener la desaceleración del crecimiento de la economía nacional. Esperamos que prime la sensatez y la sindéresis en el Gobierno y se atienda este justo requerimiento por parte de gobernadores y alcaldes, no se está pidiendo nada extravagante ni mucho menos inviable fiscalmente.

www.fnd.org.co

1 Boletín del FMI. Abril, 9 de 2015.

2 El Nuevo siglo. Mayo, 3 de 2015.

3 El Tiempo. Marzo, 18 de 2015.

4 Ley 1744 de 2014.

5 Bogotá, marzo 24 de 2015.

6 Decreto 0722. Abril, 17 de 2015.

7 Palabras del Presidente de la República en el Congreso Nacional de Municipios. Cartagena, marzo 27 de 2015.

8 Ídem.

9 Ídem.

Edición 446 – Semana del 15 al 21 de mayo de 2015
 
 
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