En defensa de la fuerza pública

 
  Fernando Valencia Rivera
  Director regional de Viva la Ciudadanía, abogado y docente de análisis político en la U de A.
 
   
 

Ante la posibilidad de que el conflicto armado de nuestro país termine en una mesa de negociación y de que se conozca buena parte de la verdad con la que se abrirá paso a la justicia, se han encendido fuertes debates sobre los procedimientos con que deben tramitarse los delitos y las consecuencias que de allí se deriven para sus autores.

Es apenas obvio que cada una de las partes en la guerra pretenda asumir los mínimos costos, incluso al extremo de convenir medidas de punto final y perdón absoluto como ha sucedido en otros procesos de paz, pero por fortuna esto ya no será posible en nuestro país gracias a que se han identificado las nocivas consecuencias de esas experiencias, a la mayor facilidad de acceso a información y a la capacidad deliberante de las víctimas y de la sociedad en general.

Como quiera que uno de los bandos representa la institucionalidad y el otro la subversión contra ella, la responsabilidad de cada parte es diferenciada y el juicio de reproche sobre las conductas de los combatientes no puede reducirse al problema de la legalidad sino que trasciende al de la política.

La sola existencia de las guerrillas es un acto contra la ley, y más aún lo son las conductas que se ejecutan en desarrollo de la rebelión, pero el derecho internacional ha calificado esto como delito político y le ha concedido un tratamiento más benévolo bajo el supuesto de que se motiva en propósitos nobles y altruistas, permitiendo excluir eso sí de estos beneficios los delitos no políticos, aquellos que independiente de sus móviles se ejecuten con desprecio por la dignidad humana, con métodos de barbarie.

La fuerza pública en cambio, por su condición de autoridad y su obligación de velar por el cumplimiento de las normas del Estado, responde judicialmente por cualquier violación cometida sobre las personas y los bienes cuyo deber es proteger, sin que le sea permitido alegar motivaciones políticas en su favor. El reproche hacia los funcionarios públicos es mayor, sobre todo cuando sus faltas constituyen graves violaciones a los derechos humanos y más aún cuando configuran crímenes de lesa humanidad.

No obstante para que la paz sea posible militares y guerrilleros necesitan estar convencidos de que recibirán un tratamiento benévolo, de que no dejarán la confrontación para ser extraditados o pasar el resto de sus vidas en prisión. En este contexto, los primeros se amparan en la defensa de la institucionalidad y los segundos en la causa política de su alzamiento armado. El instrumento previsto en estos casos es el de la justicia transicional, y el tamaño de los beneficios que reciban unos y otros estará condicionado a la aceptación social e institucional de la transacción; por eso se origina un nuevo debate entre las partes: la disputa por la legitimidad, llevada a cabo mediante símbolos, pronunciamientos, campañas mediáticas y toda suerte de recursos con los que cada bando pretende ganar la aceptación de sus propuestas.

Uno de los principales escollos a superar está en que las partes acepten que no se trata de evadir la justicia sino de convenir la alternatividad de las penas sin sacrificar los derechos de las víctimas ni los intereses supremos de la sociedad. Los guerrilleros consideran que no deben ser juzgados con las normas y tribunales de su histórico enemigo y los militares que sus faltas no deben ser equiparadas a las del actor ilegal. Se hace evidente que ambos bandos rechazan la posibilidad de someterse a los procedimientos e instancias ordinarias de justicia; y en particular el Estado se ha embarcado en dos estrategias: elevar la legitimidad de la fuerza pública y llevar sus faltas a la justicia castrense.

Son evidentes los esfuerzos que se hacen desde el gobierno y diferentes sectores de la sociedad por lograr una imagen positiva de soldados y policías: se les presenta como héroes cada vez que cumplen con su deber, como mártires cuando son atacados, como perseguidos cuando son acusados y como abnegados servidores cuando son cuestionados; cualquier opinión contraria es descalificada y tenida como una hostilidad orientada por las guerrillas.

Esta campaña se hace aún en medio de los mayores escándalos por corrupción y descomposición al interior de la fuerza pública: En el tema de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, varios Generales han sido vinculados a procesos penales, cerca de tres mil uniformados, incluida toda la cúpula de un batallón, están detenidos y 815 de ellos ya han sido condenados1; en el tráfico de elementos de guerra, se ha conocido la desaparición de grandes cantidades de uniformes, armas y explosivos en las unidades castrenses y de policía así como la participación de uniformados activos en las redes ilegales que abastecen a las bandas criminales y a los propios grupos guerrilleros.2

Al tiempo que se cumple esta ofensiva mediática, se tramitó la reforma constitucional que adecúa el fuero militar para garantizar que los delitos de militares y policías no vayan a la justicia ordinaria. Bajo la regla de que todos los actos de la fuerza pública se valoran judicialmente a la luz del Derecho Internacional Humanitario DIH, el artículo 221 de la Carta Política permitirá ahora que cualquier delito cometido por estos funcionarios se califique como acto del servicio y que en consecuencia pase a la justicia penal militar, caracterizada por absolver sin fundamento a los uniformados responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Así las cosas los militares han ganado terreno en la posibilidad de no someterse a la justicia ordinaria, con lo que tal vez tampoco se arrimen a un régimen de justicia transicional o lo hagan con un reducido número de casos que no alcancen a ser absueltos por la justicia castrense. Una jugada en tal sentido constituye una traba a la posibilidad de alcanzar la paz toda vez que las víctimas de sus actos y los defensores de derechos humanos mantendrán la lucha por el sometimiento de los militares a una justicia independiente y en eso es muy probable que se cuente con el respaldo de organismos internacionales que ya han advertido sobre la inconveniencia de esta reforma.

Con esta estrategia los militares y policías están siendo expuestos a eventuales procesos en instancias de justicia internacional, por lo que sería más práctico aceptar de una vez por todas el reto de poner toda la verdad ante tribunales independientes a cambio de recibir el beneficio de penas alternativas, tal como lo propone la justicia transicional. Obtener seguridad jurídica es uno de los propósitos de los combatientes en un proceso de paz, así como una de las condiciones fundamentales para la sostenibilidad de la paz y para la garantía de no repetición.

No le hacen bien a la fuerza pública quienes orientan esta salida agazapada, como tampoco lo han hecho quienes portando las armas y los uniformes de la institución han arrasado a inocentes o a personas en indefensión. Es el momento de reconocer los errores y posibilitar los cambios que nos ayuden a pasar la página de la violencia; militares y guerrilleros deben aceptar que sus delitos vayan a una instancia judicial independiente y ofrecer verdad, reparación y garantías de no repetición.

Hay que evitar que quienes han manchado el honor de la fuerza pública garanticen su impunidad llevando al abismo a toda la institucionalidad. Los crímenes contra los derechos humanos y el DIH no son típicos actos del servicio, y eso no ofrece ninguna duda.

1 El batallón de la muerte. Revista Semana Edición 1727, junio de 2015.

2 ¿El Ratón cuidando el queso? Revista Semana. Edición 1728, junio de 2015.

Edición 452 – Semana del 26 de junio al 2 de julio de 2015
 
 
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