Sobre la reforma de equilibrio de poderes como instrumento para la democracia y la garantía plena de los derechos humanos. II Parte

 
  Pilar Ramos y Karina Camacho
  Asesoras Estrategia de Lobbying Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Introducción

Para la Corporación Viva la Ciudadanía es importante aportar en la discusión sobre la Reforma de Equilibro de Poderes y Reajuste Constitucional desde la perspectiva de los avances y discusiones que este proceso genera en relación con la ampliación de la democracia y la garantía plena de los derechos humanos; por ello entregamos esta reflexión teniendo como base el Informe de conciliación y con el ánimo de aportar elementos de debate y comprensión sobre sus alcances y limitaciones

En el artículo anterior observamos lo referente a la reelección para cargos uninominales, la Administración de la Rama judicial, la Representación regional en el Congreso y otras áreas reformadas. En esta entrega pretendemos aproximarnos a algunas discusiones sobre la democratización interna de los partidos, la representación regional y reflexiones finales sobre los alcances de la Reforma en materia de Derechos Humanos y ampliación de la Democracia.

La democratización interna de los partidos

La aplicación del esquema de listas cerradas para la representación de partidos políticos y sus candidatos y candidatas en cargos de elección popular ha suscitado un gran debate que señala argumentos a favor en la medida en que pueden aportar a disminuir el clientelismo y la compra de votos, así como a aumentar la democracia interna de los partidos y otras posiciones en contra, que señalan que genera obstáculos para los derechos a elegir y ser elegidos/as ya que, a diferencia de la lista abierta, en la lista cerrada no hay una elección directa de los y las votantes por sus candidatos o candidatas de preferencia. Cabe anotar que el informe de Conciliación deja claro que los partidos y movimientos podrán optar por el mecanismo de voto preferente.

Lejos de obviar estas discusiones, se esperaría que la elaboración de la ley estatutaria que regulará este y otros asuntos atienda las necesidades que expresan ambos lados del debate y ayude a consolidar las listas de la manera más progresista y útil para la democracia y los derechos políticos de electores/as, candidatos/as, y partidos políticos.

En sentido estricto los aportes democráticos del mecanismo de lista cerrada y bloqueada se verán con mayor fuerza en el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y en la ampliación de la participación y posibilidad de elección de las mujeres a través de la paridad de género. Solamente tras ser promulgada la Ley 1475 de 2011 que obligaba a que un 30% de las listas a cuerpos colegiados estuviera conformada por mujeres el porcentaje de mujeres electas aumentó a un 20%. Las listas paritarias y la transición hacia listas cerradas se espera que ayuden a superar ese porcentaje y que de la mano con profundos cambios en la cultura política de la ciudadanía y en la democracia partidaria, permita la participación de nuevos sectores y poblaciones en los comicios y su elección efectiva, especialmente para las mujeres.

Sin embargo, son altos también los riesgos. Los cacicazgos y las figuras con mayor representatividad e imagen pública pueden arrastrar la lista cerrada y fortalecer en el electorado la imagen de “personalismos” e incluso caudillismos en detrimento de la apertura pública de nuevos liderazgos plurales al interior de los partidos que puedan ser reconocidos por la ciudadanía. Fortaleciendo los ejercicios de democracia interna de los partidos deben contrarrestarse los desequilibrios en la conformación de listas, por esto, se define taxativamente que en la conformación se observarán progresivamente principios de paridad, alternancia y universalidad.

Pese a ello, el proyecto de ley no muestra rutas ni mecanismos concretos para la democratización interna de los partidos dirigidos a aumentar o ganar transparencia, inclusión y equidad en la conformación de las listas y a generar en la opinión pública y el electorado un impacto favorable en temas como la pluralidad en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía a elegir y ser elegido/a.

De igual forma al implementarse la lista única, al no verse representados públicamente con nombre propio las y los integrantes de la lista, se puede desincentivar la participación electoral tanto de quienes se candidatizan como de quienes eligen pues no encuentran en el partido en abstracto su preferencia personal, todo ello en el marco de un sistema político y electoral signado por el individualismo, el personalismo y el clientelismo como mecanismos de incentivo para la participación.

Otro riesgo sustancial es el debilitamiento del voto de opinión que ha sido en mayor grado un factor de ampliación de la participación para partidos minoritarios y de oposición. Este voto de opinión en elecciones de Senado y Cámara, así como en elecciones locales ha tenido un gran peso en la posibilidad de romper con cacicazgos regionales y abrir lugares en el ejercicio de poder político para partidos y figuras que no están inscritos en las estructuras clientelares, ni en las maquinarias electorales ni en las estructuras políticas mafiosas o con vínculos con la ilegalidad.

El reto institucional y político para hacer de esta reforma electoral un factor que amplíe la democracia pasa por la creación y/o mejoramiento de mecanismos de control tanto desde el Consejo Nacional Electoral, como desde las instituciones de gobierno en general y por supuesto del control y veeduría ciudadana, para que a partir de la consulta interna de los partidos se limiten y eviten de ser posible, riesgos de cooptación interna por personalidades prominentes, mafias, corrupción interna, favoritismos, que reproduzcan y profundicen la cultura política y el aparato clientelar, corrupto y personalista que ha predominado en nuestro sistema de partidos y electoral durante muchos años.

Mecanismos de transición y cambio como los propuestos por GIREPO, a saber: las listas semicerradas, modelos de consulta interna comunes, paridad y alternancia en todas las listas que se presenten a elecciones con obligatoriedad y políticas efectivas de inclusión de las mujeres en todos los escenarios de la participación política, son necesarios para avanzar en la ampliación de la democracia y el reconocimiento de Derechos en materia electoral.

Frente a la representación regional

En el artículo anterior señalábamos que la plenaria de la Cámara eliminó la propuesta del senado regional, sin embargo consideramos importante anotar algunos puntos de discusión frente a la propuesta inicial de la ampliación de la representación regional.

De haberse aprobado, en la práctica se elegirían 11 senadores y senadoras que representaría a los departamentos que cumplen con esta condición: Chocó, Caquetá, Casanare, Putumayo, Arauca, Guaviare, Amazonas, Vichada, Vaupés, Guainía, y San Andrés, que según la MOE en 2014, no contaban con ningún/a senador/a, excepto Casanare con 1 y solamente con 2 representantes por departamento. Actualmente en Colombia el sistema de representación electoral en los cuerpos colegiados es proporcional, con circunscripciones especiales y plurinominales; este sistema tiene un problema relacionado con el peso demográfico y su relación directa con los y las congresistas elegidas por cada región, lo que se traduce en la nula presencia de senadores de regiones con población escasa o dispersa, pese a que el Senado es de circunscripción nacional.

Como ya lo habíamos comentado, este sistema de representación genera una desproporción regional en la composición del Congreso; sin embargo “el ingreso de senadores de departamentos poco poblados se daría a costa de una gran reducción proporcional de la representatividad de los partidos minoritarios” (GIREPO, 2015) esto sumado al “desmonte” de circunscripciones dirigidas a minorías políticas en la cámara, puede significar una reducción de la democracia y una centralización mayor del poder en el Congreso por los partidos con mayor poder económico y maquinaria política regional. Se requiere entonces profundizar y analizar mecanismos que permitan resolver el problema de representatividad de regiones y áreas con menor población pues las diferencias territoriales dentro de las mismas regiones, departamentos y municipios entre las cabeceras municipales y las zonas rurales y dispersas así como las prácticas políticas locales determinan en gran medida los niveles de representación y participación.

Es importante resaltar que se adicionan dos curules en el Senado en circunscripción nacional especial para comunidades indígenas, avanzando democráticamente en el aumento de los niveles de representatividad y participación de los pueblos indígenas en el país.

Algunas reflexiones finales

En relación con los objetivos perseguidos por el proyecto de acto legislativo de “fortalecer la democracia, la institucionalidad y restablecer el equilibrio de poderes” podemos decir, que la reforma hace aportes en ese sentido, no obstante, los avances que pueda generar un instrumento legislativo no son suficientes para su consecución; de igual forma,  el propósito de “subsanar le progresivo desajuste institucional colombiano”, debe acompañarse de procesos sociales de transformación de los vicios de la cultura política, entre lo que se incluye una educación que permita a la ciudadanía tomar decisiones con la suficiente información y aplicando un sentido analítico y crítico y de acciones para garantizar el ejercicio de la democracia, como el desmonte de las prácticas clientelistas, y los vacíos de democracia y equidad al interior de los partidos.

En general las reformas jurídicas, más aún si pasan por aspectos constitucionales y tratan de temas de gran envergadura, deben pasar por amplios procesos de consulta y participación; en el caso de la reforma para el equilibrio de poderes, la participación debió ser mucho más amplia, especialmente teniendo en cuenta que la información y la reflexión de la ciudadanía es parte indispensable para conseguir propósitos relacionados con la transformación de la cultura política. En ese orden de ideas se requiere fortalecer los mecanismos para la veeduría y control político por parte de la ciudadanía.

Un elemento fundamental  para que la Reforma de Equilibrio de Poderes y Ajuste Constitucional realmente sea un aporte a la democracia, es que se base en un Enfoque Basado en Derechos Humanos –EBDH- lo que implica que se proyecte como una herramienta que garantice y facilite el ejercicio de los derechos –especialmente los derechos políticos y de acceso a la justicia, que a su vez configuran el acceso a muchos otros derechos-; por su parte, la garantía de derechos para todas y todos los ciudadanos implica la aplicación de otros dos enfoques: el territorial y el diferencial, ambos referidos a la identificación y atención de necesidades particulares de acuerdo con aspectos como la infraestructura institucional en los entes territoriales, la cultura y dinámica política de las regiones, y los obstáculos para el ejercicio de los derechos que en virtud de la discriminación histórica han sufrido sectores sociales discriminados y poblaciones como las mujeres, los y las jóvenes, y las comunidades étnicas.

En cuanto al reconocimiento de los enfoques diferenciales la Reforma se refiere puntualmente a la ampliación de la representación de pueblos indígenas y enfatiza el enfoque de género; al respecto ubicamos como un gran avance que se procure la equidad de género y paridad entre hombres y mujeres en las listas que presenten los partidos políticos para los cargos de elección popular. Hace falta garantizar su aplicabilidad en las listas cerradas, así como acompañar con otras acciones para la democracia y la equidad dentro de los partidos (que vayan más allá de lo cuantitativo o de la equidad nominal), y avanzar en la aplicación de otros enfoques diferenciales.

Edición 453 – Semana del 3 al 9 de julio de 2015
 
 
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