Excedentes financieros públicos ¿A quién benefician?

 
  Jaime Martínez Reina
  Economista, investigador independiente
 
   
 

Un axioma de la economía ortodoxa es que la rentabilidad, y finalmente los beneficios financieros, son la motivación para el progreso de los actores económicos y de toda sociedad. La tecnocracia convencional emula este axioma para calificar la gestión pública, asumiendo implícitamente que el Estado eficiente es el que logra equilibrios fiscales y mejor si son superavitarios.

Los Gobiernos Nacional y de Bogotá han adoptado esta visión de eficiencia fiscal. Según un informe de la Contraloría General dela República al cierre de 2014 reposaba en la red bancaria una disponibilidad de $7 billones no utilizados de apropiaciones del Sistema General de Regalías. Mientras las comunidades de las regiones vienen reclamando la atención de diferentes necesidades, el excesivo celo técnico-burocrático de los equipos del nivel central (incluidos la tramitación hacia los OCAD) son una barrera enrevesada con la que se neutraliza la oportuna asignación y el gasto de tales recursos.

Por su parte en Bogotá, progresivamente durante el desarrollo del actual Gobierno, se ha acumulado una creciente disponibilidad de recursos fiscales originados en el sostenido aumento del recaudo de impuestos y en la no ejecución parcial de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Al cierre del 2014 las cuentas bancarias y las inversiones financieras del Gobierno Central del Distrito1 contaban con una disponibilidad de $4.2 billones. Esta disponibilidad pudo haberse incrementado notablemente en la primera parte del 2015, meses donde sucede el mayor recaudo del impuesto predial, una de las más importantes fuentes del creciente recaudo de impuestos del Distrito.

El contraste de esta holgura financiera del Gobierno Distrital lo ha expresado la Veedora Distrital que ha venido insistiendo en el incumplimiento de las metas y los proyectos de todo orden contenidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana. El más reciente informe de la Veedora advierte que el actual Gobierno de Bogotá no alcanzara a cumplir sino el 50% de las metas, y dejara de ejecutar más del 60% de los recursos planeados. Luego el incumplimiento de compromisos públicos no ha sido por insuficiencia de recursos financieros.

Paradójicamente el estado superavitario (excedente de ingresos sobre los gastos) de las finanzas de la administración central distrital fue estimada hace unos meses por Salomón Kalmanovitz en alrededor de $6 billones. Tal balance, considerado por los medios periodísticos y la tecnocracia especializada como gestión eficiente ha sido lo único elogiado de la administración de Gustavo Petro. Este balance es considerado por estos actores como la única expresión seria y técnica de una administración severamente criticada.

El elogio se debe seguramente a que la disponibilidad de recursos financieros de tales dimensiones (al igual que los del Sistema de regalías señalados del gobierno nacional) son entregados a la red bancaria privada, que los usufructúa en condiciones baratas, y aunque sean recursos públicos sus rendimientos son apropiados privadamente por la red de actores financieros privados.

Un manejo público de los recursos fiscales

La recuperación y fortalecimiento de lo público como criterio orientador de las políticas públicas y de la gobernabilidad tiene en el manejo de los recursos públicos uno de los ejes esenciales. Y los recursos fiscales significan como ningún otro (en paralelo con los recursos y factores ambientales) el activo público por excelencia en una economía de mercado.

El principio de la eficiencia fiscal, a diferencia de la mirada ortodoxa, no es el equilibrio fiscal ni menos el superávit financiero. Es garantizar la disponibilidad y acceso de las condiciones y oportunidades con las que se mejoren las condiciones de vida de la población. Condiciones y oportunidades priorizadas según el pacto político que la ciudadanía haya escogido (en el proceso electoral), y que definen el direccionamiento del gasto y de la administración de los recursos fiscales.

Por supuesto, tal administración deberá regirse con principios de eficiencia, eficacia, agilidad, oportunidad, pertinencia y rentabilidad con apropiación y disfrute social. Es decir; Administración Gerencial, pero no de gerencia con visión meramente financiera sino con rentabilidad social y multiplicación de oportunidades para la generación de ingresos y de creación de valor.

El principio de eficiencia así concebido incluye la administración rentable con factores multiplicadores y de apalancamiento del recurso financiero público en sus flujos corrientes pero también cuando se presenten stocks financieros temporales, como las estacionalidades de recaudo de impuestos y de recepción de transferencias. En vez de entregar recursos de liquidez a intermediarios financieros privados, la administración Distrital debería disponer de una figura bancaría con Gerencia Eficiente y competente que usufructúe los beneficios de creación de estructuras crediticias, de manejos de liquidez, de apalancar proyectos, de extender una infraestructura de clientes bancarizados para el desarrollo de proyectos generadores de ingreso, etc.

La creación de una institución bancaria así concebida fue comprometida por el actual Gobierno de Bogotá (Banca Capital), pero se constituyó en otro compromiso incumplido, por la ausencia de un equipo competente para adelantar un proyecto de esta naturaleza. Una administración Distrital moderna requiere una estrategia financiera apoyada por una institución bancaria propia, así sea de segundo piso y con una red de corresponsales bancarios en convenio con diferentes actores en el territorio. Entre ellos las oficinas de recaudo diseminadas en toda la geografía de la Ciudad Región.

1 Los flujos y stocks financieros delas Empresas Publicas Distritales no están consideradas en estas cifras. De hecho, el conjunto de estas empresas administran cifras apreciables.

Edición 454 – Semana del 10 al 16 de julio de 2015
 
 
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