No a la justicia por “mano propia”

 
  Yezid García Abello
  Concejal de Bogotá por la Alianza Verde
 
   
 

En la ciudad de Bogotá se viene presentando un fenómeno social muy preocupante. Consiste en la aplicación de justicia por “mano propia” por parte de la ciudadanía frente a los atracos y robos callejeros. En barrios y en las calles del centro de la ciudad se observa cómo la gente, en forma espontánea pero cada vez más coordinada, identifica al ladrón, lo persigue, lo castiga por “mano propia” y en algunas ocasiones hasta han intentado lincharlos.

A pesar de que las cifras de seguridad en la capital de la república han mejorado en los últimos años, ya que la ciudad tenía en el año 2010 una tasa de homicidios de 23,7 por cada 100.000 habitantes, la que se redujo a 17,3 el año pasado (2014), de acuerdo a los estudios realizados por el Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad (CEACSC), adscrito a la Secretaría de Gobierno del Distrito, existe un deterioro creciente de la seguridad ciudadana ya que se presenta un alza de los atracos callejeros y hurtos de viviendas, vehículos, motos y bancos, además de las lesiones personales (heridos en riñas) (http://bit.ly/1LZzEaS).

Según las cifras de ese informe, el año pasado los hurtos a personas crecieron el 3,1%, al pasar de 26.912 casos reportados en 2013 a 27.753 casos en 2014, o sea, 841 atracos más. Además, hubo 4.792 robos de viviendas, 402 más que en 2013. Eso quiere decir que este delito creció en 9,2%, según el balance del Distrito. Y esa tendencia parece mantenerse e incluso profundizarse en el primer trimestre de 2015, sobre todo el hurto protagonizado dentro del sistema de transporte masivo aprovechando las ventajas que le otorga al delincuente la alta concentración de usuarios en TransMilenio, en más de 2 millones de viajes diarios.

Pero uno de los problemas que más influyen en la reacción ciudadana de asumir la justicia por “mano propia” es la impunidad. “82% de los capturados quedan libres por razones de los códigos y más si son menores de edad” se lee en el informe elaborado por el CEACSC.

Causas estructurales del deterioro de la seguridad ciudadana

América Latina ha visto incrementar los índices de inseguridad en las grandes ciudades y centros metropolitanos que han ido surgiendo en las últimas décadas a lo largo y ancho del subcontinente. El estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo realizado en 2013, y sus posteriores actualizaciones, muestra un crecimiento exponencial en el terreno de la delincuencia y la violencia.1

Dice el informe: “La inseguridad ciudadana se ha convertido en un reto inaplazable para el desarrollo humano de América Latina y el Caribe. Los ciudadanos de la región señalan el delito y la violencia como factores que limitan sus oportunidades reales y su derecho a vivir una vida libre de temor y de amenazas. Cinco de cada diez latinoamericanos perciben que la seguridad en su país se ha deteriorado: hasta un 65% han dejado de salir de noche por la inseguridad y 13% reportó haber sentido la necesidad de cambiar su residencia por temor a ser víctima del delito. Tomando como base la población total de América Latina, este 13% equivaldría a 74,8 millones de personas. (LAPOP-PNUD 2012).

El problema se explica por la confluencia de una serie de causas que están en el trasfondo del asunto. La concentración acelerada y caótica de millones de personas desplazadas del campo, es una de las causas principales. Dichas urbes no están en capacidad de absorber con empleo formal esa gran cantidad de gente que termina hacinada en suburbios y cordones de miseria que se forman en esos centros urbanos. Así ocurre con las conocidas favelas de las ciudades brasileras como Sao Pablo o Porto Alegre, o las invasiones y asentamientos “irregulares” e “ilegales” que aparecen de un momento a otro en las megaciudades de América Latina como el Distrito Federal en México, Lima en Perú o Bogotá en Colombia.

Además, el empleo formal se ha ido reduciendo y la informalidad es la constante. La desindustrialización de la región hace que el acceso –sobre todo de la juventud– a un trabajo decente, se haga cada vez más difícil. Es esa una de las principales causas que explican el incremento de la delincuencia en las grandes ciudades, la aparición de bandas criminales que se especializan en el tráfico de drogas y armas, la extorsión y el asesinato por encargo, la trata y el tráfico de personas, y toda clase de delitos que traspasan las fronteras convirtiéndose en un fenómeno mundial, en donde mafias de todos los continentes se cruzan e interrelacionan alrededor de una actividad que es el resultado de la crisis sistémica del capitalismo.

Es indudable que en ese terreno el panorama no es alentador. Al lado de la delincuencia organizada y como complemento de ella, prosperan las pequeñas bandas dedicadas al robo y al hurto callejero, la prostitución, el micro-tráfico, la extorsión ligada al crédito informal denominado “gota a gota”, y toda clase de delitos “menores” que se convierten en un martirio para el pequeño comerciante, el tendero, el trabajador y el ciudadano del común, que ven cómo su seguridad se deteriora y su vida se ve amenazada por fuerzas que él no entiende y no puede enfrentar sólo. Mucho más cuando los órganos estatales u oficiales de seguridad y de justicia se muestran impotentes frente al incremento sostenido de la delincuencia.

El informe concluye diciendo que la experiencia de las últimas dos décadas demuestra que las políticas de “mano dura”, centradas en medidas punitivas y de represión, no han dado resultado y por el contrario han deteriorado la convivencia ciudadana, ya que fácilmente se entra en la violación de los derechos humanos. Por ello, se recomiendan “intervenciones integrales” con estrategias preventivas, fortalecimiento del tejido comunitario, atención temprana a los jóvenes delincuentes, manejo profesional y especializado de la inteligencia y la información, tratamiento multidisciplinario del problema con énfasis en programas educativos y generación de empleo formal, fortalecimiento de los órganos de justicia y mayor acercamiento entre las fuerzas policiales y las comunidades, entre otras.

Soluciones parciales e inmediatas, caso de Bogotá

En Colombia, a pesar de la percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre su seguridad, que es, en gran medida resultado de la campaña mediática en contra del gobierno de Gustavo Petro, Bogotá está de tercera en la lista de ciudades más seguras del país –detrás de Tunja y Leticia–, lista que tiene en los últimos puestos a Quibdó y Cali. Bogotá ocupa el puesto 15 entre las capitales con tasas más altas de homicidios en América, detrás de urbes históricamente más tranquilas, como San José de Costa Rica y Ciudad de Panamá.

Sin embargo, como se afirma arriba, el problema de los hurtos callejeros que provoca entre la ciudadanía la reacción de organizarse para ejercer justicia por “mano propia”, se ha agudizado y debe ser atendido con urgencia por la administración distrital y por el gobierno nacional que es el que tiene bajo su dirección central la acción de la policía y demás fuerzas de seguridad.

Entre las soluciones parciales que desde el Concejo Distrital hemos impulsado están:

- Establecer una estrategia de la policía para prevenir el delito de los grandes flujos humanos y fundamentalmente, al gran flujo que se desplaza en el sistema público de transporte.

- Estrategia integral para combatir el delito menor incluyendo trabajo de inteligencia con policías de civil camuflados entre la población civil.

- Más pie de fuerza y mayor capacitación a la policía especialmente al interior y alrededor del sistema masivo de transporte.

- Mejorar sustancialmente la capacidad de la justicia para atender las denuncias y demandas contra los delincuentes. Hacer más operativas y ágiles las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, los Centros de Atención Inmediata CAI o las Casas de Justicia, sin que el demandante quede amarrado a procedimientos engorrosos y complicados que le quiten tiempo y le generen costos económicos.

- Continuar fortaleciendo los programas de prevención del delito y de tratamiento integral de la delincuencia, educación, recreación, rehabilitación del delincuente, generación de empleo y revisar el problema de la impunidad que tiene que ver con la ineficacia de la justicia.

- Impulsar programas de cultura ciudadana a fin de lograr un mayor compromiso de la comunidad con su propia seguridad y el uso adecuado de los procedimientos legales para garantizar la convivencia comunitaria en barrios y localidades.

Conclusión

Lo que se debe precisar es que no podemos estar de acuerdo con la justicia por “mano propia” y mucho menos que llegue a los terrenos del linchamiento. Se entiende y justifica la reacción inmediata, espontánea y de defensa del ciudadano. Que la comunidad se organice con el apoyo del Estado para mejorar las condiciones de seguridad en sus barrios y vecindades, para colocar y mantener las cámaras de vigilancia, para ayudar a detener al delincuente, y para entregarlo a las autoridades, es loable y conveniente. Lo que no se puede estimular es el castigo físico a manos de multitudes enardecidas que pueden terminar en asonadas y crímenes colectivos. Es un escenario que se debe evitar a toda costa.

E-mail: yezgara@yahoo.es - Twitter: @yezidgarciaa

1 Naciones Unidas. PNUD. “Seguridad ciudadana con rostro humano. Diagnóstico y propuestas para América Latina”. Informe regional 2013-2014. Alfa Omega Impresores.

Edición 454 – Semana del 10 al 16 de julio de 2015
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus