Ley estatutaria de participación ciudadana

 
  Karina Camacho Reyes
  Asesora estrategia de Lobbying y Presión Política Corporación Viva la Ciudadanía
 
   
 

Otra herramienta para la garantía de derechos y la construcción de la paz

El pasado lunes 6 de julio el presidente Juan Manuel Santos sancionó –junto con otras importantes leyes entre las que se cuenta la Ley Rosa Elvira Cely que eleva a categoría de delito y endurece las penas contra el homicidio cometido contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, o feminicidio, la Ley estatutaria de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Como su nombre lo indica, esta Ley tiene por objeto promover y proteger uno de los derechos políticos más importantes: la participación, derecho de sustanciales implicaciones para el fortalecimiento del Estado social de derecho, para el reconocimiento de la ciudadanía como sujeto político, y consecuentemente para el avance de la democracia. Y hay tan buenos gestos en este sentido, que el texto del proyecto de Ley acordado y sancionado recoge buena parte de las demandas y propuestas ciudadanas elaboradas en los múltiples espacios de preparación del proyecto legislativo.

Un mecanismo básico que presenta la Ley para cumplir con el objeto de promover y proteger la participación ciudadana es la flexibilización de los requisitos para presentar solicitudes de cabildos abiertos, plebiscitos, consultas populares, iniciativas ciudadanas, y referendos (estos últimos con la nueva Ley podrán ser de iniciativa ciudadana). Otro de los grandes avances es la creación y el fortalecimiento de la institucionalidad para la participación, lo cual incluye las consecuentes asignaciones presupuestales.

Luego de la sanción de la Ley se espera su pronta reglamentación, de esta manera no sólo se permitirá y establecerán directivas para su implementación efectiva, sino que a tal implementación se le tendrá que dar una perspectiva territorial en la medida en que se reglamentan las instancias, mecanismos, y presupuestos para la participación en cada ente territorial. Para que estas faciliten una participación efectiva y respondan a las necesidades de cada territorio y comunidad es perentorio que el proceso de reglamentación sea también participativo y responda efectivamente las necesidades y potencialidades de manera diferencial.

En este punto la perspectiva diferencial no se refiere solamente a lo territorial y comunitario, sino que ha de tener en cuenta también otras particularidades en las formas y obstáculos que tiene la participación de los y las ciudadanas según características como el sexo, la edad, la etnia, la situación socio-económica, y las capacidades diferenciales. Y todo ello, tendrá que ser tenido en cuenta tanto para el proceso de reglamentación como para las posteriores etapas de implementación, monitoreo y evaluación; y la manera más consecuente para lograr este propósito es que todos estos momentos garanticen y alienten la participación ciudadana y el control social.

Uno de los espacios en los que se espera se alcance a implementar la Ley de participación serán los procesos de elaboración de los próximos planes de desarrollo en los distintos entes territoriales; contando con las garantías que ofrece esta Ley, así como con los que se desprenden de la Política Pública en Derechos Humanos, y en la medida en que la ciudadanía pueda apropiarse de estas y otras herramientas de la democracia, esperamos que los planes de desarrollo departamentales, municipales, y locales puedan contar con una decidida impronta participativa y con enfoque de derechos humanos, y así ser más consecuentes con las necesidades de los territorios, las comunidades, y los sectores sociales y con ello hacer los contrapesos que sean posibles con respecto al inconsulto y regresivo Plan Nacional de Desarrollo.

En un momento de la vida política nacional en el que se conjugan las salidas a los embates que está sufriendo el proceso de negociación para la terminación del conflicto armado, mientras que por otro lado y se exacerba la persecución a liderazgos en lo político, lo organizativo, y hasta lo académico, logros como la sanción de la Ley de participación son de gran importancia para mantener la esperanza y consolidar los avances hacia la democracia y con ello continuar allanando el camino hacia una paz con pleno reconocimiento a los derechos humanos.

Sea este el momento propicio para sumar y articular todos los esfuerzos que sean posibles para que la Ley estatutaria de la participación sirva de herramienta para materializar –y que no quede en meras declaraciones formales- el reconocimiento y garantía del derecho de todos y todas a participar utilizando mecanismos individuales y colectivos, organizándose, o movilizándose para incidir de manera concreta y efectiva en los destinos del país.

Edición 454 – Semana del 10 al 16 de julio de 2015
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.
 
   
 
 
comentarios suministrados por Disqus