La salud está en crisis

 
  Astrid Liliana Quiceno Peláez
  Comunicadora Corporación Viva la Ciudadanía – Regional Antioquia
 
   
 

La acción de tutela se ha convertido en un salvavidas para gran parte de los colombianos que demanda un servicio de salud, porque de lo contrario el acceso al sistema se torna impenetrable, ante la resistencia de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) a brindar oportunamente y con estándares de calidad la misión a la que han sido destinadas legalmente. Dicha situación se busca revertir con la Ley Estatutaria 1754 sancionada por el Presidente Juan Manuel Santos el 16 de febrero de 2015, que consagra la salud como un derecho fundamental.

Este concepto pone de manifiesto que “la salud de la gente está por encima de cualquier consideración, y todas las instituciones del sector tienen que ajustarse para cumplir con este precepto; por tanto, no pueden negarle la atención a una persona, imponerle demoras y trabas o esgrimir razones económicas para no prestarle el servicio”, tal como lo esboza el artículo de la sección Salud del diario El Tiempo, del 22 de febrero de 2015.

Han pasado cinco meses y hasta la fecha la aplicación de dicha Ley no se hace evidente. A saber, el pasado miércoles 22 de julio, las instituciones de salud públicas y privadas, llámense hospitales y clínicas, también conocidas con la sigla IPS; realizaron un plantón para exigirle al Gobierno y a las EPS, el pago de los valores que les adeudan para seguir operando y no verse en la situación de la Clínica Minerva de Ibagué, que el 3 de julio anunció su cierre por falta de insumos, debido a que la administración municipal y las EPS tienen un pago pendiente de $20.000 millones.

La ciudad de Medellín no es ajena a esta realidad. De acuerdo con  los medios de comunicación y de información1, la deuda a las 14 principales instituciones hospitalarias es superior al billón de pesos, cifra de por sí preocupante y cuyos efectos empiezan a manifestarse en las instituciones,  por ejemplo, la IPS Universitaria de la Universidad de Antioquia cerró seis quirófanos y  diez camas para la atención en pediatría, y la labor en la sede de San Andrés se detuvo durante tres días por retrasos en los pagos a los empleados.

Por su parte, el Instituto Neurológico despidió a 50 colaboradores y San Vicente Fundación suspendió actividades educativas de actualización para médicos y enfermeras, y se vio en la obligación de pedirle a EPM la financiación del pago de los servicios públicos. En este mismo sentido, algunos proveedores de medicamentos se han retirado y a los hospitales les está costando captar talento humano ante la inviabilidad de asegurarle el pago del salario oportunamente.

Otra situación problemática está anclada a la infructuosa consecución de las citas con los especialistas, incluso para los usuarios del régimen contributivo. Es inadmisible, porque es en ese espacio donde el médico valora, diagnostica y le indica al paciente el tratamiento a seguir, de lo contrario las implicaciones pueden ser nefastas en la calidad de vida de las personas, según sea el caso.

De esta manera, si el Gobierno no actúa con diligencia ante el escenario expuesto en párrafos precedentes ¿A cuál garantía del derecho fundamental a la salud se alude en la Ley Estatutaria? ¿Cuál sería la eficacia del sistema si se hiciera seguimiento y control a la administración del sistema de salud? ¿Qué tanto ganaría el esquema de salud si se atendiera a los usuarios de manera preventiva y oportuna y no cuando el cuadro clínico respectivo se encuentre en una fase crítica?

Una comunidad exhibe su desarrollo en la medida en que permita un acceso fluido de los usuarios al sistema de salud, vía por la cual se desterraría el concepto de sociedad enferma.

Edición 456 – Semana del 24 al 30 de julio de 2015
 
 
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