Héctor Alonso Moreno
  Profesor Asociado Universidad del Valle
 
   
 

En días pasados el país conoció un nuevo escándalo de corrupción en el Puerto de Buenaventura. Otro alcalde-Bartolo Valencia_ de nuevo es puesto bajo rejas sindicado de apropiarse de manera ilegal de los dineros de la educación y de desviar también recursos de los más olvidados en provecho de los más reconocidos politiqueros de turno que constituyen hoy gran parte de la elite política del Puerto. Junto a los detenidos Saulo Quiñones y José Félix Ocoro se extiende así a tres los alcaldes de Buenaventura que están respondiendo ante las autoridades por delitos contra la administración pública.

El obispo de Buenaventura Héctor Epalza afirmo recientemente que “En solo diez años que llevo aquí, he visto pasar por esa alcaldía a 16 mandatarios”. Lo que implica que la falta de gobernanza y de continuidad administrativa está directamente relacionada con los niveles de corrupción de gran parte de la clase política y empresarial de la ciudad.

A lo anterior se suma el hecho de que en los últimos años hemos venido incrementando en el Valle del Cauca nuestra percepción de corruptos y por consiguiente, perdiendo la lucha contra este terrible flagelo de la democracia, aumentando de paso los índices de patrimonialización de lo público a favor de los bandidos de cuello blanco. Al menos así lo indican la cantidad de ex alcaldes de municipios vallecaucanos que están presos y ex gobernadores destituidos (8 alcaldes en los últimos 4 años y dos gobernadores), lo que nos ubica en la posición privilegiada de ser considerados por la opinión pública como un departamento caracterizado por gobiernos cleptocráticos.

Hay que recordar que la corrupción constituye el paradigma de la desigualdad entre los individuos y lesiona gravemente la acción social del Estado, profundizando las desigualdades en perjuicio de los más desfavorecidos y desvirtuando la esencia de la democracia que es la transparencia y la responsabilidad. Es la corrupción la forma de sustitución de los deseos de los ciudadanos por los intereses concretos de algunos agentes políticos, particulares y otros sujetos ajenos, a la hora de tomar decisiones públicas. Es preciso reiterar que en los procesos de decisión en una democracia vigorosa, los intereses de los representados son los únicos que han de ser tenidos en cuenta.

Los efectos de la corrupción no solo son desastrosos sobre la legitimidad de los gobiernos, sino también, sobre el concepto de bienestar y justicia social, y lo que es muy grave, se constituye en el peor indicador de la democracia como forma ideal de gobierno.

El ex alcalde de la ciudad Italiana de Palermo, Leoluca Orlando, quien visito al país hace aproximadamente 8 años, manifestó que “No puede haber democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de poder. Lo mismo pasa con los mafiosos: los mafiosos no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un sistema de poder financiero (...) La nueva corrupción del tercer milenio se llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia, el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del sistema”.

Lo afirmado por este político de una de las naciones más corruptas del mundo  y cuna de la temible mafia Siciliana, resumía de forma precisa las implicaciones y los alcances de lo que representa la corrupción en el mundo, y de la estrecha relación que hay entre corrupción y democracia: La corrupción es el cáncer de la democracia.

Es  la hora para que la sociedad civil del Bello Puerto del mar mi Buenaventura exija con mayor ahínco, no solo, prontos resultados efectivos sobre las acciones penales y disciplinarias que cursan contra los corruptos de los anteriores y del presente gobierno municipal, sino, también, crear un gran movimiento ciudadano para exigir las correspondientes responsabilidades políticas: Es urgente detener la corrupción.

Cuando se habla de responsabilidad política, se alude también a que los servidores públicos tienen la obligación de responder, de contestar y aún dimitir de sus cargos, cuando sus actos, contrarios a la constitución y a la ley, lesionan lo que toda actividad pública debe perseguir de manera desinteresada, como lo es, la defensa del interés general de los ciudadanos.

No se puede seguir, en materia de corrupción, perdiendo el año en el Pacifico Vallecaucano. Es preciso una gran lección de castigo electoral a los corruptos en las próximas elecciones; de tal manera, que los que aún no han sido detenidos formalmente que por lo menos con el voto castigo se les haga renunciar a sus cargos y a sus dignidades.

Edición 463 – Semana del 11 al 17 de septiembre de 2015
   
 
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