Marcela Belchior
  Periodista, maestra en Comunicación y Semiótica
Pontificia Universidad Católica de São Paulo – Tomado de Adital
 
   
 

Una situación de abandono de las comunidades rurales empobrecidas en la zona norte de Paraguay, motivo de reiterados llamamientos de organizaciones y movimientos sociales a los tres poderes del Estado paraguayo, hizo que la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA), que reúne un conjunto de organizaciones no gubernamentales, y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organización de derechos humanos, se manifiesten en favor de niños y adolescentes que, ante ese contexto, son forzados a integrarse al conflicto armado del país. Ellos reclaman medidas del Estado.

Las organizaciones entienden el reclutamiento de niñas y niños como una forma de migración forzada, que vulnera directamente el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, afectando gravemente su desarrollo integral. El "niño soldado”, explican, es toda persona con edad inferior a 18 años que compone cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, independiente de las funciones que desempeñe.

En nota, las entidades destacan que el artículo 38 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño exhorta a los gobiernos para que tomen todas las medidas posibles para evitar que ese público se involucre directamente en el conflicto armado, así como debe cohibir y penalizar legalmente esas prácticas. El Protocolo Facultativo de las Naciones Unidas sobre la participación de niños y adolescentes en el conflicto armado entró en vigencia en 2002 y tiene por objetivo aumentar la protección de ese público en ese contexto social. Según las organizaciones, Paraguay es uno de los países que firmaron el documento.

“Repudiamos las acciones ejercidas por los supuestos grupos irregulares autodenominados como el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA), así como de otras personas y/o grupos que cometen hechos criminales y sostenemos que ello requiere de una estrategia efectiva por parte de los organismos estatales correspondientes y constitucionalmente establecidos”, afirman las organizaciones.

Las entidades se refieren al Ministerio del Interior, a la Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría de la Infancia y Adolescencia, además de la Secretaría Nacional de la Infancia y Adolescencia. “Quienes conjuntamente deben intervenir en el marco de la defensa y respeto irrestricto de los derechos humanos”, agregan.

Las organizaciones destacan también que el Estado paraguayo, a través de sus autoridades electas y administrativas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es responsable de la situación de reclutamiento forzado y muertes de adolescentes en esas circunstancias. “Exigimos al Estado la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos, y en ese orden tome las medidas necesarias a través de políticas de asistencia y protección social a las familias, facilitando el acceso a derechos universales como salud, educación, alimentación, vivienda y trabajo decente”, afirman.

Como medidas urgentes, que deben ser tomadas por el gobierno paraguayo, las organizaciones señalan la tipificación penal del acto de reclutamiento por grupos no estatales como delito; el reconocimiento de los niños y adolescentes reclutados como víctimas conjuntamente con sus respectivas familias; la creación de programas especializados para la prevención, protección y restablecimiento de derechos; además de la ampliación de los planes, programas y proyectos que el Estado desarrolla, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esa parte de la población.

Edición 463 – Semana del 11 al 17 de septiembre de 2015
   
 
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