Astrid Liliana Quiceno Peláez
  Comunicadora Corporación Viva la Ciudadanía – Regional Antioquia
 
   
 

La Mesa de articulación interinstitucional1 “Voces de Paz Medellín-Antioquia”, el pasado 17 de septiembre de 2015 realizó el Foro Ley de Justicia y Paz: de Ralito a La Habana, en el Museo Casa de la Memoria, en el que representantes directamente relacionados con la aplicación de este cuerpo normativo se centraron en develar las lecciones aprendidas de la aplicación y sus resultados, en perspectiva de los diálogos de Paz en La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

La jornada se desarrolló en cuatro paneles:

Panel 1. 10 años de Justicia y Paz –Balance de la implementación de la Ley I. Ponentes: Daniel Millares Ardaya, responsable del área de Justicia Transicional de la MAPP-OEA; Olimpo Castaño, magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín; María Clemencia Castro, Observatorio Paz y Conflicto.

Panel 2. La Ley de Justicia y Paz y su impacto en las víctimas del conflicto armado. Ponentes: Linda María Cabrera Cifuentes, subdirectora de SISMA Mujer; Óscar Alberto Correa, director de la Corporación Jurídica Libertad.

Panel 3. Ley de Justicia y Paz. El Reto de la Reintegración a la Vida Civil de los Postulados de la Ley. Ponentes: Andrés Felipe Stapper Segrera, asesor jurídico de la ACR; Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia; Jorge Alberto Ruiz, abogado de postulados a Justicia y Paz.

Panel 4. Balance de la implementación de la Ley de Justicia y Paz II – Lecciones aprendidas, perspectivas y propuestas para el proceso de paz actual. Ponentes: Carlos Fidel Villamil Ruiz, director de la Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional; Henry rivera leal, investigador especializado en asuntos de justicia.

En el foro también intervinieron Joshua Mitriotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración –ACR- y Freddy Rendón, representante de la Fundación Aulas de Paz y de los postulados de Justicia y Paz.

Sería de resaltar cada una de las ponencias dada la importancia del tema, no obstante, se hará una reseña de algunas de ellas.

Daniel Millares Ardaya resaltó en el primer panel que algunas cosas han cambiado con la aplicación de la mencionada reglamentación, resaltó que se ha deslegitimado el paramilitarismo a través de la aplicación de la ley, las víctimas se han visibilizado, se han roto los esquemas de la política criminal tradicional, por ejemplo, el postulado pide que lo recluyan para pagar entre cinco y ocho años de prisión y así mismo, la mirada de una sentencia en contra de alguien se ha resquebrajado en el esquema mental de los penalistas, en sus palabras, “no existe una sentencia en contra ni a favor de, sino que beneficia a todos”, agregó.

También destacó que Mancuso, quien está extraditado, “ha tenido más hechos confesados en la extradición que acá”, lo que no ha pasado con Don Berna o Macaco quienes se han mostrado renuentes a participar en las versiones libres.

En relación con el número de sentencias que hasta la fecha van 36, precisó Millares que “más allá de la cifra es importante saber la calidad de las sentencias que se tienen desde diciembre de 2012 y lo que ha pasado en 2014 y 2015 donde el número de sentencias ha subido”.

El ponente agregó que Justicia y Paz aún con sus errores ha tenido muchas más virtudes, no solo para Colombia sino para la humanidad porque “ha roto el paradigma en procesos de paz negociada, pero sobre todo constituye una pista de aprendizaje para las herramientas que se puedan diseñar a futuro siempre y cuando haya seguridad jurídica y reglas claras para restablecer la confianza en el Estado”.

Por su parte, Olimpo Castaño, magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín destacó que en un mismo escenario, el foro, se encontraran víctimas, un postulado, fiscales, algo que 20 años atrás era impensable. Grosso modo destacó el alcance de la aplicación de la ley en mención, a saber, “muchas víctimas han logrado satisfacer esa necesidad de verdad, se ha creado un fondo para la reparación de las víctimas y al procesado se le dan sentencias simbólicas”.

Por rescatar, el magistrado denotó la necesidad de Colombia de blindarse de las cortes internacionales, ya que a ellas les interesa es que ese hecho sea investigado, la personas sea procesada, condenada y que cumpla su condena”, y a modo de reflexión, recalcó que el país está mejor con la implementación de la ley que sin ella. Asimismo, recomendó a los jueces que van a aplicar la justicia, construir el proceso judicial y dictar la sentencia.

Tras tantos años de guerra y violencia en el país, Joshua Mitriotti, director de la Agencia Colombiana para la reintegración –ACR-, señaló que no hay colombianos buenos ni malos, por ello, defendió la idea de “ayudarle a quienes dejan las armas a construir un proyecto de vida en la legalidad”.

Lecciones aprendidas

Linda María Cabrera Cifuentes, subdirectora SISMA Mujer, reconoció que una de las grandes ausencias en Justicia y Paz fue la verdad sobre violencia sexual por parte de las víctimas y de los combatientes; según cifras de la Fiscalía se han dado 39 mil confesiones sobre hechos violentos, de las cuales 96 hacen alusión al tema sexual. Adicionalmente, frente al universo de víctimas solo se conocen 1058 víctimas del proceso de Justicia y Paz, un indicador que para Cabrera denota un “déficit muy grande”.

Igualmente, la ponente afirmó que la justicia en torno a la violencia sexual muestra un déficit alto, ya que solo se conocen cinco sentencias, cuando se sabe que el “número de este tipo de hechos es alto” agregó.

En torno a la reparación, Cabrera expuso que “la deficiencia más importante es que las medidas de reparación no han sido diferenciales”, es decir, no se han tenido en cuentas los efectos que tiene la violencia sexual sobre la vida de las mujeres. Adicionalmente, señaló que “no hubo garantías de no repetición para la violencia sexual, porque los casos que representamos nos dimos cuenta que post-desmovilización se continuaron presentando violencia sexual. Y se siguen presentando casos”.

De esta manera, se facilitó el diálogo de actores sociales e instituciones en torno a los aprendizajes, vacíos y repercusiones de la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, como herramienta clave de la justicia transicional en Colombia, que aporte a la construcción de paz a través de la verdad, la justicia y la reparación.

1 Mesa Voces de Paz está conformada por: Alcaldía de Medellín (Consejería para la Vida, la Reconciliación y la Convivencia- Unidad Municipal de Atención a Víctimas- Museo Casa de la Memoria- Oficina para la Resiliencia- Paz y Reconciliación). Viva la Ciudadanía. Corporación Región. Instituto Popular de Capacitación (IPC). Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado de la Sociedad Civil. Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Universidad Autónoma Latinoamericana – Unaula. Mesa Departamental de Participación de Víctimas. Mesa Municipal de Participación de Víctimas de Medellín. Redepaz. PNUD. Agencia para la Cooperación e Inversión de Medellín –ACI-. Agencia Colombiana para la Reintegración – ACR. Conciudadanía. MAPP-OEA. Fundación Aulas de Paz. Fundación Forjando Futuros.

Edición 464 – Semana del 18 al 24 de septiembre de 2015

   
 
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