María del Pilar López Patiño
  Coordinadora Estrategia de Comunicación y
Movilización Social Corporación Viva La Ciudadanía
 
   
 

Sí, llegó la hora de que como ciudadanía asumamos un compromiso de fondo con los avances alcanzados en La Habana. En los territorios afectados por el conflicto, en las llanuras y montañas colombianas, en los corregimientos, cabeceras municipales y en ciudades capitales de departamento. En todo el territorio nacional e, incluso, por fuera de él, las y los colombianos debemos apoyar los Acuerdos de Cese del Conflicto Armado.

Es innegable el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional, el cual ha comprometido su capital político desde el Encuentro Exploratorio –realizado entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012– resultado del cual se presentó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y Construcción de una Paz Estable y Duradera, ha persistido incluso en los momentos más aciagos y aun así siguió adelante.

Vimos cómo fueron convocadas las mujeres, escuchadas las víctimas, cómo unos y otros participaron de las Negociaciones de La Habana y, en especial, cómo iban pidiendo asesoría de personas de alta solvencia académica.

Se han producido 60 comunicados conjuntos, se han firmado capítulos de difícil trámite como: la Política de Desarrollo Agrario Integral, la Participación política, el tema de drogas, en avance en desminado y ahora, el que estimábamos el más complejo de todos: el tema de justicia.

Pues bien, el pasado 23 de septiembre las colombianas y colombianos que queremos un país en paz, no salíamos del asombro. Generaciones que nacimos en la guerra y que no hemos conocido un solo día del país sin ella escuchábamos:

“Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo del año 2016. Repito: el 23 de marzo del año 2016. A más tardar ese día –en exactamente 6 meses– estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia sino de toda América”.

Por primera vez en la historia del país un presidente de la República, rodeado por la Comunicad Internacional, hace un anuncio de esta envergadura, esta promesa. Promesa que va a cambiar la historia del país y que va a dar paso a la construcción que todos y todas debemos hacer: la de un país en paz. Una paz que permita dar paso a temas trascendentes como educación, salud, convivencia, respeto por los derechos, por las diferencias, justicia social, se deben quitar recursos del PIB para la guerra y destinarlos a la reconstrucción de convivencias y ciudadanías.

A pesar de todos estos esfuerzos, aún no ha sucedido nada en concreto. Faltan fases esenciales del proceso, que pasan por las manos de la ciudadanía: la Refrendación; que para ser real, requiere la pedagogización de los Acuerdos, la comunicación clara, directa y sencilla de los mismos.

Y, habiendo Refrendado en respaldo a los mismos, haría aún falta la implementación, momento al que el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo alusión en una exposición de motivos ante el Congreso, solicitando un Acto Legislativo: “La experiencia internacional demuestra que en procesos de paz complejos como el colombiano, los mayores riesgos de fracaso se dan en la fase temprana de implementación”. Cristo pedía un procedimiento legislativo especial para la paz, en el Congreso y un Acto Legislativo con facultades para el Presidente de la República, limitadas al desarrollo del Acuerdo Final.

El Acto Legislativo busca la generación de medidas de estabilización inmediata en los territorios para la rápida y efectiva implementación de los compromisos adquiridos por el Gobierno.

Ricardo Navarrete Betanzo, actual embajador de Chile en Colombia, dijo que en el caso chileno, el país –después de la dictadura– tuvo que hallar puntos de encuentro, los cuales se consolidaron con la firma del Acuerdo Nacional y –aclara– que las extremas (ni de derecha, ni de izquierda), lo rubricaron. Recuerda Navarrete que en 1985 se iniciaron las acciones para finalizar la dictadura, se programó el Plebiscito para 1988 –cuando ganó el No, que derrocó en las urnas a la dictadura–. Hasta un año después se realizaron elecciones libres, de las cuales fue presidente surge el gobierno democrático de Patricio Aylwim Azócar.

Andrés Allamand Zabala, fundador del Movimiento Unión Nacional y una de las personas que suscribió el Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena”, afirmó: “Con 7 años en el poder, la dictadura contaba con el 70% de respaldo; sin embargo, en 1988 triunfó el NO (a la continuidad) 53% a 44% del SI. Y paradójicamente, tan sólo un año después –1989– el 85.7% de la población participó en las votaciones por reformas constitucionales que daban respaldo a la transformación del país”.

Allamand dice con una sonrisa en el rostro: “siempre que los chilenos nos vamos por las malas, nos va muy mal; y cuando buscamos los acuerdos, logramos lo mejores resultados”. Agrega: “Tenemos una nueva constitución que dio estabilización al proceso de paz, ha habido reducción de la pobreza, redistribución de las clases sociales –con una gruesa, nutrida y sólida clase media que da estabilidad al país–, se elevó el índice de desarrollo humano, la desigualdad se redujo de manera contundente”.

En 1990 el presidente chileno creó la Comisión de Verdad y Reconciliación que buscaba establecer la verdad en las violaciones a los derechos humanos. Luego, en calidad de presidente y en nombre de la nación, pidió perdón, de la manera más honorable y reparadora, la cual contribuyó a la transformación del país por medio de la dignificación de las víctimas. Puede encontrar el video en el link: https://www.youtube.com/watch?v=V6cRI75IBBI, entre otros.

Son momentos de alegría, de orgullo patrio y de pensar que otro modo de vivir y de relacionarnos es posible… pero con responsabilidad ciudadana.

Edición 465 – Semana del 25 de septiembre al 1º de octubre de 2015

   
 
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