Héctor Alonso Moreno
  Profesor Asociado Universidad del Valle –
Ph.D en Ciencias Políticas Universidad de Granada (España)
 
   
 

Uno de los temas que más se discutió en la Mesa de Dialogo de La Habana fue lo pertinente al tema de justicia. Por fin el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC lograron coincidir en un texto en el que se crea una jurisdicción especial para la paz; y cuyo eje de todo el sistema de justicia, así como de esta jurisdicción, es la verdad.

Es muy importante precisar que la justicia no es justicia solo para las Farc; este fue el aspecto que más se destacó en el documento y que señalo de una manera precisa como un elemento muy importante en su intervención el jefe rebelde de la guerrilla Timoleón Jiménez en su intervención en La Habana. La jurisdicción especial está hecha para quienes han cometido delitos graves relacionados con el conflicto armado. Esto quiere decir, guerrilleros que hagan parte de un acuerdo de paz; militares o agentes del Estado. Aclarando que la justicia para los militares será equilibrada y simétrica, pero también diferenciada. Es además una jurisdicción que también se le puede aplicar a civiles. Es decir, nadie tiene fuero frente a crímenes como desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento, violencia sexual, toma de rehenes, tortura o ejecuciones extrajudiciales.

El hecho de que se aplique este tipo de justicia permite también encontrar parte de la verdad de quienes en la historia política del país han promulgado la violencia desde posiciones de jefes de Estado, pues la violencia política se ha auspiciado en muchas ocasiones desde las elites.

Durante el siglo XIX y en el resto de años de la vida republicana del siglo XX, hubo varios generales-presidentes que auspiciaron la violencia; pero no se ha encontrado alusión alguna a un hacendado presidente que, de manera particular, haya tenido como característica, ser general de la republica e incitado a la creación de bandas armadas en connivencia con ilegales para tomarse o defender el Estado. Todos los generales y civiles del siglo XIX y XX que ejercieron la Presidencia de Colombia, siempre juraron defender las (sus) instituciones democráticas, algunos de ellos, recurriendo a la fuerza para imponer su propio ordenamiento constitucional después de escasos periodos de luchas armadas partidistas. En medio de esas tensiones la republica finalmente se configuro en 1886 de manera unitaria, entre constituciones, guerras, y constituciones.

En esos años de constitucionalización de nuestra república era muy evidente que las facciones armadas giraban alrededor de los intereses de generales hacendatarios, quienes involucraban a sus peones agrícolas en las filas milicianas y hacían de la guerra su propio proyecto político. Pero que se sepa, nunca estos generales, algunos de los cuales se volvieron latifundistas no propiamente por su vocación de agricultores o ganaderos, sino como producto del pago en especie a sus servicios militares reconocidos con adjudicación de tierras, propiciaron, estimularon o financiaron bandas armadas con mercenarios extranjeros para cooptar el país y sus instituciones.

Traigo a colación lo anterior, debido a que el país se enteró en noviembre del año 2012 que en declaraciones a los magistrados investigadores de Justicia y Paz del Tribunal Superior, el terrorista y mercenario internacional israelí Yahir Klein, les hizo saber que unos hacendados en los años ochenta del siglo pasado, lo habían contratado para entrenar sicarios y matones. Y que estos mismos ilustres hombres del agro colombiano, también habían creado bandas armadas como en el siglo XIX, para robar tierras y apoderarse del país tanto material como institucionalmente. En primera instancia Klein advirtió que funcionarios del Ministerio de Agricultura de la época, sabían de su presencia en el Magdalena Medio y que incluso miembros del Ejército suministraron armamento y municiones para adelantar los entrenamientos.

Sin embargo el magistrado de Justicia y Paz insistió en la audiencia para que Klein fuera más preciso en revelar quiénes eran los hacendados que le habían pagado por los entrenamientos. El magistrado insistió advirtiendo: “señor Klein, hace un rato le preguntamos si usted recordaba a alguna persona en especial que haya sido capacitada por usted en los distintos cursos que impartió en Colombia, a lo que el mercenario manifestó que no recordaba a alguien en especial. “Sin embargo me pareció escucharle que mencionó que uno de ellos, uno de los capacitados o uno de los instruidos en sus cursos había sido posteriormente presidente de Colombia”. El terrorista con desparpajo aseguró, que efectivamente uno de los hacendados financiadores para el entrenamiento de paramilitares fue luego presidente de Colombia, pero se abstuvo de suministrar su nombre, aunque como en el antetítulo de esta nota, blanco es, gallina lo pone y frito se come.

Como se sabe, Yahir Klein es un militar retirado en los años ochenta del siglo pasado del ejército israelí, y permaneció durante varios meses en el Magdalena Medio, justo en la época en que un hacendado era el gobernador del departamento de Antioquia. De tal manera, que sus declaraciones están lejos de insinuar que a los hacendados a que se refiere en sus declaraciones, sean aquellos mismos personajes que con rango de hacendados-generales empujaban en el siglo XIX a sus peones de las faenas agrícolas a las acciones militares, a través de facciones armadas en busca de acumular más tierras y de imponer una nueva constitución.

La historia se repite hoy día pero de diferente forma; es quizá de manera más vil y canalla que lo ocurrido en el siglo XIX y XX en el país. Parece que el mercenario Israelí en sus declaraciones, a lo que se refiere, es entonces, a esa relación de mafia y política que a finales de 1980 se empezó a urdir en Colombia, y cuyo propósito era adelantar un proyecto político de cooptación del Estado. Así fue, por lo menos, lo confesado por uno de sus instigadores: El paramilitar Salvatore Mancuso. Este jefe del paramilitarismo, quien hoy goza de una merecida reclusión en una cárcel norteamericana, afirmó en el año 2009 que el 30% del congreso nacional ya estaba en poder de esta estrategia mafiosa. El mismo Mancuso, en declaraciones a investigadores de justicia y paz, aseguro que esta coalición entre mafia y política también había financiado la campaña a la presidencia del hacendado Antioqueño Álvaro Uribe Vélez. ¿Habrá alguna relación entre las afirmaciones de Mancuso y las afirmaciones del mercenario Israelí Yahir Klein?

Ahora bien, lo que sí parece existir es una relación coincidente entre la forma como en el siglo XIX los hacendados-generales se apropiaban de las tierras y del Estado, y la forma criminal como a finales del siglo XX y principios del XXI, bandas armadas al servicio de algunos políticos regionales, de hacendados, y narcotraficantes, continúan apropiándose del Estado y de sus instituciones. Esta es la trama que debe ser puesta al descubierto con la creación de la jurisdicción especial de Paz a fin de saber la verdad y cumplir con la reparación de las víctimas.

Edición 466 – Semana del 2 al 8 de octubre de 2015
   
 
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