Cristina Fontenele
  Periodista ADITAL – cristina@adital.com.br
 
   
 

El último acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [Farc] Ejército del Pueblo, en el marco de los diálogos de la paz, que tienen lugar en la Habana Cuba, anunciado el pasado 24 de septiembre, ha atraído críticas por lo que sería una supuesta violación de los derechos humanos y el derecho internacional. Los críticos argumentan que el Pacto fomenta la impunidad, ya que otorgará amplia amnistía a delitos políticos y comunes [conexos] cometidos por guerrilleros, agentes del Estado y particulares, que han participado, directa o indirectamente, del conflicto. El acuerdo que se espera sea firmado en seis meses, aún debe ser aprobado por el Congreso y sometido a un referendo popular.

El acuerdo contempla la entrega de las armas por parte de las Farc en un plazo de 60 días a partir de la firma del texto final. Según estima el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la decisión incrementará en 1,5% el PIB [Producto Interno Bruto] del país en los próximos cinco años, por la incorporación de los territorios dominados por la guerrilla.

El director para las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch, José Manuel Vivanco, declara que la organización apoya plenamente los esfuerzos de Colombia para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a los años de acciones sangrientas. Sin embargo, él cree que, aunque la jurisdicción especial contribuiría a que haya confesiones, también permitiría que “los máximos responsables de atrocidades masivas eludan completamente la prisión, y de ese modo se privaría a las víctimas de cualquier medida de justicia que mínimamente respete el sentido de este valor universal”.

Para el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el anuncio hecho en La Habana “representa un progreso significativo para el alcance de un acuerdo de paz final”.

En conferencia de prensa, el Papa Francisco también comentó que se sintió muy contento con el acuerdo, deseado por él, que ha hablado dos veces con el Presidente Santos sobre el tema. Durante la entrevista, concedida en el vuelo de regreso a Roma, después de su visita a Cuba y Estados Unidos, el Sumo Pontífice dijo que la Santa Sede está muy abierta a ayudar. “Cuando tuve la noticia de que en marzo [de 2016], se va a firmar el acuerdo, le dije al Señor: Señor, haz que lleguemos a marzo, que se llegue con esta bella intención porque faltan pequeñas cosas, pero la voluntad existe en ambas partes, en ambas partes”.

En el “Comunicado conjunto #60 sobre el Acuerdo de Creación de una Jurisdicción Especial para la Paz”, el gobierno y las Farc acordaron que se creará una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y de la No Repetición. El documento reafirma también que la transformación de las Farc en un movimiento político es un objetivo compartido, que contará con el apoyo del gobierno en los términos acordados.

El texto aclara que no serán objeto de amnistía o indulto los delitos contra la humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, crímenes graves como la toma de rehenes. Además de la privación grave de libertad, tortura, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual. Estos serán investigados y juzgados por el Tribunal Especial para la Paz.

Una investigación polimétrica sobre temas nacionales, realizada por la empresa Cifras y Conceptos, revela que, para solucionar el conflicto armado con las Farc, 38% sostienen como la mejor opción una negociación política; 29% cree que es mejor promover la desmovilización de los miembros de la guerrilla; 26% optan por la derrota militar de las Farc; y el 7% no supieron o no respondieron. Sobre la aplicación de las penas, 89% de la población no están de acuerdo con una condena sin ningún día de prisión para todos. El estudio fue realizado de 07 al 12 de septiembre de este año, con una muestra de 3.848 personas, en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla.

Números del Conflicto

Según el informe “¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, de 2013, elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto armado en Colombia causó la muerte de al menos 220.000 personas entre 1958 y el 2012. De estas víctimas, 81,5% eran civiles y 18,5% combatientes, es decir, de cada 10 muertes, ocho fueron de civiles, los más afectados por la violencia.

El informe revela además que entre 1985 a 1995 el conflicto armado causó el desplazamiento forzado de 819.510 personas. En marzo de 2013, serían 4.744.046 personas desplazadas, 25.007 desaparecidas, 1.754 víctimas de violencia sexual y 6.421 niños y adolescentes reclutados por grupos armados.

Agrega que 27.023 secuestros estaban ligados al conflicto armado entre 1970 y 2010, siendo el período más crítico entre 1996 y 2005, con una persona secuestrada cada ocho horas en Colombia.

Los actores del conflicto - guerrillas, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública - fueron ajustando sus prácticas a lo largo de la guerra contra el narcotráfico. El estudio indica que los paramilitares utilizaban asesinatos selectivos, masacres, torturas, bloqueos económicos, mientras las guerrillas recurrían a secuestros, atentados terroristas, reclutamiento ilícito y ataque contra bienes civiles.

Conforme el estudio, de las 1.982 masacres cometidas entre 1980 y 2012, los grupos paramilitares respondieron por 58,9%, las guerrillas por 17,3%, grupos armados no identificados por 14,8%, la Fuerza Pública por 7,9%, paramilitares y la Fuerza Pública en conjunto por 0.6%.

Entre las masacres realizadas por la guerrilla, 238 fueron ejecutadas por las Farc, 56 por el ELN (Ejército de la Liberación Nacional), 18 por el EPL (Ejército Popular de la Liberación). En cada 10 masacres cometidas por guerrillas, siete fueron realizadas por las Farc, señala el informe. La letalidad de las acciones bélicas de las guerrillas, en particular las de las Farc, aumentó considerablemente en el período de 1997 a 2003.

En relación a la Fuerza Pública, son investigados más de 3.000 casos involucrando las tropas del Ejército, que serían presionadas a mostraren resultados positivos en la lucha contra la guerrilla en el país, asesinando civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate, los llamados “falsos positivos”.

Edición 468 – Semana del 16 al 22 de octubre de 2015
   
 
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